No va destinado a todas las personas en situación de pobreza severa, ni su cuantía se acerca a la anunciada, ni la tramitación resulta sencilla y, más llamativo aún, se han establecido filtros para excluir a un buen número de posibles beneficiarios
Iglesias agradece al PP que "rectifique" y apoye el Ingreso mínimo vital
El Ingreso Mínimo Vital ilustra a la perfección cómo la política comunicativa de un Gobierno puede inducir a un engaño masivo y, lo que es peor, cómo cierto sector de la izquierda opta por aceptarlo, o incluso por aplaudir sin otro desolador argumento que el de que, a fin de cuentas, la derecha lo hubiera hecho peor.
Casi todo lo que hemos oído por boca del Gobierno sobre el Ingreso Mínimo Vital es mentira. Ni va destinado a todas las personas en situación de pobreza severa, ni su cuantía se acerca a la que se ha anunciado, ni la tramitación resulta sencilla y, más llamativo aún, se han establecido filtros en apariencia caprichosos, pero cuyo único fin consiste en excluir a un buen número de posibles beneficiarios, así arrastren situaciones de extrema dificultad.
Imagine que el próximo mes de enero la crisis actual arrasa la empresa que le contrataba, usted pierde el empleo y no logra encontrar otro en todo el año. No intente solicitar el Ingreso Mínimo Vital: no le corresponde absolutamente nada, como mucho, y con suerte, quizás una prestación por desempleo durante cuatro meses, pero nunca ese Ingreso Mínimo Vital. Le obligarían a sobrevivir lo que quedara de 2021 del aire, de la caridad, de rebuscar en la basura. El Gobierno ha decidido que para optar al Ingreso Mínimo Vital se tendrá en cuenta su situación del año anterior, cuando usted no lo necesitaba porque contaba con un sueldo. No espere argumentos técnicos. No los hay, se trata de un simple filtro para eliminar de golpe miles de solicitudes, lo mismo que establecer los 23 años como edad mínima, por no hablar de otros requisitos sin sentido y de unas cuantas trabas burocráticas.
Hagamos un esfuerzo de imaginación y admitamos que, con todo, usted, su cónyuge y su hijo menor -un ejemplo que suele poner el propio Gobierno- logran reunir unos 400 euros de media al mes y salir adelante durante ese año de desempleo. Sí, lo sé, es mucho imaginar, pero así nos lo pide nuestro Gobierno. En ese caso, habrá oído en cualquiera de las declaraciones triunfalistas del ministro Escrivá y del vicepresidente Pablo Iglesias que a su familia le corresponderán 738 euros mensuales. Es otra mentira. Basta para comprobarlo con que introduzca sus datos en el simulador que ha habilitado la propia Seguridad Social. ¡Sorpresa! A su familia de tres miembros le corresponden 338 euros mensuales. ¿Por qué? Porque el Gobierno ha decidido que a esos 738 euros mensuales hay que restarle los 400 que a duras penas logró juntar cada mes durante el año anterior. No, no busque tampoco alguna justificación de carácter técnico. Sencillamente le han engañado a base de ruedas de prensa, entrevistas, declaraciones, comunicados en redes sociales y palmeros acríticos.
Complemento a la miseria
A pesar de todo cuanto haya oído, el Ingreso Mínimo Vital no existe. En todo caso se trata, como ve, de una ayuda complementaria. De hecho, la cantidad presupuestada en el BOE se aleja notablemente de los 3.500 millones pronosticados en un primer momento. Y eso que, según el indicador AROPE, ya antes de la crisis que está dejando la pandemia, más de un cuarto de la población española se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social, y unos 2,5 millones de personas vivían en situación de pobreza extrema.
Quizás su confusión se deba a aquel lejano tuit del vicepresidente Iglesias, cuando en lo más crudo del estado de alarma anunció un ingreso inmediato de 500 euros mensuales para toda persona cuyos ingresos no superaran los 200 al mes. Esa inicial mentira -o, si tenemos muy buena fe, ese intento de presión al ala gubernamental del PSOE- se fue desarrollando precisamente como un hilo de Twitter: de pronto ya no eran 500 euros, después tampoco sería exactamente por persona, sino por “hogares y familias”, luego no para todas las edades, sino a partir de 23 años, a continuación supimos que se tendría en cuenta la renta del ejercicio anterior y finalmente, aunque lo ocultaron, que el Ingreso Mínimo Vital no existía, sino que se trataba de un complemento a las rentas paupérrimas que una familia hubiera tenido durante el año anterior, siempre y cuando aún mantuviera la misma situación (no pregunten cómo).
