ECONOMIA POLITICA CON SALVADOR E.H. DE PODEMOS, VIENA/ÁUSTRIA,...AMIGO Y COPARTICIPE EN CUADERNO DE SOSTENIBILIDAD Y SOCIEDAD,...ETC,...¡¡.

COSA NUEVA,...RENTA BASICA,...¡¡ UNIVERSAL ¡¡??? : 

Horacio García Pacios

21 de mayo de 2019 a las 19:29

COMENTARIO A LA TOMA DE POSESIÓN DE ISABEL FRANCO CARMONA Mejor jurar o prometer sin circunloquios. Y luego hacer lo que se debe. Y Ud. debiera, Señoría, reclamar públicamente, por hablado y por escrito, que se estudie, en sede parlamentaria, cierta medida económica que se llama RENTA BÁSICA. LO MÁS APROXIMADO A LA SEGURIDAD ECONÓMICA, Y AL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS SOCIALES SE LLAMA "RENTA BÁSICA". Pedro Sánchez, aunque hubiera querido "blindar" las pensiones, tampoco habría podido, pues no tenía votos suficientes, ni "comprándolos" (imposible pagar alguno de los precios probablemente exigidos...) para sacar adelante una reforma de tal envergadura. Además, si se parte de una estrategia económica equivocada (obsesión por "el crecimiento y el empleo", especialmente por esto último) el desastre está asegurado porque, contra la nueva realidad no hay blindaje que valga: ni contra la globalización; ni contra la digitalización de los procesos productivos, con el consiguiente decaimiento de la necesidad cuantitativa del factor "trabajo" de cara al aumento de la productividad; ni contra la financierización económica; ni contra la limitación ecológica planetaria del crecimiento. Para gestionar los cambios estructurales y monumentales, casi apocalípticos, que esto supone, de nada serviría el "blindaje", pues siempre estaríamos en riesgo de algún "arma de destrucción masiva" que pudiera hacer saltar la seguridad de nuestro "blindaje" en cien mil pedazos. Lo más aproximado a la seguridad económica que se ha propuesto hasta ahora, insisto, se llama RENTA BÁSICA. https://www.facebook.com/172363716445736/posts/894249064257194/ ))....

Lukyrh.com :

Buenas noches, sobre la base de loque yo opino sobre los objetivos que tienen decididos y a implementar la renta basica, ni esta ni la universal se hará,...tiempo al tiempo,...LA TECNOPLUTOCRACIA NO ESTA POR ASEGURAR CIERTO BIENESTAR, TEÓRICO, A NINGÚN HUMANO Y MENOS SI ES DESEMPLEADO, O SOBRANTE, ECONOMÍA INFORMAL, HARAPIENTOS,...SI SE CONSIGUIERA,...SOLO SERÍA POSIBLE ALGO PARECIDO,...: LA ECONOMÍA COMUNAL Y SOLIDARIA UNIVERSAL SIN ESTADOS OPRESORES,...Lmm/ lukyrh.blogspot.com revolucion de la humanidad blog. gracias por escribir,...cosa que hace mucha falta,...la comunicación social de cosas importantes,...¡¡. saludos de nuevo ¡¡. 29-6-2.020 málaga, españa.

SÁBADO, 31 DE OCTUBRE DE 2015

SOBRE ECONOMÍA POLÍTICA CON SALVADOR ESPADA HINOJOSA, ES MI COLEGA Y AMIGO DE CUADERNO DE SOSTENIBILIDAD Y SOCIEDAD ¡¡.

 A MI AMIGO SALVADOR ESPADA HINOJOSA,...

Salvador Espada Hinojosa

7 horas · Viena · 

(en:) colaborative writing of spanish political agenda (in Spanish)

(es:) voy a ir copiapegando a titanpad el pro

Salvador Espada Hinojosa

7 horas · Viena · 

(en:) colaborative writing of spanish political agenda (in Spanish)

(es:) voy a ir copiapegando a titanpad el programa sometido a votación por parte de Podemos

Podemos Austria Podemos Graz

https://podemos-austria.titanpad.com/12grama sometido a votación por parte de Podemos

Podemos Austria Podemos Graz

...

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Comentarios

Salvador Espada Hinojosa el titanpad no aguanta tanto texto. Estoy volcándolo aquí -> http://www.salvae.net/wiki/index.php?title=Pograma

Pograma - salvaEwiki

Elaboración de un Pacto Nacional por la Economía Productiva capaz de impulsar un acuerdo multilateral entre gobierno, patronal y sindicatos por el desarrollo industrial que haga pivotar el centro de gravedad desde una lógica financiera hacia una lógica productiva. Se trata de resituar en el centro ,...//...de…

SALVAE.NET

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Salvador Espada Hinojosa (necesitaría ayuda) ¡¡. y le mandé esto, luky :

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Luciano Medianero Morales saludos desde Málaga, tu amigo luky: mira con respecto a tu escrito nacional-capitalista,...me entiende,...te voy a exponer la teoría simple del pellizco: " si todos pudiéramos pellizcar algo del capital que tiene los capitalistas financieros y la burguesía de estado,...consumiríamos todos,...eso si unos más que otros,...pero a la vez ese pellizco haría por simpatía poner e marcha ciertos sectores productivos, aumentaría en otros su indice productivo,...etc,...esto conllevaría a un relanzamiento económico que todos pellizcarían,...el capital perdería algo,...pero en el fondo aumentaría su acumulación de capital,...este pellizquito no tiene nada que ver con el reparto de la riqueza y del trabajo,...proyecto éste, y consigna que parece como un comunismo igualitario,...¡¡; cosa que asusta al personal del poder capitalista, a los variados partidos y sindicatos y entidades sociales llamadas de izquierdas o reclamadas de él,...me entiende algo, salva,...pero el problema no es solo llenar de afrecho y otras necesidades básicas,...como comprenderá está en la linea del social-sindicalismo, política falangista del m15m, del mov. antiglobalización,...partido podemos, IU,...que como se ha demostrado no conduce nada más que a seguir reproduciendo el capitalismo asesino, sanguinario, y ahoga-personas,...Te leo en la máquina de vez en cuando,...No se si quieres ayuda de este tipo,...pero para hablar de economía política, como tu sabes, hay que estudiar mucha economía marxista y desarrollar la critica a la economía política actual, como hizo el g.c.p.intern. de málaga - en Nueva Sociedad, en vamos a debatir,..., o bien como se hizo en cuaderno de sostenibilidad y sociedad,...o como tu bien sabes en mis teorías elaboradas y reproducidas en lukyrh.blogspot.com. Por otra parte me alegro de leerte ya que al menos pones interés en el asunto,...tu amigo luky,...Espero te encuentres bien y tu familia,...cuando vengas a málaga, me llamas, nos tomaremos unas cervezas,...

REVOLUCIÓN DE LA HUMANIDAD

LUKYRH.BLOGSPOT.COM|DE LUCIANO MEDIANERO MORALES

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MIREN LECTORES/RAS,...LA PROPUESTA DE SALVA, PARTIDO PODEMOS, PARA ESPAÑA, Y U.E.; 

hacemos una previa impresión del mismo: " como no sabe nada de como es y las características del capitalismo imperialista global,...la realidad política económica del poder de las multicorporaciones,...del estado mundial de la tecnoplutocracia,...pues desarrolla, a sus luces intelectuales/y conocimientos de economía y política,...cosas que utiliza en general por separado,...pues desarrolla unas lineas las cuales considera positiva para la cohesión social,...eso es muy poco,...ya que no sabe la estrategia de la tecnoplutocracia global con respecto a la humanidad,...Y la realidad que le abofetea no le hace ser algo más critico y objetivo con repudiar la realidad intentado dar unas teorías filosóficas que rompan revolucionariamente con las medidas que siempre aplica y crea el reformismo y la política de quedar todo como está pero arreglando algunos desbarajustes,...PERO LO VALORAMOS,....AL MENOS DICE LO QUE PIENSA,...ES CLARO,...SALUDOS AMIGO Y ENEMIGO A LA VEZ DE CLASE Y DE LINEA POLÍTICA,...¡¡, De ello se deriva, políticamente, en la lucha de clases, establece una estrategia revolucionaria y en función de la misma desarrollar lineas política concretas, tareas políticas,...tácticas,...; pero claro me meto en el marxismo,...y eso no está en sus dominios intelectualoides,...ni tampoco en las izquierdas variadas, aunque se digan o se proclamen marxistas,...¡¡;De ello se deriva, políticamente, en la lucha de clases, establece una estrategia revolucionaria y en función de la misma desarrollar lineas política concretas, tareas políticas,...tácticas,...; pero claro me meto en el marxismo,...y eso no está en sus dominios intelectualices,...ni tampoco en las izquierdas variadas, aunque se digan o se proclamen marxistas,...Te recuerdo que te he planteado varias veces el que estudies más marxismo,...la realidad política económica real,...las contradicciones sociales, locales, globales,...y seas menos roca mental, menos mecanicista y más dialectico, es piñon fijo,...¡¡ - Y LO PRINCIPAL, ES QUE SALVA, NO ACEPTA LA LUCHA DE CLASES, CREE EN EL ESTADO ACTUAL REFORMANDOLO,...¡¡ :

Pograma

Contents

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·         1 es:

o    1.1 REDACCIÓN ORIGINAL A VOTACIÓN (31/Oct/2015 14:00 UTC+1)

§  1.1.1 Bloque 1 de 8. Economía (13 apartados)

§  1.1.1.1 Un nuevo modelo productivo (17 medidas)

§  1.1.1.2 Hacia la transición energética (13 medidas)

§  1.1.1.3 Banca pública y regulación financiera (5 medidas)

§  1.1.1.4 La reestructuración de la deuda española (4 medidas)

§  1.1.1.5 PYMES, autónomos y economía social (13 medidas)

§  1.1.1.6 Agricultura y pesca (2 medidas)

