UN DOCUMENTO SOBRE COOPERACIÓN DE USUREROS Y EXPROPIADORES, LLAMADOS VULGARMENTE Y SEGÚN DERECHO BURGUÉS-CAPITALISTA Y DE LOS DIVERSOS CLEROS UNIVERSALES,... CAPITAL PRIVADO Y CAPITAL PÚBLICO EN COLABORACIÓN Y ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS COMUNES,...¡¡.
RECUERDO, PROPUESTA EL 4 SEPTIEMBRE 2.020, DE ACCIÓN UNIVERSAL CONTRA LAS GUERRAS DEL IMPERIALISMO, POR LA DESTRUCCIÓN DE LAS ARMAS ATÓMICAS, CONVENCIONALES Y BACTERIOLÓGICAS,...(( CONCENTRACIONES, MANIFESTACIONES HUELGAS, PRESIONES EN MINISTERIOS DE DEFENSA, EN SEDES DE LA ONU, DE LA COMISIÓN EUROPEA, EN PALACIOS GIBERNAMENTALES,...E INCLUSO EN PUERTOS Y AEROPUERTOS MILITARES,...BASES MILITARES, EN CIUDADES, UNIVERSIDADES, INSTITUTOS, EMPRESAS, BARRIADAS, MERCADOS, ASOCIACIONES Y FEDERACIONES DIVERSAS SOCIALES Y VECINALES,...)); Y SOLIDARIDAD RESISTENCIA REVOLUCIONARIA CONTRA TRUMP, PUTIN, EL DE R.P. CHINA, En la actualidad, el jefe de Estado de la República Popular China es Xi Jinping. Las atribuciones del cargo actual están definidas por la constitución de 1982., MERKEL, Boris Johnson. Desde 2019 Alexander Boris de Pfeffel Johnson es un político y periodista británico. Es líder del Partido Conservador y desde el 24 de julio de 2019, primer ministro del Reino Unido.Fue alcalde de Londres desde 2008 hasta 2016; ...ETC,... Wikipedia
"" Alianzas público-privadas
para el desarrollo de agronegocios
Una revisión de experiencias internacionales
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA
Bogotá, 2017
Marlo Rankin
Eva Gálvez Nogales
Pilar Santacoloma
Nomathemba Mhlanga
Costanza Rizzo
file:///C:/Users/usuario/Desktop/ALIANZA%20CAPITAL%20PRIVDO%20Y%20%20PUBLICO%20PARA%20LA%20AGRICULTURAb-i5699s.pdf
Cita recomendada
Rankin, M., Gálvez Nogales, E., Santacoloma, P., Mhlanga, N. y Rizzo, C., 2017. Alianzas
público privadas para el desarrollo de agronegocios – Una revisión de experiencias
internacionales, Roma, FAO. 180 pp.
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ISBN 978-92-5-309252-9
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Sobre los autores
Marlo Rankin se unió al equipo de FAO en 2011 como Economista de Agronegocios.
Posee dos licenciaturas, una en Ciencias Agrícolas y otra en Administración de Empresas,
de la Universidad de Melbourne, así como un doctorado en Agronegocios de la Universidad de Queensland (Australia). Antes de incorporarse a FAO vivió durante 10 años en el
sudeste asiático, donde trabajó como consultora de agronegocios para diversos donantes
bilaterales y organizaciones no gubernamentales (ONGs). En el ámbito de la investigación,
sus intereses se dirigen hacia los compromisos del sector privado en las cadenas globales
de valor, la agricultura por contrato y el fortalecimiento institucional del sector público.
Eva María Gálvez Nogales posee dos licenciaturas, una en Economía y otra en Administración de Empresas, de la Universidad de Deusto (España), así como un doctorado
en Economía Aplicada. Tras trabajar con diversas con compañías privadas, donantes
bilaterales y organizaciones no gubernamentales en España y Perú, se unió al equipo de
FAO en 2003, en el que ejerce como Economista de Mercadeo y Agronegocios. Entre sus
áreas de especialización se incluyen la planificación agroterritorial, el desarrollo del sector
privado, el mercadeo agrícola y la agricultura por contrato..
Pilar Santacoloma es Economista de Agronegocios de FAO. Proporciona orientación
técnica a los gobiernos y proyectos sobre el desarrollo de políticas agrícolas y de agronegocios, enlaces de mercado y cadenas de valor, e inocuidad y calidad de los alimentos.
Posee un doctorado en Economía Agrícola de la Universidad de Hohenheim (Alemania) y
una maestría en Ciencias de Economía Agrícola de la Universidad Nacional de Colombia..
Nomathemba Mhlanga es Economista de Agronegocios en la División de Infraestructura
Rural y Agroindustrias de FAO. Cuenta con un doctorado en Economía Aplicada de la
Universidad de Cornell (Estados Unidos) y un título con honores en Economía Agrícola
de la Universidad de Zimbabwe. Como investigadora, ha centrado su interés en temas
como el financiamiento e inversión agrícolas y las cadenas alimentarias inclusivas de valor
Costanza Rizzo posee dos maestrías, una en Economía del Desarrollo por la Universidad
de Roma Tor Vergata y otra en Estudios Internacionales por la Universidad de Bolonia,
así como una licenciatura en Derechos Humanos. Desde 2013, trabaja como consultora
para FAO realizando investigaciones, principalmente sobre la promoción de la inversión
en agronegocios a través de enfoques territoriales y alianzas público-privadas.
viii
Agradecimientos
Esta publicación ha sido preparada por Marlo Rankin,
Eva Gálvez Nogales y
Nomathemba Mhlanga (Economistas de Agronegocios, División de Infraestructura
Rural y Agroindustrias -AGS-),
Pilar Santacoloma (Oficial de Sistemas
agroalimentarios para América Latina y la Región del Caribe de FAO) y
Costanza Rizzo (consultora de AGS/FAO).
Los autores desean expresar su especial gratitud a los autores de los estudios de caso que colaboraron con este proyecto
[George Essegbey, Rose Omari,
Masahudu Fuseini, Hannah Nyamekye, Hannington Odame, Elsie Kangai, Jeremia R. Makindara, Ken Ife, Grace Twinamatsiko, Trina Fizzanty, Muhammad
Masyhuri,Muhammad Fida, Umm e Zia,Daleen Diane Richmond, Nerlita M.
Manalili, Yang Minli, Francisco Aguirre A., Ricardo Argüello, Manuel Chiriboga,
Carol Chehab, Vinicio Salgado, David Martínez, Carlos de los Ríos]; y a Pilar
Santacoloma, quien coordinó esta parte del estudio. Igualmente, deseamos agradecer
a Marco Camagni (FIDA),
Catherine Moreddu (OCDE),
David Ivanovic (Banco
Mundial),
David Bright (Oxfam),
Rafael-Isidro Parra Peña (CIAT),
Roberto Vega
(Syngenta),
Manuel Estrada-Nora Rodríguez (Unión Mundial de Mercados Mayoristas),
Christian Pirzer (Negocios Inclusivos Endeva),
Whitney Gantt (Fundación
Grameen),
Jetske Bouma (Agencia de Evaluación Medioambiental de HolandaNetherlands Environmental Assessment Agency),
Lan Huong Nguyen (FAO
RAP) y
David Ryckembusch (Programa Mundial de Alimentos - PMA) por su
participación en una “Reunión de Expertos sobre Agronegocios Público-Privados”,
celebrada en la FAO del 8 al 9 de diciembre de 2015, en la que se revisó el borrador
de la publicación.
Se les agradece sobremanera su retroalimentación y su apoyo
compartiendo trabajos afines.
Agradecemos a Doyle Baker, Gavin Wall, Eugenia Serova y Divine Njie,
anteriores directores y subdirector de FAO AGS por su apoyo a esta iniciativa.
Hacemos extensivo este agradecimiento a Patrick Labaste (FAO AGS) y a Lan
Huong Nguyen, quienes gentilmente proporcionaron su revisión experta, a Larissa
D’Aquilio (FAO AGS) y Pilar Santacoloma por la coordinación de producción.
ix
Acrónimos
4P alianza público-privada-productor
ADB Banco de Desarrollo Asiático
AFD Agencia Francesa de Desarrollo
AGRA Alianza para la Revolución Verde en África
AGS División de Infraestructura Rural y Agroindustrias (FAO)
ASF Fondo de Apoyo para Agronegocios
APEC Asociación de Productores y Exportadores de Sandía
(Perú)
BDS servicios de desarrollo comercial
BOO Construir-Operar-Poseer
BOT Construir-Operar-Transferir
CA autoridad contratante
CFS Comité de Seguridad Alimentaria Mundial
DFID Departamento de Desarrollo Internacional (Reino Unido)
EAGC Consejo de Granos de África Oriental
EU Unión Europea
FEG grupo de empresas de agricultores
FNC Federación Nacional de Cafeteros (Colombia)
FO organización campesina
FONDOEMPLEO Fondo Nacional de Capacitación
Laboral y Promoción del Empleo
GAP buena práactica agrícola
GIZ Cooperación Internacional Alemana
IDB Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
IFAD Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA)
IP propiedad intelectual
ITT innovación y transferencia de tecnología
LA América Latina
M&E monitoreo y evaluación
MI infraestructura de mercado
MOA Ministerio de Agricultura
MOFEP Ministerio de Finanzas y Planificación Económica
(Ghana)
MOU memorándum de entendimiento
NAADS Servicio Nacional de Asesoría Agrícola (Uganda)
NGO organización no gubernamental
NMB Banco Nacional de Microfinanzas (Tanzania)
NVAT Terminal Agrícola de Nueva Vizcaya (Filipinas)
ODA ayuda oficial al desarrollo
PFAU Unidad de Análisis de Proyectos y Finanzas (Ghana)
APP alianza público-privada
PRONERI Programa Inclusivo Nacional de Negocios Rurales
(Ecuador)
PROSAAMER Programa de Servicios de Apoyo a los Mercados Rurales
x
(Perú)
R&D investigación y desarrollo
ROI utilidad de la inversión
RSP proveedor registrado de servicio
SIDA Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo
Internacional
SMAEs pequeñas y medianas agroempresas
SOE empresas de propiedad del Estado
TAGMARK Patronato para el Desarrollo del Mercado Agrícola
de Tanzania
TRIT Instituto de Investigación del Té de Tanzania
UNIDROIT Instituto Internacional para la Unificación del
Derecho Privado
UIRI Instituto de Investigaciones de Uganda
USAID Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional
DCV desarrollo de cadena de valor
WEF Foro Ecónomico Mundial
WRS esquema de recibos de almacén
........Resumen ejecutivo
En un contexto en el que los Estados poseen escasos recursos y una experiencia
limitada, cada vez con más frecuencia, se promueve el desarrollo de alianzas innovadoras que reúnen a actores del sector privado, el gobierno y la sociedad civil como
mecanismo para mejorar la productividad e impulsar el crecimiento de los sectores
agrícolas y alimentarios en todo el mundo. Comúnmente conocidas como alianzas
público-privadas (APP), estas iniciativas son comunes en sectores como la infraestructura, la salud o la educación y, sin embargo, su aplicación al sector agrícola es
relativamente reciente.
Desde hace tiempo, se sostiene que las agroalianzas público-privadas tienen el
potencial deayudar a modernizar el sector agrícola y aportar múltiples beneficios,
que pueden contribuir a un desarrollo agrícola sostenible e inclusivo para los agricultores de pequeña escala. No obstante, la motivación tras este enfoque y la vaguedad con la que se define el concepto generan muchas preguntas (sin respuesta) sobre
la clase de proyectos que pueden ser adecuados para regirse por este mecanismo.
Para comprender mejor los potenciales beneficios que presentan y los desafíos que
enfrentan las agroalianzas público-privadas, la División de Infraestructura Rural
y Agroindustrias (AGS) de FAO ha compilado 70 casos localizados en 15 países
en desarrollo, junto con evidencias del apoyo en terreno a estas iniciativas para el
desarrollo de agronegocios en Centroamérica y el Sudeste Asiático.
Esta publicación presenta una síntesis de la información práctica disponible, con
el objetivo de extraer enseñanzas que puedan utilizarse para orientar a los países
miembros de FAO sobre la mejor manera de establecer asociaciones eficaces con el
sector privado para movilizar el apoyo al desarrollo de la agroindustria. Por esto, se
prestó una especial atención al análisis de:
- el entorno propicio existente para el desarrollo de agroalianzas público-privadas;
- los beneficios que se esperan lograr con dichas alianzas;
- los roles y funciones a desempeñar por los diferentes socios;
- los principales desafíos que se encuentran, y
- los resultados de desempeño y desarrollo obtenidos con las alianzas.
También se prestó una atención especial a comprender el tipo de instituciones
públicas y habilidades que se requieren para dar apoyo a las agroalianzas públicoprivadas, así como las circunstancias que determinan una mayor probabilidad de
éxito de las alianzas público-privadas en el ámbito de los agronegocios.
Para el propósito de este estudio, una agroalianza público-privada o una alianza
público-privada para el desarrollo de agronegocios se define como “una alianza
formalizada entre instituciones públicas y socios privados diseñada para alcanzar
objetivos de desarrollo agrícola sustentable, donde los beneficios públicos que se
espera obtener a partir de la alianza se definan claramente, las contribuciones de
inversión y los riesgos se distribuyan y existan roles activos para todos los socios
en diversas etapas durante el ciclo de vida del proyecto de alianza público-privada”.
xii
En la práctica, las agroalianzas pueden implicar arreglos formales (contractuales)
o informales(de colaboración), y tienden a favorecer modalidades más simples y
menos complejas (como un Memorándum de Entendimiento) en comparación con
las alianzas público-privadas tradicionales en cuanto a su infraestructura. Con los 70
casos analizados, se desarrolló una clasificación que permite distinguir cuatro tipos
comunes de proyecto:
1) alianzas para el desarrollo de cadenas agrícolas de valor;
2) alianzas para la investigación, innovación y transferencia de tecnología;
3) alianzas para la construcción y/o modernización de infraestructura de mercado, y
4) alianzas para la entrega de Servicios de Desarrollo de Negocios (SDN) a los
agricultores y pequeñas empresas.
Esta clasificación muestra claramente la diversidad de modelos y el alcance de
las alianzas público-privadas dentro del sector agrícola de los países en desarrollo.
Los potenciales beneficios de las agroalianzas público-privadas se derivan de
combinar la eficiencia operativa y económica característica del sector privado con
el papel del sector público como creador de un entorno regulador propicio, que
asegure que se incluyen interesa de tipo social. Se identificaron beneficios para los
diferentes socios implicados en las alianzas. Para los agricultores de pequeña escala,
muchas de estas asociaciones evidenciaron un impacto positivo en sus ingresos
netos, a través de la mejora del acceso a los mercados, mayor productividad, mejor
calidad de los productos o reducción de los costos, así como un aumento en la
capacidad de las organizaciones agrícolas y la generación de empleo.
Para los socios del sector público, además de lograr las metas socioeconómicas
asociadas con los proyectos, la participación en alianzas público-privadas contribuyó al fortalecimiento de las instituciones y mejoró sus habilidades para el
diseño y la gestión de proyectos. En el sector privado, los beneficios se tradujeron
en un aumento en las ventas y en la participación en el mercado o en una mayor
disponibilidad del suministro de materias primas.
La gobernanza de las agroalianzas público-privadas es crucial para su éxito. La
promoción de marcos de trabajo institucionales y regulatorios sólidos, un sistema
razonable de gobernanza de tierras, una selección transparente, procesos presupuestarios para la selección de proyectos y de socios privados y un reparto equitativo de
los riesgos son factores clave para el diseño de APP exitosas.
En el diseño de las alianzas público-privadas está implícita la cuestión de si es
asequible o económico combinar los recursos de diversas fuentes para superar las
limitaciones de financiamiento que aquejan al sector público. Este estudio demuestra que se está produciendo la agrupación de fondos públicos y privados a través
de proyectos de APP que van desde pequeñas iniciativas hasta proyectos multimillonarios para la construcción, con mecanismos que pueden incluir inversiones de
co-participación, contribuciones en especie, subvenciones de equiparación o concesiones para el sector privado. Sin embargo, se pueden extraer pocas conclusiones
generales sobre la proporción de la inversión total aportada por los socios públicos
y privados debido a la mala práctica de no valorar las contribuciones en especie y a
la limitada divulgación de información financiera por ambas partes.
xiii
También se identificaron varias limitaciones de las agroalianzas público-privadas.
Aunque las agroalianzas pueden promover la inclusión de los pequeños agricultores
y las agroempresas pequeñas y medianas, es poco probable que tengan algún
impacto en los sectores más pobresy vulnerbales. Ello refleja un equilibrio entre la
eficiencia y la equidad, ya que es inevitable cierto grado de exclusión si los socios
del sector privado han de obtener las recompensas que corresponden a su inversión.
Existe, además, una falta de guía en el diseño y la implementación de las agroalianzas
público-privadas y, como consecuencia, a menudo se han pasado por alto cuestiones
importantes, como la distribución del riesgo o las estrategias para la resolución de
conflictos en el diseño de la alianza.
Finalmente, puede que la aplicabilidad de las alianzas público-privadas a la agricultura de los países en desarrollo se limite a circunstancias específicas (por ejemplo,
cuando el mercado falla), ya que los costos de transacción y niveles de complejidad
de dichas alianzas son altos. Al decidir si se han de emprender o no agroalianzas
público-privadas, los encargados de formular políticas deben asegurarse de que las
mismas representen el valor por el dinero y que generen beneficios públicos que
excedan los que puedan lograrse con modalidades alternas de adquisición pública o
únicamente mediante la inversión privada.
En resumen, aunque hay pruebas de la contribución positiva de las agroalianzas
público-privadas a los objetivos del desarrollo agrícola, todavía es necesario abordar varias cuestiones pendientes relacionadas con su impacto en la reducción de la
pobreza y en la inclusión, para garantizar alianzas cada vez más eficaces.
Se identificaron las siguientes lecciones aprendidas:
1. Las alianzas público-privadas buscan estimular un crecimiento inclusivo, pero
los costos de transacción que se asocian con la contratación de numerosos agricultores pequeños son altos. Al fomentar una acción colectiva y la construcción
de capacidades, la participación de pequeños agricultores en las cadenas de valor
modernas aumenta, y se reducen los costos de transacción para los principales
socios privados
2. Resulta clave promover el desarrollo de marcos institucionales y regulatorios
sólidos, un sistema razonable de gobernanza de tierras, la selección transparente
de socios y proyectos y el establecimiento de procesos presupuestarios adecuados,
así como un reparto equitativo de los riesgos, para el diseño de alianzas públicoprivadas de buen desempeño
3. Existe la necesidad de que el sector público, incluyendo a los donantes, invierta
más en el monitoreo y la evaluación de las agroalianzas, y de que se cree una
base sólida de evidencia que proporcione orientación sobre la efectividad del
diseño e implementación de las alianzas, midiendo sus impactos a largo plazo.