Un Estado de Derecho no puede permitir la indigencia, y esta medida va destinada a ello. Ni más ni menos. Hubiera bastado que, en lugar de tratarnos como a idiotas, se hubiera anunciado como tal. Seguramente el Gobierno ha preferido mentir porque incluso un amplio sector de votantes de Unidas Podemos ha optado por un doloroso conformismo. Al fin y al cabo, sí, la derecha lo habría hecho peor. Vale.
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Santi Fernández Patón
Es miembro del nodo malagueño de la Fundación de los Comunes, laboratorio de pensamiento crítico desde los movimientos sociales. Ha publicado, entre otras, las novelas Grietas (Premio Lengua de Trapo) y Todo queda en casa (Premio Auguste Dupin), así como el ensayo Municipalismo y asalto institucional: una visión descreída (Traficantes de Sueños).
EXPOSICIONES SOBRE EL IMV,...O.C.REVOLUCIÓN,...Y ALGUNAS PERSONAS,
ESTOS SIN QUE SON GASTOS GUSTOSOS MULTICAPITALISTAS EURO-USA-RUSO-ASIÁTICO-PNDU,- ISRAELO-ECUADOR,...-BRASILEIRO,... : Por su parte, la exploración de Marte ascendió a 1.400 millones de dólares en 2019 impulsada por tres misiones planificadas para 2020. Se espera que la financiación mundial disminuya ya que se van a favorecer los programas de la Luna. Se esperan nuevos ciclos de inversión en la segunda parte de la década para apoyar planes como las misiones de retorno de muestras de Marte.
Otros programas de exploración del espacio profundo han crecido hasta llegar a 1.800 millones de dólares en 2019 para apoyar el desarrollo de múltiples misiones en el corto plazo (principalmente de EEUU, ESA y Japón). Se prevé que la financiación mundial alcance los 1.600 millones al año para apoyar las diversas misiones planificadas, incluidos los primeros esfuerzos potenciales de India y Rusia.
Saludos, de Lmm, una nota, a un debate sobre la internacional, y otras cosas politicas,...: Luciano Medianero Morales saludos, de Lmm de málaga, españa : creo que hace falta, una nueva UNIVERSALIDAL,..QUE RECOJA TAMBIEN LAS NUEVAS REALIDADES Y LUCHAS Y REVOLUCIONES,...Y ESTA, POR OTRA APRTE,...ROMPE EL ESQUEMA DE LA PATETICA IMV, ESPAÑOLA CON LA IZQUIERDA MULTICAPITALISTA GOBERNANDO,...Y LOS PRESUPUESTOS RIDÍCULOS EUROPEOS DE "RECONSTRUCCIÓN POSTCOVID-19,...DINERO ADEMAS YA EXPROPIADOS PREVIAMENTE A LAS CLASES TRABAJADORAS UNIVERSALES INTERCULTURALES, SEAN O NO REGULARES,...¡¡¡¡. LMM,... gracias,...: ESTOS SIN QUE SON GASTOS GUSTOSOS MULTICAPITALISTAS EURO-USA-RUSO-ASIÁTICO-P.iNDU,- ISRAELO-ECUADOR,...-BRASILEIRO,... : Por su parte, la exploración de Marte ascendió a 1.400 millones de dólares en 2019 impulsada por tres misiones planificadas para 2020. Se espera que la financiación mundial disminuya ya que se van a favorecer los programas de la Luna. Se esperan nuevos ciclos de inversión en la segunda parte de la década para apoyar planes como las misiones de retorno de muestras de Marte.
Otros programas de exploración del espacio profundo han crecido hasta llegar a 1.800 millones de dólares en 2019 para apoyar el desarrollo de múltiples misiones en el corto plazo (principalmente de EEUU, ESA y Japón). Se prevé que la financiación mundial alcance los 1.600 millones al año para apoyar las diversas misiones planificadas, incluidos los primeros esfuerzos potenciales de India y Rusia.
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El Ingreso Mínimo Vital y la miseria del capitalismo
El Ingreso Mínimo Vital (IMV) se convalidó el pasado día 10 de junio en el Congreso de los Diputados después de haber sido aprobado días antes en el Consejo de Ministros. La medida, cuyo presupuesto aproximado es de 3.000 millones de euros (en torno al 0.21% del PIB) pretende paliar la extrema pobreza en nuestro país con ayudas que van de 462€ a 1015€ [1].
