ABOLICIÓN DE LA PROSTITUCIÓN,...DERECHOS DE VIDA DIGNA, HUMANA SOLIDARIA Y EN COMUNIDAD DE INTERESES SOCIALES UNIVERSALMENTE,...VIVA LA REVOLUCIÓN SOCIAL UNIVERSAL ¡¡. -- Una simple nota,...: el Gobierno PSOE-UP, tienen muchas oneges, entre otras a MPDL, LA FEDERACIÓN PROGRESISTA DE MUJERES,...QUE TRABAJAN CON INMIGRANTES,...Y TIENEN SUBVENCIONES Y SUS TRABAJITOS, ...Y LA ESPAÑA ACOGE, ANDALUCÍA ACOGE, MÁLAGA ACOGE DE IU-PCE,...Y LAS COORDINADORAS DE ONGS Y SOBRE INMIGRANTES,...ETC,...QUÉ HACEN,...PORQUÉ NO SE PONEN LAS PILAS PARA SOLIDARIZARSE DE VERDAD CON ESTOS MILES DE INMIGRANTES IRREGULARES EN ESTE PAÍS,...Y NO DICEN NADA,...QUÉ PASA AQUÍ,..."SIGUEN IGUALICO IGUALICO HACIENDO FECHORÍAS IGUAL QUE HACE 20 AÑITOS,..." QUE NOS DEJARON TIRADOS Y ENCIMA AMENAZADOS A LOS QUE NOS ENCERRAMOS CON MÁS DE 65 INMIGRANTES SUBSAHARIANOS EN UNA IGLESIA DE MÁLAGA CAPITAL, LLAMADA EL SALVADOR,...ZONA PUERTA BLANCA,...¡¡. Por eso, no me extraña que P. Vox, en plan demagógico y racista,...pida no dar subvenciones a las Ongs, a partidos,...y chiringuitos varios,...uf,...como está la cosa,...¡¡. LA ONG MÁLAGA ACOGE,...BURÓCRATAS,...LISTILLOS SUBVENCIONADOS,...DE TODAS SE PUEDE DECIR CENTENARES DE COSAS, DE OBSERVACIONES A SUS TAREAS,...A SUS ENJUAGUES "SOLIDARIOS",...¡¡.
ESTA ONG: mpdl, ES DEL PSOE,...Y COMO ESTÁ LA COSA LO QUE TIENEN ES MUCHA GUASA LA COSA, LA ENTIDAD A SUS TRAPICHEOS CON LOS MARGINADOS, EXCLUÍDOS, ...EN LA PRÁCTICA HACEN LA POLÍTICA DEL TRIFACHITO, ENHORABUENA FALSOS-AS FILÁNTROPOS-AS,...VIVIDORES-AS, ACTUANDO COMO EMPRESAS DE SERVICIOS,...Y SÍ CON ÁNIMO DE LUCRO,...CONTEMPORIZANDO CON EL SISTEMA-SOCIEDAD CAPI-IMPERIALISTA,...¡¡. En otro trabajo posterior hablaremos aún más sobre estas listillas Ong, y algunas al desarrollo,...o quizás mejor al saqueo,...sí, pero al servicio del capital e imperialismo español y universal,...esas tenemos querido Papis, Nat,...inmigrantes subsaharianos del encierro de Málaga, que consiguieron sus papeles,...¡¡.
(( Europa
La situación infrahumana de jornaleros africanos en España se agrava por la crisis del Covid-19. https://www.france24.com/es/20200325-espa%C3%B1a-trabajadores-africanos-covid19-jornaleros
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“La situación es indecente y ahora más que nunca, urgente”, denuncia Lamine Camara, de la Colectiva de Trabajadores Africanos en España. El sector agrícola del sur del país vive de la mano de obra barata de estos trabajadores que, ahora, están completamente desprotegidos ante la crisis sanitaria.
chabolas -una infravivienda hecha con materiales usados o de baja calidad- en la provincia andaluza de Huelva, en el sur de España. La falta de suministros básicos se agrava en momentos de emergencia sanitaria.
Al miedo del contagio, se suma el riesgo de que aumenten las agresiones racistas hacia la población migrante que habita los asentamientos y el temor a perder el empleo por señalar las vulneraciones laborales.
Falta de suministros en los asentamientos
“No tenemos acceso al agua ni electricidad, vivimos cinco o seis por chabola, estamos muy preocupados”, cuenta Lamine Camara, de la Colectiva de Trabajadores Africanos. Lamine vive ahora en una casa en Lepe (Huelva), pero pasa el día en el asentamiento.
Allí viven muchos de sus amigos y ayuda a las personas que no dominan la lengua, “hay chicos que acaban de llegar en patera”, cuenta “y muchos jóvenes que justo salen del centro al cumplir los dieciocho y que no tienen otro lugar donde ir”.
Con palés de madera, clavos, cartones, gomas de riego usadas y plásticos de los invernaderos, miles de personas han construido sus viviendas en los cincuenta asentamientos que se extienden por la provincia andaluza de Huelva, desde hace dos décadas.“La situación es indecente y ahora más que nunca, urgente”, expresa Camara.
La escasez de suministros en los asentamientos se agrava durante la expansión de una pandemia causada por un virus, cuyo contagio, de momento, solo se puede contener extremando las medidas de protección higiénicas.
Por esta razón, la Colectiva de Trabajadores Africanos (CTA) pide a las administraciones que hagan llegar las medidas necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria. “Estamos a la espera de una respuesta, no tenemos otra opción que esperar”.
La CTA pide que en los asentamientos se instalen depósitos para garantizar el abastecimiento del agua; que se coloquen cubas para la gestión de residuos; que la Unidad Militar de Emergencias (desplegada en todo el país tras el decreto de Estado de Alarma) distribuya alimentos y material de higiene como hace entre otras poblaciones; que la municipalidad habilite aseos y duchas, y que los hoteles ofrezcan sus plazas libres a la población más vulnerable que vive en las chabolas.
