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EL PSOE, ES MÁS GENTUZA Y EL MINISTRO DE AGRICULTURA,...MÁS TODAVÍA,...LAS UNIDAS PODEMOS has,...parece que han querido hacer algo,...pero al lorol,...¡¡.
LOS INFORMES SON DEMOLEDORES,...CONCHAVEO ENTRE LAS TRABAJADORAS DE LA JUNTA, LA JUNTA TRIFACHITA Y EXPOLIADORA Y AMIGACHA CON LOS BURGUESES CAPITALISTAS, REACCIONARIOS MACHISTAS Y MÚUUUUUH FASCIOSOS, GUERREROS-MERCENARIOS Y AGERRIDOS ARMADOS HASTA LOS DIENTES,...ES UN EJÉRCITO SOMATEN HISPÁNICUS DE RESERVA EN LA PRÁCTICA,...?¡¡. ANDALUZA,...EN AMIGABLES CORRESPONSABILIDADES ENTRE EXPOLIADORES Y USURPADORES CAPITFASCIOS AGRARIOS ONUBENSES,...
HABRÍA QUE IR MILES DE MILES A ESTOS CAMPOS Y PUEBLOS DEL FRUTO ROJO,...¡¡. Y LIARLA PROLET,..¡¡. DARLE LA LEY Y APLICÁRSELA,...LA LEY DE LA COMPENSACIÓN PROLETARIA,...¡¡....
Mujeres en Zona de Conflicto (MZC) media “en nombre del Gobierno Andaluz” para ‘minimizar’ las consecuencias de la inspección conjunta de ITSS y Guardia Civil en Frutas Curi
“Si la Inspección de Trabajo y la Guardia Civil vuelven a la finca, la multa será tan gorda que el Curi tendrá que despedir a todos los trabajadores», advirtió el pasado sábado la ‘mediadora intercultural’ de MZC.
Según ha podido acreditar La Mar de Onuba de fuentes de absoluta solvencia, una mediadora de la ONG Mujeres en Zona Conflicto (MZC), entidad contratada por la Junta de Andalucía para “reforzar” a los consultores del Prelsi, se personó la mañana del pasado sábado en las instalaciones de la empresa Frutas Curi para pedir a seis de sus trabajadoras marroquíes, «en nombre del Gobierno Andaluz», que no ratifiquen ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social una serie de hechos que los funcionarios del Estado pudieron conocer de primera mano en la inspección sorpresa que tuvo lugar el pasado 3 de junio, como informó, en su momento, y en exclusiva (1 ); esta revista.
La mediadora de MZC, que desde el primer momento dejó claro que también hablaba “en nombre del Gobierno Andaluz” (para lo que llegó a exhibir un documento que acreditaría tal representación), expresó a la seis marroquinas, con total crudeza, las plausibles consecuencias que para la empresa podía tener la investigación abierta sólo unos días antes, por la ITSS y la Guardia Civil.
“Si vuelven a la finca la sanción va ser tan gorda que el Curi va a tener que despedir a todos los trabajadores de la empresa”, argumentó la mediadora de MZC para sugerir a las seis trabajadoras que reconsideraran sus testimonios ante una previsible e inminente declaración ante los funcionarios del Estado. MZC cargó sobre ellas el viejo dilema entre remedio y enfermedad, ante las cuantiosas “víctimas colaterales” que resultarían afectadas por unas presuntamente flagrantes violaciones de la legalidad ,cuya veracidad la mediadora no llegó a cuestionar en ningún momento de la reunión.
Incumplimientos de contrato, trato vejatorio y jornadas ociosas (y sin ingresos) mientras trabajadores sin papeles recolectan la fruta
La insólita y extravagante mediación realizada por Mujeres en Zona de Conflicto se produjo, según dejó claro desde el primer momento la propia mediadora de la organización contratada por el Gobierno Andaluz, a petición del propietario de la empresa, el exitoso empresario cartayero, conocido popularmente, como su mercantil, por el sobrenombre de «el Curi.»
Según han aseverado las fuentes consultadas a La mar de Onuba, las seis marroquinas escucharon «con asombro» la petición realizada por MZC en nombre la de Junta de Andalucía. Asimismo, anunciaron su intención de ratificar irregularidades constatadas por la ITSS y la Guardia Civil sólo unos días antes. Entre ellas, las pésimas condiciones de las viviendas facilitadas -obligatoriamente- por la empresa, el cobro de 50 euros mensuales por dicho alojamiento, o el haberse visto relegadas a continuas jornadas completas sin faena que realizar, y sin cobrar salario alguno, mientras trabajadores migrantes en situación irregular, sin papeles, recolectaban los frutos rojos de la explotación agraria por un salario indefinido, sin registro alguno y sin cotizaciones abonadas a la Seguridad Social o a la Hacienda Pública.