§  1.1.1.7 Transporte e infraestructura (5 medidas)

§  1.1.1.8 Una reforma fiscal para la suficiencia, la equidad y la cohesión social (11 medidas)

§  1.1.1.9 Sociedad del conocimiento, I+D+I y políticas científicas (22 medidas)

§  1.1.1.10 Las políticas macroeconómicas en el marco europeo: terminar con la austeridad fiscal y salarial (12 medidas)

§  1.1.1.11 Derecho al trabajo y empleo digno para todas las personas. Una política para la mejora de las condiciones de trabajo y la igualdad de género (11 medidas)

§  1.1.1.12 Políticas sociales: Plan de garantía de rentas, estado del bienestar y reorganización del sistema de cuidados para avanzar en la igualdad entre hombres y mujeres (7 medidas)

§  1.1.1.13 Garantizar un sistema de pensiones de calidad (6 medidas)

§  1.1.2 Bloque 2 de 8. Democracia y Administraciones para el Cambio (apartado único)

§  1.1.2.1 Democracia, transparencia y lucha contra la corrupción (33 medidas)

§  1.1.3 Bloque 3 de 8. Justicia, Derechos Humanos, Administración Pública y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (4 apartados)

§  1.1.3.1 Justicia (9 medidas)

§  1.1.3.2 Derechos humanos (5 medidas)

§  1.1.3.3 Administración pública y derechos (11 medidas)

§  1.1.3.4 Cuerpos y fuerzas de seguridad del estado (10 medidas)

§  1.1.4 Bloque 4 de 8. Derecho a la vida digna (11 apartados)

§  1.1.4.1 Sanidad (15 medidas)

§  1.1.4.2 Vivienda y suministros (11 medidas)

§  1.1.4.3 Educación (29 medidas)

§  1.1.4.4 Infancia (7 medidas)

§  1.1.4.5 Deporte (12 medidas)

§  1.1.4.6 Servicios sociales (7 medidas)

§  1.1.4.7 Dependencia y diversidad funcional (22 medidas)

§  1.1.4.8 Igualdad (21 medidas)

§  1.1.4.9 Mediambiente, transporte, medio rural, agua, costas, suelo y bienestar animal (31 medidas)

§  1.1.4.10 Libertad religiosa (3 medidas)

§  1.1.4.11 Cultura (26 medidas)

§  1.1.5 Bloque 5 de 8. Emigración, inmigración y asilo (2 apartados)

§  1.1.6 Bloque 6 de 8. Estructura territorial de España (apartado único)

§  1.1.7 Bloque 7 de 8. Política Internacional y Cooperación (apartado único)

§  1.1.8 Bloque 8 de 8. Propuestas de ámbito territorial restringido (apartado único)

§  1.1.8.1 Andalucía (11 medidas)

ESTAS SON POLÍTICAS ECONÓMICAS QUE VAN PLANTEANDO LOS MIEMBROS MÁS ACTIVOS DE PODEMOS : MEDIDAS PERO AUMENTA EL PODER REAL DEL IMPERICAPITALISMO Y LA TECNOPLUTOCRACIA,...¡¡. NO HAY MÁS, NI MÁS DE ELEMENTOS TRANSFORMADORES SOCIALMENTE,...???¡¡¡¡. YA ESTÁN EN EL EQUIPO GUBERNAMENTAL Y QUÉ HACEN,....??¡¡.  LAS SANITARIAS SE VUELVEN A MANIFESTAR EN TODA ESPAÑA,...¡¡. LAS MAREAS LOCAS,...SE VUELVEN LOCAS DE RABIAS E  IMPOTENCIAS VARIADAS,...IGUAL QUE OTROS SECTORES EN LUCHA Y MOVILIZACIÓN,...¡¡.                                               Lmm.

es:[edit]

REDACCIÓN ORIGINAL A VOTACIÓN (31/Oct/2015 14:00 UTC+1)[edit]

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Bloque 1 de 8. Economía (13 apartados)[edit]

Un nuevo modelo productivo (17 medidas)[edit]

peración e interacción de las empresas más dinámicas de un sector con administraciones públicas, centros de investigación y universidades- deben convertirse en herramientas útiles para extender las mejores prácticas del sector, impulsar la innovación y mejorar la productividad global de los factores en el conjunto de empresas del sector

Inclusión de cláusulas sociales y medioambientales en las licitaciones públicas, extendiendo estas cláusulas a las subcontrataciones, de manera que se prioricen empresas de la economía social, pequeñas empresas y autónomos que se comprometan con el empleo de calidad y el impacto positivo en la comunidad

Avanzar en la diversificación industrial apostando por el desarrollo de los servicios avanzados, tanto los destinados a las empresas (investigación y desarrollo, ingeniería, diseño, marketing, mantenimiento y reparaciones, logística y distribución), como los servicios comerciales y financieros, en especial los que atienden directamente las relaciones interempresariales

Creación de Comités Estratégicos Sectoriales que permitan diagnosticar las principales necesidades de cada sector a través del diálogo con todos los actores implicados para promover la puesta en marcha de iniciativas destinadas a superar los principales retos de cada uno de ellos.

Potenciar la incorporación de servicios de la economía colaborativa y el Software Libre por las Administraciones Públicas

Impulsar una política industrial centrada en el desarrollo de competencias específicas en el terreno de los activos intangibles, el acceso a la tecnología, los conocimientos de gestión en equipo y la participación de los y las trabajadoras en la empresa, así como también en la diversificación de la presencia geográfica de las empresas.

Impulsar una legislación comercial más garantista con los derechos humanos, laborales y medioambientales, mediante una mejor identificación en los productos de su "huella ecológica" y su "huella social". Algún ejemplo concreto sería el etiquetado ético en el consumo o el sello verde en el turismo.

Potenciar la aplicación efectiva de cláusulas sociales para el acceso a los concursos públicos basados en compromisos efectivos de creación de empleo, desarrollo local, cohesión social, RSE etc. Eliminar las trabas y condiciones discriminatorias negativas que pueden impedir o perjudicar la competitividad de algunas de estas empresas en su acceso a los sistemas de contratación pública, así como favorecer los sistemas de autorización o licencia, no sometidos a la normativa de contratación pública, permitidos en las Directivas Europeas, para la provisión de la gestión de servicios sociales públicos o a cargo de entidades sin ánimo de lucro

Puesta en marcha de fondos de inversión soberanos, de carácter público, como están haciendo otros países europeos, como estrategia para evitar el riesgo de desnacionalización o desmembración de empresas estratégicas, evitando que fondos buitre tomen el control de compañías tractores decisivas para el tejido productivo

Alternativa. Plan E-Commerce Spain 2030. El Plan E-Commerce Spain 2030 pretende colocar a España en puestos de referencia del comercio electrónico internacional

Reforzar la competencia en sectores estratégicos (energía, sector financiero, telecomunicaciones), que provoca un encarecimiento de la actividad productiva a escala nacional y refuerza los déficits competitivos estructurales de nuestro tejido productivo. Retomar en este sentido las medidas de apoyo e impulso de las energías renovables y del relevante papel logrado por el sector en materia de investigación e innovación.

Se modernizarán los servicios de las telecomunicaciones, impulsando en particular el despliegue de la redes de fibra óptica, con una regulación adecuada que permita abrir el mercado actual

Reorientar la inversión en infraestructuras públicas relacionadas con la construcción residencial y el transporte por carretera hacia infraestructuras productivas y tecnológicas que posibiliten la transición hacia el nuevo modelo productivo (infraestructuras energéticas y de transporte colectivo, pero también de telecomunicaciones y suministro de agua, entre otras

Desarrollar la intermodalidad, mejorando las conexiones ferroviarias de los puertos. El 60% de los contenedores movidos en los 5 principales puertos españoles lo fueron en tránsito hacia otros países, el principal desafío estratégico debería ser incrementar la oferta logístico-portuaria española, a través de una mejora en la conexión ferroviaria de los puertos para potenciarlos como nudo intermodal

Reorientación del sector de la construcción hacia actividades de rehabilitación, mejora de la eficiencia energética en edificios y construcciones, domótica y adaptación a las nuevas necesidades sociales, favoreciendo el saneamiento urbanístico y la eficiencia energética de los edificios existentes

Reformar el modelo de negociación y aplicación de la Política Agraria Común (PAC) en España con los objetivos prioritarios de mejora en el reparto de la renta agraria y promoción del interés público y ambiental. Iniciativas de creación y adaptación normativa dirigidas a articular un sector agropecuario y pesquero basado en criterios de diversificación, sostenibilidad, economía social y familiar, orientando la producción extensiva con la apuesta estratégica de la Soberanía Alimentaria. Promover la adecuación e innovación normativa en el sector pesquero para cumplir objetivos sociales y ambientales previstos pero todavía incumplidos, con objetivos de programar transiciones graduales entre las distintas artes y de mejora en el diseño de baremos y de reparto cuotas pesqueras

Hacia la transición energética (13 medidas)[edit]

Plan Nacional de Transición Energética, que movilice una inversión público-privada en eficiencia energética y energías verdes del 1,5% anual del PIB durante un periodo de 20 años, con el fin de transformar el aparato productivo, el modelo inmobiliario y el sistema de transporte para avanzar hacia una economía baja en carbono y caracterizada por el uso de fuentes de energía renovables. La aplicación de este plan permitiría una disminución del consumo de energía primaria nacional del 30% respecto a una situación en la que no se adoptasen medidas como las que proponemos, a la vez que una gran parte del consumo restante sería cubierto de manera autóctona mediante energías renovables al final de su aplicación, reduciendo la dependencia energética. Las emisiones de CO2 se reducirían muy sustancialmente, y el plan tendría un fuerte impacto sobre el empleo, tanto en sectores laborales que sufren el paro asociado al fin de la burbuja inmobiliaria como en sectores profesionales de alta cualificación técnica. En el primer año de funcionamiento del plan se crearían 3000.000 empleos estables, y la cifra alcanzaría los 400.000 empleos en la fase final. Este plan nacional está basado en dos grandes pilares: Plan Nacional de Ahorro Energético: orientado a impulsar la mejora de la eficiencia energética en edificios, pero también en transporte, industria y sistemas de distribución eléctrica. La columna vertebral de este plan sería la rehabilitación de 200.000 viviendas al año desde el primer año, abordando el aislamiento térmico, la instalación de sistemas de calefacción y agua caliente eficientes, y la iluminación de bajo consumo. Estas reformas producirán un ahorro de hasta el 80% de la demanda de energía de las viviendas rehabilitadas. Plan Nacional de Energías Renovables: centrado en la expansión e instalación de energías renovables limpias tales como solar, eólica, geotérmica, pequeña hidroeléctrica y biomasa de baja emisión

Derogación del Real Decreto de autoconsumo eléctrico de octubre de 2015 y aprobación de una normativa que permita el desarrollo del autoconsumo eléctrico, con las siguientes características básicas: (1) la energía autoconsumida instantáneamente queda libre de cualquier tipo de imposición; (2) la energía vertida al sistema eléctrico ha de ser justamente retribuida por parte de la empresa comercializadora (bien en forma de cancelación de kilovatios-hora consumidos de la red o bien mediante un saldo económico); (3) deben establecerse unos trámites administrativos ágiles.

