Prohibir que los partidos puedan financiar sus campañas
electorales mediante créditos bancarios o del ICO. No es
casualidad que la única formación que no pide créditos sea la
que está planteando que los bancos tienen que devolver los
60 000 millones de euros que nos deben a todos y a todas,
y que los ricos deben contribuir con más impuestos. Quien
paga manda, y los bancos no pueden mandar en los partidos.
Además, resulta inadmisible que se use una institución como
el ICO, que debería servir para apoyar a nuestro tejido productivo, con el objetivo de financiar las campañas de algunos
partidos.
112. Prohibir que los bancos y los fondos sean propietarios de
los medios de comunicación. Según la Comisión Nacional
del Mercado de Valores (CNMV), solo la banca ya tiene acciones por valor de más de 600 millones de euros en medios de
comunicación y, en muchos casos, controla más del 50 % de su
capital. La salud de la democracia española exige que quienes tienen un enorme poder financiero no puedan aprovecharlo para controlar también la comunicación y la formación
de opinión pública en nuestro país.
113. Recuperar los 60 000 millones del rescate bancario. En junio de 2017, el Banco de España declaró que daba por perdidos 60 613 millones de euros del rescate bancario a las cajas
y los bancos españoles otorgado por la Unión Europea. El
montante que no se recupera es casi el 80 % de las ayudas
públicas directas invertidas, es decir, dinero de todas y de
todos. Este dinero se puede recuperar en una década mediante la implementación de un impuesto a las transacciones financieras, una reforma del impuesto sobre sociedades
respecto a la tributación de las grandes corporaciones y un
impuesto específico a la banca. Recuperar todo el dinero del
rescate equivaldría, por ejemplo, a construir 20 000 escuelas
infantiles que nos permitirían cuidar a todos los niños y niñas
menores de 3 años, pagar la pensión de 500 000 personas
jubiladas durante 10 años o levantar 375 000 viviendas públicas para acabar con la crisis habitacional que padece el país.
114. Reestructuración coordinada de las deudas públicas en el
marco de la zona euro. La deuda pública ha superado por
primera vez el 100 % del PIB. Esto tiene que ver con la deuda contraída para hacer frente al rescate bancario durante el
Gobierno de Rajoy y con una arquitectura europea desigual
en la que es necesario que el conjunto de la Unión asuma las
consecuencias de dicha desigualdad y la ataje. Implementa-
55
PODEMOS.
remos la reestructuración a través de una modificación en los
plazos de vencimiento de las deudas europeas en circulación,
mediante un canje de bonos que facilite que los viejos títulos
sean sustituidos por nuevos títulos que se mantengan a perpetuidad. El Banco Central Europeo (BCE) sería la institución
que adquiriría, al valor nominal, los viejos títulos y los canjearía por otros nuevos al 0 % de interés y con el objetivo de
mantenerlos a perpetuidad en su balance. El BCE reestructuraría las deudas públicas de las economías de la zona euro
que excedan del 60 % del PIB.
115. Llevar la democracia a las finanzas internacionales y luchar
contra los paraísos fiscales. Sin justicia económica no habrá
ni paz ni democracia. Por ello, trabajaremos por la aprobación
de un marco jurídico internacional para los procesos de reestructuración de deudas soberanas. Impulsaremos la prohibición internacional de los productos financieros altamente
especulativos, de forma que se superen los Acuerdos de Basilea III. Promoveremos la lucha contra los paraísos fiscales, proponiendo la creación de una Agencia Fiscal Internacional y de
un impuesto global sobre la riqueza, así como la transparencia
y la democratización en la adopción de nuevos tratados internacionales, especialmente, de tratados comerciales como el
TTIP y el CETA. Estos deberán ser siempre sometidos a control
parlamentario y, en su caso, a referéndum vinculante.
116. Un compromiso activo con la paz. Fortaleceremos la cooperación europea y un desplazamiento progresivo del espacio
atlántico (OTAN) al europeo (PCSD), evitando duplicidades y
mejorando tanto las sinergias entre Estados miembros como
la eficacia en conjunto. Apoyaremos la abolición de las armas
nucleares y de los sistemas de armamento letal autónomo
(es decir, carentes de control humano significativo en fases
críticas de su uso) e impulsaremos una educación para la paz
como un aspecto transversal de la acción gubernamental.