Sobre este asunto, del que aseguró haber «tomado nota», la mediadora contratada por el Gobierno Andaluz sostuvo sin ambages que “el Curi es libre de contratar a quien quiera siempre que a vosotras os pague los días que habéis trabajado. Ese asunto de si son ilegales o no sólo le compete a él, y es algo en lo que yo no me metería”, aconsejó MZC.
La mediadora también transmitió a las seis marroquinas que “el Curi” tenía sus propias “quejas” sobre ellas, pues les responsabiliza del evidente y visible mal estado de las viviendas destinados a ellas en las instalaciones de la empresa. La mediadora admite que los funcionarios de la ITSS y agentes la Benemérita «se quedaron asustados» tras ver los alojamientos, Sin embargo, el reproche, lejos de amilanar a las trabajadoras, generó el que las fuentes consultadas definen como un «momento de hilaridad y perplejidad” al que las mujeres respondieron negando, de forma radical, el relato de “el Curi“ trasladado por MZC.
Al contrario, las marroquinas sostiene que el mismo día que llegaron a Cartaya se pasaron hasta las tres de la tarde limpiando los alojamientos antes de sus pertenencias. Algunos de los frigoríficos carecían de toma de electricidad y sólo han podido ser utilizados como «armarios». Y algunas de las lavadoras (de cuyas recurrentes averías la empresa responsabiliza, según MZC, a las temporeras, “son chatarra». También refirieron falta de agua caliente para todas las viviendas,
Asimismo, las seis mujeres hicieron saber a la mediadoras de MZC que «el Curi» les hacía firmas nóminas y recibís de los que no se les ha entregado copia alguna. así como otras presuntas irregularidades administrativas., Y también, del trato vejatorio, gritos e insultos proferidos por el empresario, según las trabajadoras. La mediadora quitó importancia a estos hechos. “Las nóminas son documentos importantes sólo para la empresa, y no tiene importancia que no os entreguen copias. Y todos sabemos que el Curi es muy mal hablado», zanjó.
También hablaron de un vídeo que, según las fuentes informantes a La Mar de Onuba, de absoluta solvencia y credibilidad, preocupa –con razón- a la empresa, a las trabajadoras y a Mujeres en Zona de Conflicto. Pero esa es otra historia… más. Otro caso aislado.
(HABRÁ AMPLIACIÓN)
Mujeres en Zona de Conflicto y la labor encomendada por la Junta
Ana Martín Ponce, responsable en Huelva de Mujeres en Zona de Conflicto (MZC) explica en el vídeo los compromisos adquiridos por la ONG en el contrato suscrito con la Junta de Andalucía para desarrollar labores de «mediación intercultural» con trabajadoras marroquíes contratadas en origen, al amparo de la denominada Orden GECCO (actualizada anualmente y que regula la gestión colectiva de contrataciones en origen).
Esta intervención tuvo lugar en Sevilla el 24 de enero de este año en Sevilla, durante la mesa redonda Temporeras, ¿historia de un fracaso? organizada por la Fundación Sevilla Acoge. en el marco de la Jornada ‘Mujeres temporeras, una llamada a la reflexión’.
MZC
Mujeres en Zona de Conflicto se creó en el año 1994 (constituyéndose formalmente en Junio de 1995). a raíz de una visita que la Directora General de la entidad, junto con otras personas, realiza en calidad de fotógrafa y periodista a la extinta Yugoslavia. Es a raíz de la vista a los campos de refugiadas/os de Bosnia y entrevistándose con grupos de mujeres cuando a su regreso se moviliza para no solo recoger productos de primera necesidad para las mujeres y niños y niñas que en un 80% eran las personas que habitaban los campos sino para ser «altavoz de denuncia de su historia y dar a conocer las distintas formas de violencia a las que estas mujeres estaban sometidas». Mujeres en Zona de Conflicto” nace «decidida a luchar contra cualquier manifestación de violencia de género convencida que ninguna acción que persiga la justicia social se alcanzará nunca si no se erradica esta lacra social. Desde entonces MZC ha ampliado su misión y visión a otras zonas geográficas».