4. Para tener éxito, las alianzas de agronegocios deben alinear los intereses y las
visiones dispares de los socios y llegar a un consenso, en particular sobre los objetivos y las prioridades del sector público para promover las APP.
Los socios públicos y los encargados de formular las políticas necesitan comprender claramente la razón de promover las alianzas público-privadas frente
xiv
a otros mecanismos de apoyo del sector público, y ser capaces de identificar
los tipos de proyecto en los que las alianzas público-privadas serán más eficaces para abordar los fallos del mercado de manera sostenible. Los potenciales
proyectos de alianza público-privada deben ser capaces de demostrar su valor
por dinero (rentabilidad), e idealmente deberían generar beneficios públicos
que superen los que podrían haberse logrado mediante modos alternativos de
implementación como la financiación pública directa, la subcontratación o la
privatización. Las alianzas deben procurar movilizar fondos de ambas partes
hacia metas comunes, que tengan un alto potencial para alcanzar repercusiones
positivas en el ámbito socioeconómico. También debe haber potencial de escala
a largo plazo, a partir de los aprendizajes de la implementación y de la creación
de condiciones favorables, con un entorno que favorezca la participación futura
del sector privado y un crecimiento sectorial sin la intervención continua del
gobierno.
5. El rol de cada socio debe definirse claramente, según las destrezas y habilidades
que puedan aportar a la agroalianza público-privada, con incentivos adecuados
diseñados para retribuir cada una de sus funciones.
Los estudios de caso muestran que los beneficios de los agronegocios de alianzas
público-privadas adoptan formas diferentes para los diversos actores, lo que
significa que hay que incorporar en el acuerdo de la alianza la mezcla correcta
de responsabilidades e incentivos para cada socio, con el fin de alinear la visión
sobre la alianza y generar el compromiso necesario para producir estos beneficios. Al mismo tiempo, todos los socios deben tener una necesidad apremiante
de alcanzar el éxito y, sin embargo, carecer de la capacidad de lograrlo por sí
solos (es decir, la interdependencia resulta clave). También es esencial que las
habilidades de cada socio sean complementarias, lo que proporciona oportunidades para el aprendizaje y el desarrollo de nuevas capacidades.
xvii
Parte I
Introducción
3
Capítulo 1
Introducción
1.1 FUNDAMENTO DE LAS ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS
(APP) EN LA AGRICULTURA
En un contexto de recursos gubernamentales escasos y experiencia limitada, cada
vez con más frecuencia, se promueve el desarrollo de alianzas innovadoras que
reúnen a actores del sector privado, el gobierno y la sociedad civil como mecanismo
para mejorar la productividad e impulsar el crecimiento de los sectores agrícolas y
alimentarios en todo el mundo. Comúnmente conocidas como alianzas públicoprivadas (APP), estas iniciativas son comunes en sectores como la infraestructura, la
salud o la educación y, sin embargo, su aplicación al sector agrícola es relativamente
reciente.
El creciente interés por las agroalianzas público-privadas se refleja en publicaciones recientes sobre el desarrollo
(por ejemplo, Spielman, Hartwich y Grebmer,
2010; Boland, 2012; Fondo para la Aplicación de Normas y el Fomento del Comercio (STDF) y Banco Interamericano de Desarrollo), 2012; Brickell y Elias, 2013);
en las estrategias de las agencias de desarrollo para promover la participación del
sector privado (BCLC, 2009; MFA, 2010; FIDA, 2011; GIZ, 2011; FAO, 2013a)
y en el diseño de políticas y leyes para las alianzas público-privadas a nivel de país
(Gobierno de Uganda, 2010; Gobierno de Perú, 2012) y estrategias nacionales de
desarrollo agrícola (Gobierno de Paquistán, 2008; Gobierno de Kenia, 2010).
Se ha promovido ampliamente que las agroalianzas público-privadas tienen el
potencial de ayudar a modernizar el sector agrícola y proporcionar múltiples beneficios, que pueden contribuir al desarrollo agrícola sostenible e inclusivo para los
agricultores de pequeña escala (Foro Económico Mundial, 2010; 2013). No obstante,
la motivación detrás de este enfoque, y la vaguedad con que se define el concepto,
genera muchas preguntas que permanecen sin respuesta sobre los tipos de proyectos
que pueden ser adecuados para regirse por este mecanismo, y su efectividad para
cumplir con objetivos sustentables e inclusivos de desarrollo agrícola. Además,
también ha habido un limitado aprovechamiento de las contribuciones teóricas de
otras disciplinas, a pesar de la plétora de publicaciones que existe sobre el tema de las
alianzas público-privadas en los ámbitos de la economía, la administración pública y
las ciencias de gestión (Horton, Prain y Thiele, 2009).
Esta publicación es fruto de los esfuerzos de la División de Infraestructura Rural
y Agroindustrias (AGS) de la FAO por comprender los potenciales beneficios que
ofrecen y los desafíos que enfrentan las agroalianzas público-privadas. Sintetiza una
gran riqueza de información disponible sobre estas alianzas, compilada a partir de
70 casos en 15 países en desarrollo, y el apoyo en campo a las iniciativas de alianza
público-privada para el desarrollo de agronegocios en América Central y el sudeste
de Asia. El objetivo primordial de esta síntesis es comprender el tipo de especializa-
4 Alianzas público-privadas para el desarrollo de agronegocios: una revisión de experiencias internacionales
ciones públicas que se requieren para dar apoyo a las agroalianzas público-privadas,
y así proporcionar directrices a quienes elaboran las políticas sobre cuándo y cómo
emprender dichas alianzas.
1.2 DEFINICIÓN DE ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS PARA EL DESARROLLO
DE AGRONEGOCIOS
Es importante destacar que no existe una única definición de las alianzas públicoprivadas, lo que da lugar a ciertas vaguedades y confusiones cuando se refiere este
concepto. No obstante, varias fuentes ofrecen diferentes definiciones en las que se
encuentran elementos valiosos para ayudar a aclarar este concepto.
En el Manual del Banco Asiático de Desarrollo sobre Alianzas Público-Privadas
(ADB, 2008) se ofrece una conceptualización útil, que considera a las alianzas
público-privadas como un mecanismo para mejorar la prestación de bienes y servicios públicos al asociarse con el sector privado, al tiempo que mantiene un papel
activo del gobierno para garantizar la consecución de los objetivos socioeconómicos
nacionales. Las alianzas público-privadas se definen como:
:
Un marco de trabajo que - con el compromiso del sector privado - reconozca y
estructure el rol del gobierno para asegurar que se cumplan las obligaciones sociales
y que se logren reformas sectoriales exitosas y la inversión del sector público. (ADB,
2008: 7).
Manifiesta, además, que una alianza debe diseñarse de manera que:
asigne y reparta tareas, obligaciones y riesgos entre los socios de los sectores
público y privado de manera óptima;
reconozca que los sectores público y privado deben tener, cada uno, ciertas
ventajas relativas entre sí al desempeñar tareas específicas;
busque mantener al mínimo los costos al mejorar el desempeño en términos de
relevancia, eficiencia, efectividad, impacto y sostenibilidad. Esto implica que,
al trabajar en conjunto, los socios públicos y privados deben generar más valor
por el dinero del que el gobierno generaría proporcionando por sí solo el bien o
servicio público (véase el Capítulo 7 para una definición más completa del valor
por el dinero).
La reciente aplicación del término “alianza público-privada” por parte de la comunidad de desarrollo ha sido algo más amplia, abarcando toda la gama de arreglos de
colaboración formales e informales entre el sector público, el sector privado y sus
socios intermediarios, incluidas organizaciones no gubernamentales y de la sociedad
civil y donantes internacionales. Se hace menos hincapié en la noción de derivar
bienes públicos claramente definidos o beneficios socioeconómicos de las contribuciones de la inversión pública, y el concepto de reforma del sector y de valor por
el dinero está notablemente ausente. Por ejemplo, el Foro Económico Mundial
(WEF) se refiere al concepto de las alianzas público-privadas simplemente como
uno en el que participan: “organizaciones de empresas o aquellas sin afán de lucro
de la sociedad civil que trabajan en asociación con organismos gubernamentales,
incluidas las instituciones oficiales de desarrollo. [El concepto de APP] conlleva
obligaciones y responsabilidad recíprocas, relaciones voluntarias o contractuales,
participación en los riesgos de inversión y reputación y responsabilidad conjunta en
el diseño y la ejecución.” (WEF, 2005: 8).
Capítulo 1 – Introducción
Aunque las políticas y leyes sobre las alianzas público-privadas prescriben
un proceso predeterminado y transparente de diseño, licitación y selección de
proyectos acompañado de directrices legales y reglamentarias, hasta la fecha la
promoción de las alianzas público-privadas para el desarrollo de agronegocios ha
hecho un énfasis limitado en las condiciones del entorno necesarias para apoyar la
formación e implementación de estos tipos de alianzas más allá del período específico del proyecto. De ahí que, según la definición del Foro Económico Mundial
citada arriba, a virtualmente cualquier forma de colaboración (formal o informal)
entre el sector público (incluso los donantes) y el privado (y sus socios conexos)
se le puede denominar con el término “alianza público-privada”, a menudo con
RECUADRO 1
Definiciones clave
Para el propósito del presente estudio, una agroalianza público-privada o APP se
define como “una alianza formalizada entre instituciones públicas y socios privados,
diseñada para lograr los objetivos de desarrollo agrícola sustentable, donde se definen
claramente los beneficios públicos que se esperan de la alianza, se reparten la inversión y los riegos, y en la que existen roles activos para todos los socios en diversas
etapas durante el ciclo de vida de la alianza público-privada”.
Los conceptos esenciales relacionados con esta definición incluyen:
Socios públicos: incluye agencias gubernamentales nacionales y descentralizadas,
instituciones públicas académicas y de investigación, bancos del estado y empresas
de propiedad estatal (EPE); también a los donantes internacionales.
Socios privados: incluyen agronegocios, asociaciones de agricultores, agricultores
individuales y organizaciones no gubernamentales (ONG). El capítulo 2 brinda una
definición más detallada de los socios públicos y privados.
Beneficios públicos: resultados que se esperan del apoyo del sector público a la
alianza, según se define en las metas y los objetivos (que se trazan de acuerdo con
la política agrícola nacional y documentos estratégicos). Incluyen la generación de
empleos rurales e ingresos; la inocuidad y seguridad alimentarias y la protección del
medio ambiente
Empresas de agronegocios: cualquier empresa o entidad de negocios que produce
o proporciona insumos, produce materias primas y productos frescos, procesa o
fabrica alimentos u otros productos agrícolas, transporta, almacena o comercia
productos agrícolas, o vende dichos productos al detal. Para los propósitos del
estudio, las fincas familiares y las micro y pequeñas empresas que operan en el
sector informal no se incluyeron en este conjunto.
Acuerdo formal: aquél para el cual no es suficiente el consentimiento, es decir,
que el acuerdo debe confirmarse en un documento por escrito. Esto incluye desde
documentos a nivel de proyecto, como un Memorándum de Entendimiento, hasta
contratos formales, arreglos de capital y el establecimiento de nuevas compañías
específicamente para el propósito de la alianza público-privada.
6 Alianzas público-privadas para el desarrollo de agronegocios: una revisión de experiencias internacionales
pocos detalles sobre el proceso de selección de los socios privados, los beneficios
directos para los socios públicos y la distribución de los costos, ingresos y riesgos.
En vista de este perfil borroso, AGS/FAO ha hecho esfuerzos significativos por
definir con claridad y precisión lo que constituye una alianza público-privada para
el desarrollo de agronegocios, según se presenta en el
Recuadro 1.
1.3 JUSTIFICACIÓN
Desde la perspectiva de la administración pública, la razón tradicional para el desarollo de alianzas entre el sector público y el sector privado está vinculada con los
fallos en el mercado y con políticas para la entrega de bienes públicos como caminos,
educación y servicios de salud (Richter, 2004; Hodge y Greve, 2007). Similarmente, el
surgimiento de las alianzas público-privadas en la agricultura responde a fallos en la
entrega de bienes públicos como la seguridad alimentaria, la protección del medio
ambiente o la viabilidad de las áreas rurales. En estos casos, al combinar los recursos
y las capacidades complementarias de ambos socios dentro de un marco legal y
regulatorio bien definido, los gobiernos pueden aumentar los beneficios económicos
y sociales de las inversiones públicas que de otra manera no pudieran lograr por sí
solos, dadas sus limitaciones técnicas, de gestión o de recursos.
Al mismo tiempo, el marco de las alianzas público-privadas puede utilizarse
para diseñar un conjunto de incentivos de mercado que estimule la participación
del sector privado en actividades que de otra forma se considerarían como de valor
comercial marginal o de alto riesgo.
Más concretamente, las alianzas público-privadas atraen a los responsables de
la formulación de políticas y los profesionales del desarrollo agrícola por cuatro
razones principales:
Su potencial par movilizar financiamento. Se requieren altos niveles de inversión
para desarrollar el potencial de la agricultura, con el fin de alcanzar el desarrollo
sostenible y la reducción de la pobreza en los países en desarrollo. Sin embargo,
las reducidas asignaciones de presupuesto público para este sector durante las
décadas pasadas han frenado su crecimiento (Banco Mundial, 2007; FAO 2012).
Por ejemplo, en 2003, la Declaración de Maputo exhortó a todos los países de
la Unión Africana a incrementar las inversiones en agricultura hasta al menos
el 10% de sus presupuestos nacionales (Unión Africana, 2003). A pesar del
aumento relativo en el financiamiento de la agricultura por parte del sector
público a nivel mundial durante el período de 2000 a 2008 (Beintema et al.,
2012), las asignaciones presupuestarias son aún insuficientes y la escala de las
inversiones requeridas está más allá de los medios del sector público. Los altos
niveles de deuda nacional en muchos países en desarrollo y de ingresos medios
también hacen necesario buscar alternativas de financiación que no conduzcan
a un aumento de la deuda pública. Se considera necesario movilizar recursos
adicionales del sector privado para complementar tanto la financiación pública
como la ayuda oficial para el desarrollo (AOD).
La distribución del riesgo. Los altos riesgos (reales y percibidos) de hacer negocios
en el sector agrícola de los países en desarrollo a menudo disuaden al sector
privado de invertir en solitario. Estos riesgos incluyen, entre otros, bajo retorno
de la inversión, acceso limitado a los insumos de producción (incluida la tierra),
altos costos de las transacciones y riesgos de producción asociados al trato con
Capítulo 1 – Introducción 7
numerosos productores de pequeña escala, así como el riesgo político asociado
con la interferencia del gobierno en los mercados agrícolas. Sobre esta base, las
alianzas público-privadas se promueven como un mecanismo útil para distribuir
los riesgos, a través del que se pueden reducir las barreras de entrada para el
sector privado. En los proyectos de alianza público-privada puede incorporarse
una combinación de incentivos de mercado y mecanismos institucionales que
proporcionen una mayor certidumbre a los inversionistas y ayuden a superar la
falta de un ambiente regulatorio favorable.
Innovación y acceso al mercado. Para los socios públicos, el valor agregado de
los proyectos APP surge al aprovechar la innovación y eficiencia del sector
privado, al tiempo que promueve la consecución de objetivos de política agrícola
sostenible. Este valor agregado incluye el acceso a tecnologías innovadoras y
habilidades superiores de gestión y comercialización, para lograr una mayor
eficiencia en la producción y entrega de productos y servicios agroalimentarios.
RECUADRO 2
Ejemplos de mega-alianzas agrícolas público-privadas
La Nueva Alianza para la Seguridad Alimentaria de los países del G8 y la iniciativa
“Nueva Visión para la Agricultura”,1
promovida por el Foro Económico Mundial
(FEM), son alianzas globales de múltiples actores cuyo propósito es acelerar las inversiones en agricultura. Aunque no forman parte del presente estudio, vale la pena
mencionarlas debido al impacto que han tenido a la hora de popularizar el concepto
y la aplicación del modelo de APP en el sector de agronegocios de muchos países
en desarrollo. Varios países que aparecen en este estudio están participando en la
plataforma “Nueva Visión”, como Ghana, Kenia y Tanzania (indirectamente, a través
de una alianza regional llamada “Grow Africa”)2 e Indonesia y Vietnam (que están
directamente afiliadas a la plataforma).
A nivel de país, “Nueva Visión” se implementa a través de asociaciones de múltiples partes interesadas. Por ejemplo, en 2010 se formó una alianza en Tanzania para
promover el desarrollo del Corredor de Crecimiento Agrícola del Sur (SAGCOT). En
Indonesia, la Alianza para la Agricultura Sostenible de Indonesia (PISAgro), establecida
formalmente en abril de 2012, regula la colaboración entre el Gobierno indonesio y
varias empresas nacionales e internacionales para fortalecer los medios de subsistencia de los pequeños agricultores, aumentar la seguridad alimentaria y mejorar la
producción sostenible de productos básicos: cacao, maíz, lácteos, aceite de palma,
papa, arroz y soja.
Ese mismo año se formó en Vietnam un Grupo Especial de Trabajo Público-Privado
para el Crecimiento Agrícola Sostenible, codirigido por el gobierno y la industria,
para desarrollar y probar modelos agrícolas en cultivos prioritarios con el potencial de
escalar rápidamente (FEM, 2013).
8 Alianzas público-privadas para el desarrollo de agronegocios: una revisión de experiencias internacionales
En muchos países en desarrollo, particularmente en Asia y América Latina,
las alianzas público-privadas se han estado aplicando por mucho tiempo para
emprender proyectos agrícolas avanzados de investigación y desarrollo. Estos
proyectos buscan resolver problemas complejos que inhiben los avances en la
productividad, tales como la gestión contra las plagas y enfermedades, impactos
del cambio climático, pérdidas poscosecha, baja calidad de los productos, falta
de inocuidad alimentaria y un bajo valor agregado. Las alianzas público-privadas
de investigación se utilizan comúnmente para desarrollar, comercializar e
impulsar la adopción de variedades mejoradas de semillas, equipos, maquinaria
y prácticas agronómicas. Constituyen en gran medida el tipo más documentado
de agroalianzas público-privadas e incluyen más de 200 estudios de caso en todo
el mundo (IFPRI, 2007; Spielman, Hartwich y von Grebmer, 2010). También se
ha desarrollado un conjunto de directrices para los funcionarios o encargados
sobre cómo diseñar, implementar y evaluar las APP para la innovación agrícola
(IFPRI, 2008).12
En otros casos, las alianzas se han formado para catalizar el desarrollo de una
cadena de valor o subsector específico. Los intereses del sector privado en
tales alianzas suelen estar relacionados con asegurar un suministro uniforme
y de buena calidad de materias primas para comercialización y procesamiento
(Boland, 2012; Poulton y Macartney, 2012). Los intereses del sector público
incluyen la mejora del acceso al mercado de exportación para los agricultores, el
desarrollo de una industria nacional como parte de una política de sustitución de
importaciones, la estimulación del cumplimiento de las normas de inocuidad y
calidad alimentaria y el aumento de ingresos rurales y oportunidades de empleo
mediante la diversificación y agregación de valor.