117. España, impulsora de la democracia internacional. Frente a la
crisis del multilateralismo, nuestro país debe liderar la apuesta por la democracia internacional. Para ello, promoveremos
la democratización del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas con la creación de una Asamblea Parlamentaria en la
ONU, elegida democráticamente, para abordar temas claves
como la violencia estructural contra las mujeres, el cambio
climático, los desequilibrios del comercio internacional, la lucha contra los paraísos fiscales o las migraciones. Esta asamblea impulsará planes de choque para asegurar la paridad
Las razones siguen intactas
56
en todos los niveles de las organizaciones internacionales;
trabajará para garantizar la neutralidad de la red como derecho democrático global; liderará los trabajos para crear una
agencia internacional de lucha contra la desinformación que
garantice la protección de las libertades fundamentales, y reforzará la justicia climática global. Asimismo, recuperaremos
la jurisdicción universal en su forma previa a las vergonzosas reformas del PSOE en 2009 y del PP en 2014, lo que
situará de nuevo a España a la vanguardia de la lucha contra
el incumplimiento de los derechos humanos en el mundo.
118. España, con la libre determinación del pueblo saharaui. España
tiene una responsabilidad histórica con el Sáhara Occidental,
con sus gentes y con la solidaridad entre nuestros pueblos.
Para ello, apoyaremos con acciones concretas el derecho a la
libre determinación del pueblo saharaui, mediante la implementación de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea (TJUE) sobre recursos naturales, las resoluciones del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para una solución justa y pacífica mediante referéndum y los procesos de
negociación en marcha. Estableceremos relaciones diplomáticas de alto nivel con la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y promoveremos la ampliación del mandato de
la Misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara
Occidental (MINURSO) para que adquiera competencias en
la protección y promoción de los derechos civiles, políticos,
económicos, sociales y culturales de la población saharaui.
Aumentaremos las partidas de ayuda humanitaria para los
campamentos saharauis; de este modo, el Sáhara Occidental
volverá a ser una zona prioritaria para la cooperación española. Apoyaremos programas de formación y movilidad de
la población saharaui y cumpliremos lo ya aprobado por el
Parlamento: el acceso a la nacionalidad española de las personas saharauis residentes en nuestro país, con los mismos
derechos que otros países con los que mantenemos relaciones históricas.
119. Prohibir las puertas giratorias. Como se sabe, la promesa de
ocupar puestos en los consejos de administración de grandes
empresas o de beneficiarse de sus altas retribuciones tras salir del servicio público conlleva la predisposición, por parte de
las personas que hasta entonces desempeñaban una función
dentro de las instituciones del Estado, a actuar contra el pueblo y a favor de unos pocos. Estas personas se llevan consigo
información muy valiosa, lo que deja las ventanas abiertas a
las peores formas de corrupción y despilfarro. Por eso, hay que
57
PODEMOS.
prohibir que miembros del Consejo de Ministros, secretarios y
secretarias de Estado, presidentes y miembros de los Consejos de Gobierno de las CC. AA., miembros del Congreso y del
Senado, así como del Tribunal Supremo, del Consejo General
del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, puedan trabajar, directamente o bajo cualquier fórmula de prestación de
servicios remunerados, para empresas que cotizan en bolsa
(en cualquier caso) y para empresas con más de 50 millones
de euros de facturación (coticen o no en bolsa) cuando hayan
tomado decisiones sobre su área de actividad. Tipificaremos
además como delito los casos graves de puertas giratorias
y estableceremos una regulación para impedir que responsables técnicos de alto nivel (por ejemplo, técnicos de Hacienda) puedan favorecer después, con información obtenida
en su paso por el servicio público, a grandes empresas que
operan en la que ha sido su área de intervención o regulación.
120. Regular los lobbies y hacer transparente su incidencia política. Cada vez que un lobby con intereses económicos se
reúna con un cargo público o de un partido, altos cargos de
la Administración, miembros del Gobierno, diputados o diputadas, senadores o senadoras o jueces y juezas de los altos
tribunales, entre otros, la ciudadanía debe poder saberlo. Para
la democracia española, resulta preocupante la capacidad de
influencia de determinados intereses privados organizados
en torno a grupos de presión para incidir en las normas jurídicas y en las decisiones de los poderes públicos, incluido el
manejo de sus recursos.