Las reivindicaciones han llegado al Ministerio de Sanidad por carta. El escrito, que redactó la abogada Pastora Filigrana, del despacho Abogadas Sociedad Cooperativa, se ampara en las disposiciones del Real Decreto 463/2020 del 14 de marzo que decreta el Estado de Alarma, y que “otorga al Ministerio de Sanidad las competencias para garantizar la prestación de todos los servicios en orden a la protección de personas, bienes y lugares”, detalla la abogada.
“Es un peligro que los asentamientos se conviertan en centros de infección, con el consiguiente riesgo de actitudes racistas que puede provocar en la población”, se preocupa Alba Rudolph, trabajadora social de la Asociación ASNUCI (Nuevos Ciudadanos por la Interculturalidad).
El centro de día autogestionado de la asociación cubre las necesidades de la población de los asentamientos de Lepe. Duchas, lavabos, lavadoras, electricidad. Servicios indispensables siempre e imprescindibles hoy, en contexto de urgencia sanitaria.
Alba asegura que no se plantearon en ningún momento cerrar el centro, que las recomendaciones de “enciérrate en casa y ten el móvil a mano por si te encuentras mal”, no las puede cumplir todo el mundo, “nos encontraríamos a la gente muerta en la chabola”, exclama.
El 12 de marzo, la junta de ASNUCI puso en marcha un protocolo de prevención contra el coronavirus. Sus servicios básicos siguen activos, pero han suspendido las formaciones semanales de español, las actividades deportivas y el asesoramiento legal y administrativo, “que al final es la necesidad principal, la regulación”, explica.
En el local de la asociación se amontonan decenas de maletas. Son de personas que vienen a trabajar a Lepe y que “mientras se construyen una chabola o buscan una alternativa guardan aquí sus pertenencias”, explica la trabajadora social.
Tras el incendio del asentamiento del cementerio, el pasado octubre, “muchas personas que vienen de otras campañas agrícolas se han encontrado que su chabola ha desaparecido”, agrega, “a eso hay que añadir las que vienen por primera vez”.
“Desde que llegué a Lepe, hace 12 años, los asentamientos no han parado de crecer”, observa Lamine Diakite, de la Colectiva de Trabajadores Africanos “cada vez hay más gente. Cada año hay más hectáreas de cultivo y más mano de obra”. La Colectiva de Trabajadores Africanos nació en octubre de 2019 para mejorar la situación de la vivienda de los trabajadores del campo.
Muchos trabajadores viven en asentamientos, “pero otros no tienen ni chabolas y viven en la calle”, cuenta Diakite. Paradójicamente la propia colectiva canceló una manifestación que estaba prevista el 13 de marzo para reclamar el derecho a una vivienda digna. Anularon la marcha como medida de contención para evitar el contagio del coronavirus.
El mes de febrero, el relator de la extrema pobreza y los derechos humanos de la ONU, Philip Alston, visitó uno de los asentamientos de Lepe, el del hotel Portugal, el más grande del municipio.
El representante de las Naciones Unidas señaló que la situación era de las peores que ha visto en todo el mundo y denunció que sus habitantes “viven como animales” . Lamine Diakite asegura que la visita del relator les ha ayudado a visibilizar el problema, pero que no ha suscitado ningún cambio por parte de las administraciones.
“Si no nos mata la enfermedad, nos matará el hambre”
“No tenemos voz”, se lamenta el miembro de la Colectiva de Trabajadores Africanos (CTA), Lamine Camara. “Muchos de los residentes en los asentamientos no tienen familia cerca, ni ningún apoyo económico,“si no nos mata la enfermedad, nos matará el hambre”, sentencia Camara.
Muchas personas no pueden ir a trabajar debido a la limitación de ir dos por vehículo, o porque algunas empresas han parado. Además, el comedor social ha reducido su horario.
La CTA pide al gobierno un número provisional de identificación para que las personas que no tienen papeles puedan cotizar y acceder a un alquiler. También reclaman que personas sin papeles puedan acceder a los puestos de las temporeras marroquíes que esta temporada, por el cierre de fronteras, no van a trabajar en España.
Lamine tiene la residencia, lleva 15 años en el país. “Me siento muy dolido, esto no es normal. Es como si no estuviéramos aquí. Esto es el siglo XXI. Soy negro, pero tengo sentimientos”, se rompe, “hay muchos jóvenes aquí que pueden construir España, tenemos la fuerza y la voluntad, pero no nos miran”.
“Los trabajadores viven en una chabola porque no se les da otra alternativa. El problema es que como hay racismo, las personas africanas tienen muchas dificultades”, denuncia la trabajadora social de ASNUCI Alba Rudolph.
Afirmación en la que coincide el secretario general del sindicato CGT en Huelva, Diego Rodríguez:“El problema es de vivienda, no de contratación”,asegura el representante sindical. “No es que no haya casas, es que muchos propietarios no se las alquilan por ser extranjeros y negros”.
La mayoría de las personas que viven en los asentamientos trabajan en el campo, un sector estratégico ahora y siempre. Recuerda Lamine que “lo que llega a la mesa, pasa antes por nuestras manos”. Algo en lo que pensar, al menos, en la dilatada cola del supermercado.
Vulneraciones de derechos laborales en el campo:
Moisés Keitase levanta cada mañana sobre las 6 y se dirige al cementerio. Allí está el punto de agua más cercano al asentamiento donde vive, las chabolas delante de la estación de autobuses, que no fueron afectadas por el fuego de octubre. Los habitantes del lugar hacen fila para recargar los bidones de agua necesarios para cocinar y lavarse.
Él vive en Albacete, pero como en los años precedentes, al terminar la campaña de la aceituna en Jaén, se dirigió a Lepe para la de la naranja.
La empresa para la que trabaja Moisés Keita tiene terrenos en Lepe y en Lucena, de donde vuelve hoy, a una hora y media de carretera. “En la explotación debemos ponernos mascarillas y guardar un metro de distancia entre cada uno de nosotros” asegura Keita.
Sin embargo, la portavoz del Colectivo de Jornaleras de Huelva en Lucha, Ana Pinto, señala a este medio que desde que empezó la crisis de Covid-19, ha recibido cientos de mensajes de personas que trabajan en explotaciones donde no se cumple el protocolo de seguridad.