Seguridad alimentaria e inclusión. En línea con las alianzas de desarrollo de
cadenas de valor mencionadas en el párrafo anterior, la introducción de “megaalianzas público-privadas” es un fenómeno reciente que está contribuyendo a la
creciente popularidad del concepto de alianzas público-privadas y su aplicación a
la agricultura. Las “mega-alianzas público-privadas” son plataformas de alianzas
de múltiples actores que se crean para promover inversiones muy grandes en la
agricultura, con el fin de fomentar la inclusión de los agricultores de pequeña
escala y la seguridad alimentaria en las economías de bajo y mediano ingreso.
1 “Nueva Visión” reúne a las compañías multinacionales de agronegocios que son socios Industriales
del Foro Económico Mundial para que aborden tres elementos imperativos: garantizar la seguridad
alimentaria, incentivar la producción agrícola de una manera sostenible con el medio ambiente y generar
un crecimiento económico inclusivo. Las 28 compañías globales que abogan por la iniciativa a nivel
global son:
AGCO Corporation, A.P. Møller-Maersk, BASF, Bayer CropScience, Bunge, Cargill, CF
Industries Holdings, The Coca-Cola Company, Diageo, DuPont, General Mills, Heineken, Metro
Group, Mondelez International, Monsanto Company, The Mosaic Company, Nestlé, Novozymes,
PepsiCo, Rabobank International, Royal DSM, SABMiller, Sinar Mas Agribusiness & Food, Swiss
Reinsurance Company, Syngenta International, Unilever, Wal-Mart y Yara International (Foro
Económico Mundial, 2013). . 2 Grow Africa es una iniciativa global para movilizar alianzas e inversión en África, organizada
conjuntamente por la Unión Africana y la Nueva Alianza para el Desarrollo de África (NEPAD).
Capítulo 1 – Introducción 9
1.4 REFLEXIONES INICIALES
A pesar de la aceptación general del potencial de las APP en el avance de los objetivos
de desarrollo en la agricultura, la falta de resultados basados en evidencia significa que
este tipo de alianzas también se enfrentan a numerosas críticas y posibles fallas. Para
algunos, las alianzas público-privadas corren el riesgo de distorsionar las condiciones
del mercado y crear ventajas injustas de ser los primeros para empresas privadas
individuales, como resultado de que el sector público subsidie intereses de la empresa
privada. Otros cuestionan la posibilidad de conciliar los objetivos de lucro del sector privado con las responsabilidades socioeconómicas del sector público. Una de
las críticas más comunes contra las agroalianzas público-privadas que requieren
inversiones a gran escala (por ejemplo, las de las mega-alianzas público-privadas) es
la falta de transparencia en la selección del socio privado y la asignación de tierras
o la concesión de derechos de uso de la tierra (Oxfam, 2014, Wilson, Rai y Best,
2014). Estas cuestiones reflejan el riesgo real de la apropiación de tierras, siendo una
preocupación prioritaria el potencial desplazamiento de los pequeños agricultores.
En este contexto, la aplicación de los ‘Principios de Inversión Responsable en los
Sistemas Agrícolas y Alimentarios’ del Comité para la Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) es de particular relevancia para reducir el posible riesgo asociado con el
acaparamiento de tierras (CSA, 2014).
También se considera que varios factores relacionados con la administración
pública restringen significativamente el desarrollo de asociaciones agrícolas orientadas a resultados, a pesar de la prevalencia en los últimos años de políticas y estrategias nacionales que promueven las APP. Entre estos factores, se incluye la capacidad
limitada de los socios públicos (notablemente los Ministerios de Agricultura y sus
instituciones descentralizadas) de participar en las APP, dadas las diversas habilidades requeridas para evaluar con efectividad los beneficios, riesgos y alternativas
del uso de este mecanismo para el financiamiento público de los proyectos. Otro
motivo de preocupación es la ausencia de un enfoque integral para apoyar a los
socios públicos en el diseño y la ejecución de los programas de agroalianza públicoprivada, así como el hecho de que los marcos institucionales y de gobernanza
vigentes en el sector agrícola no se ajusten adecuadamente a este tipo de acuerdos.
A pesar del auge del interés reciente en las agroalianzas público-privadas, todavía
existen limitaciones en el análisis y la información disponibles sobre las experiencias
actuales, así como sobre el uso de este tipo de alianzas para apoyar el desarrollo
agrícola, y sobre cómo difieren estas de otras estrategias de utilización del sector
privado anteriores a las APP. Existen muy pocos análisis en profundidad sobre el
potencial real que las alianzas público-privadas puedan tener para cumplir con los
objetivos sociales y económicos comúnmente establecidos, incluyendo la generación de empleo rural y de ingresos, la seguridad alimentaria y el aumento de la
competitividad e inclusión agrícola. Debido a la vaguedad de la definición de lo que
constituye una APP en el sector agrícola, también existe una diversidad significativa
en el tipo (y propósito) de las alianzas en cuestión, lo que aumenta el desafío de
lograr hallazgos concluyentes (MFA, 2013).
1.5 OBJETIVO Y ENFOQUE METODOLÓGICO
Como una contribución para cerrar la brecha de conocimiento, AGS/FAO llevó a
cabo desde del2011 hasta el 2013 una serie de evaluaciones de las alianzas público-
10 Alianzas público-privadas para el desarrollo de agronegocios: una revisión de experiencias internacionales
privadas que se habían implementado en 15 países africanos, asiáticos y latinoamericanos3
, diseñadas para mejorar la productividad e impulsar el crecimiento del sector
agrícola. Las experiencias de estas evaluaciones forman la base de este informe de
síntesis. El objetivo principal era aprender del terreno y extraer enseñanzas que
pudieran utilizarse para orientar a los países miembros4
de FAO sobre cómo llevar
a cabo alianzas efectivas con el sector privado y movilizar el apoyo para el desarrollo
de la agroindustria. Así, se priorizó el análisis de los entornos favorables existentes
para las agroalianzas público-privadas, los beneficios que se esperan lograr de ellas,
los roles y funciones de los socios, los principales desafíos que se encontraron y
los principales resultados obtenidos. A partir de la definición de agroalianza que
se utilizó para este estudio pueden derivarse una serie de criterios de selección. Los
principales criterios a los que las alianzas del estudio debían ajustarse son: :
Cada alianza público-privada debe involucrar a una empresa de agronegocios.
Debe existir una relación formalizada entre socios públicos y privados específicos.
También se tomaron en cuenta los siguientes criterios adicionales en la selección:
la alianza debe haber estado en operación por lo menos dos años;
la escala de la inversión movilizada debe ser igual o mayor a US$100,000;
la alianza debe estimular un aumento en la inversión y la rentabilidad, o reducir
el riesgo de la empresa de agronegocios en cuestión;
debe haber una expectativa de impactos positivos en la sociedad (es decir,
beneficios públicos) como mayores ingresos rurales, generación de empleo o
valor agregado, y
el acuerdo debe incluir un diálogo continuo sobre la gobernanza e implementación
para ambos socios (o sea, el socio gubernamental y el sector privado).
Se excluyeron las alianzas público-privadas exclusivas para transferencias,
concesiones o garantías, ya que no proporcionan la perspectiva necesaria sobre
los roles de los socios y las competencias requeridas. Con el fin de analizar mejor
los roles de los socios públicos, se dio prioridad a las alianzas público-privadas sin
donantes, y se adoptó un sesgo en la preselección de alianzas público-privadas que
no fueran para el desarrollo de infraestructura, debido a que ya existen numerosos
estudios sobre este tipo de proyectos. Se reclutaron consultores locales en cada país
para identificar aproximadamente 20 casos potenciales por país y luego investigar
en profundidad los 4 o 5 que mejor se ajustaban a los criterios de selección. Es
importante observar que en muchos países no fue fácil identificar casos que se
ajustaran a los criterios mencionados arriba, particularmente en términos de la escala
de la inversión y la duración de la alianza. Esto es, tal vez, un indicador de que las
APP que operan en el sector agrícola todavía son limitadas y en muchos países se
3 Informes a nivel de país (FAO, 2013b), que incluyeron los siguientes países:
África - Ghana, Kenia,
Nigeria, Tanzania y Uganda;
América Latina - Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala y Perú;
Asia -
China, Indonesia, Paquistán, Filipinas y Tailandia.
Están disponibles en: http://www.fao.org/ag/ags/
ags-division/publications/country-case-studies/en/ 4
Los destinatarios principales para los hallazgos de estas evaluaciones son los Ministerios de
Agricultura, ministerios relacionados y otras instituciones de gobierno encargadas de la participación
del sector privado en el sector agrícola.
Capítulo 1 – Introducción 11
encuentran en etapas tempranas de desarrollo. También es posible que la aplicación
del término “alianza público-privada” todavía no haya sido adoptada por algunos
países, a pesar de la existencia de esfuerzos colaborativos entre el sector público y
privado, aunque bajo arreglos menos formalizados que los prescritos en los criterios
de selección. La recolección de datos dependió de dos fuentes principales: visitas
a terreno con entrevistas semiestructuradas a informantes clave que participan en
las alianzas y la revisión literaria secundaria de los documentos específicos de los
casos, así como de documentos económicos y de política que proporcionarían una
comprensión del contexto para el desarrollo de las alianzas público-privadas dentro
del sector agrícola de cada país seleccionado.
Además de la investigación de los estudios de caso, el apoyo basado en campo a los
programas de APP también continúa en Vietnam y Filipinas desde 2013, y en América
Central durante 2014. FAO ha suministrado apoyo técnico para revisar el marco
existente de políticas y apoyar las agroalianzas público-privadas en estos países, y para
generar concientización y construir capacidades en los Ministerios de Agricultura
y con personal descentralizado sobre el concepto y su aplicación al sector agrícola.
Esta combinación de investigación de los estudios de caso y apoyo técnico basado
en campo ha ayudado a fundamentar los hallazgos de esta síntesis global, dentro del
contexto real que los socios que participan en el diseño, implementación y evaluación
de este tipo de proyectos tienen que enfrentar en el terreno.
El informe también se cimenta sobre trabajos previos de FAO, como una evaluación de los modelos de alianzas público-privadas para la infraestructura agrícola
orientada hacia el mercado (FAO, 2008). Además, el trabajo continuo sobre los
modelos institucionales que los países en desarrollo utilizan para proporcionar
apoyo al sector público para el desarrollo inclusivo de agronegocios, también ha
sido determinante para comprender cómo se ajusta la colaboración público-privada
a los marcos de trabajo institucionales y de política más amplios para el desarrollo
agrícola y rural (FAO, 2014). Finalmente, el trabajo que FAO lleva a cabo en la actualidad sobre el desarrollo sostenible de cadenas de valor (FAO, 2014) y la agricultura
por contrato (FAO, 2013) ha sido esencial para analizar el contexto y comprender
mejor los esfuerzos público-privados en este ámbito.
1.6 ESTRUCTURA DEL INFORME
El informe se estructura en tres secciones. La Sección I trata sobre los conceptos
iniciales y está compuesto del presente Capítulo 1 y el Capítulo 2, que presenta
una reseña de los casos, examina la tipología identificada, los roles y contribuciones
de los socios, la estructura de financiamiento y la formalidad de los arreglos de las
alianzas.
La Sección II presenta los hallazgos de los casos, estructurados conforme a las
cuatro clases de alianza público-privada identificadas en el Capítulo 2:
Capítulo 3: Alianzas para el desarrollo de cadenas de valor
Capítulo 4: Alianzas para la innovación y transferencia de tecnología
Capítulo 5: Alianzas para el desarrollo de infraestructura agrícola
Capítulo 6: Alianzas para la entrega de serviciosde desarrollo de agronegocios
12 Alianzas público-privadas para el desarrollo de agronegocios: una revisión de experiencias internacionales
La Sección III presenta los hallazgos intersectoriales y las conclusiones:
El Capítulo 7 estudia la gobernanza y los procesos de gestión de las agroalianzas
público-privadas, incluyendo los hallazgos de las evaluaciones de país sobre el
entorno favorable que se requiere para apoyar este tipo de alianzas.
El Capítulo 8 trata sobre los beneficios intersectoriales y los desafíos que surgen
en la promoción de las agroalianzas público-privadas.
El Capítulo 9 presenta las conclusiones alcanzadas, e identifica las limitaciones y
áreas adicionales para futuras investigaciones.
El informe concluye con dos anexos. El Anexo 1 proporciona una lista completa de
los casos de APP identificados por cada país. El Anexo 2 presenta el formulario de
evaluación de casos que se utilizó para compilar los estudios de caso individuales,
con base en las entrevistas con informantes clave y datos secundarios.
Capítulo 1 – Introducción 13
14 Alianzas público-privadas para el desarrollo de agronegocios: una revisión de experiencias internacionales
Capítulo 2
Reseña de los estudios de caso
A través de la preparación de los 15 informes de país, se perfilaron 70 estudios de
caso individuales sobre las agroalianzas, con detalles sobre las circunstancias que
llevaron a su formación, gestión y desempeño hasta la fecha. Se prestó una particular
atención a la identificación de las funciones específicas para cada uno de los socios
(incluidas las de gobernanza, implementación y monitoreo), los principales impulsores detrás de estos arreglos y los incentivos para su participación. Este capítulo
proporciona una visión general de los resultados de los casos, basados en los criterios de selección clave identificados en el
Capítulo 1 (objetivos, socios, inversiones
y acuerdos formales).
2.1 TIPOLOGÍA DE LOS CASOS DE ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS
Los 70 estudios de casos investigados pueden agruparse en cuatro temas principales:
Desarrollo de la cadena de valor (CdV).
Innovación y transferencia de tecnología (ITT).
Infraestructura de mercado (IM).
Servicios de desarrollo de negocios/asesoría comercial (SDC).
En general, las alianzas público-privadas de desarrollo de cadena de valor
representan la mayoría de los casos estudiados (57%), seguidas de las alianzas de
innovación y transferencia de tecnología (23%), las alianzas público-privadas de
servicios de desarrollo comercial (11%) y las de infraestructura de mercado (9%). La
distribución de casos en cada categoría varía mucho entre una región y otra. Mientras que en América Latina y el Caribe las alianzas público-privadas identificadas
se encuentran en las categorías de desarrollo de cadena de valor y de innovación y
transferencia de tecnología, en Asia los casos son más diversos y se dividen por igual
en casos de desarrollo de cadena de valor y de innovación y transferencia de tecnología, y hay más casos de infraestructura de mercado que en las demás regiones.
En África, predominan las alianzas de desarrollo de cadena de valor, seguidas de las
de innovación y transferencia de tecnología, según se indica en la Figura 1.
El alcance de cada tipo de alianza público-privada para el desarrollo de agronegocios se aclara en el Recuadro 3.
2.2 SOCIOS
Para el propósito de este estudio, el sector público comprende todas las agencias e
instituciones estatales que operan a nivel nacional o descentralizado. Esta categoría
incluye tanto a los gobiernos nacionales como a los donantes internacionales.
Capítulo 2 – Reseña de los estudios de caso 15
El tipo de socio público que participa en las alianzas público-privadas varía de
país a país, y a menudo refleja el nivel de descentralización del gobierno y su grado
de intervención en el sector agrícola, tal como indica la Figura 2. Entre los socios
públicos se encuentran:
ministerios de nivel central, como el Ministerio de Agricultura u otros ministerios
relacionados, como el Ministerio de Industria y Comercio;
oficinas de nivel regional y local que representan al gobierno (estatales,
provinciales, distritales, etc.);
fondos en bancos estatales o fondos de garantía para financiar el desarrollo rural;
empresas de propiedad estatal (por ejemplo, compañías de semillas e instalaciones
de agroprocesamiento);
instituciones públicas de investigación, juntas de comercialización y universidades;
organismos internacionales de desarrollo (a falta de un socio del sector público
adecuadamente capacitado, a menudo los donantes asumen este rol).
El socio público más recurrente en las APP es el Ministerio de Agricultura, que
participó en tres de cada cuatro casos evaluados. Los donantes y entes públicos de
conocimientos o investigación aparecían en uno de cada tres casos. Y las instituciones financieras públicas estuvieron presentes casi exclusivamente en las alianzas
RECUADRO 3
Alcance de los tipos de agroalianza público-privada
Las APP CdV están diseñadas para:
desarrollar cadenas de valor específicas que permitan el acceso a mercados nacionales o de exportación, a menudo con el objetivo de lograr certificación de calidad,
como buenas prácticas agrícolas (GAP), certificación orgánica o comercio justo;
revitalizar sectores de productos básicos, como el azúcar o el caucho; y
estimular subsectores de base amplia, como el aceite de palma o el biofuel.
Las APP de ITT están diseñadas para:
comercializar tecnología innovadora para mejorar la productividad o el acceso al
mercado, como con nuevas variedades de semilla y tecnología de pequeña escala
(kits para detección de fitoenfermedades, sistemas de ventilación, biogás, etc.);
deliver specialized extension services such as sustainable integrated farming techniques and youth training in the development of high-technology agricultural
enterprises.
MI PPPs focus on the development of market trading centres, commodity storage
facilities, transport or logistics systems for agricultural products, and agrifood parks.
BDS PPPs include those for the development of market information systems; management training for agrodealers; matching grants for farmers’ access to BDS to support
value addition on the farm or for small groups; and subsidized BDS for small and
medium agro-enterprises (SMAEs).
16 Alianzas público-privadas para el desarrollo de agronegocios: una revisión de experiencias internacionales
público-privadas de desarrollo de cadena de valor, tal como se puede ver en el
Capítulo 3.
El sector privado comprende todos los negocios y empresas con fines de lucro
que no pertenecen ni son operados por el gobierno, tales como empresas de agronegocios y organizaciones de productores. El concepto de empresa de agronegocios
incluye tanto a compañías multinacionales como a grandes compañías nacionales
y pequeñas y medianas agroempresas. Las organizaciones no gubernamentales,
organizaciones benéficas y demás organizaciones sin fines de lucro que no son de
propiedad gubernamental ni operadas por el gobierno también se consideran como
parte del sector privado (aunque en grado de voluntarios).
Los estudios de caso revelaron que los socios del sector privado fueron diversos y
reflejaron el nivel de desarrollo del sector de los agronegocios en cada país, así como
el grado de apertura del sector a la inversión privada. Más específicamente, los socios
privados incluyeron:
empresas de agroprocesamiento;
compañías de suministro de insumos;
exportadores de agroproductos, comerciantes y minoristas;
organizaciones de productores, incluyendo cooperativas y otras asociaciones de
FIGURA 1
Tipología de casos por región
0
Alianzas (%)
10
20
30
40
50
60
70
90
80
100
Desarrollo de cadena de valor Innovación y transferencia de tecnología
Infraestructura de mercado Servicios de desarrollo comercial
África Asia LAC
54
36
36
82
32
5
20
9 8
18
Fuente: Elaboración por los autores con base en informes de país de FAO (2013b).