El gobierno de coalición conformado por PSOE y Unidas Podemos ha presentado el IMV como un hito de “las izquierdas”. Los titulares, anuncios y horas televisivas que ha ocupado el decreto ley han reforzado esta idea. La realidad, sin embargo, es otra muy distinta. El IMV y el recorrido hasta ella muestra de forma paradigmática la miseria del capitalismo. Permite apreciar en qué grado llega la pobreza hasta en un estado tan desarrollado como el nuestro y lo inevitablemente ineficaces que son las medidas de la socialdemocracia. Permite entender también cómo incluso estas medidas de corte social juegan en buena medida a favor de la burguesía por las propias dinámicas de los estados capitalistas. Finalmente, muestra el callejón sin salida que es el reformismo.
ÍNDICE
¿El fin de la pobreza en España? – Hacemos un análisis superficial de la pobreza en España y explicamos en qué consiste el IMV y su enormemente corto alcance, muy lejos del hito que presenta la socialdemocracia.
No es el gobierno. Es el sistema. – Vemos las principales causas de la pobreza en el capitalismo y cómo la genera de forma irremediable: paro estructural, precariedad, crisis cíclicas, volatilidad del empleo…
La lógica de la socialdemocracia en los países imperialistas: el complemento de rostro social a los intereses de la burguesía. – ¿Por qué una medida que aparentemente quiere destinar dinero a combatir la pobreza tiene el visto bueno de la burguesía? Vemos cómo funcionan las democracias capitalistas para que surjan propuestas como estas y jueguen al beneficio de la clase dominante.
Para finalizar, un repaso cronológico de una medida enormemente limitada: de las promesas a la “realidad” del BOE. – Recorrido a lo que prometió Unidas Podemos, a lo que a quedado el IMV en la realidad y a sus esfuerzos de convencer de otra cosa muy distinta. Una muestra de la trampa del reformismo “radical”.
Un sistema que la clase obrera no nos merecemos. – Finalizamos con las principales conclusiones y señalando qué nos puede aportar el IMV a los comunistas para hacer política.
¿El fin de la pobreza en España?
Por los discursos del gobierno y el revuelo mediático podría parecerlo, pero nada más lejos de la realidad. Hagamos un repaso a la situación de pobreza en España.
Según el Instituto Nacional de Estadística, el riesgo de pobreza en España es del 21,5% (9.950.000 personas) y el de pobreza severa del 9,2% [2]. Si como indicador usamos la tasa AROPE, que incluye otros factores además de los ingresos, el porcentaje de pobreza o exclusión social asciende al 26,1% (12.177.855 personas) [3]. El 34,2% de los hogares españoles no puede permitirse de vacaciones ni una semana al año y el 36% no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos [4]. La pobreza infantil es todavía mayor: casi 1 de cada 3 niños y niñas es pobre.
Los monoparentales son los hogares con mayores dificultades. De ellos, el 82% están encabezados por mujeres [5]. Este es uno de tantos indicadores que señalan la sistemática situación de pobreza a la que se ven abocadas un gran porcentaje de mujeres (brecha salarial, mayor precariedad laboral, exclusión por maternidad, etc.), sobre todo si dicha pobreza es analizada como persona independiente y no en relación con el hogar [6].
En cuanto a la población migrante de fuera de Europa que vive en España, más de la mitad está en riesgo de pobreza y el 70% tienen serias dificultades para llegar a fin de mes. Se estima que en España hay entre 600.000 y 800.000 en situación irregular [7], para quienes la pobreza es todavía más acusada al ocupar los trabajos más precarios y sin derechos. Es además en esta población donde los efectos del patriarcado son todavía más marcados tanto en las condiciones laborales como en la explotación sexual.
Con esta cascada de cifras puede comprobarse la situación brutal que se vive incluso en un estado como España, uno de los más desarrollados del mundo. La pobreza, lejos de ser marginal, es la realidad de grandes capas de la población.
En este contexto, el Ingreso Mínimo Vital es una medida que establece una serie de “rentas garantizables” según la tipología de los hogares (Imagen 1). El estado proporciona un ingreso para que, sumado al que ya existe en el hogar, la cifra final alcance las “rentas garantizables” estipuladas por el decreto ley. Es decir, es un complemento a los ingresos ya existentes y, por tanto, puede ser compatibilizado con un empleo. Por ejemplo: en un hogar con dos adultos y dos menores, si al mes se ingresa en el hogar 500 €, el Estado proporciona 377 € adicionales para llegar a los 877 € mensuales que marca la ley.
Según el Gobierno, el IMV será financiado con aproximadamente 3.000 millones de euros (0,21% del PIB) y llegará a unos 850.000 hogares en las que viven 2,3 millones de personas. Es decir, contrastándolo con los datos de pobreza del INE vistos antes, comprobamos que su alcance es en torno a un cuarto de la población pobre. Pero incluso a quienes llega, ni siquiera los saca de la pobreza ni se acerca a hacerlo.