121. Plan Nacional contra la Corrupción, con el que impulsaremos una reforma del Código Penal para introducir el delito
relacionado con el enriquecimiento ilícito de cargos políticos
que, sin intervenir directamente en los delitos de corrupción,
sí hayan obtenido un beneficio de estos, así como un tipo
agravado de prevaricación administrativa en las contrataciones públicas, cohecho, tráfico de influencias y fraudes a
la Administración cuando se cometan a través de partidos
políticos. Este plan incluirá también una ampliación de las
plantillas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado
destinadas a la lucha contra la corrupción y los delitos económicos, como el blanqueo de capitales. El plan estará coordinado por un organismo independiente del poder político,
integrado por perfiles técnicos de la Administración y actores
relevantes de la sociedad civil en esta materia, para prevenir
la corrupción, asesorar al Poder Judicial y asegurar medios
seguros de denuncia y protección a quien se comprometa
Las razones siguen intactas
58
en la lucha contra la corrupción. Se prestará asesoramiento
técnico y formación actualizada a los agentes especializados
en la prevención y persecución de la corrupción y al conjunto
de los trabajadores y trabajadoras del sector público; y, asimismo, se ofrecerá protección real a quienes denuncien, pues
casi siempre se enfrentan en solitario a la maquinaria de la
corrupción con graves consecuencias, al tiempo que se habilitarán formas seguras y veraces de denuncia para proteger la
identidad de las personas que denuncien.
122. Acabar con las cloacas del Estado. Para poner fin a las
cloacas del Estado, se creará una Unidad Integral contra la
Corrupción Institucional, que estará formada por agentes especialistas en la lucha contra la corrupción de la Policía Nacional, la Guardia Civil y las policías autonómicas, y que, para
esta tarea, dependerá directamente de las juezas, los jueces
y fiscales encargados de las investigaciones. Las personas
especialistas que conformen esta unidad estarán blindadas
ante cualquier tipo de represalia, castigo o premio por parte
del poder político y bajo la coordinación de agentes de los
distintos cuerpos policiales elegidos por el Consejo General
del Poder Judicial mediante concurso de méritos y de capacidades.
123. Excluir de la contratación pública a las empresas implicadas
en casos de corrupción. Aparte de intensificar las responsabilidades corporativas y las prohibiciones de contratar con
las Administraciones Públicas, se contemplará la disolución
forzosa en caso de condena por delitos de corrupción y se
establecerán medidas cautelares para evitar que las empresas encausadas por estos delitos, en particular por la financiación irregular de partidos políticos, accedan a contratos
con la Administración.
124. Suprimir los aforamientos y acabar con la irresponsabilidad
del Rey. La proliferación de la figura de los aforamientos no ha
tenido nada que ver con la protección de los representantes
públicos frente a represalias y amenazas de los más poderosos, sino con un sistema de protecciones y favores que permite a los partidos ofrecer cierto privilegio judicial a algunos
de sus miembros. Por eso, iniciaremos una acción articulada
para la supresión de aforamientos desde las comunidades
autónomas y el Estado. Al mismo tiempo, trabajaremos en
una reforma constitucional para eliminar el privilegio judicial
más grave, que es la ausencia de responsabilidad del Rey,
establecida en el artículo 56.3 de la Constitución, así como el
59
PODEMOS.
hecho de que, en pleno siglo xxi, la justicia se siga administrando bajo la fórmula arcaica de «en nombre del Rey», cuando,
en realidad, esta emana del pueblo. Asimismo, pondremos en
marcha una comisión de investigación sobre los negocios de la
monarquía con el objetivo de determinar si, por ser irresponsable, es una institución idónea para nuestra democracia.
125. Eliminar los privilegios de los cargos electos. Acabaremos
con los privilegios de los cargos electos (diputadas, diputados,
senadoras y senadores), tanto de los que gozan durante el ejercicio de sus funciones como de los que les son atribuidos una
vez que han concluido sus respectivos mandatos. Asimismo,
rebajaremos las retribuciones de los miembros electos de las
Cortes, de manera que en ningún caso sea superior a la de los
cuerpos de funcionarios del Estado, y revisaremos los complementos económicos (gastos de representación, libre disposición, indemnizaciones, etcétera). Estableceremos mecanismos
de control de las dietas y los desplazamientos y eliminaremos
las indemnizaciones por cese, las llamadas «pensiones de oro»
de los exparlamentarios, de modo que sus derechos sean como
los del resto de las personas trabajadoras.
126. Reformar la ley electoral para atender al principio de «una
persona, un voto» y aumentar la proporcionalidad del sistema.
Sustituiremos la fórmula de reparto de escaños D’Hondt por la
de Sainte-Laguë, más proporcional. Con este cambio en la ley
electoral, atenuaremos la diferencia entre el porcentaje de votos
y el porcentaje de escaños que obtiene cada partido y, con ello,
las desigualdades en el valor del voto y la representación.
127. Listas cremallera en todos los procesos para garantizar la
presencia de mujeres en las instituciones. Superaremos la
regla de paridad que introdujo la Ley de Igualdad (40-60 %)
al hacer obligatorio un sistema de listas cremallera, que solo
se romperá si beneficia a las mujeres. Así, garantizaremos
que al menos la mitad de las personas con posibilidad de ser
representantes políticas sean mujeres.