Capítulo 2 – Reseña de los estudios de caso 17
producción o comercialización;
agricultores individuales;
instituciones financieras nacionales e internacionales;
organizaciones no gubernamentales (ONG) y
contratistas independientes (por ejemplo, para la construcción de equipo y
certificación).
Las compañías de agronegocios tuvieron presencia en la práctica totalidad de los
estudios de caso (Figura 3). Los agricultores individuales o sus organizaciones
participaron en una de cada dos alianzas público-privadas que se estudiaron. En
muchos de los casos, a los agricultores se les consideró como beneficiarios del
acuerdo de alianza en lugar de socios privados, sin embargo esto varió dependiendo
del tipo de alianza. Por ejemplo, para las alianzas público-privadas de innovación y
transferencia de tecnologías, los agricultores (y sus organizaciones) se consideraron
como socios del sector privado, a menudo participando a través de acuerdos formalizados de agricultura por contrato. Los bancos comerciales también se
unieron al sector público en varios casos.
FIGURA 2
Socios públicos que participan en los casos de alianzas público-privadas
0
Alianzas (%)
10
20
30
40
50
60
Ministerio de Agricultura Otros ministerios (Economía/Industria/Comercio)
Autoridad local/municipal Donantes/Organismos Internacionales de Desarrollo
Universidades Bancos estatales
52
18
16
24 23
9
Fuente: Elaboración por los autores con base en informes de país de FAO (2013b).
18 Alianzas público-privadas para el desarrollo de agronegocios: una revisión de experiencias internacionales
2.3 ESTRUCTURA FINANCIERA, ESCALA Y PARTICIPACIÓN EN LAS
En la estructura de financiamiento de las APP analizadas también pueden distinguirse cuatro categorías, según se observa en la Figura 4:
La coinversión de capital, mediante la cual se especifica claramente el valor total
de las contribuciones financieras (tanto reales como en especie) de cada socio.
Las subvenciones o concesiones para el sector privado (en las que las contribuciones
en especie del sector privado permanecen, en gran medida, sin valorizar).
Los proyectos de desarrollo, en los que participan donantes con contribuciones
financieras y otros socios con contribuciones en especie, y que son más los más
frecuentes en África y se encuentran en algunos países de Asia..
Los programas de APP con fondos nacionales, impulsados por el sector
público y que implican subvenciones y coinversiones de capital dirigidas a las
organizaciones de productores y las pequeñas y medianas agroempresas; este es
el enfoque más comúnmente adoptado en América Latina.
Las instituciones financieras participaron en 14 de las 70 alianzas analizadas (20%).
Los bancos estatales o instituciones financieras nacionales participaron en 3 casos
(4.3%); las instituciones financieras comerciales en 8 (11.4%), e instituciones
financieras privadas o públicas participaronen otras 3 (4.3%). Además, en varios
FIGURA 3
Socios privados que participan en los casos
0
Alianzas (%)
10
20
30
50
40
60
70
Empresas de agronegocios Agricultores/Organizaciones campesinas
Instituciones financieras ONGs/Fundaciones
61
35
20
24
Fuente: Elaboración por los autores con base en informes de país de FAO (2013b).
INVERSIONES
Capítulo 2 – Reseña de los estudios de caso 19
INVERSIONES
casos, instituciones no financieras (programas apoyados por el sector público o por
donantes, fundaciones privadas y cooperativas campesinas) proporcionaron servicios
financieros.
La escala de inversiones varió significativamente, dependiendo del tipo y complejidad del proyecto que se implementaba. Por ejemplo, el valor de la inversión
para las alianzas público-privadas identificadas en Asia6
varió desde los US$14,30077
(para un proyecto piloto de APP en la industria de semillas en Paquistán) hasta
US$178 millones (para la construcción y operación de un centro de comercio de
flores en China).
En ALC,8
el valor de los programas nacionales de alianza público-privada
fuealto, desde los US$25 millones del programa peruano de “Servicios de apoyo
6 Una reseña de los casos de Asia puede verse en http://www.fao.org/docrep/field/009/ar849e/
ar849e00.htm 7 Aunque los criterios de selección exigen una inversión de US$100,000 o más, esto no fue posible
en algunos países, excepto para proyectos de desarrollo financiados por donantes. Por lo tanto, con
fines de diversidad, se incluyeron algunos casos por debajo del umbral, como estos. 8 Reseña de los casos de Latinoamérica en http://www.fao.org/docrep/field/009/ar859e/ar859e00.htm
FIGURA 4
Estructura financiera de las APP por región
0
Alianzas (%)
20
40
60
80
100
Proyectos de desarrollo Subsidio/concesión para el sector privado
Co-inversión de capital Programa nacional de APP
África Asia LAC
Fuente:
Elaboración por los autores con base en informes de país de FAO (2013b).
20 Alianzas público-privadas para el desarrollo de agronegocios: una revisión de experiencias internacionales
para promover el acceso a los mercados rurales” (PROSAMMER), diseñado para
apoyar a pequeñas y medianas agroempresas y aumentar la competitividad y el
acceso a los mercados, pasando por los US$100 millones empleados para apoyar el
Programa de la Alianza Productiva en Colombia, por un período de más de 12 años;
y hasta los US$126 millones para el Programa Nacional de Empresas Rurales Inclusivas (PRONERI) en Ecuador, que se inició en 2010. Los proyectos individuales de
APP dentro de estos programas también variaron significativamente, incluyendo
proyectos pequeños (de aproximadamente US$13,000, para apoyar a una empresa
que desarrolla productos hechos de bambú en Ecuador) y alcanzando una inversión
de US$30 millones en la alianza cafetera con Nestlé en Colombia.
En Africa,9
la inversión fue desde los US$200,000 (en un proyecto de APP utilizado para establecer un laboratorio para la producción de fertilizantes orgánicos en
Kenia) hasta los US$156 millones invertidos en Uganda para aumentar la producción nacional de aceite vegetal.
Pocas conclusiones integrales pueden hacerse sobre la porción de la inversión
entre los socios públicos y privados en las APP. Ello se debe a la práctica de no
asignarle un valor a las contribuciones en especie, así como a la limitada divulgación
de información financiera por parte de ambos tipos de socio. Sin embargo, aunque
las contribuciones varían de un caso a otro, se pueden extraer algunos hallazgos
generales. A menudo, la porción de la inversión aportada por el sector privado fue
dictada por el propio diseño de la alianza, las condiciones de concesión (como puede
verse en los casos de América Latina) o los reglamentos y leyes gubernamentales
existentes, que pueden requerir un nivel mínimo obligatorio de contribución al
proyecto por parte del socio privado. El grado de riesgo en la alianza, y la forma en
que se asignó este riesgo, también influyeron en la contribución de la inversión por
parte de cada socio.
Por ejemplo, en la mayoría de los casos relacionados con el desarrollo de cadenas
de valor, la inversión del socio privado tuvo un peso no superior al 50%, a menudo
mediante contribuciones en especie.
A falta de criterios para el diseño de proyectos
que estipulen niveles obligatorios de contribución, esto puede depender del impulsor
de la alianza y de los potenciales beneficios que obtendrá el socio privado principal.
En general, las alianzas buscan resolver tanto los problemas agrícolas como los de
competitividad de las empresas, asegurando un suministro uniforme de materias
primas y aumentando el valor agregado en finca.
Los beneficios finales para el socio privado principal que justifican la inversión
incluyen el aumento de la rentabilidad y la competitividad en los mercados descendentes. En estos casos, la inversión del sector privado suele canalizarse a los agricultores
a través de acuerdos de agricultura por contrato y en forma de insumos, préstamos
a bajo costo y apoyo técnico. De manera similar, para los casos de infraestructura de
mercado, es común una inversión de más del 50% por parte del sector privado, algo
a menudo estipulado por ley para este tipo de alianza.
Para las alianzas de innovación y transferencia de tecnología, la porción de la
inversión tiende a variar dependiendo del grado de riesgo que presenta el desarrollo
9 Reseña de los casos de África en http://www.fao.org/docrep/field/009/ar848e/ar848e00.htm
Capítulo 2 – Reseña de los estudios de caso 21
de la tecnología, el derecho a retener la propiedad intelectual y la etapa del desarrollo alcanzada durante el ciclo de vida del proyecto (pilotaje VS comercialización).
Las contribuciones que cada socio hace dependen del diseño del proyecto y, por
lo tanto, varían significativamente. Por ejemplo, como se ve en los casos de Tailandia
(Capítulo 4), el sector privado aportó el 85% de la inversión para el desarrollo de
una semilla nueva de quingombó (okra) resistente a las enfermedades, aunque retuvo
la propiedad intelectual y por lo tanto la opción de comercializar la tecnología completamente. Sin embargo, en otro caso sobre el desarrollo de paquetes de bajo costo
de pruebas para detectar enfermedades en la industria de la caña de azúcar, el socio
público invirtió el 100% durante la fase inicial del desarrollo, mientras que el socio
privado se encargó del costo completo de la fase de comercialización.
Para los casos de servicios de desarrollo comercial que se destacan en el Capítulo
6, la porción de la inversión pública fue generalmente del 50% o más, debido al
enfoque de las alianzas en estimular el desarrollo de pequeñas y medianas empresas
mediante subvenciones paralelas o el acceso subsidiado a servicios de desarrollo
comercial.
RECUADRO 4
Formatos de acuerdo de alianzas
Memorandos de Entendimiento o cartas de intención: son un registro por escrito
que detalla un acuerdo entre dos o más partes, expresando la convergencia
de voluntades entre las mismas e indicando una línea prevista de acción común.
Estas modalidades se utilizan a menudo cuando las partes no implican o no
pueden crear un compromiso legalmente exigible.
Contrato: es un acuerdo que crea obligaciones que la ley exige10. Al enfrentar
transacciones complejas, las partes involucradas a menudo firman un Memorándum
de Entendimiento o carta de intención, que contiene los términos del
acuerdo que se ha logrado hasta el momento pero manifiesta la intención de hacer
provisión para la ejecución de un documento que pueda exigirse legalmente
en una etapa posterior (UNIDROIT, 2010).
Arreglo sobre el capital: se refiere a las contribuciones financieras invertidas por
el sector público y los socios en un proyecto de alianza público-privada, y refleja
la porción de la propiedad invertida en el proyecto. Esto tiene impactos en el
control de la toma de decisiones. Una de las opciones es la llamada “inversión
conjunta”, es decir, un arreglo mediante el cual las partes tienen control y derechos
conjuntos sobre los activos netos del arreglo.
Compañía público-privada: los socios de una APP pueden formar una compañía llamada “vehículo de propósito especial”, para canalizar fondos hacia la alianza e implementar la misma. Este vehículo representa una estructura financiera identificable, e
incluye entidades legales separadas. El establecimiento de una nueva compañía
es un requisito común en países donde existe una ley nacional de APP, ya que ayuda
a superar los potenciales problemas institucionales asociados con la combinación de
capital público y privado, conforme a las leyes presupuestarias estatales.
22 Alianzas público-privadas para el desarrollo de agronegocios: una revisión de experiencias internacionales
2.4 FORMALIDAD DEL ARREGLO
Uno de los criterios utilizados para escoger los casos fue la existencia de un acuerdo
por escrito entre los socios públicos y privados. Sin embargo, hubo una variación
significativa en los tipos de acuerdo que se utilizaron, según se describe en el
Recuadro 4.
A diferencia de las APP tradicionales de infraestructura, que generalmente se
realizan mediante contratos formales complejos y arreglos de capital, las agroalianzas
público-privadas tienden a preferir modalidades más sencillas de contrato. La mayoría
de los acuerdos que se analizaron incluían un Memorándum de Entendimiento del
Proyecto, especialmente en el caso de proyectos de desarrollo. Las alianzas que
se desarrollaron bajo el marco de programas de APP en países de América Latina
(Colombia, Ecuador y Perú) fueron mayormente contratos básicos y estandarizados
entre el programa (representando a los socios públicos) y el socio privado. En unos
cuantos casos, el acuerdo principal fue un contrato formalizado, registrado oficialmente ante la autoridad nacional correspondiente (Chile, Kenia y Tailandia). En
algunos casos excepcionales, se creó una compañía público-privada, como en China,
Paquistán y Filipinas. No resulta sorprendente que las APP de infraestructura de
mercado fueron las que mejor se ajustaron a los proyectos tradicionales de alianzas
público-privadas, en cuanto a los términos de los formularios de contrato que se utilizaron. Esto incluye modalidades como los contratos para concesiones de Construcción, Operación y Transferencia (BOT, por sus siglas en inglés), de Construcción,
Posesión y Operación (BOO) y los contratos de gestión.
Los casos indican que puede celebrarse un solo contrato entre el socio público y el
socio privado principal o entre múltiples socios, incluyendo ONGs y organizaciones
de productores. Además del documento principal que formaliza la alianza, son
comunes una serie de acuerdos bilaterales entre las partes. Estos incluyen acuerdos
de agricultura por contrato o con cultivadores subcontratados entre la compañía y
los agricultores; acuerdos de confidencialidad; acuerdos relativos a los derechos de
propiedad intelectual y licencias y contratos por servicios financieros. Estos tipos de
acuerdos bilaterales fueron comunes a todos los tipos de APP.
Los hallazgos de los estudios de caso parecen validar el argumento de que el
grado de formalidad del arreglo de alianza público-privada depende de varios
factores (Horton, Prain y Thiele, 2009):
La escala de inversión de la alianza. Cuanto mayor es la escala de la alianza, más
estructurado y formal es el formato que se escoge para formalizarla.
La índole de los socios. Por ejemplo, los agronegocios de APP patrocinados por
donantes tienden a ser regidos por Memorandos de Entendimiento entre los
socios, bajo las directrices de la ayuda oficial al desarrollo (AOD).
La intensidad de las relaciones entre los socios. Cuando se intensifican los
vínculos entre las partes, los acuerdos tienden a convertirse en más formales.
La complejidad de la transacción. Cuanto mayor sea la complejidad de la
transacción, mayor es la posibilidad de escoger una opción formal hacia el
extremo del espectro (una compañía de capital o de alianza público-privada).
Si las propuestas de alianza son solicitadas o no. Las propuestas solicitadas
de alianza público-privada tienden a resultar en arreglos más formales de
alianza público-privada, porque a menudo su modalidad legal se establece o
se predetermina con anterioridad, de acuerdo con el diseño de una iniciativa o
Capítulo 2 – Reseña de los estudios de caso 23
programa público.
El nivel de eficiencia del sistema judicial en el país o región donde la APP tiene
lugar. Cuando el sistema judicial es lento (con litigios largos y costosos), corrupto
o parcializado contra los socios privados, el énfasis en desarrollar acuerdos
formalizados es menor, ya que tienen poca probabilidad de cumplirse.
En esta lista queda fuera el problema de la asignación de los riesgos que, según el
análisis, también influye en el grado de formalidad de la relación. Las alianzas que
transfieren un mayor riesgo al socio privado principal tienen mayor probabilidad
de regirse por contratos formalizados que aquellas en las que la mayor proporción
del riesgo recae sobre el socio público.
Aunque el Capítulo 7 proporciona un análisis más detallado sobre los mecanismos de gobernanza de las APP, el análisis de los casos sugiere que las alianzas
público-privadas de agronegocios tienden a evolucionar con acuerdos de menor a
mayor formalidad. Con la introducción de nuevas políticas y leyes sobre APP y la
progresiva incorporación de este mecanismo, parece lógico anticipar una evolución
desde arreglos ad hoc más informales hacia un enfoque más formalizado, en el que
los acuerdos estandarizados y regulados serán norma común para la implementación
de este tipo de alianza en todos los sectores.
24 Alianzas público-privadas para el desarrollo de agronegocios: una revisión de experiencias internacionales
Parte II
Tipología de las alianzas de agronegocios
27
Capítulo 3
Alianzas para el desarrollo de
cadenas de valor
3.1 FUNDAMENTO DE LAS ALIANZAS PARA
EL DESARROLLO DE CADENAS DE VALOR
Uno de los principales desafíos para la transformación del sector agrícola de los
países en desarrollo es la transición hacia sistemas agrícolas con una base cada
vez mayor en el mercado, que tomen en cuenta las tendencias de la demanda
actual y futura de alimentos, materias primas y mano de obra. En respuesta a
estas tendencias, es necesario un alto nivel de coordinación entre todos los actores
que participan en la cadena de suministro, para lograr productos diferenciados y
capaces de satisfacer a los consumidores garantizando la inocuidad de los alimentos y la sostenibilidad ambiental. Al mismo tiempo, se debe asegurar que estas
cadenas garanticen la seguridad alimentaria nacional y promuevan la inclusión
de los agricultores de pequeña escala, estimulando el desarrollo de la industria,
fomentando una distribución equitativa del valor creado a lo largo de la cadena y
favoreciendo que los socios del gobierno alcancen los objetivos socioeconómicos
nacionales. Por lo tanto, existe una clara interdependencia entre los objetivos de
los socios públicos y los de los privados.
Con el fin de atender estos desafíos, se necesita incrementar el diálogo y coordinar las acciones, ya que un socio por sí solo no puede resolver estas cuestiones.
Las razones11 del surgimiento de alianzas público-privadas para el desarrollo de la
cadena de valor son, por tanto, las siguientes:
Los actores del sector privado reconocen que las oportunidades del mercado
y el potencial de crecimiento dependen de un suministro uniforme de materias
primas que cumplan normas específicas de calidad. Sin embargo, estos actores
pueden carecer de las habilidades técnicas, conocimiento local y redes basadas
en la confianza para organizar proveedores de materias primas, comprometerlos
en acuerdos de producción y conectarlos con servicios de apoyo, como el
financiamiento. Los socios públicos (a menudo con el apoyo de las ONG)
11 El fundamento de las alianzas público-privadas de desarrollo de cadenas de valor está estrechamente
alineado con los conceptos presentados en las publicaciones que están surgiendo sobre “modelos de
negocio inclusivos”, que procuran promover, caracterizar y evaluar modelos de negocio mediante
los que las compañías privadas (las que están dispuestas a comprar) ayuden a vincular a los pequeños
agricultores con los mercados, a través de relaciones comerciales sostenibles. Referencias relevantes
incluyen al Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), Oxfam (2010) y FAO (2012a). La
principal diferencia con el enfoque de alianzas público-privadas es el enfoque adicional en el rol del
socio público para catalizar y apoyar estos vínculos a través del suministro de recursos financieros y no
financieros concretos, según un acuerdo formalizado de alianza que busca lograr objetivos nacionales de
desarrollo socioeconómico.