El secretario de la CGT coincide con la portavoz de Jornaleras de Huelva en Lucha. Explica que “los que pueden, están dejando el trabajo por el riesgo que corren”.
En este caso aparte de la salud laboral, está la salud de las familias. “Encima nosotros no podemos ir a ver los trabajos ni los almacenes” (por la situación de confinamiento), igual que no va la inspección del trabajo, asegura el representante.
“Como aquí vivimos de esto y no hay alternativa, la gente se ha ido conformando y hemos llegado a un momento en que la situación es horrible”. Ana empezó a trabajar en el campo a los 16 años y ahora tiene 33.
Dejó el trabajo de jornalera en 2018, cuando se implicó en la lucha por denunciar la vulneración de derechos de las temporeras que vienen de Marruecos para trabajar en la campaña de los frutos rojos.
Le adjudicaron ser la responsable de la cuadrilla y presenció los malos tratos. A partir de entonces, decidió reivindicar la mejora de las condiciones de los trabajadores agrícolas en Huelva, un sector que considera “abandonado” por las administraciones y los sindicatos mayoritarios.
“La gente está aglomerada, sin material de protección y en algunos invernaderos no hay ni agua”. Denuncia la portavoz. En cooperación con el despacho de Abogadas Sociedad Cooperativa, donde ejerce la abogada Pastora Filigrana, denuncian a las empresas donde no se cumple la ley de prevención de riesgos laborales.
“Hemos denunciado ocho empresas a la inspección de trabajo y a cinco ayuntamientos diferentes porque, tanto en fincas, como en almacenes, no se están cumpliendo las medidas de seguridad”, afirma la abogada laboral Pastora Filigrana. “Tienen competencia para cerrarlas tanto inspección del trabajo como el Ministerio de Sanidad, pero se van pasando la pelota el uno al otro”.
Ana trabajaba recogiendo arándanos, pero tiene asumido que a raíz de su movilización en el campo no la volverán a contratar. “Yo pensé en irme de aquí, a otra ciudad o a otro país”, pero ahora es quien da la cara por el colectivo de Jornaleras de Huelva en Lucha.
El secretario general de la CGT en Huelva, Diego Rodríguez, coincide con Ana Pinto. “Si a un trabajador del campo le cuelgan la etiqueta de problemático, difícilmente lo volverán a contratar”. En determinadas circunstancias, el miedo por la salud se ve superado por el miedo a las represalias.
A- EL DECRETO LEY TRABAJADORES DESEMPLEADOS AL CAMPO :
EN:https://www.elespanol.com/invertia/economia/20200407/parados-inmigrantes-solucion-compensar-falta-temporeros/480702134_0.html;
del señor P.J. Jimenez, es director del periódico, y tertuliano de varias cadenas televisivas y de la estatal TVE,...proclive al Partido Popular y DEFENSOR A ULTRANZA, al capitalismo,...
ECONOMÍA
El Gobierno permite compatibilizar el paro con trabajar en el campo
El Consejo de Ministros aprueba un real decreto-ley para incorporar a parados e inmigrantes a las tareas del sector agroalimentario.
7 abril, 2020 15:08Noticias relacionadas
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Finalmente el Gobierno ha aprobado un nuevo real decreto-ley para permitir la incorporación de trabajadores en paro o desempleados e inmigrantes a las labores agroalimentarios para poder tener mano de obra suficiente para atender la temporada de recogida de diversos frutos (como la de productos de hueso, como el melocotón) que está a punto de comenzar. Para ello, se permitirá la compatibilización de las prestaciones de desempleo con el salario por estas actividades laborakes.
Así lo ha indicado el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Planas, quien este martes ha informado de que el campo español va a necesitar entre 75.000 y 80.000 trabajadores, así como que se permita su movilidad a pesar de las restricciones por las medidas para contener el COVID-19. El RDL da el visto bueno a esta posibilidad, que con todo está limitada.
De esta manera, los nuevos trabajadores deben ser contratados "en el mismo municipio, o en el colindante" de la empresa o explotación en la que se vaya a trabajar "para evitar movilidad", ha indicado el ministro de Agricultura.
Se podrá contratar a desempleados que cobren una prestación o a personas que cobren un subsidio agrario, ayudas que se podrán compatibilizar con el salario que se perciba.
Este principio se aplicará también en el caso de trabajadores parados por la aplicación de expedientes de regulación de empleo temporales (ERTE). Podrán formar parte de la mano de obra en el campo sin dejar de percibir prestaciones.
Incorporación de inmigrantes
Por otro lado, para facilitar la incorporación de trabajadores inmigrantes ya presentes en España, se renovarán todos los permisos de trabajo que caduquen el 30 de junio si sus titulares se incorporan al trabajo del campo.
El Ministerio de Planas ya hace tiempo que trabaja para abordar la escasez de mano de obra en el campo tras las restricciones de movimiento para frenar la expansión del coronavirus.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, María Jesús Montero, ministra de Hacienda y portavoz, ha confirmado también que el próximo lunes "se reincorporarán los trabajadores de las actividades definidas como no esenciales".
Permiso retribuido
Ha asegurado que el permiso retribuido aprobado para estas dos semanas y la interrupción de actividad ha sido "una medida extraordinariamente efectiva" para contener el coronavirus. "Los datos de movilidad así lo ponen de manifiesto", ha afirmado.
En el retorno a los puestos de trabajo en los sectores afectados, ha añadido que el Gobierno adoptará "todas la recomendaciones y precauciones" para que los trabajadores que "puedan cumplir su labor con garantías de seguridad y sanidad".
Por otro lado, la ministra ha informado de que el Gobierno "está trabajando en distintos escenarios en la desescalada y se irán comunicando según se vayan determinando soluciones" con los equipos técnicos y científicos.
Además, Montero ha recordado que también tienen que llegar medidas desde Europa. En este sentido, ha afirmado que España luchará por una mutualización de la deuda generada por el impacto económico del coronavirus, por ejecutar una compra centralizada europea de material sanitario y por que el Presupuesto plurianual de la Unión Europea incluya una respuesta ante la emergencia sanitaria. Así mismo, ha insistido en el Plan Marshall que ya propusiera Pedro Sánchez.