En 1996 realiza la primera identificación en Marruecos, «una zona que aún sigue siendo de alta prioridad geográfica en la misión de MZC», y dónde se inició a trabajar de forma transversal el acceso de las mujeres a recursos tan fundamentales de derecho como la educación. Igualmente en estos años se inicia una misión en Palestina y visitas a países en América latina, Honduras, Colombia, Paraguay, algunas de cuyas acciones se están consolidando en el momento actual. En el año 2002 se inicia a trabajar en Mali. En el estado español, es en el año 1996 cuando nace el área de educación para el desarrollo que acompaña con acciones de sensibilización y programas educativos formales y no formales las líneas de trabajo y de denuncia que trabaja MZC centrándose en la violencia de género y todas sus formas como obstáculo del desarrollo, la paz y a igualdad.
En el año 2000 se comienza a trabajar en el área de acción social en el centro penitenciario de Córdoba. Hoy en día esta área impulsa junto al resto del áreas un trabajo en torno a la trata de personas con fines de explotación sexual trabajando con posibles víctimas y colectivos de mujeres en situación de prostitución e inmigrantes.
El pasado año, y tras aceptar una oferta pública de la Junta de Andalucía, MZC comienza a realizar labores de mediación entre las mujeres marroquíes contratadas en origen, empresarios de frutos rojos y el propio Gobierno Andaluz. El contrato fue renovado para la campaña de recolecta 2020, cuyo fin es inminente.
Precisamente, hoy lunes, esta previsto un encuentro en Huelva del Vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, y los responsables de los dispositivos de mediación intercultural financiados por la Junta de MZC e Interfresa. El encuentro tendrá lugar las 9,30 horas horas en la sede de lobby patronal fresero.
Comunicado de MZC
(1) Inspecciones en el sector agrícola: la ITSS elevará una propuesta de sanción por faltas graves o muy graves a Frutas Curi SL de Cartaya
Alojamientos indignos para temporeros, trato vejatorio e incumplimientos graves del Convenio Colectivo, entre las irregularidades detectadas.
Continúa en la provincia de Huelva la campaña de inspecciones extraordinarias y de carácter conjunto entre funcionarios de la Inspección de Trabajo y agentes de la Guardia Civil. Este martes, en Cartaya (Huelva).
Cuando poco antes del mediodía de este martes funcionaros de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), acompañados de agentes de la Guardia Civil, avanzaban hacia los tajos donde decenas de jornaleras y jornaleros recolectaban los frutos rojos de la empresa Frutas Curi, al menos 21 personas de origen migrante echaron a correr despavoridos y “huyeron” de la finca. ”¿Y esos adónde van?”, preguntó uno de los inspectores. “Esos son de otro tajo, no del mío”, respondió el propietario de la empresa, según cuentan testigos presenciales a La Mar de Onuba.
A esa hora tenía lugar una nueva “inspección sorpresa” desarrollada bajo el polémico protocolo ordenado por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en el entorno agrícola español, donde las evidencias de desmedidos abusos y explotación, cuando no casos de condiciones laborales rayanas en la esclavitud, transcienden las fronteras de nuestro país y alarman a los defensores de los Derechos Humanos y, sobre todo, a los colectivos de personas migrantes que reclaman dignidad y respeto para decenas de miles de personas que trabajan nuestras cosechas por salarios miserables y alojamientos, cuando los hay, que empañan, ensucian, la idílica imagen que las organizaciones patronales consideran mancillada por la orden de la ministra de reforzar las acción inspectora en los tajos.
Como resultado de la inspección, tras realizar el cuestionario de la discordia, y según ha podido confirmar esta revista, la Inspección de Trabajo elevará una propuesta de sanción por hechos que los funcionarios consideran “graves”. Entre las faltas detectadas y/o relatadas por los propios jornaleros entrevistados, cobrar hasta 50 euros mensuales a los trabajadores que viven en alojamientos de la finca carentes de lavadora o agua caliente, con sanitarios consistentes “en un agujero en el suelo”, e incumplimientos flagrantes del convenio colectivo. Papel mojado, en este sentido en la provincia Huelva, en la que resulta poco menos que imposible encontrar a un solo jornalero o jornalera que, convenio en mano, admita disfrutar de todo lo en él contenido; como por ejemplo, horas extraordinarias pagadas al precio pactado con los sindicatos, días de descanso remunerados, o vacaciones con cargo a la empresa.
“INSPECCIÓN RUTINARIA”
La intervención, inesperada, de la Inspección de Trabajo y agentes de la Benemérita en la finca de la empresa Frutas Curi sita en Cartaya, se enmarca en la campaña extraordinaria de inspecciones ordenada por la Ministra de Trabajo, si bien fuentes del Instituto Armado, que han confirmado esta revista la actuación de este martes, la han descrito como “inspecciones de rutina como muchas otras junto con la ITSS”.