28 Alianzas público-privadas para el desarrollo de agronegocios: una revisión de experiencias internacionales
pueden actuar como facilitadores para ayudar a acortar la brecha existente entre
agricultores y compañías (incluidas pequeñas y medianas agroempresas), atender
algunos de estos problemas y al tiempo promover la inclusividad y ampliar el
potencial de impacto al nivel de la industria.
Impulsadas por las preocupaciones de los consumidores, las firmas internacionales
y nacionales reciben cada vez más presiones para demostrar prácticas responsables
de abastecimiento, trazabilidad y seguridad del producto, cumpliendo con
estándares privados internacionales como GlobalGAP, comercio justo y
certificación orgánica. Al mismo tiempo, el gobierno tiene interés en proteger a
los consumidores doméstivos y su reputación en los mercados internacionales,
asegurando que se cumplan las normas sanitarias y fitosanitarias internacionales.
En la mayoría de los casos, el socio privado se ve como el impulsor de la alianza,
con el fin de aumentar al máximo las oportunidades de mercado, garantizando el
suministro de materiales primas y movilizando financiamiento, conocimientos y
experiencia del sector público. Estas actividades se llevan a cabo a menudo en la
búsqueda de las ventajas asociadas a ser el primero en operar en mercados en vías
de desarrollo. No obstante, en algunos casos los socios públicos también pueden
actuar como los impulsores de la alianza, generando las condiciones necesarias
para el desarrollo de cadenas específicas y mediante el diseño de programas
nacionales o enfoques territoriales12 Estos programas suelen incluir mecanismos
para crear un entorno favorable (como la integración de reglamentos e incentivos
tributarios) o promover una inclusión más amplia del sector privado, mediante
esquemas competitivos de subvenciones para pequeñas y medianas agroempresas,
organizaciones de productores y otros.
3.2 OBJETIVOS Y CARACTERÍSTICAS DE LAS ALIANZAS CDV
En los 39 casos de alianzas público-privadas de cadena de valor, se busca contribuir
a tres objetivos comunes de alto nivel:
lograr el aumento de la productividad requerido para el acceso a y el desarrollo
del mercado;
mejorar la calidad y eficiencia de la cadena a todos los niveles, y
fortalecer las destrezas de gestión de pequeñas y medianas agroempresas y de las
organizaciones de productores.
Se han identificado dos subconjuntos de alianzas público-privadas de desarrollo de
cadena de valor, que dependen de los siguientes factores:
la escala de la demanda de materias primas y la disponibilidad de materias primas
que se producen a nivel nacional;
la capacidad de los pequeños agricultores, y
el nivel de sofisticación del mercado meta.
Con base en lo anterior, se ha adoptado un enfoque que distingue entre alianzas de
meso o micro-nivel:
12 Los enfoques con base territorial para el desarrollo de agronegocios comprenden una amplia
variedad de estrategias, políticas y herramientas, que tienen en común la promoción del crecimiento
agroindustrial y de inversiones en territorios específicos. Ciertas herramientas territoriales incluyen
grupos con base agrícola, corredores económicos y parques agroindustriales, así como zonas
económicas especiales..
Capítulo 3 – Alianzas para el desarrollo de cadenas de valor 29
A meso-nivel, las alianzas público-privadas de desarrollo de cadena de valor se
centran generalmente en productos básicos a gran escala, y ponen más énfasis en
el final de la cadena, con el objetivo de aumentar la productividad y los niveles de
calidad para satisfacer una fuerte demanda interna o global.
A micro-nivel, las alianzas público-privadas de desarrollo de cadena de valor
tienden a involucrar una cadena específica en un subsector establecido donde ya
existe un nivel de habilidad de producción, pero en el que el riesgo de inocuidad
de los alimentos es más alto que el promedio (por ejemplo, horticultura y
productos pecuarios) y/o se requiere trazabilidad y certificación mejoradas
de producción ambientalmente sostenible y abastecimiento responsable (por
ejemplo, plátano, café y cacao).
Dado el número y diversidad de los casos de este tipo de alianza, hubo ejemplos que
mostraron elementos de ambas categorías y cayeron en algún lugar entre los dos.
Alianzas de cadena de valor a meso-nivel
Los principales objetivos públicos de este tipo de alianza son mejorar los medios
de subsistencia de los agricultores y abordar cuestiones de seguridad alimentaria,
estimular las economías rurales y/o regionales y fomentar una mayor inversión
del sector privado en el subsector en su conjunto, en lugar de mejorar una cadena
individual de micro-nivel. También se le da cierta consideración a la sostenibilidad
ambiental a largo plazo, con la adhesión a normas internacionales, como en el caso
de la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible y otras iniciativas nacionales
más localizadas, como la reforestación de áreas vulnerables..
Los estudios de caso incluyen alianzas para desarrollar cadenas de industria
y cultivo de alimentos, como la palma de aceite (en Indonesia, Ghana, Uganda y
Colombia), el girasol (Uganda), la jatrofa (Indonesia), el sorgo (Ghana), el caucho
(Ghana), el azúcar (Nigeria y Tanzania) y el arroz (Nigeria).
En estos casos, el rol del sector público es el de promover, organizar y apoyar
a los pequeños agricultores, bien para que establezcan un nuevo cultivo que antes
desconocían, o bien para que amplíen o revitalicen las áreas existentes de producción. El socio privado es responsable de todas las actividades subsiguientes, con una
interferencia mínima por parte de los socios públicos.
Es más probable que estas alianzas estén bien respaldadas por incentivos y programas de política nacionales y un entorno regulador favorable, como procedimientos integrados de alianza que incluyan un acceso preferencial a las tierras para el
establecimiento de fincas de núcleo (como en el caso de la alianza público-privada
para la palma de aceite en Indonesia) e incentivos tributarios relacionados. También
pueden ser replicadas en otras partes del país con varios socios privados diversos.
A menudo se constituyen mediante acuerdos formalizados (contractuales)
de alianza entre las principales compañías privadas, unidades gubernamentales e
instituciones financieras a nivel nacional o local. El financiamiento se pone fre
Los enfoques con base territorial para el desarrollo de agronegocios abarcan una vasta variedad
de estrategias, políticas y herramientas que tienen en común la promoción del crecimiento
agroindustrial e inversiones en territorios específicos. Ciertas herramientas territoriales incluyen
grupos con base agrícola, corredores económicos y parques agroindustriales, al igual que zonas
económicas especiales.
Alianzas público-privadas para el desarrollo de agronegocios:
una revisión de experiencias internacionales
cuentemente a disposición de los pequeños agricultores con base en un acuerdo
de tasa subsidiada de interés con el socio público, acuerdo en el que la compañía
privada actúa como garante de los préstamos. También pueden existir mecanismos
de gobernanza a nivel nacional o local, para ayudar a estructurar estas alianzas y
promover la rendición de cuentas.
Alianzas de cadena de valor a micro-nivel
En las alianzas de cadena de valor a nivel micro, el objetivo principal es aumentar
la adición de valor y la diferenciación de productos a través de la introducción de
tecnologías y prácticas de producción mejoradas a lo largo de la cadena, para minimizar las ineficiencias, aumentar la trazabilidad y acceder a mercados especializados
para productos certificados. Las intervenciones se distribuyen a lo largo de la cadena
(en lugar de enfocarse en los problemas iniciales de productividad) y suelen incluir
intervenciones poscosecha para mejorar el volumen y el manejo de los productos
básicos, su procesamiento y envasado. La cofinanciación o las subvenciones se
proporcionan generalmente a los agricultores o a sus organizaciones, para la aplicar
normas de calidad en la finca y cubrir los costos de certificación asociados. El acceso
a los servicios de apoyo, incluidas las habilidades técnicas y la capacitación, puede
ser proporcionado por los socios o por terceros.
Los acuerdos agrícolas mediante contrato (por ejemplo, los contratos de producción a plazos) entre el socio privado principal y los agricultores - o sus organizaciones colectivas- son comunes tanto en las alianzas a nivel micro como en las de
mesonivel.
En América Latina, los estudios de caso escogidos para APP de microcadenas de
valor correspondieron principalmente a programas nacionales de competitividad,
conocidos como “Alianzas Productivas”. En estos programas, los socios privados
(pequeñas y medianas agroempresas) presentan propuestas innovadoras a un programa de cofinanciamiento administrado por el gobierno. Este tipo de programas
ha alcanzado los diez años de operación en determinados países, como Colombia,
y ha demostrado resultados positivos, particularmente en lo relativo a la mejora del
acceso de los pequeños agricultores a los mercados (CIAT, 2015).
Sin embargo, en el sudeste de Asia y en África, muchas de las alianzas de microcadenas de valor que se identificaron parecen ser de índole más ad hoc, con una
compañía privada (como una empresa nacional o multinacional) como principal
impulsora de la alianza. Varias de estas alianzas caen en la categoría de “iniciativas de
sostenibilidad” y a menudo incluyen un conjunto más amplio de actores públicos
y privados, incluyendo donantes, compañías multinacionales, pequeñas y medianas
agroempresas, ONGs y organizaciones de productores. Los acuerdos de alianza
son generalmente menos formales que los de las alianzas a mesonivel o los de los
programas de América Latina y el Caribe, y usualmente se rigen por una cierta
forma de Memorándum de Entendimiento entre los socios durante la vigencia del
proyecto, a menudo enmarcado en las directrices de la ayuda oficial al desarrollo en
los casos en que participan donantes. Incluyendo las agrupadas bajo la iniciativa “Nueva Visión para la Agricultura” del Foro Económico
Mundial, que puede consultarse en: http://www.weforum.org/projects/new-vision-agriculture
Capítulo 3 – Alianzas para el desarrollo de cadenas de valor Por consiguiente, hubo menos transparencia en cuanto a la manera en que se
escogieron los socios privados, así como en los costos totales de inversión -en términos de contribuciones reales y en especie- por parte de los socios. Además de ello,
las utilidades esperadas para las inversiónes también fueron más difíciles de obtener
o no se especificaron en los acuerdos de las alianzas.
3.3 RESEÑA DE LOS CASOS
Se han identificado un total de 39 alianzas público- privadas de cadena de valor entre
los 70 estudios de caso analizados, lo cual representa el 57% del total de los casos.
Once de estos casos pueden clasificarse como alianzas público-privadas de mesonivel, y los 28 restantes representan alianzas público-privadas de micronivel con
un enfoque en la agregación de valor. A continuación, se presentan los hallazgos de
una selección de ocho de los casos15:
cuatro alianzas público-privadas de desarrollo
de cadena de valor a mesonivel y cuatro a micronivel.
Alianzas público-privadas de desarrollo de cadena de valor a meso-nivel
En la Tabla 1 se presentan cuatro ejemplos de este tipo de alianzas. Los dos casos
de aceite de palma -Indonesia y Colombia- tenían como meta estimular la actividad
económica rural estableciendo plantaciones en regiones que sufren por su ubicación
remota o su inestabilidad social, respectivamente. Por su parte, el caso de Ghana
buscaba revertir el estancamiento en la exportación de productos con un potencial
de fuertes beneficios sociales, que incluían la mitigación del cambio climático y la
inclusión de las mujeres. Finalmente, el caso del aceite de girasol de Uganda tenía
como objetivo intensificar la producción nacional para abordar los problemas de la
sustitución de importaciones y la pobreza.
Todos los casos involucraron a un socio público a nivel nacional, con funciones
de financiamiento y/o supervisión y monitoreo, y a socios públicos locales, que
apoyaron la implementación sobre el terreno proporcionando a los agricultores
asistencia técnica y coordinación. Las alianzas de Colombia y Ghana contaron con
el apoyo de agencias de ayuda bilateral: la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID) y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD),
respectivamente.
Los principales socios privados eran grandes conglomerados nacionales o
empresas individuales. Sus responsabilidades consistían principalmente en asegurar
el mercado, brindar asistencia técnica en algunos casos y ayudar a vincular a los agricultores con servicios de desarrollo empresarial, como la financiación (por ejemplo,
actuando como garantes). En los casos de Indonesia y Colombia, las materias primas
se obtuvieron directamente de organizaciones de productores, con acuerdos contractuales entre la compañía y las organizaciones de productores, mientras que en
los casos de Ghana y Uganda, los agricultores fueron contratados individualmente,
aunque coordinados a través de las organizaciones de productores.
15 Los ejemplos de caso representativos se escogieron con base en la exhaustividad de la información
proporcionada por los autores del estudio, de acuerdo con el marco predefinido para la evaluación de
los estudio de caso.
32 Alianzas público-privadas para el desarrollo de agronegocios:
una revisión de experiencias internacionales
TABLA 1
Reseña de casos de alianzas público-privadas de desarrollo de cadena de valor a meso-nivel.
Colombia Ghana Indonesia Uganda
Duración de
la alianza
1999 - continúa 1995 - 2014
(La cuarta fase
comenzó en 2010)
2002–2027
(Acuerdo de 25
años)
2007–2009
Producto Aceite de palma Caucho Aceite de palma Aceite de girasol
Objetivos
del socio
público
Construir
estabilidad social
en un área de
conflicto, creando
mecanismos
financieros para
la adquisición de
tierras por parte
de los pequeños
agricultores.
Revitalizar
una industria
deteriorada,
reforestación y
mitigación del
cambio climático;
promover el acceso
de pequeños
agricultores a las
tierras; aumentar
los ingresos de
los agricultores;
generar empleos,
especialmente para
mujeres; actualizar
la infraestructura
rural.
Empoderar a
las unidades
cooperativas de las
aldeas; aumentar
los ingresos de los
agricultores; crear
centros nuevos
de crecimiento
económico en
áreas remotas.
Seguridad
alimentaria;
sustitución de
importaciones;
reducción de
la pobreza;
desarrollo de
organizaciones de
productores con
vínculos directos
con el mercado.
Socios
públicos
Fondo de
Garantía Agrícola
del Ministerio
de Agricultura
de Colombia;
Fondo para el
Financiamiento
del Sector
Agropecuario
(FINAGRO).
Programa de
Promoción de
Cultivos Perennes
del Ministerio de
Alimentación y
Agricultura; Banco
de Desarrollo de
Ghana; Banco
Nacional de
Inversiones;
AFD –entidad de
préstamos del
Banco de Desarrollo
Agrícola.
Banco estatal PT
Bank BRI Tbk;
Autoridad local
del gobierno;
supervisión de la
Dirección General
de Plantaciones;
Ministerio de
Cooperativas.
Servicios
Nacionales de
Asesoría Agrícola
(NAADS), según
el Plan de
Modernización
Agrícola.
Socios
privados
Indupalma and
cooperatives of
associated workers
Ghana Rubber
Estates Ltd and
associations of
rubber outgrowers
and agents
PT Sampoerna
Agro TBK and
village unit
cooperatives
Mukwano Group
of Companies
Inversión
total
US$ 5.9 millones
21% pública 65%
privada 14%
otros actores:
dos programas
financiados
por USAID:
Desarrollo Alterno
y Desarrollo
Sustentable
Alterno, a nivel
municipal.
US$ 37 millones (3ª
y 4ª fase)
100% pública
para establecer
una finca de 7,000
hectáreas, línea de
crédito para 1,750
agricultores, 280
kms. de caminos
agrícolas y caminos
de acceso. Privada
en especie para
capacitación
e insumos (no
divulgada).
US$ 16.7 millones
37% pública:
mediante
préstamos
subsidiados a
cooperativas de
agricultores. 63%
privada: (costos de
establecimiento de
fincas núcleo).
US$ 850,000
41% pública:
Reembolso para
servicios del sector
privado, como
capacitación,
insumos. 59%
privada.
Impulsor Socio público Socio público Socio privado Socio público
Capítulo 3 – Alianzas para el desarrollo de cadenas de valor 33
Alianzas público-privadas de desarrollo de cadena de valor a micro-nivel
En la Tabla 2 se presentan cuatro ejemplos de este tipo de alianzas. En este caso,
cada uno de los ejemplos seleccionados busca agregar valor mediante la diferenciación del producto, ya sea implementando normas de inocuidad y calidad
alimentaria para cumplir con los mercados especializados de exportación (los casos
de Colombia, Indonesia y Perú), o mediante el agroprocesamiento de materias
primas para suplir al mercado nacional (Kenia).
Todos los casos procuran mejorar la competitividad en cadenas específicas de
valor, proporcionando asistencia a los agricultores de pequeña escala para que
mejoren su producción y sus habilidades de gestión poscosecha y fortalezcan las
organizaciones de productores. Adicionalmente, las alianzas público-privadas
han mejorado el acceso a infraestructura especializada, con el establecimiento de
invernaderos y equipos de fertirriego16 (caso de Indonesia), la instalación de centros
de recolección y estaciones colectivas para el lavado del café (Colombia), y una
instalación de empaque y plantas artesanales de procesamiento (Kenia). En estos
casos, los roles de los socios públicos y su nivel de participación eran diferentes.
En los casos de Perú y Kenia, los actores públicos eran programas supervisados
por el Ministerio de Agricultura. En Perú, PROSAAMER es un programa nacional
diseñado para apoyar a pequeñas y medianas agroempresas a aumentar su competitividad y acceso a los mercados, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En Kenia, el Centro Africano de APP de la Agencia Alemana para la
Cooperación Internacional (GIZ) tenía como objetivo fortalecer el desarrollo del
sector privado en la agricultura, proporcionando subvenciones a los socios privados
para la prestación de servicios técnicos y la cofinanciación de infraestructuras. El
caso de Indonesia también representa un proyecto apoyado por donantes (Gobierno
de Holanda), donde el principal actor público nacional (además del Ministerio de
Agricultura) era un instituto de investigación que proporcionaba servicios técnicos
y capacitación a los productores.
En Colombia, el socio público era el Fondo Nacional del Café, un fondo de
desarrollo del sector público manejado por la Federación Nacional de Cafeteros
Colombia Ghana Indonesia Uganda
Incentivos
para el
sector
privado
Incentivos para la
capitalización (40%
de los costes de
producción)
Subsidios a la
compra de tierra
Subsidios de
programas USAID
Subsidios de
préstamos para
agricultores (el
socio privado actúa
como garante)
Exenciones de
impuestos
100% del
suministro de
materia prima
garantizado
LSubsidios de
préstamos para
agricultores (el
socio privado
actúa como
garante)
100% del
suministro de
materia prima
garantizado
Demanda nacional
fuerte
Exenciones de
impuestos en
insumos
Reembolso de
costes de servicios
Fondo de
protección
del 15% para
pérdidas
Fuente: Elaboración de los autores con base en informes de país de FAO (2013)
TABLA 1
(continuación)
16 Fertigación es la inyección de fertilizantes, enmiendas del suelo y demás productos solubles en agua
en un sistema de riego.