B. POSICIÓN DE LOS SINDICATOS Y PARTIDOS INSTITUCIONALES
ABAJO SE EXPONE OPINIONES DEL S.A.T. - DONDE ESTÁ EL S.O.C. Y MUNDO RURAL -; Y OTRAS ENTIDADES RELACIONADAS CON LA ECONOMÍA AGRARIA,...REPRODUCIMOS ESTO,le preguntamos a la máquina, : ( Quizás quisiste decir: EL PARTIDO POPULAR ANTE EL TRABAJO DE DESEMPLEADOS EN EL CAMPO; ....PERO LA MÁQUINA NO HA DICHO NADA,...POR AHORA "".
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CORONAVIRUS | El ministro de Agricultura propone contratar ...
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6 abr. 2020 - CORONAVIRUS | El ministro de Agricultura propone contratar parados en las próximas campañas ante la falta de mano de obra en el campo. )
SOBRE LOS PERIÓDICOS,...LAS ORGANIZACIONES AGRARIAS LA MAR DE CONTENTA,...ASÍ COMO EL PARTIDO POPULAR, en Andalucía las líderes,...del Partido Popular están más que contentas, porque llevaban varios meses criticando de que hubieran cerca de un millón de parados en Andalucía, haciéndoles falta a los agricultores,...que el campo necesitaba mano de obra,...que el P.P. y la Junta de Andalucía iban a arreglar este desajuste,...cobrar sin trabajar haciendo falta gentes en el campo,...eso no puede ser, decía en Canal Sur, una de las líderes del P.P. y que era una errónea política de empleo y económica el que se tuviera que traer mano de obra femenina de Marruecos, para la recogida de la fresa en Huelva, por ejemplo,...¡¡; criticaba el P.E.R., andaluz, extremeño,...vaya de que los parados y los jornaleros son unos vagos,...de estas cuestiones se puede hablar largo y tendido,...de como estos caciques y capitalistas del trifachito tratan a sus antojos y necesidades empresariales a la clase obrera y popular,...son unos hipócritas genocidas,...pero que tienen el poder real político-económico,...y el Gobierno actual, al servicio del trifachito y delos capitalistas racistas y explotadores que representan,...vaya merienda calcinada contra la clase proletaria-jornalera,...hay que espabilarse,..QUE HAN CONSEGUIDO QUE LOS JORNALEROS, DESEMPLEADOS ESTÉN ACTIVOS Y EXPLOTADOS POR EL CAPITAL AGRO-GANADERO, QUE ESTÁN EN MANOS DEL CAPITAL BANCARIO, FINANCIERO, GRANDES MULTINACIONALES DE INSUMOS, DE PRODUCTOS PARA EL CAMPO
¿Quién nos alimenta en tiempos revueltos?
Manos que no vemos, nombres que no conocemos.
17/04/2020
Soledad Castillero Quesada, Antropóloga Social https://www.rosalux.eu/es/article/1643.qui%C3%A9n-nos-alimenta-en-tiempos-revueltos.html
Comer, del latín comedere
El prefijo com, según una teoría etimológica, indica que no deberíamos comer solas. Comer, ese verbo que también alberga el acto de humanizar, pues sin comida el ser humano no es. Ese verbo tan autómata e instintivo, pues responde a una necesidad biológica envuelta, eso sí, en toda una argamasa social y cultural que determina qué, con quién, cómo, de dónde, cuánto se come, etc. El alimento y por tanto el verbo y la acción de comer han de ser un derecho universal. En un mundo donde se produce alimento de sobra como para toda la población, ¿qué problema debería suponer?
No es tarea fácil analizar los factores que provocan hambre o, mejor dicho, que producen hambre, pues el hambre también es producto de unas lógicas geopolíticas de funcionamiento y estructuración de las sociedades. Las causas son diversas y complejas aunque tengan la misma base: la instauración de un mercado alimentario que se rige por las lógicas de mayor producción a menor coste; una producción sin límite para una venta sin límite.
Este mercado alimentario globalizado permite que las sociedades enriquecidas dispongamos de acceso a alimentos de cualquier parte del mundo, pero ¿qué ocurre cuando nuestro escenario normalizado se tambalea? Hoy atendemos a una revuelta social. La COVID-19, entre otras muchas cosas, ha permitido ver una pandemia de desigualdad necesitada de emergencia que se había naturalizado tanto que había pasado a ser una rutina. Es el caso de las condiciones de las personas que trabajan para mantener el mercado alimentario global del que hablamos.
Uno de los grandes problemas mediáticos de los últimos días es la falta de mano de obra para las cosechas de temporada, en las que trabajan personas llegadas de distintas latitudes. Esta deslocalización de la mano de obra es parte de esa fórmula por la que se rige la alimentación de hoy: producir al menor coste para obtener el mayor beneficio. Esto se traduce en pérdida de derechos laborales y sociales.
Para ejemplificarlo, vamos a centrarnos en Andalucía, donde la producción de frutas y hortalizas se ha consolidado como un sector económico esencial a través de las exportaciones y donde encontramos una gran presencia de trabajadoras y trabajadores migrantes desde hace ya varias décadas.
El caso de Huelva
La producción alimentaria en Andalucía funciona aún por temporadas en muchos sectores. Y digo aún, porque otro de los horizontes del mercado alimentario ha sido acabar con las temporadas para producir alimentos de forma continua, recurriendo a todo tipo de usos y recursos. Aun así, hay productos que siguen el surco de su ciclo temporal. Vamos a poner el foco en tres perfiles de trabajadores de la temporada del fruto rojo, pues es el que ahora (desde finales de febrero hasta junio) se encuentra en plena época de recogida.
El modo de recolección de estos frutos ha saltado a la actualidad varias veces por las condiciones de quienes se desplazan para trabajar en la campaña y por los contratos en origen que se hacen a la mujeres de Marruecos, cuya principal cláusula es el retorno obligatorio al finalizar la temporada. Este sistema se presenta como una migración ordenada, como una ayuda entre países vecinos; pero implica una coartación del derecho de libre circulación que repercute de forma directa en las mujeres, cuya presencia se acepta solo con un fin y por un periodo de tiempo concreto, tras el cual se deniega y se prohíbe. Esta humanización temporal y ligada a un fin comercial, ¿qué dice de nuestra sociedad?