128. Reformar la ley electoral para hacer el Senado más proporcional. Sustituiremos el sistema mayoritario actual —que hace
que, por ejemplo, el PSOE tenga casi un 60% de los senadores y las senadoras de elección directa con algo menos del
30 % de los votos o que el PP haya tenido un 62 % con poco
más del 30% de votos— por un sistema más justo, similar al
del Congreso.
129. Derogar el voto rogado para garantizar el derecho a voto
de quienes están fuera. Reformaremos de manera urgente
la ley electoral para eliminar la carrera de obstáculos para
votar que se impuso en 2011 contras los y las compatriotas en
el extranjero y que PP, PSOE y Cs no han querido quitar, lo
que ha hecho que el voto de las personas que residen fuera
de nuestro país haya caído desde el 31 % previo a la reforma
de 2011 hasta cifras del 4 % y el 6 % en las últimas elecciones
generales.
130. Crear una circunscripción electoral exterior para hacer oír la
voz de quienes viven fuera. Al mismo tiempo que se impide
el voto de nuestros y nuestras compatriotas que viven fuera
con el endiablado sistema del voto rogado, para los 2,5 millones de españoles y españolas en el extranjero no existe un
canal parlamentario a través del cual puedan hacer valer sus
demandas concretas. Por eso, crearemos una circunscripción
para quienes viven en el exterior, con la representación política proporcional a su número.
131. Democratizar y modernizar las campañas electorales. Como
las campañas deben servir para que la ciudadanía pueda conocer los diferentes proyectos políticos en liza, estableceremos la garantía de al menos dos debates entre los o las
candidatas a la presidencia del Gobierno, de los que al menos
uno se celebrará en la televisión pública. También estableceremos un envío único de papeletas que permitirá ahorrar
millones de dinero público.
132. Reconocer el derecho de sufragio a partir de los 16 años.
Frente al discurso conservador que dice que la juventud no
se interesa por la política, estos meses hemos visto las calles
llenas de jóvenes defendiendo el feminismo el 8M y la lucha
contra el cambio climático el 15 de marzo. La juventud quiere
un país mejor y debe poder participar. Además, a partir de
esta edad, se les reconoce la capacidad para realizar actividades como trabajar, emanciparse o conducir, por lo que no
está justificado restringirles el voto.
133. Constitucionalizar de verdad la soberanía popular y garantizarla con una regulación que facilite presentar iniciativas
legislativas populares y no permita invisibilizarlas, y que normalice las consultas cuando se trate de asuntos muy relevantes, como la entrada de España en operaciones militares.
Esta reforma también permitiría abrir nuevos espacios parti-
61
PODEMOS.
cipativos, como la deliberación ciudadana en la elaboración,
gestión y control de las políticas públicas, los presupuestos
participativos del Estado, la participación en los procesos legislativos en las Cortes Generales o una mayor presencia de
consultas populares, y sentaría las bases para que la participación avance en los demás ámbitos territoriales. Además,
cuando el 15 % del censo electoral entienda que el Gobierno le
ha dado la espalda, podrá iniciar un proceso revocatorio que
terminará con un referéndum en que se decida de manera
vinculante si quien ocupa la presidencia del Gobierno debe
dimitir y convocar nuevas elecciones generales. Suprimiremos, además, la necesidad de autorización del Consejo de
Ministros para la celebración de consultas populares locales,
en el ámbito de sus competencias.
134. Democratizar los partidos. Aparte de las listas electorales,
incorporaremos la paridad a los órganos de los partidos políticos y serán obligatorias las primarias para acceder a presidir
los órganos ejecutivos de los partidos.
135. Democratizar las empresas. Una economía moderna necesita actualizar la forma de dirigir sus empresas. Por una parte,
apoyaremos las empresas de la economía social, en las que
quien aporta su trabajo y su creatividad en el día a día también dirige la empresa. Por otra, impulsaremos la participación de los trabajadores en la dirección y en el accionariado
de las empresas, como ya ocurre en Alemania y en Francia,
para que nuestra economía aproveche ese talento y las decisiones estratégicas de las empresas sean mejores.
136. Aumentar el impacto del conocimiento científico en la política. Incorporaremos de manera continuada y coordinada el
conocimiento científico a la acción de gobierno y a las instituciones legislativas, a través de una red de asesoría científica,
conforme a los criterios de los organismos internacionales en
la materia.
137. Recuperar los bienes inmatriculados indebidamente por la
Iglesia. Estas operaciones se han basado, hasta 2015, en el
privilegio de inscribir en el Registro de la Propiedad bienes
a partir de simples declaraciones de sus propios miembros.