Podemos comprobarlo en el siguiente ejemplo. Tomando el caso de uno de los hogares tipificados por la ley, una familia con dos adultos y dos niños debería sobrevivir con 10.523 € al año, 877 € al mes. ¿Se puede vivir con esta cantidad? ¿Cuál es el coste de vida? No vamos a hacer aquí cálculos, pero sumemos vivienda, suministros como luz y agua, comida, transporte… Incluso dentro de los propios estándares burgueses, que ya resultan incompatibles con una vida digna, esta renta queda muy por debajo de lo que significaría dejar la pobreza, que para una familia de este tipo es de 18.629 € anuales [8]. Por tanto, para este caso de ejemplo la “renta garantizada” debería ser casi el doble para permitir salir de la pobreza. Decir que se queda corta es poco.
A esta situación hay que añadirle un fenómeno demostrado desde hace décadas por los sociólogos burgueses. La burocratización del estado por un lado y la marginación de las capas más empobrecidas por otro, termina haciendo que este tipo de políticas sociales no lleguen a notables porcentajes de la población a la que quieren llegar, limitando más todavía su efectividad.
El IMV no sólo llega a un porcentaje pequeño de quienes viven una situación de pobreza y no sólo es tan insuficiente la cuantía que ni los saca de ella, sino que excluye explícitamente a las personas en situación irregular (entre 600.000 y 800.000, como veíamos antes) o que lo estaban hace menos de un año, población entre la cual la pobreza se dispara y, en consecuencia, el alcance final de la ley es todavía más reducido.
No es el gobierno. Es el sistema.
El ministro Escrivá, autor del IMV, justificó la medida en el Congreso de los Diputados de la siguiente manera: «Las transformaciones sociales y económicas de las últimas décadas nos obligan a repensar las políticas públicas que aspiran a proteger el bienestar y las oportunidades de las personas más vulnerables. No podemos, por ejemplo, vincular toda la protección social al empleo. Las carreras laborables son ahora muy volátiles, la realidad del empleo precario afecta a muchos trabajadores y la pobreza laboral, lo que los anglosajones llaman el “working poor”, es un fenómeno lamentablemente cada vez más frecuente». Minutos después, Pedro Quevedo Iturbe, diputado de Nueva Canarias, decía que «es evidente que se ha convertido en un fenómeno estructural la pobreza extrema y también la exclusión social de amplias capas de la población» [9].
Lo que ambos parlamentarios burgueses están reconociendo es el paulatino empeoramiento en las últimas décadas de las condiciones de vida en las sociedades capitalistas.
Por una parte, hablan de los trabajadores pobres como fenómeno cada vez más frecuente y de la exclusión social de amplias capas de la población. Como hemos visto antes, entre un quinto y un cuarto de la población española está en riesgo de pobreza (mucho más si contamos a la población en situación irregular). En lugar de reducirse, la pobreza ha ido en aumento en los últimos 25 años [8]. Pero ni siquiera tener un trabajo en una sociedad capitalista garantiza no ser pobre. El 13,8% de las personas con un trabajo están en esta situación debido a la precariedad del trabajo. Y como pasa con la pobreza en general, también el número de trabajadores pobres tiene una tendencia ascendente [10].
Los diputados burgueses, representantes ambos del ala izquierda política del parlamento, también señalan que el problema no es coyuntural, sino que es estructural. No les falta razón. Marx y Engels ya analizaron las contradicciones intrínsecas del capitalismo, demostrando que las propias dinámicas del sistema mantienen de manera continuada en la pobreza a amplias capas de la clase obrera. La progresiva acumulación capitalista mantiene de forma constante un “ejército industrial de reserva”, millones de trabajadores y trabajadoras en paro, con altas tasas de pobreza y que empujan a la baja los salarios de la clase obrera. En 2018, casi la mitad de la población en paro estaba en riesgo de pobreza (Imagen 2), siendo los parados un alto porcentaje de la población en países tan desarrollados como los de la Eurozona (Imagen 3), siendo España un caso particular de altas cifras de paro (Imagen 4).
El ministro Escrivá también apuntaba que España tiene un problema estructural de pobreza que «no remite en épocas de bonanza» y que «se magnifica en épocas de crisis». Es decir, que aunque la pobreza es permanente (como hemos visto), la pobreza de la clase obrera se acentúa en los periodos de crisis, tanto por el aumento agresivo del número de parados como por el empeoramiento de las condiciones de quienes mantienen sus trabajos. Estos periodos de crisis, que son cíclicos, se producen de forma inevitable dentro del capitalismo; la producción anárquica de los distintos burgueses y la constante competencia entre sí, lleva a las sociedades capitalistas a recurrentes crisis de sobreproducción. Se cifra que 700.000 personas más podrían entrar en la pobreza en España en el primer golpe de la crisis que ha desatado el coronavirus [11].