A partir del estado de alarma, los puestos de trabajo de estas mujeres se han quedado vacíos en plena campaña. En ningún momento se ha debatido dónde están esas mujeres, cómo están o qué sustento tienen al no haber podido venir.
Vamos a extender la mirada. A los tajos acude también en temporada gente autóctona de los distintos pueblos de la provincia de Huelva que se desplazan a diario compartiendo vehículo. Con un estado de alarma que impide compartir el coche, muchas de estas personas se han quedado en casa teniendo trabajo por no poder desplazarse a él.
Y un tercer caso serían las personas que tienen trabajo y pueden desplazarse a él, pero que después no pueden “quedarse en casa” porque viven en una chabola de madera y plástico que ni siquiera tiene agua.
Si las medidas de urgencia son lavarse las manos y no tenemos agua, quedarse en casa y no tenemos casa, mantener la actividad básica, en este caso la producción alimentaria, pero no podemos acceder a nuestro puesto de trabajo porque no tenemos medio de transporte apropiado, ¿qué hacemos?, ¿quién piensa en todo esto?, ¿dónde están quienes no pueden estar? Esta pandemia de indiferencia ya existía desde hace mucho.
Colectivos como Jornaleras de Huelva en Lucha, el Colectivo de Trabajadores Africanos o el SAT sirven de puente para visibilizar esta serie de cuestiones en tiempos de la COVID-19. Justo el día que se decretó el confinamiento había preparada una manifestación convocada por el Colectivo de Trabajadores Africanos de Lepe para reclamar, precisamente, viviendas dignas. Mucho antes de que el confinamiento nos mandase a casa, ya denunciaban su situación. Sin embargo, esto no ha impedido que hoy en las tiendas de barrio y los supermercados, las cajas de fresas se apilen. No ha impedido que se presuma de que en 2019 el sector del fruto rojo batiese récord, llegando a unos 719 millones de euros, un 8,3 % más del año anterior.
Preocupación por falta de mano de obra
La preocupación de las administraciones no es cómo o en qué condiciones venían todas estas personas (no solo de Marruecos, sino también de Bulgaria, Rumanía y otros países) a transitar esta temporada, ni tampoco las condiciones con las que todos los días llevan a cabo su trabajo hoy. La preocupación no es si tienen agua para lavarse las manos, guantes, mascarillas o un aseo adecuado, ni cómo hacer para mantener la distancia de seguridad o qué alternativas se les puede ofrecer a quienes no se pueden desplazar. La preocupación es ¿qué pasará con los puestos de trabajo vacíos? Es decir, dar respuesta solo a unos cuantos empresarios preguntando ¿qué hay de lo nuestro este año?
Muchas esperábamos que esto pudiese ser una oportunidad para cuestionar el estado del sector y las condiciones de vida de cientos de personas en nuestra Andalucía; sin embargo, ha cundido la prisa por no frenar el engranaje de producción. No se ha comprendido que no es tiempo de abundancia cuantitativa, sino de transformación. La prioridad debiera ser, para dar ejemplo y humanizar la alimentación, que las personas que se ocupen de la producción de alimentos estén regularizadas y en unas condiciones dignas de vida. Como cuenta Ana Pinto, jornalera y activista del colectivo Jornaleras de Huelva en Lucha en una de nuestras muchas conversaciones, la máxima productividad y la dignidad en el trabajo parecen incompatibles:
“En la fresa hay gente a la que han echado para casa o la han reñido o que se han ido de trabajar porque se han levantado a sonarse los mocos; o sea, el tema de la productividad es una bestialidad en todos los ámbitos. Lo único que quieren es producir, producir, producir muchos kilos. Las normas: cada vez más normas. Antes había mucho compañerismo, muy buen rollo entre la gente porque no había topes de cajas, no te amenazaban con echarte si no llegabas a los kilos; a lo mejor existían las listas, pero no había la competición que hay hoy en día en el campo por intentar no quedarte detrás para que no te echen”.
La realidad: un real decreto ofensivo
El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto para incorporar con urgencia esta mano de obra que se necesita con la intención, según exponen, de evitar un desabastecimiento alimentario y el alza de precios en plena pandemia. Un real decreto que no aborda las condiciones específicas de los territorios, sino que ha establecido una serie de pautas y acciones generales, con independencia también del tipo de trabajo que se desarrolle en el campo.
El real decreto mantiene la prórroga de permisos de trabajo de aquellas personas cuyos contratos venciesen entre la declaración del estado de alarma y el 30 de junio. Esto evidencia que la mano de obra es necesaria, por lo que esta prórroga no es ningún favor gratuito, digamos.
Por el contrario, no tendrán autorización para trabajar aquellas personas solicitantes de asilo que lleven menos de seis meses en España y no cuenten con un permiso de trabajo, ni tampoco quienes tengan papeles pendientes de trámites burocráticos. Así, el real decreto deja fuera a las personas más vulnerables, pues, como es sabido, en Andalucía, muchas personas trabajan “sin papeles”, y por tanto sin contratos. Distintas organizaciones sociales, e incluso asociaciones de agricultores, han reclamado en vano que el real decreto regulara la situación de estas personas.
Además, se ha puesto como condición una proximidad entre el domicilio del trabajador o la trabajadora y el centro de trabajo para evitar desplazamientos innecesarios. Sin embargo, muchos viven en lugares que no les protegen de esta pandemia. El real decreto no dice nada a este respecto ni asegura unas condiciones de vivienda dignas para quien las necesite durante el desarrollo del trabajo.
Humanizar la producción
El debate entorno a una producción humanizada desde el punto de vista de los cuidados hubiese tenido lugar dado poniendo primero el foco en cómo están las personas que se van a encargar de salvar las cosechas. ¿Qué necesitan? Resituemos las prioridades como sociedad.