Impulso y desarrollo de “infraestructuras verdes” (redes de transporte colectivo, transporte ferroviario, eficiencia en el uso del agua, reforestación, etc.), de planes de I+D+i específicamente diseñados para el desarrollo de “tecnologías verdes”, y en particular de desarrollos tecnológicos encaminados a proporcionar nuevas formas de almacenamiento de energía, nuevos vectores energéticos y nuevas capacidades de modulación de la electricidad generada, como el hidrógeno o la solar termoeléctrica, que permitan optimizar el aprovechamiento de las energías renovables en el sistema eléctrico

Desarrollo específico de ayudas públicas a los sistemas de calefacción y agua caliente renovables, y a las instalaciones de energía solar térmica o las calderas de biomasa

Contratación progresiva de energía 100% renovable en todas las dependencias de Administraciones Públicas, a través de una comercializadora eléctrica que ofrezca tal servicio.

Compromiso público de no autorizar instalaciones de fractura hidráulica (fracking).

Realización de una auditoría de costes de todo el sistema eléctrico nacional, que determine los costes reales de producción de la electricidad con cada tecnología así como los costes asociados a los servicios de transporte y distribución Asimismo, se llevará a cabo una auditoría, de la deuda asociada al déficit de tarifa.

Modificación del marco regulatorio de modo que todas las fuentes de energía reciban una retribución razonable basada en los costes reales de producción. Esta retribución debe proporcionar ventajas comparativas a las fuentes de menor impacto ambiental. Además, el nuevo marco terminará con los “beneficios caídos del cielo” de las centrales nucleares e hidroeléctricas

Establecimiento de controles efectivos para impedir prácticas oligopólicas en el sistema eléctrico, incluyendo específicamente la integración vertical. En particular, se estudiará la posibilidad de separar la propiedad y la gestión de las redes de distribución

Las energías renovables se situarán en el lugar central de la planificación del sistema eléctrico. El resto de tecnologías, mientras sean necesarias, funcionarán como apoyo a las mismas. En este sentido, a) se estudiará de cuántas centrales de ciclo combinado se puede prescindir manteniendo los estándares actuales de garantía de suministro. Las centrales de ciclo combinado prescindibles no recibirán ningún tipo de pago por capacidad; b) se procederá al cierre paulatino de las centrales nucleares en funcionamiento en España. c) Se llevará a cabo el cierre progresivo de las centrales de carbón. El abandono progresivo de fuentes de energía vinculadas a las centrales de ciclo combinado, a las centrales nucleares o las centrales de carbón deberá desarrollarse en el marco de una "transición justa" para los/las trabajadores/as empleados/as en dichas industrias que garantice su progresiva recolocación, en igualdad de condiciones, en nuevos sectores limpios.

Recuperación por parte del Estado de las centrales hidroeléctricas cuyas concesiones a empresas privadas caduquen, y posterior gestión a través de las Confederaciones Hidrográficas, el Ministerio de Medio Ambiente y el Operador del Sistema.

Desarrollo de una Ley Orgánica que garantice el acceso al suministro mínimo. Consideración del acceso a la energía como un servicio público, independientemente de que sea gestionada por instituciones públicas o privadas, garantizando por ley el acceso a un suministro mínimo: No se podrá acordar el corte de suministro de electricidad o gas cuando se trate de la vivienda habitual del suministrado y cuando el impago de la factura sea debido a motivos ajenos a su voluntad y en particular por pobreza sobrevenida. Se establecerá un mínimo vital de electricidad y gas mensuales por hogar. Una vez constatada la situación de pobreza, el pago de ese suministro mínimo vital no podrá suponer más del 10% de los ingresos mensuales del hogar. Los servicios sociales determinarán la cantidad exacta que cada hogar en situación de pobreza ha de pagar por el suministro mínimo. El suministrado tendrá derecho a las mismas condiciones de acceso al suministro por un periodo de 1 año, ampliable indefinidamente año a año mientras su situación de pobreza se mantenga. Las compañías suministradoras no podrán repercutir la correspondiente caída de sus ingresos al resto de consumidores o exigírsela al Estado.

Diseño de una propuesta comunitaria alternativa a la Estrategia Energética de la Comisión Europea, que evite la promoción del gas natural y en la construcción de infraestructuras gasísticas como eje energético de la Unión, así como la creación de una arquitectura legal internacional que aumente el poder de las grandes corporaciones energéticas frente a los Estados (ejemplificada por el TTIP)

Banca pública y regulación financiera (5 medidas)[edit]

Promover la separación plena entre la banca minorista y banca de inversión. Esta separación -en la línea del “Informe Vickers” aprobado recientemente en el Reino Unido, o la “Volker Rule” en EEUU- evitaría situaciones de riesgo moral en las que las actividades especulativas vinculadas a la banca de inversión puedan amenazar la solvencia de los depósitos minoristas y, con ello, exigir rescates públicos a posteriori. Realizar una auditoría independiente de todas las entidades financieras que han recibido ayudas públicas para determinar las que debe asumir el sistema bancario privado. Establecer un Organismo Público de carácter nacional de protección al consumidor bancario y mejorar la protección institucional de los mismos. Respaldar formas de financiación alternativas, como las cooperativas de crédito, la llamada banca ética o el crowdfunding. Se deben plantear límites a la concentración de depósitos, al tamaño de los bancos y a la concentración bancaria. La actual crisis económica ha producido una mayor concentración del sistema bancario. Ciertos bancos han alcanzado un tamaño excesivamente grande y constituyen un riesgo sistémico para la economía. Es necesario limitar el riesgo moral asociado al hecho de que son “demasiado grandes para quebrar”. Se debe estudiar la necesidad de imponer límites a la concentración de depósitos, préstamos u otros indicadores bancarios, en definitiva al tamaño de los bancos. Iniciar la regulación de la llamada "banca en la sombra". Es necesario adoptar medidas para controlar y regular las actividades financieras fuera de balance en España, y para instar en el marco del Eurogrupo a que el resto de socios hagan lo mismo. Estas actividades financieras fuera de balance permiten eludir la normativa bancaria, transfieren el riesgo de crédito a terceros y producen un descontrolado nivel de apalancamiento. En este sentido, se debe avanzar en la regulación pública de las titulizaciones y de los CDS (credit default swaps).

Exigencia en los acuerdos internacionales de eliminación del secreto bancario privilegiado de los paraísos fiscales, para favorecer la desaparición de la extraterritorialidad y deslocalización del capital financiero

Apoyo la creación de una Agencia Europea de calificación, independiente y pública. Esta medida reduciría las posibilidades de que las actuales empresas de rating continúen suministrando información asimétrica y enviando incentivos erróneos a los inversores privados y públicos, poniendo en peligro el equilibrio macroeconómico.

Derogar y devolver a su estado anterior el artículo 135 de la Constitución Española modificado durante la legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero

Puesta en marcha de una auditoría de la deuda. Se audiará con particular cuidado aquella deuda contraída como consecuencia del rescate financiero de la UE, para arrojar luz sobre el proceso de crecimiento y recomposición interna de la deuda que ha experimentado nuestro país en el curso de los últimos años. La posibilidad de esta auditoría está contemplada en la propia legislación europea: el Reglamento Nº 472/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, plantea expresamente que “un Estado miembro sometido a un programa de ajuste macroeconómico efectuará una auditoría exhaustiva de sus finanzas públicas a fin, entre otras cosas, de evaluar las razones por las que se ha incurrido en niveles excesivos de endeudamiento y de detectar cualquier posible irregularidad.”