En estos periodos de crisis, después de llevar a millones de trabajadores al paro, la base económica de las sociedades se reestructura, fruto de los reajustes que hacen los diferentes burgueses para recomponer sus negocios, absorber a los rivales o abarcar nuevos mercados. La clase trabajadora se ve obligada a adaptarse a estos reajustes para sobrevivir, provocando lo que el ministro advierte: «las carreras laborables son ahora muy volátiles». Es decir: en un sistema anárquico que da bruscos bandazos de manera cíclica, los conocimientos profesionales que ayer eran útiles, quizá hoy no lo sean porque ya no se adecúan a las necesidades particulares de la burguesía.
Fruto de esta competencia y de la inversión progresiva en capacidad productiva, el capitalismo ha llegado al punto de vivir ya en una crisis estructural de sobrecapacidad productiva crónica. La gran producción puede producir mucho más de lo que el mercado es capaz de absorber y cuando surge algún nuevo nicho de mercado, éste es copado con rapidez. Los capitalistas están en una posición de jaque permanente entre sí. Una de sus consecuencias es una gran volatilidad de los empleos.
Estas contradicciones, que son esenciales en el funcionamiento mismo del capitalismo y que se dan con un grado muy acentuado en nuestra época, junto con otras opresiones sistémicas nacidas de sociedades precapitalistas pero que el capitalismo ha sabido hacer suyas, como la de género o el racismo, sistemáticamente empobrecen y apartan de la sociedad a diferentes estratos de la clase trabajadora.
El IMV se trata entonces de un parche a un problema sistémico, una reforma enormemente limitada que desde luego no pretende ni puede solucionar la pobreza, un problema cuyas raíces se encuentran en las propias dinámicas esenciales del capitalismo. No es por tanto una cuestión de tener al “gobierno más progresista” o no, sino de acabar con un sistema inevitablemente generador de pobreza que como vemos no es, ni mucho menos, “el mejor de los mundos posibles” como se afirma muchas veces por parte de los ideólogos capitalistas.
La realidad es muy clara. Tanto, que ni los mismos políticos burgueses la niegan cuando la describen, porque sería negar la evidencia empírica. No obstante, como no podría ser de otra manera, niegan la profundidad de los problemas y diseñan una y otra vez reformas, más modestas o más ambiciosas, que ni siquiera rascan la superficie de las causas que los generan.
La lógica de la socialdemocracia en los países imperialistas: el complemento de rostro social a los intereses de la burguesía.
Que haya habido casi consenso en la convalidación del IMV (a salvedad de Vox, que se abstuvo), en un momento de ofensiva discursiva de la derecha, o que instituciones de la burguesía financiera como el FMI o de la Unión Europea lo hayan visto con buenos ojos, sirve para entender lo modesto de la reforma y lo inofensiva que resulta para los intereses de la burguesía, que ni se molesta en desprestigiarla. Salvo reductos de la derecha mediática más reaccionaria, hemos podido ver en los medios de comunicación el amplio consenso que ha proporcionado esta medida. El porqué se explica por las siguientes razones.
En primer lugar, es una prestación social que no lleva asociada ningún tipo de medida recaudatoria específica. Pese a que en el programa electoral de Unidas Podemos figuraba un impuesto a las grandes fortunas asociado [12], finalmente su financiación saldrá directamente de los Presupuestos Generales del Estado. Es más, el ministro Escrivá ha reiterado que no se aprobará ningún impuesto especial para financiarla, ni con la ley ni posteriormente [13]. ¿Qué significa esto? Que la “transferencia de renta” que en teoría busca la medida no se hará desde la burguesía hacia las capas más pobres de la clase obrera, sino que será el grueso de la clase obrera, que es quien fundamentalmente mantiene al estado, quien pague la reforma.Por otra parte, es un porcentaje del PIB tan pequeño (recordemos, el 0,21% aproximadamente) que no choca con las imposiciones presupuestarias de la Unión Europea. Es decir, esta medida no pone en riesgo el pago de la deuda pública ni tampoco la orientación de las políticas económicas para España marcadas desde la UE.