34 Alianzas público-privadas para el desarrollo de agronegocios: una revisión de experiencias internacionales
TABLA 2
Reseña de casos de alianzas público-privadas de desarrollo de cadena de valor al micronivel
Colombia Indonesia Kenya Peru
Duración de
la alianza
2004 continúa 2003–2010 2005–2008 2006–2011
Producto Café de alta calidad
(Nespresso AAA,
Programa de
Calidad Sustentable
con certificación
de Rainforest
Alliance).
Pimentones dulces
(certificados por
Global-GAP).
Procesamiento y
comercialización
del mango.
Banano (orgánico
certificado).
Objetivos
del socio
público
Protección
medioambiental;
mejora de las
condiciones sociales
de los trabajadores;
mejora de la
infraestructura
rural; mayores
ingresos para los
agricultores de
pequeña escala con
café diferenciado
de alta calidad.
Seguridad
alimentaria;
estimular el
desarrollo económico
local aumentando
la competitividad de
las organizaciones
de productores
para cumplir con
la demanda local
y el mercado
de exportación;
promover una
coinnovación
entre los centros
de investigación
y desarrollo y los
agricultores
Reducción de la
pobreza mediante
la creación
de empleos y
el desarrollo
económico local;
mayor producción
y mejora de la
calidad para
reducir las
importaciones;
mayor acceso
a los mercados
agregando valor
y reduciendo
las pérdidas
poscosecha.
Mayor
competitividad de
las organizaciones
de agricultores/
pequeñas
y medianas
agroempresas,
mediante acceso
al mercado y
el desarrollo
de habilidades
comerciales;
estimular las redes
entre actores
expertos del
sector privado
y agricultores y
agroempresas.
Socios
públicos
Fondo Nacional del
Café, administrado
por la Federación
Nacional de
Cafeteros (FNC).
Agencia para la
Investigación y el
Desarrollo Agrícolas
del Ministerio
de Agricultura;
Instituto Indonesio
de Investigación de
Vegetales; Ministerio
de Agricultura,
Naturaleza y
Calidad Alimentaria
de Holanda;
Universidad y Centro
de Desarrollo de
Wageningen
Ministerio de
Agricultura, en
alianza con el
Centro Africano
de Alianzas
Público-Privadas
de la Cooperación
Internacional
Alemana (GIZ)
PROSAAMER
Socios
privados
Nespresso
Rainforest Alliance
como certificación
independiente;
organizaciones
de productores
descentralizadas
de FNC.
Exportador: PT
Alamanda Sejati
Utama;
Rabobank (préstamos
para invernaderos);
cooperativas de
Mitra Sukamaju y
Dewa
KEVIAN Co.
grupos de
agricultores de
la Federación
de Productores
Agrícolas de Kenia
(KENFAP).
Consorcio de los
productores de
banano del valle
de Chira (una
asociación de
agricultores de
segundo nivel)
y organización
campesina
peruana del
banano orgánico.
Inversión
total
US$30 milliones:
39% publica
58% privada
3% otros
Pública (de donantes
y del gobierno,
incluso subsidios
de préstamos):
US$5.5 millones. No
divulgada y privada:
construcción de la
línea de empaque
US$ 234,000
53% pública
41% privada
6% grupos de
agricultores
US$480 000:
10% pública
90% privada
Impulsor Socio privado Socio público Socio privado Socio público
Capítulo 3 – Alianzas para el desarrollo de cadenas de valor 35
(FNC).
En esta alianza, varios ministerios contribuyeron a la toma de decisiones de
gestión, y la FNC implementó actividades del fondo, como el cofinanciamiento de
infraestructuras y la provisión de asistencia técnica a los productores mediante su
extensa red. como la cofinanciación de infraestructura y la provisión de asistencia
técnica a los productores a través de su extensa red. Se consideró que la asociación
con Nestlé era una extensión de una alianza público-privada existente (entre el FNC
y el Fondo Nacional del Café) para integrar a un actor privado de gran escala en el
marco de la cooperación con el sector público y el FNC.
Los principales actores privados en los estudios de los casos son principalmente
empresas agroindustriales y exportadores, con la excepción del caso del consorcio
de organizaciones de productores en Perú.
3.4 ROLES Y FUNCIONES CLAVE DE LOS SOCIOS
Roles de los socios públicos
A continuación, se identifican los roles más comunes que los socios públicos han
tenido en los casos citados anteriormente. Los roles de los socios públicos para las
alianzas público-privadas de desarrollo de cadena de valor a micro y meso-nivel
son similares, de manera que las diferencias se especifican únicamente en los casos
donde existen.
Creación de un entorno regulador favorable, con incentivos adecuados para la
inversión del sector privado y la inclusión de los agricultores de pequeña escala.
Esta labor es particularmente relevante para las APP de desarrollo de cadena de
valor a meso-nivel. Por ejemplo, las leyes de fincas y los reglamentos del Ministerio
de Agricultura de Indonesia estipulan que cualquier compañía de plantaciones de
palma de aceite que esté dispuesta a asociarse con pequeños agricultores podrá
tener acceso a un área mínima de tierra del 20% del área total de la plantación y
tendrá una licencia comercial que puede prorrogarse durante 35 años. Además,
según decreto del Ministerio de Agricultura, cualquier compañía de plantaciones
que desee ampliarse debe incluir alianzas con agricultores y cada agricultor debe
tener un mínimo de dos hectáreas de tierra. Similarmente, en el caso de la palma
Colombia Indonesia Kenya Peru
Incentivos
para el
sector
privado
Co-financiamiento
para la asistencia
técnica e
infraestructura de
procesamiento en
la finca; acceso a
una red extensa
de productores de
FNC; experiencia
en coordinación
e instituciones
conexas
Subsidios de
préstamos para
agricultores
para construir
invernaderos (el socio
privado actúa como
garante); apoyo
técnico de centros
de investigación;
el 100% de la
producción está
garantizado para
la entrega al socio
privado si se cumplen
las normas de calidad
y son verificadas
independientemente.
Sustitución de las
materias primas
importadas;
reducción de
los costos de
importación;
reducción de los
gastos de cambio
de moneda
extranjera;
una mayor
autosuficiencia
Subvenciones
para los servicios
comerciales y
capacitación.
Fuente: Elaboración de los autores con base en informes de país de FAO (2013)
TABLA 2
(continuación)
36 Alianzas público-privadas para el desarrollo de agronegocios: una revisión de experiencias internacionales
de aceite en Colombia, el acuerdo contractual entre el gobierno y la compañía
privada garantizó un suministro de palma de aceite de los pequeños agricultores
durante un período de 28 años. Tanto en Colombia como en Ghana, los
incentivos a la inversión pública proporcionados a pequeños agricultores (para
comprar tierras para establecer plantaciones) incluían un subsidio de hasta el
40% de la inversión en tierras y una garantía para los préstamos de plantaciones
restantes. Las exenciones fiscales sobre insumos y ventas de materias primas y
productos de valor agregado fueron otros mecanismos de incentivos comunes
que beneficiaron a todos los socios privados.
Desarrollar conceptos de programa en consonancia con las prioridades de desarrollo
nacional socioeconómico y sectorial. El objetivo es diseñar programas o identificar
áreas temáticas específicas para alianzas ad hoc en las que las inversiones públicas,
combinadas con recursos o habilidades del sector privado, contribuyan al logro
de las prioridades nacionales al tiempo que se reduce el potencial de dispersión
de los escasos recursos públicos (véase el recuadro a continuación).
Diseño de lineamientos detallados del programa y criterios transparentes para
la selección de socios. Los estudios de caso de Colombia (aceite de palma), Perú
(banano) y Uganda (girasol) aplicaron un proceso de licitación abierta para la
selección de socios privados. Este proceso implicó, en primer, lugar la definición
de los solicitantes elegibles (por ejemplo, empresas comerciales, proveedores
de insumos y/o servicios, empresas exportadoras, ONG, organizaciones de
productores y pequeñas y medianas agroempresas) y se solicitó la presentación
de un plan de negocios como parte de la propuesta. En Perú se especificó un
formato detallado del plan de negocios, que incluyó pautas para valorar las
contribuciones en especie (por ejemplo, mano de obra, insumos y materias
primas de los grupos de agricultores), costos esperados y rentabilidad, detalles de
los pequeños beneficiarios, evaluación de las cuestiones sociales y ambientales y
un riguroso análisis de la demanda del mercado.
Promover la incorporación de mecanismos de mitigación y/o reparto del riesgo
en el proceso de diseño. En las alianzas público-privadas a meso-nivel, los
socios públicos también pueden asegurar que los pequeños propietarios sean
liberados de algunos riesgos, a través del reparto de los mismos entre el socio
público y los principales socios privados. Las garantías bancarias y los intereses
subvencionados sobre los préstamos a los pequeños agricultores, junto con los
contratos de compra seguros y la formación en gestión de negocios para las
organizaciones de productores, ayudan a reducir el riesgo de incumplimiento.
Otras opciones de distribución de riesgos incluyen seguros agrícolas y fondos
de contingencia Por ejemplo, en el caso de Ghana, como parte del acuerdo de
compra con los productores pequeños de caucho, se pusieron a su disposición
seguros subsidiados contra daños por el viento y el fuego, y se estableció un fondo
de protección de ingresos en caso de bajas en los precios del mercado de caucho.
Similarmente, en el caso de la palma de aceite en Indonesia, el banco (estatal) de
préstamos y la compañía de núcleo establecieron un fondo de contingencia con
un límite del 10% de los ingresos de los agricultores, con el fin de evitar el riesgo
de incumplimiento de los pagos de préstamos durante las temporadas de lluvia
que pudieran demorar las cosechas y la entrega (y por lo tanto el pago) de las
materias primas por varios meses. Para evitar el riesgo de que los socios privados
Capítulo 3 – Alianzas para el desarrollo de cadenas de valor 37
ejercieran una influencia indebida sobre los pequeños agricultores, tanto en el
caso de la palma de aceite de Indonesia como en el del banano en Perú, uno de los
criterios de selección que se exigió a las compañías fue que demostraran alianzas
anteriores mutuamente beneficiosas con las organizaciones de productores (es
decir, libres de disputas no resueltas) y relaciones a largo plazo basadas en la
confianza.
Gestionar el proceso de evaluación y selección de las propuestas de alianza. Tanto
si existe un programa nacional como si se trata de una propuesta de alianza ad
RECUADRO 5
Cómo alinear las agroalianzas público-privadas con las prioridades
nacionales
Es una buena práctica para los gobiernos alinear las agroalianzas público-privadas
(ya sean alianzas individuales o aquellas establecidas bajo un programa de alianza
público-privadas) con sus prioridades, tanto a nivel macroeconómico como a nivel
sectorial. A continuación, tres ejemplos de esta alineación:
En Colombia, el programa general de alianzas público-privadas (PAAP) tiene como
meta generar cohesión social, empleo y competitividad en sectores y regiones
geográficas prioritarios, apoyando a las organizaciones de productores y sus alianzas al vincularse con empresas comerciales. La alianza colombiana público-privada
de la palma de aceite, que es una de las alianzas público-privadas que se despliegan
en el contexto de este programa, buscó facilitar la recuperación económica de una
región afectada por conflictos y al mismo tiempo potenciar la competitividad de la
industria.
En Perú, el esquema de subvención competitiva para alianzas público-privadas
se diseñó para ayudar a redistribuir algo del poder de mercado acumulado por
los grandes productores agroindustriales, que se habían beneficiado desproporcionadamente de los incentivos de reestructuración entregados en la década de
1990. El esquema tiene como meta apoyar a las organizaciones de productores y
a las agroempresas pequeñas y medianas para estimular la inversión y aumentar la
competitividad de estos actores. La alianza público-privada del banano establecida
en el marco de este esquema ayudó a una organización campesina de segundo
nivel a implementar normas orgánicas y desarrollar habilidades comerciales y de
negociación que necesitaban para participar en la exportación directa del banano,
compitiendo así directamente con dos corporaciones comerciales internacionales
que anteriormente controlaban el mercado de exportación del banano orgánico
en Perú.
La alianza público-privada del girasol en Uganda ayudó a superar la baja productividad, en un intento de promover la sustitución de importaciones (lo que se considera
una alta prioridad para lograr la seguridad alimentaria nacional). Este objetivo se
logró mediante la selección de una empresa que pudiera proporcionar los servicios
de apoyo técnico necesarios (en asociación con agentes de extensión del gobierno
local), para ayudar a los agricultores a ampliar y mejorar sus prácticas de producción.
38 Alianzas público-privadas para el desarrollo de agronegocios: una revisión de experiencias internacionales
hoc, normalmente es el socio público de más alto nivel (NAADS en Uganda,
PROSAAMER en Perú y el Ministerio de Agricultura en Ghana, Indonesia y
Kenia) el que administra el proceso de evaluación y selección. Únicamente en
Perú se empleó un proceso de dos pasos, por el cual las empresas privadas primero
solicitaban convertirse en proveedores acreditados, y luego sometían propuestas
para su evaluación. El procedimiento de evaluación puede entonces administrarse
dentro de la agencia correspondiente o puede contratarse un panel externo de
expertos técnicos independientes que escoja los planes de empresas que tienen el
mayor potencial. Este enfoque añade una capa adicional de rigor, transparencia
y rendición de cuentas al proceso de selección, y también tiene mejores opciones
de resolver la cuestión del valor por el dinero que se presenta en el Capítulo 1,
mediante la revisión independiente17. En los casos en que participaron donantes,
los procesos de diseño, evaluación y selección de propuestas se rigieron por los
requisitos específicos de los donantes, que varían de una organización ea otra
y que pueden o no incluir un rol activo para el socio público en el proceso de
selección de la compañía privada.
Coordinar la negociación y la firma del contrato. Las tareas en este ámbito
incluyen la coordinación de reuniones y el diálogo con todos los socios (por
ejemplo, las compañías privadas, organizaciones de productores, el gobierno local
y las ONG) para acordar los términos de las alianzas. Esto incluye determinar
la duración de la alianza, definir los roles y responsabilidades para el monitoreo
y evaluación (MyE), la implementación de las actividades, el financiamiento y
las contribuciones en especie y la liberación de pagos. Puede prepararse un solo
contrato entre el socio público y el socio privado principal o con socios múltiples,
e incluso con las organizaciones de productores, instituciones financieras y ONG
(por ejemplo, un acuerdo multipartito). En el caso de la palma de aceite en
Indonesia, se realizaron tres acuerdos: entre el banco de propiedad del estado
y la compañía (que actuó como garante de los préstamos); entre el banco y el
jefe de las cooperativas de unidad de la aldea (para acordar los repagos), y entre
las cooperativas y la compañía (contratos de suministro). En los casos de Perú
y Colombia, el socio público definió directamente los términos y condiciones
del arreglo, de acuerdo con los procedimientos establecidos por las directrices
del programa de alianzas público-privadas. En los acuerdos contractuales se
utilizaron herramientas regulares de gestión, como un marco lógico y un plan
anual de trabajo. En las alianzas público-privadas de Indonesia y Kenia, en las
que participaron donantes, se estableció un Memorándum de Entendimiento
entre los socios según las directrices de ayuda oficial al desarrollo.
Asegurar el cumplimiento de la normativa vigente, incluyendo el cumplimiento
de los derechos sobre la tierra. Los socios públicos deben asegurar que los
contratos cumplen con todos los requisitos legales, como pruebas de legalidad
de la propiedad de las tierras, tanto por parte de las compañías como de los
pequeños agricultores, y del estatus formalizado de la cooperativa u organización
campesina que se reconoce como una entidad legal competente para participar
en acuerdos contractuales. Durante la etapa de implementación, también debe
17 Véase el Capítulo 6 para un análisis más detallado de los conceptos de transparencia y el valor por el
dinero.
Capítulo 3 – Alianzas para el desarrollo de cadenas de valor 39
asegurarse que los participantes privados estén proporcionando insumos de
calidad registrados a nivel nacional (semillas, fertilizantes, agroquímicos), y se
debe verificar el estatus legal de los organismos independientes de certificación y
demás proveedores de servicios.
Proporcionar financiamiento. Durante la primera fase de negociación, hay que
determinar con los socios privados los niveles de financiamiento que cada socio
debe aportar, así como los calendarios de liberación de fondos, para asegurar su
entrega a tiempo. Esto incluye definir también los insumos o materiales que cada
socio va a suministrar en especie. En los casos de Indonesia y en el del caucho
en Ghana, se brindó a las cooperativas un apoyo para preparar solicitudes de
préstamos subsidiados, y se acordó distribuir crédito a las cooperativas según un
calendario de desembolsos y cobrar o asegurar los repagos de los préstamos al
banco. En Uganda y Perú, se reservaron fondos públicos para servicios técnicos y
de asesoría que pudieran obtenerse externamente o que el sector privado pudiera
entregar directamente con base en una recuperación de los costos. A menudo se
liberaron los fondos de acuerdo con calendarios de monitoreo.
Vincular a los socios privados con instituciones y servicios públicos. Esto incluyó
el uso de redes descentralizadas del sector público para conectar a los socios
privados con infraestructura, organizaciones de productores, instituciones de
investigación, servicios de extensión agrícola y áreas de producción necesarias.
En todos los casos, las oficinas del gobierno a nivel local o sus representantes en
campo tuvieron un rol clave para facilitar las actividades de implementación de
las alianzas. En Indonesia, la autoridad local del gobierno actuó como testigo y
aprobó los acuerdos entre las cooperativas y la compañía, asegurando que ambos
lados cumplieran todos los requisitos reglamentarios. En Uganda, NAADS tiene
representantes en todos los subcondados, que posibilitaron la identificación de
áreas potenciales para la expansión de la producción del girasol y su promoción
entre los agricultores. Similarmente, las redes locales de la Federación Nacional
de Cafeteros en Colombia se utilizaron para ligar al socio privado con la extensa
red de organizaciones de productores que tenían arreglos preexistentes de acceso
a los servicios de extensión agrícola y asistencia técnica, y a la participación en las
actividades continuas de investigación y desarrollo que la Federación Nacional de
Cafeteros coordina. En Ghana, el Departamento de Caminos de Acceso colaboró
con el socio privado para identificar los caminos que había que rehabilitar, y las
Asambleas de Distrito proporcionaron el mantenimiento de las redes viales y
ayudaron a resolver eventuales disputas sobre la tierra.
Proporcionar asistencia técnica y administrativa. Los funcionarios locales de
extensión y los institutos públicos de investigación ayudan a movilizar a los
agricultores para formar asociaciones, promover nuevos cultivos o variedades
mejoradas y proporcionar capacitación técnica para la producción, desde
habilidades agronómicas básicas hasta mejores prácticas para la prepración para
certificación. En dos de los casos (palma de aceite de Indonesia y girasol en
Uganda) el rol del socio público fue más intenso durante las primeras etapas de
la alianza, para ayudar a generar la confianza entre los agricultores y la compañía,
y se redujo gradualmente a las funciones de monitoreo a medida que el socio
privado iba proporcionando mejor la capacitación técnica específica que se
requería. En el caso de Colombia (palma de aceite), la compañía proporcionó la
40 Alianzas público-privadas para el desarrollo de agronegocios: una revisión de experiencias internacionales
mayor parte de la capacitación técnica desde el principio (en asociación con las
redes locales de extensión agrícola), mientras que en Perú (banano) este servicio
se obtuvo contratando a otros proveedores del sector privado.