Esto la ha llevado a inscribir a su nombre bienes que —como
se sabe— son de toda la ciudadanía, como la mezquita de
Córdoba o ermitas de muchos pueblos que mantienen en
realidad los vecinos y vecinas, pero también edificios civiles,
como quioscos y plazas. La salud democrática de nuestro
país exige que esto se revise a fondo.
138. Garantizar la libertad para morir dignamente. Toda persona
que padezca un sufrimiento irreversible debe tener reconocido el derecho y la libertad de poner fin a ese sufrimiento.
Para ello, registraremos una ley con todas las garantías necesarias para las personas que deciden poner fin a su vida, así
como para los y las profesionales que las asisten.
139. Acabar con las casas de apuestas online y presenciales.
La proliferación de estos negocios depredadores está atacando nuestras comunidades, en particular, a las personas más
jóvenes que no tienen alternativas de ocio asequible en los
barrios. Hay que acabar con esta lacra y por eso nos fijamos
el ambicioso objetivo de que el 90 % de estos establecimientos hayan cerrado en un periodo de dos años. Para ello, se
impedirá que estos locales abran antes de las 22.00 horas
y que puedan publicitarse, tanto si lo hacen en locales como
por internet, tal como ocurre con otros productos nocivos,
como el alcohol y el tabaco. Será obligatorio que coloquen en
su entrada un cartel de advertencia sobre los peligros de la ludopatía y se implementará una estrategia estatal para frenarla.
Se limitará su proximidad a centros escolares, se restringirá
el uso de reclamos, como bonos de bienvenida o comida y
bebida más baratas de lo habitual, y se establecerán límites
de tiempo de apuestas y de gastos diarios y mensuales. También incrementaremos los impuestos a estos negocios con el
objetivo de aumentar la inversión en la prevención y el tratamiento del daño social que producen. En paralelo, diseñaremos
una política para abrir centros sociales para jóvenes en esos
barrios, que funcionen como espacios cogestionados donde
puedan desarrollar actividades culturales y de ocio, y se genere también empleo joven en los barrios. En cualquier caso,
los propios movimientos populares y asociaciones que han
liderado estas demandas deben formar parte del diseño e
implementación de cualquier estrategia pública en la materia.
140. Despenalizar el cannabis y legalizar su uso con fines medicinales. Despenalizaremos el cultivo y la tenencia de cannabis
a nivel personal y colectivo, regularemos la actividad de los
clubs sociales de cannabis y estableceremos el rol del Estado
en la garantía de seguridad de los y las consumidoras y en el
control de la producción, distribución y consumo de cannabis.
141. Reformar el artículo 49 de la Constitución, que habla de «disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos», y hacerlo no solo
para actualizar la terminología, sino, sobre todo, para dotarlo
de rango de derecho fundamental mediante la adaptación
de su enfoque y contenido al paradigma de los derechos
Acabar con las casas de apuestas online y presenciales.
63
PODEMOS.
humanos de la Convención Internacional sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad.
142. Fomentar la responsabilidad informativa y la ciudadanía
crítica frente a las fake news. Abordaremos estas cuestiones desde el enfoque de los derechos humanos y conforme
a la deontología periodística. Para ello, se introducirán programas de alfabetización mediática y de ciberseguridad en
todas las fases del sistema educativo y se impulsará una
audiencia activa, crítica y participativa en unos medios de
comunicación plurales. También se aumentará la transparencia en torno a los gastos de comunicación de las Administraciones Públicas.
143. Establecer vías legales y seguras de entrada en España, poner fin a la irregularidad sobrevenida y garantizar los derechos civiles de las personas migradas. Las migraciones
deben darse en condiciones de seguridad para las personas,
y el Estado tiene que articular los mecanismos para garantizar los derechos humanos, especialmente el derecho a la
vida. Por ello, flexibilizaremos los procesos de reagrupación
familiar, recuperaremos la posibilidad de solicitar asilo en
embajadas y consulados de terceros países, articularemos
visados humanitarios, aumentaremos los programas de reasentamiento y crearemos nuevas modalidades de visado,
como el de búsqueda de empleo. Además, flexibilizaremos
los procesos de arraigo, dejando de vincular exclusivamente
la renovación de las autorizaciones de residencia a un contrato en vigor u oferta de empleo. En la misma línea, el derecho al sufragio municipal de las personas extranjeras dejará
de estar vinculado a tratados internacionales bilaterales; y,
asimismo, se acortarán los plazos requeridos para adquirir la
nacionalidad y se suprimirán las trabas burocráticas y requisitos discrecionales en el procedimiento de adquisición, como
puede ser el examen de nacionalidad.