En segundo lugar, es una renta que no perjudica a la burguesía y sí le beneficia en muchos sentidos. Por una parte, no sirve ni de lejos para sacar a quien la recibe de la pobreza. Por tanto, no desincentiva la búsqueda de trabajo casi a cualquier precio y no obliga a la burguesía a mejorar los salarios, como podría llegar a pasar con una prestación mucho más elevada. Es decir, no supone una competencia en el mercado de la mano de obra.Por otra parte, dadas las bajas cantidades de la renta y la posibilidad de compatibilizarlo con trabajos, supone un complemento del estado (recordemos, porque es importantísimo: financiado fundamentalmente por la clase obrera) para compensar los bajísimos salarios y precarias condiciones de trabajo de algunos sectores, aliviando así en parte la presión social sobre algunos sectores de la burguesía y abaratando la reproducción de fuerza del trabajo. En un país donde sectores como la hostelería y el turismo son importantes, y en una época donde proliferan los falsos autónomos en empresas “flexibles”, esto no es baladí, y supone un mecanismo mediante el cual la clase obrera termina transfiriendo renta a la burguesía.Incluso se transforma en una vía más mediante la cual los empresarios van a poder recibir beneficios, presumiblemente fiscales, puesto que habrá incentivos para los empresarios que contraten a quienes reciban esta prestación [14, 15].En estas condiciones de alto paro estructural y precariedad en sectores importantes, junto con su función de complemento salarial e incentivos a empresas, incluso existe la posibilidad de que ciertos sectores cronifiquen la precariedad laboral, sobre todo mientras el lugar de España dentro de la UE siga siendo mantenerse industrialmente en un segundo plano y basarse en sectores débiles como los citados con anterioridad.
En tercer lugar, las empresas no funcionan mejor donde hay grandes cotas de extrema pobreza. De hecho, salvo para sectores específicos de la burguesía y poco importantes dentro de la escala de poder del estado, un porcentaje significativo de extrema pobreza les perjudica porque estas capas empobrecidas: 1) están fuera del circuito de consumo de masas; 2) están en situación de exclusión social, de manera que en muchos casos ni siquiera están preparadas para ocupar un puesto de trabajo del interés de los empresarios (esto no significa necesariamente que lleguen a trabajar, sino que puedan desarrollar un papel de competencia social como parado o parada que permita devaluar o mantener bajos los salarios); 3) pueden llegar a generar algún tipo de conflicto social dada su situación de inestabilidad extrema y de esta manera perjudicar los negocios de los capitalistas.De hecho, uno de los grandes objetivos de las políticas de inclusión social, y esta no iba a ser menos, es “orientar a la empleabilidad”. Esto queda muy claro a lo largo de muchos de los artículos de El pilar europeo de derechos sociales [16]. Este objetivo se repite también en varias ocasiones a lo largo del texto del decreto ley del IMV [17]. A su vez, muchos dirigentes de la burguesía no dudan en reconocer esta “orientación a la empleabilidad” como imprescindible [18, 19].El capitalismo trata así de corregir mediante el aparato estatal lo que de forma inevitable crea él mismo; en este caso, altas tasas de pobreza. Esta es la realidad del capitalismo: un sistema caótico y enormemente contradictorio, que pese a los siglos de dominación y disponer de enormes fuerzas productivas, es incapaz de proporcionar niveles de vida dignos.
En cuarto lugar, como dijimos en nuestro análisis ante las elecciones del 28 de abril ni los parlamentos son meros engaños ni los diputados son actores en una obra [20]. Estas medidas de aparente carácter social no surgen principalmente como acto consciente para maquillar la apariencia del estado burgués (para lo cual, por otra parte, también son útiles), sino por los propios mecanismos internos de estados como el nuestro.Las democracias capitalistas son complejas construcciones históricas, una de las formas mediante las cuáles la burguesía ejerce su dictadura. En ellas, las distintas burguesías pelean entre sí, siendo la vía política sólo uno de los muchos medios por los que llevan a cabo estos enfrentamientos, mientras que las capas medias de la población también participan con intensidad variable. En este escenario de mezcla de intereses y fuerzas dispares es donde medidas como el IMV surgen. De una parte, sectores progresistas que prefieren que la pobreza en su país no sea escandalosamente alta; de otra, una burguesía a la que en general no le perjudica o hasta le beneficia. Sin embargo, no siempre es así. Cuando el impulso de la medida viene de la fuerza social de la clase obrera, estas reformas tienden a ser mucho más ambiciosas y más difíciles de derribar pasado un tiempo y, como consecuencia, sí son capaces de poner en aprietos a los burgueses.