La reestructuración de la deuda española (4 medidas)[edit]

Reestructuración de la deuda pública vinculada a las ayudas públicas al sector financiero, el Memorando de Entendimiento y el rescate de la Unión Europea. En la devolución de los 60.000 millones de euros prestados por el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) a España en 2012 para rescatar al sistema financiero deben participar, una vez que se han recapitalizado y han recibido otras ayudas para garantizar su estabilidad, las propias instituciones financieras. Estas deben ser las que, en última instancia, salden dicho préstamo con la Unión Europea, préstamo adelantado hasta el momento por los contribuyentes españoles. La reestructuración de esta deuda debe centrarse no tanto en una reducción de los plazos de amortización o de los tipos de interés acordados, sino en una redefinición de los pagadores últimos de la factura. Tal y como se señala en el apartado de fiscalidad, las entidades financieras soportarán un “impuesto de solidaridad” transitorio parar canalizar la devolución de los fondos prestados

Mediante una reducción en el valor nominal de las hipotecas de primeras viviendas en el caso de las familias que cumplan ciertos criterios sociales (todos sus miembros en paro y sin otros ingresos, o que presentan ingresos inferiores a 3 veces el IPREM). Esta reestructuración se impulsará mediante la introducción de un verdadero régimen de segunda oportunidad para personas físicas y jurídicas, que realmente libere a éstas de deudas pasadas una vez que la situación de quiebra es efectiva. Esto se logra mediante la implantación del proceso simplificado de Reestructuración y cancelación de deudas, como procedimiento sencillo y accesible en 2 fases: • Fase de conciliación ante comisión de endeudamiento (similar a los servicios de conciliación laboral), donde se presentará propuesta a los acreedores • Fase vista judicial, en la que el juez acuerda un Plan de pagos bajo los siguientes criterios: limitación de la deuda hipotecaria al bien hipotecado (con opción entre quita y dación en pago); quita, ajustando la deuda al valor del bien hipotecado; dación, mediante una adjudicación del inmueble al acreedor hipotecario a cambio de la cancelación completa de la deuda. Las deudas derivadas de procedimientos de ejecución anteriores serán canceladas. Las deudas que podrán incluirse en este procedimiento serán créditos privados y públicos (con la Seguridad Social y con Hacienda). Este procedimiento sería aplicable a autónomos y pequeñas empresas. Con ello, se regularía la dación en pago retroactiva, por la cual se cancelarían las deudas hipotecarias vivas de aquellas personas que hayan entregado su vivienda al banco ante la imposibilidad de seguir pagando dicho activo

Limitación, mediante un régimen transitorio, los incentivos fiscales a la deuda empresarial para contener el excesivo apalancamiento.

Sanciones reales y efectivas para quienes que incumplan la Ley de Morosidad, que fija en 30 días el plazo máximo para que las administraciones paguen a sus proveedores y en 60 días para que lo haga el sector privado. En las licitaciones públicas, será necesario justificar el cumplimiento de estos pagos con las empresas subcontratadas.

PYMES, autónomos y economía social (13 medidas)[edit]

Reforzar el apoyo a la pequeña empresa entre las actividades del ICO y de la futura banca pública, teniendo en cuenta criterios sociales y estratégicos. Canalizar estos préstamos e inversiones para apoyar la creación de start-ups en sectores intensivos en conocimiento.

Deben establecerse cuotas a la Seguridad Social porcentuales y progresivas en función del rendimiento neto para los autónomos que facturen por encima del salario mínimo y alta gratuita para aquellos que facturen por debajo del salario mínimo. Estudiar la equiparación de las prestaciones del RETA al Régimen General, posibilitar pago de las cotizaciones al trimestre en vez del mes, pagar solo desde que se inicia la actividad, y simplificar e informatizar los trámites. Se estudiará asimismo la posibilidad de desarrollar un régimen de cotizaciones a tiempo parcial, de manera que se pueda estar empleado por cuenta propia a media jornada.

Inclusión de los autónomos en las mesas de diálogo social, a través de las organizaciones que los representan, para que sus opiniones se tengan en cuenta en las decisiones de gran calado

Estudiar el desarrollo de la figura del autónomo de responsabilidad limitada, de modo quetodos los autónomos respondan a las posibles deudas únicamente con los bienes profesionales que ellos decidan asociar a su actividad y no con todo su patrimonio, como ocurre ahora

Esta reestructuración se impulsará mediante la introducción de un verdadero régimen de segunda oportunidad, y un proceso simplificado de reestructuración y cancelación de deudas para personas físicas y jurídicas, que realmente libere a éstas de deudas pasadas una vez que la situación de quiebra es efectiva. Los procesos de resolución deben incluir todas las deudas generadas en su actividad anterior, incluyendo las deudas con la Seguridad Social y Hacienda. Así mismo se facilitará el acceso a la asistencia jurídica en los procesos consursales y se favorecerá la mediación extrajudicial.

Tal y como está planteado actualmente, el IVA de caja no es útil para los pymes, ya que las grandes empresas rechazan a las pymes que lo utilizan para poder deducirse el IVA antes de pagar las facturas. La única forma de hacerlo efectivo es haciéndolo obligatorio para todas las empresas.

Se incluirán en un plan de ayudas a los proyectos cooperativos que cumplan con los requisitos de igualdad, sostenibilidad e innovación, se promoverá la creación de un servicio público de asesoría para las empresas cooperativas.Se reformará la Ley de cooperativas para que sea lo suficientemente flexible, eliminando barreras administrativas e incluyendo figuras como las Cooperativa de Impulso Empresarial y las Cooperativas de Servicio Público. Se favorecerán los procesos de transformación de empresas en crisis a cooperativas y sociedades laborales, mediante asesoramiento estratégico y técnico, y posibilitando que los trabajadores puedan capitalizar el pago único de la prestación por desempleo sin la necesidad de abandonar la producción en la empresa.

Potenciar una Economía del Bien Común introduciendo medidas tales como un "Balance del Bien Común", un “Etiquetado Ético” con el fin de identificar la "huella ecológica" y la "huella social" de los productos, y la “Compra pública ética”. Impulsar políticas públicas orientadas al fomento de un consumo responsable por parte de los consumidores, así como por medio de acciones educativas y de divulgación.

Aprobación de una Ley integral y transversal que regule y ponga en equilibrio los intereses de todas las partes implicadas, sus derechos y sus obligaciones (especialmente en materia fiscal y de Seguridad Social). Igualmente, se analizará la posibilidad de reconocer alternativas monetarias, algunas ya existentes, que puedan ser utilizadas a nivel doméstico en las transacciones efectuadas por particulares en el ámbito de la economía colaborativa.

Se apoyará e impulsará el emprendimiento en sectores innovadores, particularmente en la economía digital mediante el impulso de hubs y clusters de innovación. Se favorecerá el acceso a espacios de trabajo y de coworking a las incubadoras de emprendedores y empresas start-up, llegando a crear una red de espacios de colaboración que permitan a pequeños emprendedores la mutualización de recursos, ofrecer servicios compartidos y facilitar la innovación de forma descentralizada, de manera que la ciudadanía y el tejido productivo se beneficie de ello. Impulsaremos los fondos públicos de inversión en estos sectores y la colaboración público-privada en la generación de aplicaciones digitales de interés general. Se regulará la economía colaborativa para dotarla de un marco legal claro y se fomentará la incorporación de servicios de la economía digital y colaborativa por parte de las administraciones (Sharing)

Promover el desarrollo de un programa similar al Eramus para jóvenes emprendedores que permita intercambios de experiencias y formación, ofreciendo la posibilidad de aprender de otros emprendedores con experiencia y de mejorar sus conocimientos, trabajando el “networking”.

Estimular una nueva cultura empresarial y facilitar los intercambios de buenas prácticas en materia de formación empresarial

Establecer un marco normativo que regule la Responsabilidad Social Corporativa, en particular lo referido a la verificación de la información emitida por las empresas sobre este aspecto, sobre su comportamiento fiscal, códigos de buen gobierno y prácticas sociales en el sentido del trabajo decente propuesto por la OIT

Agricultura y pesca (2 medidas)[edit]

Medidas urgentes que abran el diálogo entre todos los actores implicados en la pesca para mejorar los criterios de gestión y mejorar el reparto de cuotas pesqueras. Primar la responsabilidad con la sostenibilidad en la producción y los criterios sociales de equidad para con las gentes del mar, logrando un reparto de las capturas por barco/tripulación en la línea de un nuevo reparto de cuotas. Flexibilizar los pagos de sanciones y multas según la situación empresarial, basándolas en penalizaciones consistentes en no permitir salir a faenar por un plazo determinado en función de la gravedad de la infracción, con el fin de aumentar la efectividad de la sanción y eliminar la sospecha actual de la intención recaudatoria de las sanciones.

Modificar el Programa de Fomento del Empleo Agrario, con el fin de garantizar el empleo estable y sostenible en el medio rural en proyectos agrarios, agro-alimenarios, forestales y en otros sectores vinculados a la conservación y mantenimiento del territorio y el patrimonio paisajístico, natural e histórico de las zonas rurales. Acabar con la dependencia ciudadana y las prácticas clientelares de ayuntamientos y empresarios del ámbito agrario con la aplicación del Programa de Pobreza 0 que universaliza las rentas y posibilita limitar el requisito de la firma de las “peonadas”. De este modo, tanto el subsidio como la renta agraria quedarán integrados en una perspectiva que garantice una vida digna para un colectivo especialmente vulnerable como es el de los/las trabajadores/as agrarios/as.

Transporte e infraestructura (5 medidas)[edit]

Conclusión de las obras de todas las inversiones en grandes infraestructura ya adjudicadas (AVE, autopistas, aeropuertos, dársenas portuarias…) y paralización de todas las que no han sido adjudicadas. Realización de una auditoria de las grandes infraestructuras que clarifique la naturaleza de la decisión de llevarla a cabo y sus costes reales a fin de establecer responsabilidades y evitar que se vuelvan a repetir los casos de aeropuertos fantasmas, autopistas de peaje vacías, proyectos como el Proyecto Castor de Castellón… Establecer mecanismos de transparencia y participación ciudadana en las contrataciones al respecto de grandes infraestructuras, garantizando que los nuevos métodos de decisión incluyan variables sociales, ambientales y económicas resultando siempre sostenibles en estos tres ámbitos.

Facilitar la accesibilidad para los ciclistas en los transportes urbanos de la red de cercanías y de metro en todas las áreas urbanas y metropolitanas. Diseñar alternativas de gestión financiera de las actuales concesiones de transportes públicos. Auditar los actuales contratos vigentes: análisis de los errores cometidos y renegociación de los contratos de operación y mantenimiento asegurando la calidad y la seguridad de los servicios. Impulsar definitivamente a los transportes eléctricos, especialmente, en las grandes ciudades.