144. Objetivo 2020: cero muertes en el Mediterráneo. Reforzaremos el Servicio de Salvamento Marítimo, un servicio puntero en
Europa, que permanecerá como servicio público y civil y cuya
única función será la salvaguarda de la vida en el mar. Para ello,
dotaremos de recursos y de personal estable a las tripulaciones.
Se protegerá el trabajo de las ONG de rescate y salvamento en
el Mediterráneo Central y se suprimirán las prohibiciones de salida. Garantizaremos el respeto absoluto a los derechos humanos
en la frontera sur, de acuerdo con la normativa internacional, y
vigilaremos que no se produzca ninguna devolución en caliente
o exprés ilegal. Asimismo, prohibiremos las llamadas «plataformas de desembarco» o similares. Además, España se comprometerá, en coordinación con otros países de la Unión Europea,
a acoger a aquellas personas rescatadas por ONG en el Mediterráneo Central, evitando casos de sufrimiento extremo como
el que hemos visto este verano con el barco de Open Arms. En
el mismo sentido, impulsará un servicio de salvamento europeo que evite que situaciones como esta vuelvan a repetirse.
145. Garantizar el derecho de asilo dentro de la realidad global.
Impulsaremos una nueva Ley de Asilo adaptada a la realidad
global actual, que incluya a quienes tienen que huir de su
residencia por cuestiones medioambientales. Hasta entonces, desarrollaremos de manera urgente el reglamento
de la actual Ley de Asilo y revisaremos los criterios de la
Oficina de Asilo y Refugio para asegurar que no se basan
en estereotipos de ninguna clase y que se desbloquean los
miles de expedientes que actualmente están en evaluación.
Pondremos especial atención a la garantía del derecho de
asilo del colectivo LGTBI y de las víctimas de trata.
146. Cerrar los centros de internamiento de extranjeros (CIE). Ningún modelo de privación de la libertad de las personas según su
situación administrativa es adecuado para la recepción y acogida de personas migrantes. Es una excepción jurídica y democrática a la que se debe poner fin.
147. Construir un país sin racismo. Impulsaremos una Ley Integral para la Igualdad de Trato y el Fomento de la Convivencia
(«Ley 14»). La Ley 14 establecerá medidas para evitar el racismo y otras discriminaciones en todos los ámbitos y creará un
organismo específico de asistencia a víctimas que recogerá
denuncias, investigará eventos en colaboración con la Justicia y podrá participar en procedimientos judiciales. Esta ley
irá acompañada de un Plan Estatal Integral de Convivencia,
con medidas de formación a empleados públicos, de difusión
en medios de comunicación, para la reparación de las víctimas en las fronteras y para el avance en el proceso de descolonización simbólica.
148. Ley Integral contra la Trata de Personas. Las víctimas de trata serán consideradas como sujetos de derecho. La ley asegurará la coordinación de todas las Administraciones, prohibirá
la deportación o el encierro de víctimas en los CIE y las eximirá
de responsabilidad penal si están en situación administrativa
irregular. La ley irá acompañada de planes de formación para empleados públicos y, gracias a ella, se crearán mecanismos
de atención integral a las víctimas con un enfoque integrador,
transcultural y de protección efectiva en el caso de denuncia
y más allá del juicio.
149. Comisión Nacional de la Memoria Histórica y la Reconciliación con el Pueblo Romaní en España. En la comisión,
participarán diputados y diputadas, senadores y senadoras,
personal de la Administración y personas romaníes expertas.
Esta comisión formará parte de una estrategia estatal para
la erradicación del antigitanismo, que reconocerá el impacto diferencial que tanto la realidad histórica romaní como la
configuración institucional presente ejercen hoy día sobre
sus derechos, y desarrollará y hará efectivo el derecho internacional con respecto al tratamiento de la población romaní,
asumido por España con carácter vinculante.
150. Poner en marcha un Plan Estatal de Retorno para que todas
las personas que vivan fuera de España y quieran volver lo
puedan hacer. Con este fin, y gracias a los tres horizontes que
proponemos, pueden crearse más de un millón de empleos
y, en este sentido, se dará especial consideración a las personas
emigradas que quieran volver. A esto se sumará, a través de un
cambio en las políticas activas de empleo para que no las discriminen, la consideración de su experiencia en el extranjero en
las ofertas de empleo público (que aumentarán notablemente
fruto de las citadas inversiones), la prestación de la garantía de
ingresos de un mínimo de 600 euros en caso de hogar unipersonal (que puede incrementarse hasta los 1200 euros si no
se tienen ingresos o patrimonio suficiente) y la creación de un
servicio de información y orientación para el retorno en las secciones y oficinas consulares.