En quinto lugar, no se trata de una medida ambiciosa ni siquiera dentro de los estándares del reformismo, que a su vez cada vez son más estrechos. Sin la fuerza pujante de la clase obrera en la conquista de nuevos derechos y con una burguesía cuya tasa de ganancia se reduce progresivamente, y por tanto está menos dispuesta a ceder e incluso está a la ofensiva para hacer imponer sus políticas, las leyes de carácter social son cada vez más modestas e incluso cuentan con múltiples trampas que las terminan convirtiendo en beneficiosas para la clase dominante. En este contexto, la socialdemocracia misma, tanto la antigua como la nueva, son proyectos cada vez menos justificables de cara a la clase trabajadora.El vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, decía que el IMV “probablemente sea el mayor avance en derechos sociales en nuestro país desde la aprobación de la Ley de Dependencia en el año 2006”. Es posible que, por modesto que sea el IMV, no vaya muy desencaminado, lo cual señala claramente cuál es la situación.
¿Entonces, por qué la CEOE, representante de la oligarquía financiera española, se ha mostrado reticente en la medida? [18] La posición de la CEOE ha de entenderse como la posición de un agente social con intereses propios a largo plazo y con un importantísimo peso en la política española. Tenían muy claro que la ley se iba a aprobar. Sus reticencias públicas están lejos de ser una posición en contra de la medida en sí.
Desmarcarse parcialmente les es útil, por una parte, para marcar límites al gobierno y obtener ventajas para su clase (por ejemplo, mejores subvenciones para las empresas que contraten receptores del IMV [21]), a la vez que ahuyentan la posibilidad de que a la ley le acompañe un impuesto hacia la burguesía. Por otro lado, se trata de defender su posición negociadora ante el temor de una reforma laboral menos buena de lo que les gustaría y de cara a los próximos meses en los que el desarrollo de la crisis desatada por el COVID-19 va a sacudir social y políticamente la realidad española. De hecho, las quejas hacia el IMV son sobre todo discursivas, la confederación empresarial insiste de manera reiterada en el “diálogo social” y ha organizado una macrocumbre recientemente con los empresarios más importantes del estado en un claro ejercicio de fuerza.
Para finalizar, un repaso cronológico de una medida enormemente limitada: de las promesas a la “realidad” del BOE.
Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del Gobierno, ministro de Derechos Sociales y líder mediático de la propuesta, dijo al presentar el IMV en el Congreso: «Es un momento muy especial para mí. Hace seis años, cuando nació mi formación política, el Ingreso Mínimo Vital era una de nuestras propuestas más importantes y se nos dijo de todo». ¿Es esto cierto? ¿A qué medida hace referencia?
La propuesta a la que hacía referencia Pablo Iglesias y que trajo Podemos en su fundación fue la renta básica universal, una prestación de 650 euros al mes para cada persona cuyo coste supondría unos 145.000 millones de euros [22]. Es decir, el IMV es casi 50 veces menor que aquella propuesta inicial de Podemos. Por supuesto, esta renta básica universal iba acompañada de grandes impuestos que desaparecen completamente del decreto ley del IMV.
Desde aquello, han sido muchos los agentes sociales que han hecho distintas propuestas similares al IMV con grandes diferencias en cobertura y partida presupuestaria. CCOO y UGT propusieron una Prestación de Ingresos Mínimos cuyo coste se calculó entre 7.000 y 11.000 millones de euros [23]. Por otro lado, Oxfam Intermón propuso otra con un coste para el Estado de 6.405 millones de euros. Todas con presupuestos notablemente superiores.
La medida se queda corta incluso en comparación con las propuestas que tanto Podemos como PSOE llevaban en sus programas electorales hace apenas unos meses: mientras que los primeros hablaban de una renta garantizada con un presupuesto de 10.000 a 12.000 millones y con impuestos a las grandes fortunas incluidos [24], la propuesta del PSOE suponía unos 6.450 millones de euros [25].
Por otra parte, medidas similares al IMV llevan funcionando en Europa desde hace mucho [26]. De hecho, para sacudirse las acusaciones de estar haciendo “propaganda comunista”, el propio ministro Escrivá aclaró que «prestaciones de este tipo existen en Austria, Alemania, Reino Unido… con un gobierno conservador» [27] (se le olvidó decir, por cierto, que esos países tienen partidas presupuestarias mucho más grandes para la misma prestación social). Incluso en España ya existían rentas mínimas, aunque propias de las autonomías y muy heterogéneas entre sí en cobertura y alcance [28].
¿Cómo es posible que ante una reforma tan limitada, muy por debajo de lo prometido y habitual en nuestro entorno, haya sido expuesta como un hito por parte del gobierno y en especial de Unidas Podemos? La socialdemocracia “radical” de Unidas Podemos, descafeinada con los años e integrada en instituciones de todo tipo, tiene una acuciante necesidad de autojustificar no ya su rol en el gobierno, sino su mera existencia. Con un relato de gran victoria social, Unidas Podemos quiere dar a entender que sus años de lucha electoral han merecido la pena, por mucho que la medida en sí sea muy modesta.