Integrar administrativamente las políticas urbanas de las infraestructuras viarias y ferroviarias con los sectores atravesados y los entornos de las estaciones.

Se fomentará la aplicación de incentivos a los medios de transporte menos contaminantes y se gravarán más los más contaminantes. Otro tanto se hará con los combustibles más limpios y se encarecerán los combustibles mas contaminantes. Para ello se pretende, tras los análisis correspondientes y con base en el principio universalizado de “quien contamina, paga”, la aplicación progresiva del principio de tarificación por el uso de las infraestructuras que tenga en cuenta los costes externos en cuanto a congestión y contaminación generada por los distintos grupos de usuarios. Su aplicación, que pretende ser disuasoria y contemplará diferentes opciones, cuidará especialmente el impacto que podría tener sobre el sector de la logística y el transporte de mercancías, que emplea a cerca de un millón de personas.

Asegurar el acceso al transporte público y garantizar el derecho a la movilidad a todas las personas mediante una tarificación especial y/o gratuita para la población en riesgo de pobreza y exclusión social así como para los/las parados/as de larga duración.

Una reforma fiscal para la suficiencia, la equidad y la cohesión social (11 medidas)[edit]

Desarrollo de un Estatuto básico Agencia Estatal de Administración Tributaria para garantizar su autonomía, una dirección profesional y objetiva, la erradicación del uso partidario de la institución y la obligación de diseñar Planes Estratégicos consistentes. El nombramiento del Director General de la Agencia debe realizarse por el Parlamento. • Fomento de la coordinación entre las distintas administraciones tributarias que operan en nuestro territorio, procurando su integración en Red, compartiendo la información mediante bases de datos integradas, y la adopción de estrategias y objetivos comunes. • Aprobación de una Ley anual tributaria y de medidas de Lucha contra el Fraude y la Elusión Fiscal. Esta norma recogerá las modificaciones legislativas que la experiencia en la aplicación del contrato – programa a cinco años de la AEAT durante el ejercicio de referencia requiriera. La ley se debatirá y aprobará una vez celebrado el control anual por el Parlamento -con la intervención de las Comunidades Autónomas- de los resultados de la gestión de los Tributos realizada por la AEAT y por los Servicios y Agencias Tributarias Autonómicas. • Oferta de Empleo Público. Incremento gradual del personal de la AEAT, acorde con sus posibilidades logísticas y las necesidades de cualificación profesional. • Constitución de una Comisión de Expertos contra el Fraude Fiscal que proponga medidas de contención de la volatilidad fiscal, la evasión, la erosión de bases y el traslado de beneficios. • Aprobación de un paquete de medidas contra los paraísos fiscales que aborden los siguientes aspectos: medidas para conocer los titulares de las cuentas bancarias en paraísos fiscales; medidas sobre transparencia financiera; medidas de supervisión y control; medidas sancionadoras; y en relación a los grupos multinacionales. • Eliminación de pantallas tributarias. Se revisará la fiscalidad de las SICAV, SOCIMI, Sociedades de capital riesgo y de Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE) para velar por la inversión productiva y la equidad fiscal. Se revisará la redacción de los convenios para evitar la doble imposición para incorporar normas antielusión.

Rebajar y homogenizar la cuantía para considerar objetivamente la comisión de un presunto delito fiscal, con las establecidas respecto a las defraudaciones a los presupuestos de la Unión Europea y a la Seguridad Social en 50.000 euros, ampliando el plazo de prescripción a 10 años y aplicando las penas previstas actualmente para el tipo agravado, cuando el importe de lo defraudado supere los 120.000 euros.

o Aumentar el número de tramos del impuesto a partir de 60.000€, elevando progresivamente el tipo marginal de cada tramo desde el 45% actual hasta alcanzar un tipo marginal del 55% para rentas superiores a 300.000€ anuales. o Eliminar las deducciones que tienen un carácter más regresivo, porque de ellas se benefician pocos contribuyentes, situados sobre todo en los tramos altos de renta. En todo caso, los beneficios fiscales priorizarán la protección de las condiciones de vida individuales y familiares. o Corregir la dualidad de la tarifa entre rentas del trabajo y ahorro y la falta de progresividad de esta última, hasta alcanzar una tarifa única. La actual situación provoca desigualdad horizontal y vertical. o Eliminar, con carácter general, el régimen de estimación objetiva en materia de actividades económicas, porque genera oportunidades de fraude y elusión y desigualdades injustificables. Este régimen carece de sentido en un país como España donde todas las empresas, incluso las más pequeñas, son capaces de llevar registros contables.

Armonizar con las Comunidades Autónomas las normas que regulan ambos tributos, que habrán de ser aplicados en todo el territorio del Estado, por motivos de equidad y de lucha contra el fraude. Se establecerá además una tributación mínima no bonificable. Disminuir el mínimo exento en el Impuesto del Patrimonio a un patrimonio neto de 400.000 euros, frente a los 700.000 euros aplicables de manera general, y revisar las deducciones y bonificaciones existentes. La primera vivienda seguirá estando exenta en el cálculo del impuesto hasta un valor de 300.000 euros. Favorecer, de forma coordinada con todas las Comunidades Autónomas, la derogación de las bonificaciones en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, que en la práctica han eliminado o reducido sustancialmente este impuesto para grupos con un alto nivel de renta. Se revisarán las magnitudes del patrimonio preexistente de los herederos tenidas en cuenta para fijar la tarifa del impuesto para asegurar que situaciones de pobreza no puedan ser determinantes de renuncias indeseadas a la herencia. Regular el régimen fiscal propio de las SICAV para evitar que actúen como pantallas de elusión fiscal de las grandes fortunas. Para ello, se incrementará la tributación de dichos fondos. Dejarán de tributar al 1% y su tributación se equiparará al impuesto de Patrimonio, aplicándosele el tipo máximo contemplado por dicho impuesto.Se establecerá así mismo un periodo de permanencia máximo para las plusvalías acumuladas y un porcentaje de participación máximo para cada inversor. Además se atribuirá a la AEAT la facultad para comprobar el cumplimiento de estos requisitos arbitrándose un plan especial para regularizar las situaciones fraudulentas que actualmente se observan en el sector.

Reformar en profundidad el Impuesto sobre las Sociedades, impulsando su armonización internacional, haciéndolo muy sencillo, transparente y con unos tipos efectivos realmente próximos a los tipos nominales. Debe garantizarse, además, que se mantienen las diferencias en función del tamaño y la juventud de la empresa, a diferencia de la situación actual: Apoyar e impulsar el proyecto de Directiva Accis, para la determinación de la base imponible consolidada de los grupos multinacionales y su reparto entre los países donde operan en proporcinón a las ventas, el capital y la masa salarial para limitar las pérdidas de tributación asociadas a los precios de transferencia. o Eliminar los privilegios fiscales y la mayoría de las deducciones, controlando aspectos clave como los precios de transferencia o la deducción de gastos financieros. Los beneficios fiscales que se mantengan deberán estar debidamente justificados atendiendo a sus efectos sobre la productividad y la creación de empleo. o Introducir un impuesto mínimo para las grandes empresas, que contribuya a recuperar la recaudación de este tributo y a estabilizarla en el tiempo. o Establecer un tipo diferenciado en función del destino de los beneficios: 1) Un tipo estándar para los beneficios distribuidos a los accionistas (30%) y 2) un tipo inferior (del 25%) para los beneficios reinvertidos productivamente en la empresa, particularmente en actividades de ampliación y renovación de bienes de equipo y actividades de I+D+i. Esta reinversión de los beneficios deberá ser verificada por la administración y los representantes de los trabajadores. o Eliminar las posibilidades para utilizar sociedades como pantallas para la elusión fiscal, para disminuir la tributación de rentas obtenidas en el extranjero o para canalizar rentas particulares

Modificar la imposición indirecta, en particular el IVA, para contribuir a la mejora del bienestar social, buscando una estructura de tipos que mantengan en lo posible la recaudación pero mejorando su impacto redistributivo y limitando su regresividad. Aumentar los alimentos y bebidas no alcohólicas a los que se aplica el tipo superreducido del 4% (en todo caso, se excluirán aquellos para los que resulte desaconsejable por motivos de salud pública), y aplicar el tipo reducido del 10% a todos los suministros básicos (calefacción, gas, electricidad) a los que se les aplique el tipo general del 21% en este momento. Reducir el tipo aplicable a productos de gran interés social como son los productos culturales y escolares, volviendo a la situación previa antes de la reforma del Partido Popular. Aplicar un nuevo tipo incrementado para los artículos de lujo del 25%, para compensar en la medida de lo posible la caída de la recaudación como consecuencia de las bajadas anteriores.

Establecimiento de una Fiscalidad Verde que desincentive el uso de fuentes de energía contaminantes e incentive el uso de las renovables y la eficiencia energética, impulsando la convergencia de la presión fiscal medioambiental española (1,6% del PIB) hacia la media de la UE (2,4% del PIB): Reformar los impuestos sobre los hidrocarburos y sobre el carbón, y en particular revisar los beneficios fiscales existentes. Aplicar una exención del Impuesto sobre la Producción de la Electricidad para las instalaciones renovables de menos de 100 kW. Igualar los tipos impositivos sobre la gasolina y el gasóleo. Reformar el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica para tomar en consideración las características contaminantes de los vehículos. Estudiar la posibilidad de establecer tasas por el uso de determinadas infraestructuras de transporte. Estudiar la aplicación de impuestos de congestión en ciertas ciudades para incentivar el transporte público. Establecer un precio mínimo en los derechos de emisión de CO2

Coordinar los impuestos medioambientales que se exigen por las Comunidades Autónomas revisando aquellas ecotasas que no tienen objetivos medioambientales, como el canon eólico.