151. Mantener la cobertura sanitaria universal para los y las
españolas emigrantes. Las élites de nuestro país no solo han
expulsado a cientos de miles de compatriotas, sino que han
colaborado en que pierdan derechos mientras están fuera,
como ocurre con la cobertura sanitaria a la que tienen derecho
todos y todas las españolas al margen de donde vivan, porque
la ciudadanía española no se acaba en sus fronteras. Para
hacer efectivo esto, trabajaremos para suprimir los acuerdos
de exclusión sanitaria y para incorporar a los emigrantes a los
sistemas de salud del país receptor.
152. Conservar los lazos de las personas emigradas con nuestro país. España sigue queriendo tener cerca a las personas
que han emigrado. Para ello, por una parte, reconoceremos la nacionalidad española a las personas descendientes de progenitoras y progenitores españoles nacidos en el extranjero
en cualquier momento. Estas personas podrán optar por la
nacionalidad española en caso de que sus madres, padres,
abuelas o abuelos adquirieran la nacionalidad del país de
acogida. A esto se añaden los casos de quienes perdieron la
nacionalidad en el exilio causado por la Guerra Civil y la dictadura, a quienes se les reconocerá con el fin de saldar esa
deuda histórica. Por otra parte, se ofrecerá la enseñanza de
las lenguas y la pluralidad cultural de nuestro país. En los lugares donde existan al menos doce solicitudes, se ofrecerán
clases presenciales de un mínimo de tres horas a la semana,
así como sistemas de educación a distancia donde no haya
solicitudes suficientes.
153. Ningún acuerdo que desproteja a los y las españolas en el
Reino Unido ante el brexit. Como la incertidumbre asociada
a la salida del Reino Unido de la Unión Europea ya está afectando a nuestros y nuestras compatriotas, nos comprometemos a que el Gobierno de España no participe en ningún
acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el Reino Unido para la
salida de este de la UE que menoscabe los derechos de todo
tipo —incluidos los derechos sociales— de los españoles y las
españolas que residen allí. Ante una salida sin acuerdo, el Gobierno de España negociaría con el británico un trato recíproco entre los españoles y las españolas que viven en el Reino
Unido y los británicos y las británicas que viven en España.
154. Fin de las leyes mordaza y de los delitos medievales
de ofensa a los sentimientos religiosos e injurias a la Corona.
En 2015, el Partido Popular nos devolvía a tiempos predemocráticos con la aprobación de las leyes mordaza, es decir, la
Ley de Seguridad Ciudadana y la reforma del Código Penal en
sus limitaciones a la acción política libre. Nuestro país se merece una democracia del siglo xxi y, por ello, derogaremos las
leyes mordaza y reformaremos el Código Penal para acabar
con la criminalización de la libertad de expresión y de opinión,
tanto en la calle como en internet.
155. Crear un Observatorio Ciudadano de Evaluación de Políticas Públicas y Rendición de Cuentas. En las últimas décadas
hemos construido en España aeropuertos sin aviones, autopistas sin conductores, paradas de AVE en pueblos de menos
de mil habitante. En definitiva, se ha despilfarrado mucho dinero mientras otras zonas del país, como Extremadura, Soria
o Teruel, se han dejado abandonadas. No puede ser que se sigan cometiendo estos errores. Por eso, es necesario incorporar la fase de evaluación a todas las políticas públicas, al
servicio de los intereses generales. Al mismo tiempo, incorporaremos los saberes científicos a la elaboración de las normas jurídicas.
156. Despolitizar el Tribunal Constitucional con un sistema de
nombramientos en el que prime el consenso y no las cuotas
partidistas, contraproducentes para la elección de juristas de
reconocido prestigio y para la garantía de su independencia respecto de los partidos políticos en el ejercicio de su
cargo. Derogaremos la «reforma exprés» de la Ley Orgánica
del Tribunal Constitucional llevada a cabo —unilateralmente
y por el procedimiento de urgencia— por el PP en 2015, que
le atribuyó competencias ejecutivas, como la suspensión de
funciones a autoridades, propias de la jurisdicción ordinaria,
pero impropias de la neutralidad institucional del máximo intérprete de la Constitución española.