Monitorear y evaluar la alianza tanto a nivel local como nacional. Los
funcionarios de programas nacionales realizaron visitas a campo y revisaron los
informes de (auto) monitoreo que los socios privados presentaron para verificar
la ejecución de los planes de negocio, según los planes de trabajo convenidos, y la
entrega de fondos estuvo supeditada a la aprobación de estos informes. También
supervisan el estado de certificación de las empresas privadas. A menudo son los
funcionarios de campo del gobierno los que llevan a cabo el monitoreo local, o se
establece una agencia (cuya base queda dentro de la autoridad local del gobierno)
específicamente para el monitoreo y supervisión de la alianza. En el caso de la
palma de aceite de Indonesia, el rol de esta agencia fue el de supervisar la alianza
entre las cooperativas y las compañías en el campo, monitorear los precios de las
materias primas y asistir a las reuniones anuales de las cooperativas para compartir
información sobre los nuevos reglamentos o políticas relativas al desarrollo del
subsector en la región. Generalmente, la evaluación de las alianzas fue débil en
todos los casos revisados, ya que ni el socio público ni el privado tuvieron un
rol particularmente activo en la evaluación. El monitoreo y la evaluación son
ámbitos en los que los socios públicos podrían tomar la delantera, exigiendo y
RECUADRO 6
La experiencia de las cooperativas en las alianzas público-privadas del
aceite de palma en Indonesia
Las cooperativas de unidad de aldea participan en las cuatro etapas principales
del acuerdo de alianza: la etapa de preparación, la de construcción, el período de
instalación hasta completar el préstamo, y la finalización después de terminado el
préstamo. Actúan como intermediario entre los agricultores y la compañía de núcleo,
y proporcionan todos los servicios de coordinación necesarios entre los agricultores,
la compañía, el banco estatal y otros organismos gubernamentales y regulatorios.
Los equipos de gestión de las cooperativas de aldea explican el proyecto a los agricultores de pequeña escala; proporcionan un inventario de las tierras de los miembros;
recogen los nombres de los actores y sus documentos administrativos; ayudan a los
agricultores y a la compañía a obtener las mediciones oficiales de tierra requeridas
para los certificados de la Junta Nacional de Tierras; monitorean y vigilan el desarrollo
de la plantación por parte de la compañía; ayudan a la compañía a obtener equipo;
explican el sistema de gestión a los agricultores; llevan a cabo giras de los sitios para
los bancos, con la compañía y un consultor independiente de monitoreo; establecen
el sistema de fondos para la conservación y el mantenimiento con ayuda de la compañía; proporcionan coordinación para todos los grupos de agricultores en actividades
relativas a la cosecha y el transporte; actúan como representantes de los agricultores
en las negociaciones de precios y administran los préstamos de cada grupo.
Fuente: FAO (2013): pág. 17.
Capítulo 3 – Alianzas para el desarrollo de cadenas de valor 41
apoyando la coordinación de evaluaciones independientes.
Roles de los socios privados
Los principales roles desempeñados por la empresa principal de agronegocios y las
organizaciones de productores asociados se destacan en esta subsección.
Socio principal de agronegocios:
Los siguientes fueron los roles comunes de los
socios principales de agronegocios:
desarrollar planes de negocios con un análisis financiero y de mercado exhaustivo;
contribuir con el financiamiento o recursos en especie, según las contribuciones
convenidas;
actuar como implementador principal de las actividades de la alianza y entregar
resultados;
brindar una gestión profesional;
asegurar mercados para los productos finales y la adquisición de las materias
primas mediante acuerdos de agricultura por contrato;
proporcionar a las organizaciones de productores asistencia técnica y capacitación
sobre la gestión de negocios;
distribuir insumos y tecnología;
vincular a los agricultores con servicios de desarrollo comercial, como el
financiamiento y la certificación independiente, y
apoyar el monitoreo de la alianza.
Organizaciones de productores/cooperativas: Es importante señalar que, en las
alianzas público-privadas de desarrollo de cadena de valor, las organizaciones de
productores participantes desempeñan un papel crítico y a menudo complejo en
la implementación de actividades de la alianza. Por lo tanto, necesitan apoyo para
desarrollar la capacidad específica de gestión y técnica asociada a estas funciones.
En los países donde el gobierno carece de la capacidad necesaria, las ONG asumen
a veces esta función de coordinación. 18
En el desarrollo de capacidades de las organizaciones de productores pueden
participar los socios públicos o privados del acuerdo, o se puede contratar a
proveedores externos especializados en servicios de desarrollo comercial19. Los
roles comunes de las organizacones fueron los siguientes:
actuar como intermediario clave entre agricultores, socios privados y gobierno
local;
ayudar a los agricultores a comprender y negociar acuerdos de agricultura por
contrato;
coordinar el suministro de materias primas para su entrega a los socios privados;
apoyar a los miembros en la implementación de normas de calidad, y
proporcionar servicios de administración de empresas (como el mantenimiento
de registros o archivos) para agricultores, socios privados, bancos y demás
organismos regulatorios o del gobierno.
18 Para ejemplos de estudios de caso en los que organizaciones no gubernamentales tienen un rol de
coordinación entre los agricultores y las empresas de agronegocios, véanse los informes de país
de FAO 2013 sobre Alianzas Público-Privadas de Agronegocios en Ecuador (cacao) y Colombia
(pimentones picantes), disponibles en http://www.fao.org/ag/ags/ags-division/publications/countrycase-studies/en/.
42 Alianzas público-privadas para el desarrollo de agronegocios: una revisión de experiencias internacionales
TABLA 3
Resumen del desempeño de las alianzas público-privadas de desarrollo de CDV a meso-nivel
Indonesia Colombia Ghana Uganda
Logros 2,500 agricultores de
palma de aceite en 5
cooperativas;
5,000 hectáreas de
plantaciones.
1,300 trabajadores
asociados con
el cultivo de
palma de aceite
y 300 pequeños
agricultores
compraron tierras;
3,716 hectáreas de
plantaciones.
3,880 cultivadores
subcontratados;
14,785 hectáreas de
plantaciones.
250 agricultores
principales;
45,000 cultivadores
subcontratados.
Beneficios
para el socio
público
Planificación
coordinada en
las fincas para
cumplir con normas
independientes
de sostenibilidad;
aplicación integrada
de la gestión
de plaguicidas
que reduzca la
contaminación y el
uso de químicos;
reducción de la
pobreza rural;
aumento de la
matriculación escolar.
Creación de
condiciones para
la estabilidad
social; generación
de empleos;
experiencias piloto
para establecer
alianzas públicoprivadas en el país.
Mayor participación
de mujeres en la
agricultura de cultivos
comerciales (30% de
todos los agricultores
involucrados);
generación de
empleos (más de
6,000 agricultores
empleados); beneficios
para el medio
ambiente, incluyendo
la reforestación;
mayores ingresos en
divisas mediante
las exportaciones;
mejores reglamentos
de contratos agrícolas.
Cumplir con el
mandato de
proporcionar
servicios de
extensión agrícola
impulsados por la
demanda y dirigidos
por agricultores;
mejor seguridad
alimentaria;
generación de
ingresos por
impuestos del
subsector (US$1.4
millones en 2008);
nuevas inversiones
generadas en el
procesamiento del
maíz (cultivo de
rotación para el
girasol).
Beneficios
para el socio
privado
Un suministro
constante de
materias primas a un
costo reducido por
transacción; nuevos
clientes y una mayor
participación en
el mercado; riesgo
reducido para las
inversiones a largo
plazo.
Para las cooperativas:
habilidades de
gestión y métodos de
contabilidad; nuevas
oportunidades para
empresas locales,
incluyendo tiendas
de abarrotes y fondos
para préstamos.
Un suministro
mayor y más
estable de materias
primas; expansión
de la capacidad
de la industria;
resolución de
problemas indicales
de los trabajadores.
Un suministro
constante de materias
primas a costo
reducido; control de la
calidad de los insumos
y de las prácticas
de producción;
reembolso para el
suministro de servicios
técnicos; 15% de
aumento en las
exportaciones; 30%
de aumento en la
rentabilidad de las
compañías.
Establecimiento de
una nueva planta
de procesamiento;
aumento del
suministro de
aterias primas – un
aumento de 32 a
40 mil toneladas
por año; desarrollo
de capacidades
para el personal de
extensión agrícola;
mayor participación
en el mercado
(de 9% a 35%);
diversificación del
procesamiento
del maíz; efectos
de flujo para
las compañías
de logística e
intermediarios del
maíz y la soja.
Capítulo 3 – Alianzas para el desarrollo de cadenas de valor 43
El caso de estudio de la palma de aceite de Indonesia (véase el recuadro a continuación) muestra el importante papel que las organizaciones o cooperativas campesinas
desempeñan en todas las etapas de la alianza.
Recientemente, ha surgido el término “alianza público-privada-productor” o
“4Ps” (por sus siglas en inglés) para destacar el rol integral que las organizaciones
de productores pueden tener en los proyectos de cadena de valor y de innovación
agrícola. El término se ha adoptado en países como Canadá (VALGEN 2012;
OCDE, 2014 y Syngenta 2014) para reconocer la contribución de las organizaciones
de productores, al coordinar y cofinanciar las actividades de las “3Ps” (o alianzas
público-privadas) mediante tasas impuestas a sus miembros. La incorporación de la
última “P” también reconoce el poder político de las organizaciones de productores
y su capacidad de influenciar la política y los programas de gobierno.
En el contexto de los estudios de caso de alianzas público-privadas de desarrollo
de cadena de valor analizados por este estudio, un claro hallazgo es que las organizaciones de productores juegan un rol esencial en reducir los costos de transacción del
socio privado principal, al tratar con los agricultores de pequeña escala. Los socios
del gobierno también pueden promover en gran medida una acción colectiva, con
estrategias de desarrollo rural que aspiren a mejorar el acceso a los mercados por
parte de los pequeños agricultores.
Sobre esta base, parece probable que los hacedores de política y las agencias
donantes adopten la terminología de las “4Ps” en el futuro, según se ha visto en
ejemplos recientes (FIDA, 2014). Los estudios de caso de Colombia (café) y Perú
(banano) también pueden considerarse como ejemplos de “4P”. En estos casos, el
rol de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC) y la asociación
de segundo nivel de cultivadores de banano en Perú va más allá de simplemente
asegurar que los agricultores suministren las materias primas. Las funciones de
Beneficios
para los
agricultores
Se desarrollaron
conocimientos
técnicos sobre la
palma de aceite; se
asegura el mercado
a un precio justo;
mejores capacidades
de gestión de las
cooperativas; del
acceso
al financiamiento;
ingresos anuales
brutos de US$2,800
por hectárea;
construcción de
hogares permanentes
y reducción de
la incuencia;
diversificación
de actividades
(plantaciones de
caucho y cría avícola).
Incremento de la
producción, de
2,400 toneladas
en 2004 a 39,000
toneladas en 2010;
aumento de los
ingresos de US$196
por hectárea a
US$6,314 por
hectárea.
Acceso a la tierra para
el cultivo del caucho
(4hectáreas por
agricultor); préstamos
con intereses bajos;
mejores materiales
de cultivo y otros
insumos; apoyo
técnico gratuito. Se
aseguró el mercado
a un precio justo
(con un fondo
de protección de
ingresos).
Aumento anual en los
ingresos a US$150 por
hectárea hasta el 12°
año; aumento salarial
de 6 veces la tasa
diaria en áreas rurales.
Aumento del 138%
en los ingresos
o aumento neto
en los ingresos
de US$ 217 por
hectárea; se aseguró
el mercado para
lograr resultados;
capacitación
técnica y apoyo
de coordinadores
técnicos basados en
campo; oportunidad
de convertirse en un
agricultor principal
o coordinador de
sitio e incentivos de
pago por parte de la
compañía.
Fuente: Elaboración de los autores con base en informes de país de FAO (2013)
19 Véanse en el Capítulo 5 los ejemplos de alianzas diseñadas para el propósito específico de entregar
servicios de desarrollo comercial a organizaciones de productores y pequeñas y medianas
agroempresas..
44 Alianzas público-privadas para el desarrollo de agronegocios:
una revisión de experiencias internacionales
TABLA 4
Resumen del desempeño de las alianzas público-privadas de desarrollo de CDV a micro-nivel
Colombia Indonesia Kenia Perú
Logros 4,000
cultivadores de
café certificados
por Rainforest
Alliance.
50 agricultores
exportan pimientos
dulces certificados
por GlobalGAP; 150
empleos creados al
añadir valor agregado
más adelante.
450 cultivadores de
mango en pequeña
escala vinculados
a empresas de
agroprocesamiento; 2
centros de recolección
establecidos, creando 14
empleos; 8 instalaciones
artesanales establecidas.
284 agricultores que
exportan banano
orgánico certificado.
Beneficios para
el socio público
Beneficios
para el medio
ambiente
asociados con el
uso reducido del
agua;
mayores
ingresos y
calidad de
producción;
inversiones
adicionales
estimuladas
(US$3.2
millones para
el Programa de
Nescafé).
Se demostraron
los beneficios de
la estrategia de
promoción de
grupos;
cooperación
entre institutos
de investigación,
agricultores y socios
privados sobre
la adopción de
tecnología mejorada
(invernaderos);
mayores
ingresos para los
agricultores;
nuevas
capacidades técnicas
y empresariales
(adopción de buenas
prácticas agrícolas -BPA y repago de préstamos;
generación de empleo.
Estrategia de
desarrollo de
cadena de valor del
mango finalizada,
y grupo de trabajo
de coordinación del
subsector establecido
bajo el liderazgo de
Kevian;
demostración
de un modelo para
agregar valor a
pequeña escala, para
reducir las pérdidas
poscosecha y aumentar
los ingresos rurales y
las oportunidades de
empleo dentro y fuera
de las fincas.
Se estimuló el sector
de las pequeñas
y medianas
agroempresas;
se redistribuyó el
poder del mercado;
se aumentaron
los ingresos y la
capacidad empresarial
de los agricultores; se
generaron empleos;
la seguridad de
los trabajadores
mejoró mediante la
acreditación de un
estándar internacional
(orgánico).
Beneficios para
el socio privado
Se aseguró la
mitad de todo
el suministro
de materias
primas – en
2011, la mitad
del suministro
mundial de
materias primas
para el café
Nespresso
provino de esta
alianza público-privada.
Aumento en la
disponibilidad de los
vegetales que cumplen
con las normas
de calidad para la
exportación;
menor
riesgo para la inversión
en una planta de
empaque debido
a la expansión del
suministro de materias
primas; aumento no
divulgado de ganancias
y ventas.
Reducción en los
costos de importación,
debido a la mayor
disponibilidad de
materias primas;
infraestructura
y tecnologías
introducidas en
la planta y mejor
transporte después
de la cosecha,
que resultaron en
una reducción de
desperdicios del
25%;
aumento
no divulgado de
ganancias y ventas.
Estatus como principal
exportador nacional
de banano orgánico;
nuevos contratos
de suministro para
el mercado de la
Unión Europea;
un
40% de aumento
en ganancias netas
de la asociación; se
logró la exportación
directa;
suministro
continuo de banano
orgánico certificado;
investigación de
mercados alternativos
por incumplimiento
de producción.
Beneficios para
los agricultores
/organizaciones
de productores
Aumento en las
utilidades – los
agricultores
reciben el 75%
del precio de
venta.
Aumento en la
producción de la
cooperativa de 150kg/
semana a 3 toneladas
por semana;
aumento
en los ingresos de US$
165 por semana a US$
3,300; se establecieron
20 nuevos invernaderos;
una tasa menor de
incidencias delictivas
mediante la generación
de empleos.
Aumento en los
ingresos de los
agricultores del 42%;
las pérdidas a nivel
de fincas se reducen
en un 40%;
se crean
empleos; se mejoran
las habilidades
para la gestión del
semiprocesamiento,
empaque y transporte.
33% de aumento en
los ingresos;
desarrollo
de habilidades de
negociación y comercio
internacional (gestión,
asesoría legal y
contabilidad);
desarrollo
de capacidades de
productividad y control
de calidad para lograr
normas internacionales;
exposición al
mercado mediante la
participación en ferias
comerciales.
Fuente: Elaboración de los autores con base en informes de país de FAO (2013)
Capítulo 3 – Alianzas para el desarrollo de cadenas de valor
estas organizaciones también incluyen contribuciones financieras significativas a las
alianzas y un rol crítico en la implementación de la misma, con funciones de coordinación de las actividades que los miembros de las organizaciones de productores
descentralizadas deben implementar.
3.5 RESULTADOS DE DESEMPEÑO Y DESARROLLO
Uno de los desafíos clave asociados con la evaluación del potencial impacto de estas
alianzas y la contribución que hacen a los objetivos de desarrollo agrícola sostenible
es la información disponible sobre su desempeño y desarrollo, a menudo débil. Las
métricas de evaluación (tanto cualitativas como cuantitativas) varían mucho de una
alianza a otra en términos de profundidad, y a menudo reflejan la claridad de los
objetivos definidos por el socio público (o los donantes) al inicio de la asociación.
La importancia que se otorga al monitoreo y la evaluación durante la fase de
planificación y diseño de la alianza también tiene una gran influencia en la calidad
de las medidas de desempeño que se adoptan y en el presupuesto destinado para el
monitoreo y el desarrollo de la alianza. Estos resultados son consistentes con otros
estudios que examinan proyectos de APP en países en desarrollo (AMF, 2013) y
apoyan la petición de una mejor evaluación basada en resultados, que vaya más
allá de la simple medición de los recursos financieros apalancados o el número de
pequeños agricultores involucrados (USAID, 2010, DCED, 2014).
Los cuadros 3 y
4 proporcionan un resumen de los principales resultados de desempeño para cada
uno de los socios involucrados en los casos seleccionados.
A un nivel básico, se intenta medir la cantidad de pequeños agricultores que
participan, el área de tierras que abarcan, la cantidad de empleos que se crean y los
aumentos en los ingresos y la productividad de los agricultores, en comparación con
los resultados de una línea de base. Para las alianzas público-privadas de desarrollo
de cadena de valor al meso-nivel, que buscan un desarrollo de subsector de base más
amplia, los beneficios de los socios públicos y los agricultores también se miden
en función de su alineamiento con los objetivos del desarrollo socioeconómico
nacional. Por ejemplo, en los casos de la palma de aceite de Colombia y el caucho
de Ghana, la evaluación incluyó referencias a la estabilidad social, que se mide según
la asignación de tierras, la propiedad legal de los pequeños agricultores y la participación de las mujeres en los nuevos programas de cultivadores subcontratados. En
los casos de Indonesia y Uganda, se utilizaron medidas cualitativas para evaluar el
logro de los objetivos relativos a la reducción de la pobreza y mejores medios de
vida. Esto incluyó una evaluación del grado en que la alianza público-privada ha
estimulado nuevas oportunidades de negocio dentro y fuera de las fincas en Indonesia (como se evidencia, por ejemplo, con el aumento en casas permanentes, tiendas
de abarrotes de propiedad de los agricultores y fondos de ahorro), y una inversión
adicional del sector privado más allá de la alianza en actividades complementarias en
Uganda (por ejemplo, el establecimiento de instalaciones de procesamiento del maíz
que se cultiva, como parte del plan de rotación de los cultivos del girasol).