Que en 2019 el sector del fruto rojo batiese récord superando los 700 millones de euros no nos vale si una persona muere calcinada en un incendio del asentamiento chabolista donde descansa para poder ir al tajo; no vale de nada si, como relata Ana Pinto, por medidas de higiene no puedes llevar una botella de agua en el carro donde recolectas, en un invernadero a más de 40º C.
Sin duda, hoy más que nunca consumir es un acto político, citando al colectivo Carro de Combate. Sin duda, hoy más que nunca la responsabilidad de que este debate tome otro rumbo es de todas, urgente y sin tiempos de espera. Si no, no estamos salvando nada, ni mucho menos estamos parando esta pandemia juntas.
Estos aplausos en forma de letras van para ellas. Sus manos han de ser nuestro fruto más preciado.
Este artículo fue publicado por primera vez en https://soberaniaalimentaria.info.///
La operación Urofort contra la trata movilizó en Huelva a más de 300 guardias civiles, 20 traductores y efectivos de la Cruz Roja
La Benemérita liberó 145 víctimas que estaban siendo explotadas en la recogida de frutos rojos, aunque cifra el total en más de 600.
Empresas de Trabajo Temporal (ETT) «blanqueaban» la trata de personas con fines de explotación laboral.
La colaboración de los empresarios onubenses fue “determinante” para desmantelar la organización criminal, según el instituto armado.
Los 16 detenidos obtenían beneficios superiores a un millón de euros mensuales.
16 detenidos. 145 víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación laboral. Más de 300 guardias civiles dirigidos por una veintena de miembros de la Unidad Central Operativa (UCO). Unidades de apoyo de la Policía Judicial de Huelva y Jaén. 20 traductores. Efectivos de la Cruz Roja. Multitud de vehículos y apoyo aéreo de helicópteros y drones…
Estas cifras dan cuenta de la magnitud de Urofort, la más importante operación policial y judicial desarrollada hasta la fecha en España para desmantelar una importante organización criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación laboral. La conocida como «esclavitud del siglo XXI», en pleno corazón de la agricultura española. Los esclavistas obtenían beneficios de entre uno y dos millones de euros mensuales.
La intervención de la Guardia Civil, autorizada por un juzgado de Jaén tras varios meses de laboriosa investigación desarrollada por la UCO, tuvo lugar durante tres días a finales de mayo de este año (como informó entonces La Mar de Onuba), y el grueso del operativo se centró en cuatro grandes explotaciones agrícolas de las localidades onubenses de Almonte y La Palma del Condado. 145 trabajadores que prestaban servicios «en condiciones similares a la esclavitud» (según explicó ayer jueves la Subdelegada del Gobierno en Jaén, Catalina Madueño), fueron identificados como «víctimas de un delito de trata».
Vivían retenidos, bajo vigilancia, en condiciones de hacinamiento e insalubridad, la mayoría de ellos en asentamientos chabolistas cercanos a El Rocío (Almonte). Y eran explotados laboralmente -de forma itinerante- en distintas campañas agrícolas de Jaén, Huelva, Córdoba, Badajoz y Albacete.
A través de conocidas empresas de trabajo temporal (ETT), los detenidos «colocaban» grandes grupos de trabajadores en importantes explotaciones de aceituna, uva o frutos rojos. Los empresarios agrícolas, a los que la Guardia Civil sitúa como «las otras víctimas de esta trama», abonaban a las ETT los jornales y horas extraordinarias según las tablas del Convenio Colectivo, y cotizaban a la Seguridad Social por el trabajo realizado. Algo más de 50 euros diarios para cada trabajador contratado.
Pero las ETT, en connivencia con los detenidos, se quedaban con hasta el 90 % de lo facturado. Los trabajadores víctimas de trata, ciudadanos rumanos y moldavos, recibían menos de 10 euros diarios; los mejores días, otros nada. Una media de 150 euros mensuales por extenuantes jornadas de sol a sol en la recogida de la aceituna en Jaén o los frutos rojos en Huelva. La red criminal se embolsaba hasta dos millones de euros mensuales, según las conclusiones de la UCO, cuya Sección de Trata ha dirigido la investigación.
Los 16 detenidos, 5 de ellos empresarios que actuaban en connivencia con los cabecillas de la organización criminal, habían creado una eficaz red de captación que, mediante idílicas ofertas de trabajo, asó como promesas de ayuda para obtener permisos y lograr apetecibles condiciones de vida, «importaba» ilegalmente trabajadores de Rumanía y Moldavía. Una vez en España, y a través de diferentes fórmulas de extorsión (que pasaban hasta por amenazas a los familiares en los países de origen), eran obligados a trabajar en condiciones infrahumanas hasta solventar la «deuda» contraída por haber llegado a España a través de la trama.
Según explicaba este jueves a La Mar de Onuba Félix Durán, el responsable de la UCO que dirigió la investigación y posterior operativo de la Guardia Civil en el Condado onubense, aunque la trama fue inicialmente detectada en Jaén, pronto observaron grandes movimientos de personas hasta la provincia de Huelva, concretamente a la zona del Condado, donde se ubican grandes explotaciones de frutos rojos, cuya temporada de recolecta ya había comenzado. De la necesidad de mano de obra agrícola en Huelva y sus a veces indeseadas consecuencias se ha escrito muchos en los últimos años, hasta el punto de que en abril de este 2019, el presidente de la Federación Onubense de Empresarios, José Luis García Palacios, llegó a pedir “medidas” para que los trabajadores no rechacen las ofertas de empleo en el campo onubense».
Así que la intervención policial se centró principalmente en Huelva. Durante tres días, más de 300 agentes de la Guardia Civil, coordinados por la Sección de Trata de la UCO, efectuaron registros y detenciones en cuatro grandes explotaciones de Almonte y La Palma del Condado. También se registraron naves abandonadas y asentamientos chabolistas, donde las víctimas eran alojadas sin las más mínimas condiciones higiénicas, rodeados de suciedad y ratas. Estaban divididos en grupos y eran custodiados por miembros de la organización criminal, que también se encargaban de desplazar y repartir a los trabajadores explotados por las diferentes fincas en las que iban prestando servicios como jornaleros. A veces, más de una en un mismo día. En total, la Guardia Civil cifra en torno a unas 600 personas las que han sido víctimas de la red.