Curi, el empresario que aumenta la productividad de las temporeras marroquíes con arrestos psicólogicos
«En Huelva hay trabajadores en una industria que mueve 600 millones de dólares y viven como animales», el Relator de la ONU Alston sobre los asentamientos
«No sé quién tiene que coger la batuta en este asunto, pero alguien debe hacerlo», dice el experto de Naciones Unidas.
«En Huelva me reuní con trabajadores que vivían en un asentamiento de migrantes en condiciones que rivalizan con las peores que he visto en cualquier parte del mundo». El Relator Espacial de Extrema Pobreza y Derechos Humanos, Philip Alston abre con esta duras palabras el espacio dedicado en su Informe Preliminar para Naciones Unidas, el abogado australiano profesor de la Universidad de Nueva que ha estudiado diversos focos de pobreza y marginalidad de España para informar a las Naciones Unidas. Bregado en la ONU como relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias durante otros seis años, ha conocido los peores momentos de países como Sri Lanka, Nigeria, Afganistán o Ecuador.
Sin embargo, lo visto de primera mano en el asentamiento chabolista de trabajadores agrícolas visitado en Lepe superó todas sus expectativas sobre lo que esperaba encontrar en España, y el caso que mas ha destacado en las multitud de entrevistas que ha concedido desde el pasado viernes. Especialmente por tratarse de pequeñas ciudades de infraviviendas habitadas por personas con empleo, trabajadores de una industria próspera como la de los frutos rojos. «Están a kilómetros de distancia del agua y viven sin electricidad o saneamiento adecuado», denunciaba el viernes Alston, quien destacaba que «muchos han vivido allí durante años y pueden pagar un alquiler, pero dijeron que nadie los aceptará como inquilinos». El relator también destacó las condiciones sociolaborales de los chabolistas, de los que dijo que algunos ganan «tan solo 30 euros por día, y casi no tienen acceso a ningún tipo de apoyo gubernamental».
«Una persona me dijo que cuando hay trabajo, España necesita inmigrantes, pero que nadie está interesado en sus condiciones de vida». Según los datos recabados por el Relator entre 2.300 y 2.500 personas (otras fuentes de asociaciones que trabajan en el terreno con los chabolistas llegan a triplicar esa cifra) «viven en condiciones similares durante la temporada de fresas», asevera Alston, quien no duda el situar en el crecimiento de industria agrícola en los últimos veinte años el origen del chabolismo en la provincia de Huelva.
El Relator no sabe cómo encajar que una industria que se nutre de la mano de obra que reside en los asentamientos Huelva y exporta más de 500 millones de euros de frutos rojos cada año, permanezca impasible ante el miserable estado en el que sus trabajadores pasan a vida cuando no están el tajo.
«No sé quién tomara la iniciativa, pero tiene que hacerlo»
Respecto de a quién corresponde tomar medias urgentes para erradicar el fenómeno del chabolismo laboral emergido al amparo del crecimiento del sector agrícola onubense, el Relator Alston se quejó de que lamentablemente, la responsabilidad es de todos y es de nadie», y reveló enojado que en sus contactos con cargos de todas las administraciones, «todos señalan con el dedo hacia el otro». No obstante, el experto de Naciones Unidas consideró «esencial» que actúen el Ayuntamiento y el gobierno regional, y sostuvo que «el Gobierno nacional debe usar Inspectores de Trabajo y otro tipo de medidas».
Además, en la rueda de prensa celebrada en Madrid el pasado viernes, Alston hizo un llamamiento explícito a los empresarios de los frutos rojos para que no miren hacia otro lado ante el problema del chabolismo, que al Relator lo dejo «pasmado». Alston recordó que los migrantes que viene en los asentamientos son trabajadores de su industria que mueve más de 600 millones de dólares solo en fresas, y «la gente vive como animales».
En este sentido, Philip Alston anuncia en su Informe Preliminar que planea preguntar sobre ello a Driscoll’s, la multinacional norteamericana que comercializa buena parte de los frutos rojos cultivados en Huelva. El Relator recuerda que Driscoll’s tiene un conjunto de normas laborales que se aplican a todos los trabajadores en nuestra cadena de suministro, sin distinción. «Dado que las condiciones que observé en Huelva son simplemente inhumanas, y dado el dominio de esta corporación multinacional en la industria local y global de la fresa», dice Alston en el documento presentado el viernes, «planeo preguntarles qué están haciendo para monitorear y mejorar las condiciones laborales en esta área».
De lo que no tiene duda el Relator de Naciones Unidas es que los asentamientos chabolistas de trabajadores son una anomalía del sistema económico que debe ser atajada con urgencia, aunque mantenga pocas esperanzas sobre ello. «Yo no sé quién debe coger a batuta en este asunto, pero alguien tiene que hacerlo».
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