Hubo también otros indicadores sociales y ambientales evaluados en los casos
de cadena de valor al meso y micro-nivel, tales como mejoras en las prácticas ambientales mediante la reducción del uso de los plaguicidas, reforestación, adopción
de nuevas prácticas de rotación de cultivos, reducción del desperdicio de comida y
ahorro del agua, así como refuerzo de habilidades de las organizaciones de produc-
46 Alianzas público-privadas para el desarrollo de agronegocios: una revisión de experiencias internacionales
tores, como la negociación y la gestión de negocios.
Ninguna de las alianzas evaluadas calculó el retorno de la inversión (ROI) para
la financiación pública (o privada) aportada, lo que debe considerarse una debilidad.
En la actualidad no existe manera de evaluar los costos de oportunidad asociados con
la inversión en las agroempresas público-privadas, en comparación con otras formas
de gasto público (véase el Capítulo 7 para el análisis del valor por el dinero y los
conceptos comparadores del sector público).
Sólo el caso de Uganda proporcionó una estimación del aumento de los ingresos
fiscales asociados con los resultados de la asociación. Tanto los casos de hortalizas
de Ghana como los de Indonesia resultaron en mejoras no planeadas de la infraestructura rural, pero no se proporcionaron datos sobre el valor de las inversiones
adicionales en infraestructura estimuladas por las asociaciones.
Debido a las limitaciones mencionadas, los hallazgos sobre el impacto de los
casos analizados no son concluyentes; sin embargo, se pueden observar resultados
positivos en relación con el logro de los objetivos de alto nivel identificados en la
sección
1.3 (aumento de la productividad, mejora de la calidad y fortalecimiento de
las organizaciones de productores y pequeñas y medianas empresas).
Las alianzas
de meso-nivel contribuyeron más al incremento de la productividad, mediante la
expansión de las áreas de producción y la participación de una mayor cantidad
de pequeños agricultores. También se encontró que estimularon un alza en la
generación de empleo y en las actividades complementarias de inversión en valor
agregado, servicios rurales comunitarios y desarrollo de negocios.
Las alianzas público-privadas de nivel micro generalmente involucraron a una
cantidad menor de agricultores, y sus resultados de desempeño se miden en términos del aumento de los ingresos asociados con mejoras de la calidad del producto y
el acceso a mercados de mayor valor.
3.6 PRINCIPALES DESAFÍOS
En vista de la complejidad de las alianzas público-privadas de desarrollo de cadena
de valor, y la cantidad y diversidad de los socios que participan, no es de sorprender
que se encontraran varios desafíos –muchos de los cuales son comunes a los cuatro
tipos de agroalianza público-privada que se presentan en esta síntesis.
El Capítulo 8
analiza los problemas encontrados y presenta algunas recomendaciones para superar
los desafíos generales asociados al entorno regulatorio, el diseño, la implementación
y la sostenibilidad de las agroalianzas público-privadas. Algunos desafíos específicos
de las alianzas de cadena de valor se destacan a continuación.
Desafíos del entorno regulatorio
Uno de los desafíos principales relativos al entorno regulatorio de las alianzas
público-privadas de desarrollo de cadena de valor son los problemas relacionados
con el cumplimiento de la agricultura por contrato. Esto incluye problemas como
las ventas laterales (agricultores que venden a actores fuera del acuerdo contractual)
y los mecanismos inadecuados para distribuir los riesgos y hacer frente a los casos
de fuerza mayor, como brotes incontrolables de enfermedades o condiciones
climática adversas. Todos los ejemplos de los estudios de caso implican contratos de
producción entre la empresa principal de agronegocios y agricultores individuales
u organizaciones de productores, además del acuerdo principal de alianza público-
Capítulo 3 – Alianzas para el desarrollo de cadenas de valor
privada entre el o los socios públicos y la empresa principal de agronegocios.
Para el éxito de las alianzas público-privadas de desarrollo de cadena de valor
es esencial que haya un marco de trabajo legal sólido de agricultura por contrato.
Los “Guiding principles for responsible contract farming operations” (Principios
directores para operaciones responsables de agricultura por contrato”, FAO, 2012b)
y la “UNIDROIT/FAO/IFAD Legal Guide on Contract Farming” (Guía Legal
sobre Agricultura por Contrato”, UNIDROIT, FAO e IFAD, 2015) brindan recomendaciones para promover buenas prácticas de negocios en el diseño de acuerdos
legalmente sólidos de agricultura por contrato, que mantengan una atmósfera de
confianza y respeto entre las partes contratantes. La publicación de FAO sobre
“Contract farming for inclusive market access” (Agricultura por contrato para un
acceso inclusivo al mercado, FAO, 2013b) también proporciona ejemplos de varios
países donde se han implementado con éxito esquemas de agricultura por contrato
con pequeños agricultores.
Cuando el entorno legal para el cumplimiento del contrato es débil, los socios
privados deben buscar maneras de incentivar la lealtad de los agricultores, como con
el suministro de insumos de alta calidad y servicios técnicos de apoyo, y asegurarse
de que los contratos sean transparentes y fáciles de leer, especialmente en lo relativo
a cláusulas sobre la determinación del precio y la calidad. Los socios públicos y los
representantes de organizaciones de productores deben participar en la fase de negociación con la empresa, para presionar por cláusulas justas y equitativas y asegurar
que los productores tengan una clara comprensión de las condiciones contractuales
antes de firmar. Durante la fase de diseño también pueden considerarse maneras
de minimizar las ventas laterales, como la introducción de mecanismos de monitoreo, cláusulas flexibles sobre la fijación de precios con base en el mercado y pago
rápido a los agricultores en el momento de la entrega. También deben considerarse
mecanismos transparentes e independientes de arbitraje, mediación y resolución de
conflictos, por ejemplo, mediante el recurso a una tercera parte neutral.
Las condiciones climáticas extremas y otros eventos de fuerza mayor tienen un
impacto negativo en la producción, y por lo tanto pueden afectar la capacidad de los
agricultores para cumplir con sus compromisos con los socios privados y repagar
los préstamos a las instituciones financieras.
Normalmente, el socio público limita
su exposición al riesgo reduciendo su responsabilidad al monitoreo y enfrentando
los problemas conforme ocurren (por ejemplo, mediante pruebas de laboratorio),
así como vinculando los grupos de agricultores con productos de seguros agrícolas
(públicamente subsidiados), si estos existen.
El socio privado a menudo comparte
los riesgos con los agricultores por contrato (por ejemplo, encargándose de ciertos o
todos los costos de los insumos en circunstancias de fuerza mayor). Los mecanismos
de mitigación de los riesgos, como los seguros agrícolas y los fondos de contingencia,
pueden incorporarse al diseño de la alianza para ayudar a atender estos problemas
(como se puede ver en los ejemplos de Ghana e Indonesia). Sin embargo, para hacer
esto muchos países en desarrollo necesitan resolver gran cantidad de desafíos legales,
regulatorios y de mercado que van asociados con la operación de seguros agrícolas
o de cultivo (Banco Mundial, 2010). El mercado de seguros agrícolas también puede
estar limitado a los agricultores de gran escala, ya que los costos pueden ser más
altos de lo que muchos agricultores pequeños pueden pagar. Por esta razón, varios
países (como China y Turquía) han introducido proyectos piloto de APP para
48 Alianzas público-privadas para el desarrollo de agronegocios:
una revisión de experiencias internacionales
seguro agrícola - que complementan a las APP de cadena de valor existentes - parcialmente subsidiados por el gobierno, para aumentar el acceso y asequibilidad del
seguro para los pequeños agricultores (Xin y Lu, 2010; FAO, 2014).
Desafíos técnicos y de operación
Las alianzas de cadena de valor también enfrentan problemas técnicos y de operación muy específicos. El primero de estos desafíos es la falta de cumplimiento con
las normas de calidad o la incapacidad de mantener la certificación. Este problema
afecta particularmente a las alianzas público-privadas de desarrollo de cadena de
valor que se enfocan en mercados de alto valor, que exigen que todas las materias
primas se certifiquen. Si la certificación expira o los agricultores no pueden lograr
el cumplimiento, se pierde este tpo de mercado final, y los socios del sector privado
pueden buscar arreglos alternos de fuentes con costos menores de transacción (por
ejemplo, pueden realizar contratos únicamente con fincas de gran escala o decidir
integrar verticalmente las operaciones de producción). Es esencial mantener el
monitoreo y el apoyo técnico a los grupos de agricultores, con el fin de fortalecer sus
capacidades y asegurar que se atiendan los problemas de cumplimiento. También se
requiere una correcta planificación hacia el futuro, asegurando que el financiamiento
esté disponible para mantener la certificación más allá del período de la alianza.
Un segundo desafío en las operaciones tiene que ver con el reclutamiento y
retención de una fuerza laboral cualificada. Aunque no es algo exclusivo de las
alianzas público-privadas de desarrollo de cadena de valor, la pérdida del personal
capacitado representa un riesgo para el éxito de la alianza en general. Esto supone
un particular desafío para las organizaciones de productores, en vista del importante
papel que desempeñan a la hora de promover y proteger los intereses de los pequeños agricultores en las alianzas público-privadas de desarrollo de cadena de valor.
Las organizaciones de productores necesitan profesionales expertos en sus equipos
de gestión que negocien, coordinen y apoyen a los agricultores en la ejecución de los
acuerdos de este tipo de alianzas y, a menudo, este perfil se cubre con agricultores
mayores y de más experiencia.
Se necesita una planificación exitosa de su sucesión,
capacitando a los agricultores más jóvenes para que en el futuro puedan participar
en los comités de las organizaciones de productores, y asegurando alguna forma
de compensación durante el tiempo que contribuyen a estos roles.
También se
ha documentado que la escasez de mano de obra durante los períodos pico de la
cosecha aumenta el riesgo para el socio privado, debido a las pérdidas asociadas con
el deterioro de la calidad y a que el equipo de procesamiento esté funcionando a
una capacidad menor.
Esto puede superarse cuando las compañías y organizaciones
de productores trabajan juntas para diseñar calendarios de producción y cosecha
que incluyan la rotación cíclica de la maquinaria y la mano de obra donde aplique,
estableciendo cuotas de cosecha que sean compatibles con la capacidad diaria de
procesamiento y recolección de la compañía.
Igualmente, a medida que aumenta
la presión sobre la fuerza laboral rural, todos los socios deben apoyar el diseño e
implementación de estrategias para mejorar la productividad laboral en finca.
Desafíos financieros
Se encontró que las alianzas de cadena de valor enfrentan dos problemas financieros
cruciales: la incapacidad de lograr escala y retorno de la inversión, a corto y medio
Capítulo 3 – Alianzas para el desarrollo de cadenas de valor
plazo, y la dificultad de mantener actividades que requieran inversiones más allá del
período de la alianza. Otros desafíos generales que las agroalianzas público-privadas
enfrentan, tales como el financiamiento limitado y los costos crecientes, se describen
mejor en el Capítulo 8.
Los márgenes de ganancia de los socios privados pueden ser bajos al comenzar,
y por eso es importante lograr una escala mayor. No obstante, toma tiempo crear
organizaciones de productores y construir la capacidad de los agricultores para
una producción con garantía de calidad. Por esta razón, las asociaciones que involucran a los agricultores en las cadenas de productos ya establecidas (como en los
casos de micro cadenas) tienen más probabilidades de alcanzar objetivos a corto o
mediano plazo, pero corren el riesgo de excluir a los agricultores más pequeños y
menos experimentados. Por ejemplo, en el caso del café de Colombia, el acuerdo
para producir café certificado de alta calidad para Nestlé se basó en la experiencia
existente de organizaciones que habían recibido asistencia técnica y servicios de
apoyo a través de FNC por más de 60 años. A la inversa, pueden ser necesarios
acuerdos de asociación a más largo plazo, con horizontes temporales más flexibles
y contribuciones potencialmente mayores al sector público inicial para las alianzas
a nivel meso, en las que la inclusión de buen número de pequeños agricultores con
menos experiencia es una prioridad para estimular el crecimiento de un subsector
de productos básicos.
Hay informes de muchos casos de alianzas público-privadas limitados por
problemas de financiamiento, particularmente en relación con las reinversiones
que se requieren para mantener la certificación de las organizaciones de productores, o renovar las operaciones más allá del período de la alianza, durante el que
RECUADRO 7
El reto del acaparamiento de tierras y algunas soluciones potenciales: el
caso de Indonesia
El rápido crecimiento del cultivo de la palma de aceite en Indonesia creó una situación de alto riesgo, en la cual fueron comunes los conflictos de tierra entre las
comunidades y las compañías procesadoras. Las APP de palma de aceite analizadas
introdujeron varios mecanismos para evitar el acaparamiento de tierras y fortalecer las
relaciones entre las compañías y las comunidades:
Se adoptó un esquema de sucesión de núcleos, que integra a las fincas de los
pequeños agricultores en una gran empresa de plantación moderna.
Se reforzó la colaboración entre las unidades del gobierno local y las cooperativas
de unidades de aldea, para garantizar que la titularidad y las transferencias de
tierras fueran legales, y que los agricultores que participaban en actividades de
asociación lo hicieran voluntariamente y con sus propias tierras de propiedad legal..
Se invitó a la Agencia Nacional de Tierras –el organismo gubernamental encargado
de registrar los títulos de propiedad de la tierra, supervisar la propiedad y asegurar
que la toma de decisiones sobre la tierra sea inclusiva y transparente — a que participara en la implementación de las alianzas..
Alianzas público-privadas para el desarrollo de agronegocios:
una revisión de experiencias internacionales
pueden estar disponibles subvenciones o subsidios paralelos. Para que las alianzas
no sufran de estas situaciones, hay que incorporar en el diseño de la alianza una
planificación hacia el futuro. En el caso de la palma de aceite de Indonesia, aunque
la compañía cubrió la primera fase de la plantación, los agricultores debían pagar
por la segunda fase, durante la cual no recibirían ingresos por un período de
cuatro años. Para enfrentar este problema, la compañía, en colaboración con los
líderes de las cooperativas, inició temprano la concientización de los agricultores,
instándolos a que comenzaran a ahorrar inmediatamente para cubrir los costos de
replantación y a diversificarse en otras actividades (como el caucho) para generar
ingresos durante este período. El banco estatal también colaboró con el desarrollo
de cuentas de ahorro para los miembros. De manera similar, como se vio en el caso
de las microalianzas público-privadas de desarrollo de la cadena de valor, también
hay que considerar los costos de la certificación conjunta de las organizaciones de
productores en los modelos de negocio, y los acuerdos de agricultura por contrato
entre los agricultores y las empresas más allá del período de la alianza público privada, cuando es probable que el financiamiento público vaya desapareciendo
gradualmente..
Percepción de los socios privados de las ventajas limitadas de ser el primer operador
Los informes realizados por los socios privados indican cierta percepción de que
algunas ventajas resultan limitadas.
Una de las fuerzas clave que impulsan a los
socios privados a participar en alianzas público-privadas de cadena de valor es la de
aprovechar las oportunidades y el potencial ser los primeros en mercados que no han
sido previamente explotados. Sin embargo, estas ventajas pueden ser de corta duración y no constituyen de manera alguna una garantía como resultado de la alianza.
El establecimiento de redes locales de suministro y el desarrollo de la capacidad
de las instituciones rurales relacionadas reducen las barreras del mercado para el
ingreso de nuevos competidores. Este fue un problema específico para la alianza del
aceite de girasol en Uganda, ya que el socio privado, de hecho, perdió acceso a las
materias primas hacia el final de la alianza, debido a la irrupción de nuevos competidores en el mercado. Así, la empresa consideró que su compromiso y su inversión
inicial, de alto riesgo, no obtuvieron una compensación suficiente..
Desafíos relativos a la sostenibilidad social y medioambiental
También se refirieron impactos negativos de los desafíos de sostenibilidad social y
medioambiental de este tipo de alianza. Se requiere un análisis adicional para verificar la validez de estas afirmaciones y para cuantificar los impactos negativos; sin
embargo, los casos identificados en este estudio no son los únicos que plantean esta
cuestión. Estos y otros desafíos de sostenibilidad se analizan con mayor detalle en
los Capítulos 7 y 8.
Los desafíos sociales y políticos incluyeron el acaparamiento de tierras y la
exclusión de pequeños agricultores. Los problemas de tenencia de la tierra son
particularmente importantes en este tipo de alianza público-privada, y por lo tanto
merecen mencionarse en este estudio. En el caso de la palma de aceite en Colombia,
se informó sobre acusaciones de acaparamiento de tierras y la reubicación subsiguiente de pueblos indígenas.
Hubo informes de que las tierras fueron tomadas para que fueran incluidas en la
Capítulo 3 – Alianzas para el desarrollo de cadenas de valor
expansión de operaciones comerciales de palma de aceite a gran escala. El caso de
la palma de aceite en Indonesia enfrentó problemas similares, aunque se tomaron
medidas específicas para evitar que surgieran conflictos relativos a la tierra, según se
indica en el siguiente recuadro.
Las preocupaciones ambientales incluyeron cuestiones como el impacto en la
seguridad alimentaria nacional de la expansión del monocultivo, los cultivos de
exportación o no alimentarios y la compensación/deforestación de la tierra a medida
que aumentaba la demanda de nuevas áreas de producción. Si bien no se dispone
de pruebas concretas o de evaluación de estos impactos en los estudios de caso, en
algunos acuerdos de asociación se adoptaron medidas para abordar estas preocupaciones. Por ejemplo, en Uganda, los socios privados instaron a los agricultores a que
plantaran árboles alrededor de sus fincas para que actuaran como protección contra
el viento o mitigaran los efectos del cambio climático, y se establecieron viveros de
árboles para los agricultores, como forma de resolver estos problemas y al mismo
tiempo diversificar las actividades agrícolas y las fuentes de ingreso. En Colombia se
adoptó un enfoque similar en el caso del café, en alianza con Rainforest Alliance; y
en Indonesia la compañía privada debe mantener una certificación de Sostenibilidad
de la Mesa Redonda de la Palma de Aceite mientras dure la alianza, como requisito
para recibir el apoyo del Ministerio de Agricultura. ""..................................///....... ...............................................................
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