Esta es una reacción común del reformismo bienintencionado: el fracaso de su política, incapaz de hacer transformaciones de peso que duren en el tiempo, los lleva a un callejón sin salida. Y una vez en él, cuando se dan de frente con la realidad, hacen ver que aquel callejón es lo que siempre quisieron, que el camino recorrido hasta él no ha sido en valde, haciendo así de la necesidad virtud. Son presos cómplices de un sistema socioeconómico fundamentado en el poder de los capitalistas y nos intentan convencer de que su camino sin salida es el correcto.
Un sistema que la clase obrera no nos merecemos.
Ante este panorama, la clase obrera tenemos por una parte que defender nuestro derecho a vivir ante el ininterrumpido atosigamiento de los sectores reaccionarios, que relativizan la pobreza y señalan con sospecha a las capas más pobres de la clase trabajadora: «¿y si abusan de “la paguita”?», «¿y si trabajan en negro mientras cobran el IMV?»; por otro, tenemos que escuchar la demagogia de las “fuerzas progresistas” cuando se ponen medallas y nos dicen que “nadie puede quedarse atrás”, mientras vemos que muchas familias obreras sí se están quedando atrás.
No hay duda: preferimos un IMV a nada, pese a la insuficiencia y a las trampas, porque preferimos que muchas familias que viven en la pobreza más extrema lo tengan algo menos difícil mañana. Pero no se nos puede dar a elegir entre lo muy malo y lo peor, ni tenemos por qué hacerlo. No son los burgueses ni los que votan en el parlamento quienes trabajan día tras día para que todo funcione, para que se garanticen los medios de vida de nuestra sociedad. Luchar por un sistema dirigido por la clase obrera y orientado a sus intereses se convierte en una necesidad para nuestra supervivencia.
Nuestro papel como comunistas debe ser denunciar la naturaleza enormemente limitada de la medida, su complicidad con la burguesía y el callejón sin salida que demuestra ser el reformismo, especialmente patente en este momento del desarrollo histórico. No obstante, el IMV sí ofrece oportunidades de lucha. Como derecho hecho ley, ofrece a sindicatos y movimientos sociales un punto de partida que defender y sobre el cual avanzar, que inevitablemente generará mayores contradicciones en los gobiernos capitalistas, todavía más en aquellos que aspiran bienintencionadamente a mejorar algunas condiciones sociales sin enfrentar a la burguesía en una política de conciliación de clases imposible.
El ministro Escrivá ha hecho un trabajo técnicamente muy bueno: ha usado multitud de fuentes estadísticas para definir los tipos de hogares a los que dirigirse, ha concretado en el decreto ley mecanismos de evaluación de la medida, etc. Dentro de los parámetros de la política burguesa, el diseño de la norma es notable. El problema es que el mejor trabajo administrativo de un gobierno socialdemócrata nace necesariamente con pies de barro y al son de la política de la clase dominante. De forma inevitable, un gobierno reformista técnicamente impecable será brutalmente ineficaz combatiendo los efectos del capitalismo.
[22] Podemos admite que su “renta básica” costaría 145.000 millones al año. https://www.libremercado.com/2014-08-06/podemos-admite-que-su-renta-basica-costaria-unos-145000-millones-extra-al-ano-1276525430/
Organización Comunista Revolución -- está en España. --
1 de julio ·
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http://somosrevolucion.es/…/El-IMV-y-la-miseria-del-capital…
🔴 | Desde Revolución hemos elaborado un análisis marxista ( MÁS BIEN, SOCIAL-SINDICALISTA, PERO CON BUENAS INTENCIONES,...-- EL MARXISMO REVOLUCIONADO Y CONTEMPORÁNEO, PUESTO AL DÍA,...POCOS GRUPOS Y PERSONALIDADES LO TIENEN EN SUS CEREBROS, Y EN SUS ESCRITOS,...¡¡. -- Y YO LES MANDÉ UN ARTÍCULO, CHULÍSIMO,...Y NO HA TOMADO NINGUNA CONSIDERACIÓN,...SOLO QUE NO LO HA QUITADO DEL FACEBOOK.COM Lmm. ).sobre la introducción del Ingreso Mínimo Vital y las repercusiones que tendrá en nuestra sociedad. ¿Supondrá el fin de la pobreza? ¿Perjudica a la burguesía? ¿Por qué la derecha ha aceptado sin problema esta medida?
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