Instaurar un "Impuesto de Solidaridad" a las entidades financieras privadas con carácter extraordinario, con el fin de recuperar progresivamente las cantidades que el sector ha recibido directamente en forma de ayudas públicas. Este impuesto será extraordinario, se aplicará sobre los beneficios y tendrá un carácter transitorio durante una legislatura

Legislar de la manera más ambiciosa posible el Impuesto sobre Transacciones Financieras (ITF), para controlar, registrar y desincentivar las transacciones más especulativas. Nos comprometemos a que, como mínimo, España sea pionera en la implantación del acuerdo alcanzado en 2012 por once países de la UE, que consiste en aplicar un impuesto del 0,1% sobre la compra y venta de acciones y bonos, y otro del 0,01% sobre los productos derivados. Este impuesto lo pagarán las entidades bancarias, gestores de fondos de alto riesgo y otras instituciones financieras

Durante la próxima legislatura Podemos impulsará un nuevo acuerdo de financiación territorial en el marco de una reforma constitucional que reconozca la dimensión plurinacional de nuestro Estado. Para ello se llevará a cabo un proceso de evaluación de los sistemas de financiación de las Comunidades Autónomas, con la finalidad de promover un consenso sobre las reformas necesarias para que mejore su eficacia en cuanto al cumplimiento efectivo de los principios de autonomía, solidaridad interterritorial y lealtad institucional, en el marco de una Hacienda federal. Se revisará también la financiación de las Haciendas locales y provinciales, para asegurar su capacidad de atención a las necesidades de la ciudadanía.

Sociedad del conocimiento, I+D+I y políticas científicas (22 medidas)[edit]

Estimular las vocaciones científica, incentivando el inicio de la carrera científica en jóvenes estudiantes con talento. Con este fin se pondrá en funcionamiento un Programa Nacional de Introducción a la Investigación, orientado a estudiantes de grado destacados/as en los últimos años de carrera, con el objetivo de que empiecen a conocer y desarrollar el trabajo de investigación. Se establecerán convenios de colaboración con centros de investigación de excelencia del país y se contará con el personal laboral de cada centro. Este programa incluirá criterios específicos de paridad e igualdad de género, para fomentar así una mayor integración de las mujeres en la carrera investigadora.

La Carta Europea y el Código de Conducta deben ser aprobados y sus recomendaciones deben ser implementadas por todas las instituciones de investigación, las universidades y los centros. No podemos demorar más la implementación de documentos acordados desde hace más de una década con nuestros socios europeos y que repercutirían en una mejora de la contratación y las condiciones laborales de los/as investigadores/as.

Se constituirá una red de centros ciudadanos centrados en la difusión de la ciencia y la innovación social mediante la participación, la comunicación y la apropiación de las prácticas científicas, así como el desarrollo de una auténtica ciencia ciudadana y una cultura de la curiosidad y el saber hacer. Se crearán también lazos entre estos centros, los centros educativos, las universidades, los centros de investigación, las empresas científicas y el conjunto de la sociedad. Establecerán visitas escolares a los núcleos de producción científica, haciendo un trabajo de difusión de los beneficios sociales que suponen. Se desarrollarán también actividades de divulgación en centros de mayores. Creación de las “Science Shops”, unidades que, en colaboración con investigadores/as, profesores/as universitarios/as y estudiantes, promuevan la investigación mediante charlas, proyectos y estudios técnicos. Creación de una red de recursos científicos on-line dirigida a toda la sociedad, con actividades que se puedan realizar en familia, en centros juveniles, centros de adultos, etc.

Diseño de una carrera investigadora basada en el mérito y que ofrezca un progreso laboral previsible en el largo plazo. Apostando por crear una única carrera académica para Universidad y OPIS, unificando procedimientos de contratación, evaluación y de mérito académico. Creando una carrera profesional, que incluya el trabajo en laboratorios y la gestión de la I+D+i. Incluir una carrera investigadora hospitalaria, independiente de la docencia universitaria y que reconozca las peculiaridades del contexto hospitalario. Asociada al diseño de la carrera investigadora se procederá a una revisión de la escala salarial para adaptarla a las responsabilidades de cada etapa y a la media europea. Se introducirán medidas dirigidas a paliar la desigualdad de género existente, que crece de manera progresiva a lo largo de las distintas etapas de la carrera investigadora.

Con el fin de aumentar la transparencia en la investigación pública se creará un Portal Online de Investigación que publicará todas las convocatorias, ofertas de proyectos, convenios de colaboración y convocatorias de contratación y empleo realizadas por instituciones de investigación públicas. Se recogerán todas las convocatorias públicas de I+D+i en un calendario bianual, de obligado cumplimiento, acordado entre el Gobierno, las CC.AA. y otras agencias de financiación pública. También desarrollará una base de datos de acceso abierto con los perfiles de investigadores e investigadoras, grupos de investigación, universidades, OPIS y proyectos de investigación nacionales. Se centralizará y publicará toda la información estadística del Sistema Español de Ciencias y Tecnologías (número de alumnos/as, presupuestos, proyectos, etc.)

Aumentar un 100% todas las convocatorias postdoctorales dependientes del gobierno estatal. Potenciar la contratación indefinida y evaluable de investigadores/as principales en el ámbito estatal español. Ampliar la lista de centros receptores más allá de los OPIS, incluyendo a universidades y otras instituciones públicas de excelencia. Definir e implantar el modelo evaluador de dichas incorporaciones. Mejorar la difusión e impacto de sus investigaciones.

Proponemos un cambio en las condiciones legales para que el/la investigador/a (independientemente de su vinculación laboral) de un proyecto pueda beneficiarse de un complemento sobre su sueldo, que sería distribuido entre todos los/las integrantes del proyecto. Este suplemento provendría de la financiación conseguida en concursos y otros procesos competitivos de asignación de fondos. Proponemos que se calcule como un pequeño porcentaje de la cuantía, sujeto a un techo anual (acumulable) y a la devolución en los casos de no consecución de los objetivos del proyecto financiado.

Garantizar la cultura científica en toda situación personal, económica o para cualquier nivel de autonomía funcional. Los museos de ciencia serán gratuitos durante un día al mes, para evitar diferencias sociales en el acceso. Asegurar que todos los centros de investigación, museos, ferias y otros eventos científicos dispongan de planes de acceso para las personas con diversidad funcional. Se harán jornadas de puertas abiertas en todos los centros de investigación y universidades a la población de cualquier edad. Los medios de comunicación públicos tendrán contenidos rigurosos y adecuados, creando así, una fuerte conexión entre la sociedad y la comunidad científica. Además, se crearán espacios de divulgación y debate científicos, haciéndolos adecuados a los distintos grupos de edad de los/las espectadores.

Crear una "casilla" para la investigación en la declaración de la renta, tal como está la de la iglesia y obras sociales. Los fondos recogidos serán destinados a contratos laborales a jóvenes investigadores/as y a proyectos científicos de interés social.

Dentro de nuestro Plan de Rescate de la Ciencia, presentamos la convocatoria extraordinaria de una partida destinada a la recuperación del talento joven. Se concederán contratos a jóvenes investigadores/as para que puedan establecerse y crear nuevos laboratorios en nuestro país. Los contratos tendrán una duración de cuatro años, a la finalización de los cuales se podrá concurrir a un proceso de evaluación de objetivos y estabilización laboral mediante un contrato indefinido. Esta medida de choque, junto con otras de largo alcance que proponemos en nuestro programa, generará puestos de trabajo directos en el ámbito de la investigación.

La política científica y de innovación debe ser considerada una cuestión de Estado. Se buscará un gran acuerdo con todos los agentes y actores sociales para asumir responsabilidades y mejoras a futuro de una manera coordinada, consensuada e independiente de los cambios políticos. La implementación del Pacto conllevará la creación de una Mesa por la Ciencia e Innovación. Se buscará lograr un compromiso con las empresas de contratación de personal frente a la obtención de beneficios a corto plazo, con los agentes financieros de facilitar el crédito necesario para desarrollar actividades científicas y con los agentes tecnológicos y de investigación para facilitar la transferencia de conocimiento.

Facilitar y promover la innovación entre las empresas españolas, en especial entre las PYMES, creando polos de conocimiento y desarrollo económico especializados en áreas y ámbitos determinados y localizados en diferentes regiones del Estado. Estos polos, promoverán y facilitarán la interacción de todos los protagonistas de la cadena productiva, de manera similar a los modelos internacionales (Poles en Francia, Fraunhofer Institutes en Alemania, Catapult en Reino Unido) y nacionales (MCC-Mondragón Cooperación Corporativa o COOVAP, en Andalucía).

Fomentar la Ciencia Abierta y repensar la política española de patentes para promocionar la actividad patentadora de los/las investigadores/as y fomentar que los beneficios del apoyo público reviertan en la sociedad. El uso de los fondos públicos debe ser rentabilizado tanto en términos de usos sociales como en la posible rentabilidad de sus aplicaciones. Además, la promoción de una cultura del conocimiento y del bien común debe alcanzar también a la investigación científica. La Administración debe comprometerse a hacer públicos los resultados que provengan de cualquier actividad que haya contado con su respaldo.

Determinar que las relaciones público-privadas se rijan por convenios basados en los principios de igualdad, corresponsabilidad, independencia y reparto justo de beneficios entre las partes. Acabar con uno de los grandes problemas de la I+D+i española: la poca fluidez, eficacia y simetría de las relaciones público/privadas. Asegurar que allí donde exista colaboración entre Gobierno e industria se establezcan unas condiciones de igualdad, por las que ambas partes aporten fondos y recursos y participen de los resultados de la investigación.

Crear una unidad de centros públicos específicamente dedicados a prestar la ayuda necesaria para la maduración de las ideas y facilitar la transición imprescindible hasta convertirlas en tecnologías de interés comercial. A imagen de los Catapult Centres del Reino Unido, tendrán una estructura de empresa pública y fondos de origen público en una parte significativa de su presupuesto, y servirán como catalizadores para engarzar consorcios específicos para proyectos concretos, de alta potencialidad, donde puedan participar capitales privados y técnicos provenientes también de las empresas y cooperativas implicadas.