Cuando fueron liberadas, algunas de las víctimas se encontraban en situación de extrema debilidad, pues llegaban a pasar jornadas enteras sin ingerir ningún alimento. Los 145 fueron atendidos por efectivos de la Cruz Roja de Huelva, que habían preparado con gran sigilo un operativo humanitario especial durante las semanas anteriores a desatarse Urofort. En su conversación con La Mar de Onuba, Félix Durán define la situación como de «penuria». Para poder identificarlos y conocer la situación y origen de cada uno de ellos, participaron 20 traductores de rumano y moldavo. La mayoría habían sido «captados» en Rumanía, y para venir a España habían contraído importantes deudas con los tratantes detenidos. 18 de ellos, cuya documentación también era rumana, resultaron ser realmente moldavos con identidad falseada; ciudadanos extracomunitarios cuya estancia en España era ilegal, lo que los convertía en las víctimas más vulnerables. Sin embargo, para ellos la historia no ha tenido un mal final, ya que gracias a la protección que la legislación otorga a las víctimas de trata, y a la colaboración de un empresario onubense no identificado, han logrado obtener permiso de residencia y trabajo y gozan de un empleo estable.
Del resto poco se sabe. Al ser rumanos y ciudadanos de la Unión Europea pueden buscar empleo y circular libremente por España. Algunos de ellos celebraron una asamblea con el dirigente ugetista Luciano Goméz, quien ofreció la ayuda de UGT para recolocarlos en empresas de la provincia de Huelva.
Durán también destaca que para desentrañar los manejos de la trama fue determinante la colaboración de los empresarios propietarios de las fincas registradas. Grandes explotaciones en las que llegan a trabajar «hasta cuatro mil personas», y en las que la contratación de grandes equipos de jornaleros se subcontrata con regularidad a empresas de empleo temporal. El responsable de la operación policial cuenta que una vez identificadas las victimas de trata en las fincas, los datos de contratación facilitados por los empresarios permitieron localizar a las ETT que estaban participando en la trama criminal, y que hacían posible la explotación de los trabajadores rumanos y moldavos de forma «legal».
«Dos tipos de víctimas», la colaboración de los empresarios
El coronel Luis Ortega de la Guardia Civil abundaba ayer sobre el papel jugado por los empresarios. Según explicaba en Jaén, ciudad desde la que se ha dirigido judicialmente la operación Urofort, «en esta trama hay dos tipos de víctimas». Por un lado, los trabajadores rumanos y moldavos explotados por la organización. Por otro, los propios empresarios en cuyas fincas se producía la explotación. «Quiero dejarlo claro para que no haya ningún tipo de malinterpretación», incidía Ortega. «Los empresarios pagaban a esta estructura lo que en convenio se marcaba. Era la estructura la que realmente no le hacía llegar el dinero a los trabajadoras que venían de Rumanía o de Moldavia». El coronel añadía que «de hecho, han sido los empresarios, casi en su totalidad, los que nos han aportado gran cantidad de datos y nos han favorecido enormemente la investigación».
Coronel Luis Ortega: «hay dos tipos clases de víctimas»
2019: tres operaciones contra redes de trata con ramificaciones en Huelva
La operación Urofort, dirigida en mayo por la UCO en Huelva, y cuyos detalles se dieron a conocer ayer en Jaén, ha supuesto la mayor realizada en España contra tramas dedicadas a la trata de seres humanos con fines de explotación laboral. Este mismo año, en el mes de junio, se produjeron dos operaciones más contra redes de trata desmanteladas por la Guardia Civil, que volvían a azotar al campo onubense.
En la Operación Adelita, 8 personas fueron detenidas en Huelva, Madrid y Segovia por orden de un juzgado de esta última provincia. Se les imputan delitos de pertenencia a grupo criminal organizado, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, y estafa. La Guardia Civil identificó a cerca de 400 personas, principalmente mujeres de origen hondureño, colombiano, nicaragüense y venezolano. Según el comunicado de la Benemérita, la red «distribuía» a estas personas en situación irregular en trabajos agrícolas, o como empleadas internas del hogar; en muchos casos sin darles de alta en la Seguridad Social y sin contrato. La Operación Adelita continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones. Se estima que el numero total de víctimas podía alcanzar el millar.
Pocos días después, el instituto armado informaba de una tercera operación llevada cabo en Valverde del Camino en colaboración con la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales del Cuerpo Nacional de Policía (UCRIF) y la Inspección de Trabajo. En la operación se han identificaron a 22 personas con irregularidades en contratos de trabajo, así como identidades falsas. En esta tercera intervención, entre los detenidos se encuentraba el responsable de la finca, dedicada también al cultivo de frutos rojos. Se confeccionaron 29 denuncias administrativas por irregularidades contempladas en leyes en materia de extranjería, y se relacionaron a siete personas más en calidad de investigados, figurando entre ellas la persona que supuestamente confeccionaba contratos de trabajo fraudulentos. En este caso, las investigaciones también continúan abiertas, no descartándose futuras detenciones.///
Comunicado de Ausaj
Tras conocerse a través de los medios de comunicación los detalles de la operación Urofort, la Asociación de Usuarios de la Administración de Justicia, cuyos letrados representan a las diez mujeres marroquíes conocidas como Temporeras contra la esclavitud, y que han solicitado que el caso que afecta a estas trabajadoras sea instruido como una causa por delitos de trata, hicieron llegar a la redacción de La mar de Onuba el siguiente comunicado:
Así ha de ser una investigación sobre la Trata de Seres Humanos.
En este caso, recordemos, NO HA EXISTIDO DENUNCIA INICIAL, SINO UNA SIMPLE NOTITIA CRIMINIS, en base a la cual se inició la Investigación Judicial, localizando a las víctimas, identificándolas y tomándoles declaración con decenas de intérpretes. Están siendo investigadas las situaciones patrimoniales de los investigados, de conformidad con el «PROTOCOLO DE PALERMO» (cuyo Artículo 1, 1º: establece que «complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y se interpretará juntamente con la Convención»), del «Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos» (Varsovia, 16.V.2005), que «complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y se interpretará juntamente con la Convención» (Exposición de Motivos y Artículo 1, 1º), y de la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 abril de 2011 , relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas.