Llevar a cabo políticas para la creación de empleo en sectores con alto valor agregado. Lanzamiento de ofertas de trabajo en proyectos de investigación a científicos/as emigrantes e investigadores/as extranjeros/as, promoviendo la movilidad e internacionalización. Subvenciones para empresas basadas en la transferencia tecnológica y la innovación social. Ayudas para creación de empresas y proyectos científicos, tecnológicos y de transferencia tecnológica con ofertas de trabajo a investigadores/as españoles/as en el extranjero. Ayudas para el desarrollo de proyectos de investigación y tecnología de asociaciones de científicos/as en el extranjero.

Devolver la inversión pública en I+D+i a niveles anteriores a la crisis, apostando por devolver los objetivos de inversión en I+D+i nacionales a niveles europeos (2% del PIB). El objetivo será alcanzar el 2.7% de inversión en I+D+i del total de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en 2017, y el 3% en 2020. Se asegurará que los préstamos de fondos públicos a empresas desarrolladoras de I+D+i sean utilizados para lo que inicialmente fueron ideados, y no como subvenciones encubiertas, controlando que los fondos destinados a la inversión en I+D+i se ejecuten al 100% de lo aprobado en los PGE.

Liberar a los Organismos Públicos de Investigación (OPIS) del control político, fomentando la gobernanza propia de la investigación y su proyección a largo plazo. Se propone una democratización profunda de los Organismos Públicos de Investigación para promover su autonomía de gestión e investigadora. Una reforma de los estatutos de los OPIS y la implementación de Planes Estratégicos plurianuales adecuados a cada organismo. La transición hacia la democratización institucional debe ir acompañada de una correlativa asunción de responsabilidades y rendimiento de cuentas.

Con el fin de acabar con la falta de transparencia, especialmente en los procesos de selección y acceso en las instituciones investigadoras y/o universitarias se creará un Observatorio para la Defensa de la Transparencia en el Acceso y Gestión de las Instituciones Investigadoras y Universitarias. Este Observatorio además, actuará contra otros de los problemas sistémicos de estas instituciones que provocan arbitrariedades e injusticias en el acceso a las carreras docente e investigadora, como por ejemplo la situación de precariedad de su personal. El Observatorio formará parte de una potencial Agencia de Evaluación y servirá de sistema de alerta sobre los problemas de transparencia en los órganos y procesos de las instituciones públicas de investigación y universidades. Será un organismo estará abierto a la ciudadanía receptivo a quejas sobre la falta de transparencia y equidad en el sistema español de investigación.

Promover una mejora del sistema público de evaluación docente e investigador que garantice la promoción de la innovación y la autonomía en todos los niveles de investigación y educación. Cambiar las viejas estructuras de jerarquía piramidal con designaciones (y destituciones) hechas por el Estado y avanzar hacia una gobernanza basada en la meritocracia, en la que los responsables de la gestión rindan cuentas sobre sus resultados ante el Parlamento, los propios colectivos gestionados y la sociedad en general.

Dinamizar los mecanismos de cooperación del equipamiento científico en universidades, OPIs y otros centros. Abrir el acceso a las infraestructuras públicas entre las distintas instituciones. Teniendo en cuenta que la gestión de la universidad está transferida a las CCAA, y la de los OPIs se lleva a cabo por el Estado a través del Ministerio con competencias en ciencia, se hace necesario establecer un acuerdo entre centros de investigación y universidades públicos para articular una red de cooperación que favorezca el uso del equipamiento desde una lógica colaborativa que facilite el acceso a las instalaciones de todos los miembros de la comunidad científica.

Garantizar la estabilidad en la financiación de los centros de investigación para el sostenimiento de su actividad básica, con independencia de la coyuntura económica. Los grupos de investigación públicos recibirán una financiación anual básica que garantice la continuidad de su funcionamiento y, ante todo, que impida que se abandonen las líneas de investigación que se vengan desarrollando, proporcionando estabilidad a los equipos de investigadores/as activos/as. Esta financiación de mantenimiento ha de servir como plataforma desde la que acceder a otras fuentes públicas y privadas en concurrencia competitiva.

Las políticas macroeconómicas en el marco europeo: terminar con la austeridad fiscal y salarial (12 medidas)[edit]

Aprobar un Plan de Bienestar Social y Modernización Económica, destinado a políticas sociales, reforzamiento del estado del bienestar y de los servicios públicos relacionados con la atención a las personas, e inversiones públicas que impulsen la creación de empleo y una verdadera transformación de nuestra economía. Este Plan estará dotado con un incremento presupuestario de 25.000 millones de euros cada año durante toda la legislatura. Con ello, aumentaremos en un punto el porcentaje de gasto/PIB, convergiendo con Europa, en vez de alejarnos más, como supondría la reducción en cuatro puntos porcentuales que propone el Partido Popular

Poner en marcha de forma inmediata una reforma fiscal progresiva y una lucha decidida contra el fraude fiscal, con el fin de elevar a lo largo de los cuatro años el porcentaje de ingresos sobre el PIB, al menos entre 30.000 y 40.000 millones de euros, acortando la diferencia con la media europea.

Modificar el calendario actual de reducción del déficit público, alargando el plazo, para hacer compatible el principio de estabilidad presupuestaria con los objetivos de reducción del empleo, atención a las necesidades sociales y modernización económica.

Abandonar la política de devaluación salarial como vía para promover una mejora de la competitividad, por sus efectos sociales y económicos negativos. Para ello, se degogarán las dos últimas reformas laborales y se adoptarán medidas que favorezcan un crecimiento suficiente de los salarios y la recuperación de su capacidad adquisitiva (reforzar el papel de la negociación colectiva mediante la derogación de las medidas incluidas en la última reforma laboral, incrementar el salario mínimo y terminar con los recortes salariales en el sector público.

Reformar sustancialmente el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y el Pacto Fiscal, eliminando el objetivo de equilibrio presupuestario estructural y flexibilizando los objetivos de deuda y déficit, para que se adapten mejor a las necesidades de cada país, y la puesta en marcha de una auténtica política fiscal europea: un presupuesto común con un peso significativo, un mecanismo de transferencia de recursos entre países en función de su situación cíclica, la emisión de Eurobonos, y un mayor grado de armonización en algunos impuestos, y particularmente el de sociedades

Garantizar un nivel adecuado de inversión pública a nivel nacional (introduciendo una “regla de oro” que no las incluya en el cómputo del déficit) y a nivel europeo (elevando la cuantía del Fondo para Inversiones Estratégicas hasta un 5% del presupuesto anual de la UE, desde el 1% actual).

Promover la reforma de los estatutos del Banco Central Europeo, para incluir entre sus objetivos el mantenimiento de un nivel adecuado de actividad económica y la creación de empleo, para integrarlo en el conjunto de instituciones que aplican la política económica de forma coordinada y bajo un verdadero control democrático, y para que pueda actuar como prestamista en última instancia de las autoridades fiscales.

Impulsar una reforma de las instituciones europeas que democratice la toma de decisiones políticas y económicas en la Eurozona. El gobierno económico de la Eurozona –el Eurogrupo– es una entidad no obligada a rendir cuentas ante ninguna institución directamente elegida por los ciudadanos, ni siquiera ante el Parlamento Europeo. PODEMOS se compromete a apoyar una Cámara Parlamentaria de la Eurozona, formada por representantes de los distintos parlamentos nacionales de acuerdo a criterios poblacionales y territoriales y, a diferencia del Parlamento Europeo, con verdadera capacidad legislativa y de control político

Proponemos una modificación en los plazos de vencimiento de las deudas europeas en circulación, mediante un canje de bonos que facilite que los viejos títulos sean sustituidos por nuevos títulos que se mantengan a perpetuidad. El BCE sería la institución que debería adquirir, al valor nominal, los viejos títulos y canjearlos por otros nuevos, a tipo de interés del 0% y con el objetivo de mantenerlos a perpetuidad en su balance. El BCE debiera reestructurar las deudas públicas de las economías de la zona euro que excedan el 60% del PIB.

Adoptar de forma inmediata de un plan de choque para erradicar la pobreza y la exclusión infantil en todo el territorio europeo, observando estrictamente la aplicación de la Carta Social Europea, y con un programa comunitario de vivienda social que incluya la prohibición de los desahucios de primera vivienda en el territorio comunitario, una carta sanitaria europea que garantice el derecho a la sanidad pública para todos y todas en todo el territorio de la UE, y la potenciación del Espacio Europeo de Educación y Cultura.

Desarrollar un seguro de desempleo común que complemente los sistemas nacionales y que, en caso de crisis, actúe de estabilizador automático, además de garantizar la "portabilidad de los derechos" de los trabajadores europeos.

"Eurogrupo Social", compuesto por los Ministros de empleo y asuntos sociales para la supervisión de los desequilibrios sociales y la coordinación de las políticas laborales de la zona euro.

Derecho al trabajo y empleo digno para todas las personas. Una política para la mejora de las condiciones de trabajo y la igualdad de género (11 medidas)[edit]

Priorizar la creación de empleo por encima del resto de objetivos de política económica, como por ejemplo la reducción del déficit público, impulsando el cumplimiento del artículo 41 de la Constitución española que establece que “los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial, realizarán una política orientada al pleno empleo”. Para impulsar dicho objetivo Podemos se compromete a aplicar una política fiscal expansiva que invierta 25.000 millones de euros al año durante la próxima legislatura y garantice, al menos, la recuperación del nivel de ocupación laboral existente antes de la crisis.