A la vista de la actuación Judicial y Administrativa desarrollada por los Juzgados de La Palma del Condado (Huelva) en las diferentes actuaciones relativas a las ya conocidas como «TEMPORERAS CONTRA LA ESCLAVITUD«, conviene tener presente el Artículo 23 (Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional): Penalización de la obstrucción de la justicia:
«Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente:
a) El uso de fuerza física, amenazas o intimidación, o la promesa, el ofrecimiento o la concesión de un beneficio indebido para inducir a falso testimonio u obstaculizar la prestación de testimonio o la aportación de pruebas en un proceso en relación con la comisión de uno de los delitos comprendidos en la presente Convención;
b) El uso de fuerza física, amenazas o intimidación para obstaculizar el cumplimiento de las funciones oficiales de un funcionario de la justicia o de los servicios encargados de hacer cumplir la ley en relación con la comisión de los delitos comprendidos en la presente Convención. Nada de lo previsto en el presente apartado menoscabará el derecho de los Estados Parte a disponer de legislación que proteja a otras categorías de funcionarios públicos».////
En el Olivar, precios justos para jornales dignos, el 9 de Julio, todos a Sevilla
En el olivar,
PRECIOS JUSTOS PARA
UNOS JORNALES DIGNOS
El próximo martes 9 de julio nos vamos a Sevilla en defensa del olivar tradicional y de unos jornales y unas condiciones laborales dignas para quienes trabajamos en él.
ÚNETE AL BLOQUE JORNALERO
PRECIOS JUSTOS, PARA UNOS JORNALES DIGNOS
EL SAT EN DEFENSA DEL OLIVAR TRADICIONAL Y DE LA DIGNIDAD DEL MEDIO RURAL
Desde el Sindicato Andaluz de Trabajadores/as vemos la necesidad de sumarnos a la movilización del 9 de julio en Sevilla en Defensa del Olivar tradicional y por unos precios justos para el aceite de oliva.
Pero sentimos que esta reclamación, así, a secas, se queda corta. No podemos hablar solamente de unos precios justos si esto no se traduce en un reparto justo equitativo de la riqueza. De olivar vive mucha gente, nos solo los propietarios de la tierra, también quienes la trabajan. Con frecuencia, los beneficios empresariales no se traducen en unos salarios dignos para los y las trabajadoras. Pero si es cierto que con los precios de miseria impuestos al aceite de oliva que las grandes cadenas de distribución y la gran patronal terrateniente, difícilmente puede haber unos jornales dignos.
Desde nuestro punto de vista las organizaciones agrarias, los sindicatos y la sociedad andaluza en su conjunto debemos luchar por:
1. LA SOBERANÍA ALIMENTARIA DE ANDALUCÍA. Cierto es que el olivar tiene un gran peso en la agricultura andaluza, un peso excesivo. El monocultivo del olivar avanza en detrimento del resto de cultivos haciendo a nuestra agricultura excesivamente dependiente y mas cuando los precios los dictan los mercados, que no entienden de bienestar social. Son necesarios mecanismo de autoregulación de precios, que establezcan un precio mínimo que esté por encima de los costes medios de producción. Es necesario igualmente la diversificación de cultivos que acaben con la dependencia excesiva del olivar, el freno al uso abusivo de agroquimicos y pesticidas que están acabando con nuestros suelos, desertizando Andalucía a un ritmo alarmante. Hacen falta mecanismo públicos de control de precios, pero también que pongan las tierras ociosas en manos de bancos, fondos buitres y terratenientes en manos de los y las trabajadoras en paro de nuestros pueblos, primando una agricultura ecológica por encima de la agrondustria que desertiza nuestro suelo y envenena nuestras aguas.
2. FRENAR EL AVANCE EL OLIVAR ULTRAINTENSIVO. La cada vez menos mano de obra necesaria para las labores del olivar se reducirá drásticamente si sigue avanzando la siembra de olivar ultraintensivo, que acabará también con el olivar tradicional, sobre todo en pendiente, al reducir drásticamente los costes de producción. Igualmente, este tipo de olivar es una de las principales causas de la caída de los precios. Es un modelo de cultivo con una gran necesidad de nutrientes y agua, algo insostenible para una Andalucía en sequía casi perpetua. Queremos un olivar tradicional, sostenible, no uno sin agricultores ni jornaleras.
3. UN CONVENIO ANDALUZ DEL CAMPO, que iguale por arriba en salario y derechos a todos los trabajadores y trabajadoras del campo. La firma de la los últimos convenios a nivel provincial ha venido, en caso como el de Huelva o Sevilla, acompañado de recortes de derechos, como por ejemplo en el tiempo del bocadillo. Igualmente debe reconocer y regular el derechos de representación ante la patronal de los trabajadores eventuales, los jornaleros y jornaleras, ya que ahora mismo no existe. Y entre otras cosas, debe regular el trabajo en condiciones climáticas extremas, que este verano ya le ha costado la vida a dos trabajadores en Córdoba y Sevilla por sendos golpes de calor.
Andalucía tiene a muchos pequeños olivareros que a la vez también son jornaleros, su pequeña propiedad no les alcanza para vivir todo el año y tienen que trabajar por cuenta ajena. Caso muy frecuente en provincias como Jaén, Córdoba y Granada. Si el precio de su aceite está por los suelos, y los jornales que busca fuera son de miseria, eso se traduce en pobreza, emigración y vaciamiento de nuestros pueblos.
Llamamos a la conformación de un BLOQUE JORNALERO en la manifestación del próximo 9 de julio. Llamamos a LA UNIDAD DE ACCIÓN PARA LA DIGNIDAD Y LA JUSTICIA DEL MEDIO RURAL y de todas las personas que en el habitamos.
¡VIVA ANDALUCÍA LIBRE!////
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