Incrementar gradualmente el SMI, hasta alcanzar los 800€ al mes en 14 pagas al final de los primeros dos años de legislatura, y asegurar después la convergencia con el 60% del salario medio como establece la Carta Social Europea, asegurando que al final de la legislatura dicho salario se sitúe al menos en 950 euros al mes.

Asegurar el pleno cumplimiento de la normativa laboral y reducir el fraude en la contratación, principalmente en los contratos temporales, mediante una mayor dotación de medios y facultades a la Inspección de Trabajo y un mayor nivel de implicación de la representación de los trabajadores

Reequilibrar la negociación colectiva, estableciendo la preeminencia de los convenios sectoriales sobre los de empresa a la hora de reconocer derechos básicos, y modificando la regulación de las cláusulas de descuelgue de los convenios colectivos. Igualmente, se reconocerá el grupo empresarial como unidad de negociación, agrupando a todas las empresas que, con un alto grado de dependencia sobre la empresa principal, participan en un mismo proceso productivo. Se establecerá además un nuevo régimen de vigencia y prórroga automática de los convenios colectivos, con el objetivo de no debilitar el poder contractual de la representación de los trabajadores. Con la finalidad de mejorar la eficacia de los sistemas de representación en la empresa, se impulsará el ámbito de representación a todas las empresas y centros de trabajo que carezcan de representación unitaria, estableciéndose un sistema de representación sindical que agrupe a todas las personas que trabajan en un mismo grupo empresarial. Finalmente, se reforzarán las garantías de ejercicio del derecho de huelga bajo el principio de autotutela, eliminándose del Código Penal los tipos específicos relacionados con su ejercicio, y regulándose un sistema de garantías para las personas que deciden participar en una huelga.

Reformar la contratación temporal y a tiempo parcial, para que: los contratos de obra o servicio determinado se conviertan de manera automática en contratos indefinidos cuando su duración sea superior a un año, o cuando se concatene una sucesión de estos contratos durante dicho periodo; los contratos a tiempo parcial de temporada se conviertan en contratos fijos discontinuos, garantizando el derecho a llamamiento; el contrato a tiempo parcial incorpore el principio de causalidad referido a la jornada necesaria para realizar la tarea objeto del contrato, se fije el cómputo de la jornada con referencia semanal y se establezca un umbral mínimo del 50% de la jornada habitual. Debemos tener presente que el 76% de las personas que desempeñan trabajo a tiempo parcial son mujeres, y que el 60,8% de las mujeres trabajando a tiempo parcial lo hacen involuntariamente.

Impulsar una regulación de las horas extraordinarias para evitar que se conviertan en un instrumento de distribución irregular de la jornada y prolongación fraudulenta de la jornada de trabajo, que tenga como objetivos: 1) prohibir el uso abusivo de ellas, 2) desincentivar las horas extraordinarias estructurales, 3) dotar de suficientes mecanismos legales a los trabajadores para garantizar su cobro.

Se otorgará al trabajador la titularidad de la opción en caso de despido improcedente; se recuperará la figura del despido nulo por fraude de ley; y se reformará el despido por causas económicas, productivas, técnicas y organizativas, reforzando la causalidad, incluyendo la obligación de la autorización gubernamental preceptiva para los Expedientes de Regulación de Empleo y garantizando la efectividad del proceso de negociación

Garantizar la igualdad de género en el mercado de trabajo, reformando el sistema de permisos por nacimiento o adopción, estableciendo un calendario de aumento del actual permiso de paternidad hasta igualarlo con el de maternidad. Para garantizar la igualdad efectiva de derechos, el permiso debe ser: igual para cada persona progenitora; intransferible, como todos los demás derechos laborales y sociales; pagado al 100% del salario; y con igual protección del puesto de trabajo durante el ejercicio de los derechos de maternidad y paternidad”. Se incrementarán además las atribuciones de la Inspección de trabajo y la Seguridad Social en materia de prohibición de la discriminación en la contratación, promoción y retribución, y se establecerá una Comisión Estatal de seguimiento y control de los planes de igualdad en las empresas, con capacidad de propuesta para eliminar las discriminaciones, así como una Comisión Estatal de seguimiento de la lucha contra el acoso laboral. Se abordará igualmente el objetivo específico de la eliminación de la brecha salarial de género, que actualmente alcanza el 19% en nuestro país

Impulsar una mayor participación de los trabajadores en la gestión de las empresas de más de 100 empleados a través del fortalecimiento de los procedimientos de información y consulta establecidos en el Estatuto de los Trabajadores, y mediante la implantación de un sistema similar a los Consejos de Vigilancia establecidos en Alemania. Se impulsará además una Ley de participación financiera de los trabajadores en la empresa que, con carácter voluntario por parte de las empresas, permita incorporar algunas de las mejores experiencias de participación de los trabajadores que hay en varios países europeos

Reformar o regular las relaciones de trabajo paralaborales, reconduciendo todo tipo de prácticas en empresas a contratos en prácticas o para la formación, eliminando el contrato para emprendedores, y ajustando la figura del Trabajo Autónomo Económicamente Dependiente en el Estatuto de los Trabajadores.

Impulsar una regulación de las diferencias salariales en el marco de las empresas y la administración pública, de modo que la diferencia entre los salarios más bajos y los salarios máximos no pueda superar ningún caso la ratio de 1 a 15.

Políticas sociales: Plan de garantía de rentas, estado del bienestar y reorganización del sistema de cuidados para avanzar en la igualdad entre hombres y mujeres (7 medidas)[edit]

Programa de renta diferencial (complementaria de los ingresos existentes) para todos los hogares con ingresos por debajo el umbral de pobreza monetaria, aumentando la cuantía de la prestación básica por persona equivalente integrada en la unidad de convivencia. La cuantía inicial se establecerá en 600€ mensuales para las unidades de convivencia de un solo miembro, aumentándose progresivamente en función del número de miembros (35% adicional de la renta garantizada para el segundo miembro, y 20% por cada uno de los siguientes) hasta un máximo de 1.290€. Este plan integrará a todas las prestaciones sociales que se encuentren por debajo de ese umbral

Establecimiento de un complemento para trabajadores con baja remuneración, que elimine la discriminación que supone la “trampa de la pobreza” al tiempo que garantiza el acceso de los trabajadores de bajos ingresos a niveles suficientes de bienestar. Para aquellos beneficiarios de la Renta Garantizada que trabajen o encuentren empleo supondría de hecho una retirada graduada (y no súbita) de la prestación conforme vayan aumentando sus ingresos salariales. Supondrá garantizar unos ingresos mínimos de 900€ mensuales para estos trabajadores, que también se incrementarán con el número de miembros de la unidad de convivencia. Este complemento sólo será efectivo a partir de unos ingresos reconocidos del trabajo por encima de 250€, para evitar posibles situaciones de fraude

Medidas complementarias para atender situaciones de urgencia social: desahucios; gastos de acceso y mantenimiento en la vivienda; pobreza energética; gastos necesarios para mantener una vivienda en condiciones de dignidad; colectivos en situación de riesgo de pobreza

Revertir los recortes en la financiación de la sanidad, la educación y el cuidado de las personas, de forma que en Marzo de 2018 se recuperen los niveles anteriores a la crisis. A partir de ese momento, incrementar el gasto por habitante, impulsando un proceso de convergencia hacia la media de la UE15 con el objetivo de fortalecer y expandir nuestro Estado de Bienestar

Universalizar el derecho de las personas a que los servicios públicos de atención a la dependencia les proporcionen la autonomía funcional plena, con un plan de implantación progresiva, y equiparando las empleadas de hogar al resto de personas trabajadoras

Eliminar todos los incentivos al empleo a tiempo parcial y avanzar hacia la progresiva implantación de una jornada laboral máxima de 35 horas semanales, con cómputo semanal. Con estas medidas se trata de evitar la dualidad entre jornadas interminables para algunas personas (sobre todo hombres), incompatibles además con una adecuada planificación de los cuidados, y empleo precario a tiempo parcial, subempleo, interrupciones que impiden un reingreso laboral en buenas condiciones, o pérdida de derechos sociales para otras (sobre todo mujeres).

Se adoptarán medidas contra la desigualdad retributiva entre hombres y mujeres que permitan hacer frente a los diferentes obstáculos con los que se encuentran las mujeres a la hora de acceder al merrcado laboral, ya sea por cuenta ajena o por cuenta propia. En particular, se establecer en España medidas de apoyo a la participación de las mujeres en los Consejos de Administraciones similares a las introducidas recientemente en otros países de nuestro entorno, como Francia o Alemania.

Garantizar un sistema de pensiones de calidad (6 medidas)[edit]

Derogar la reforma de las pensiones que aprobó el PSOE en 2010, restableciendo la edad de jubilación en los 65 años, y derogar la reforma de las pensiones que aprobó el PP en 2014, recuperando la indexación de las pensiones al IPC de forma que se garantice al pensionista cuál será la capacidad adquisitiva de su pensión a lo largo de todo su ciclo como pensionista. Se derogará, para ello, la Ley 23/2013 reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de pensiones

Garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones introduciendo progresivamente la financiación por vía impositiva de las pensiones de naturaleza no contributiva que se pagan actualmente con cargo a la Seguridad Social y del incremento del gasto derivado del aumento en la esperanza de vida de las nuevas cohortes de pensionistas que se incorporan al sistema

Abolir los regímenes especiales, salvo los que se justifiquen por la propia naturaleza del trabajo, para todos aquellos trabajadores que se incorporen por primera vez al sistema.

Fomentar la previsión colectiva de carácter público frente a la individual y, en cualquier caso, eliminar los beneficios fiscales para la previsión complementaria individual como pueda ser el caso de los planes de pensiones privados.

Diseñar una estrategia que permita el automento progresivo de las pensiones no contributivas a lo largo de los cuatro años de legislatura.

Eliminar el tope máximo a las cotizaciones, sin necesidad de incrementar la pensión máxima en similar proporción....//.....