157. Reformar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para
reforzar su independencia a través de un sistema de elección
directa por la ciudadanía. Hasta que se apruebe la necesaria
reforma constitucional, mejoraremos el sistema parlamentario de elección de vocales para aumentar la pluralidad y
la transparencia de la elección de las doce vocalías de procedencia judicial, incluyendo la posibilidad de propuesta de
candidaturas avaladas por la ciudadanía y las comparecencias
públicas iguales a las de procedencia no judicial. El CGPJ deberá cumplir escrupulosamente, en todos los nombramientos
discrecionales, los principios de mérito, capacidad y paridad
de género para compensar la actual infrarrepresentación de
mujeres en la cúpula judicial.
158. Volver a prestigiar el Tribunal Supremo y modernizar el acceso a la carrera judicial. Con la supresión de los aforamientos,
la Sala Segunda de lo Penal tendrá menos peso. Asimismo, la
aplicación estricta de los principios de mérito, capacidad y
paridad de género restablecerá el prestigio perdido de todas
sus salas, en especial, la Tercera. Modernizaremos también
el sistema de acceso a la carrera judicial, para lo cual nos
inspiraremos en los mejores elementos de los sistemas europeos de carrera única judicial y fiscal, con el fin de superar el
sistema de oposición memorística y de preparación privada,
que perpetúan el sesgo económico y los vicios de formación
del Poder Judicial. El proceso selectivo estará compuesto
por una fase de formación universitaria pública de posgrado,
Las razones siguen intactas
68
avalada por la Escuela Judicial; unas pruebas de acceso a la
Escuela Judicial, con preparación integrada en centros públicos de estudios jurídicos; una prueba escrita anonimizada y
corregida por el sistema de doble ciego y una prueba oral de
argumentación jurídica; y una última fase de formación inicial
que incluya conocimientos jurídicos y habilidades y capacidades específicas para un ejercicio acorde a sus fines constitucionales.
159. Garantizar el derecho a una Justicia de calidad. La Justicia
es un servicio público de acceso universal, por lo que la Ley
de Tasas Judiciales se reformará para que nadie quede fuera del
sistema por motivos económicos. Sus profesionales desempeñan con alta calidad sus funciones hoy en día, en un contexto de carencia de recursos y de personal que no ha dejado
de crecer desde la crisis de 2008 y que causa situaciones
de precariedad y excesiva demora. Al mismo tiempo que se
aumenta el conjunto de su financiación, es imprescindible
que se destine una mayor dotación de recursos a la formación y especialización de sus profesionales, especialmente,
en perspectiva de género. Se asignará también una dotación
suficiente al sistema de asistencia jurídica gratuita, con una
retribución digna para sus profesionales, y se modernizarán
los Institutos de Medicina Legal y Nacional de Toxicología en
reconocimiento a la labor de sus profesionales.
160. Hacer justicia a nuestra memoria democrática. La recuperación de la memoria democrática de nuestro país va mucho
más allá de la exhumación de la momia del dictador. Hace
falta verdad, justicia, reparación y no repetición. Mientras tanto, somos la excepcionalidad europea en términos de impunidad y de haberle dado la espalda a nuestra historia. Vamos
a revertir esto de acuerdo con los principios de los derechos
humanos en torno a los ejes de verdad (poder conocer lo
ocurrido), justicia (llevar a los responsables ante los tribunales), reparación de las víctimas y no repetición (garantizar
que no persisten hoy elementos que siguen causando daño).
Para avanzar en este camino, implementaremos un programa
de exhumaciones de las víctimas del franquismo que continúan en fosas comunes, retiraremos las medallas concedidas
a Billy el Niño y a otros torturadores del franquismo, modificaremos la Ley de Amnistía para que se puedan juzgar los
crímenes de lesa humanidad del fascismo, tal como hace ineludible el derecho internacional —que se incumple ahora en
España—, y anularemos los juicios políticos del franquismo.
También declararemos nulas las condenas y sanciones de tribunales, jurados y otros órganos penales, administrativos o
militares dictadas durante la guerra civil española o la dictadura por motivos políticos, ideológicos, de creencia o de
orientación sexual, identidad sexual, identidad de género o
expresión de género. Al mismo tiempo, hay que señalar que
el régimen franquista no solo fue una maquinaria autoritaria
diseñada para la represión, sino que operó también como un
mecanismo de saqueo y expolio hacia familias de la jerarquía
franquista. Por ello, una de las claves en la reparación es auditar de los bienes expoliados por el franquismo para devolverlos a sus legítimos titulares.
Garantías de Justicia Laboral y Pensiones
El horizonte verde, morado y digital que proponemos va a significar a largo plazo un vuelco de nuestras relaciones laborales,
de la distribución de tiempos de cuidado y de disfrute personal
y, en general, de nuestra manera de estar en este planeta. Para
ello hay, que cortar amarras con una precariedad laboral que no
nos deja llegar a final de mes, planificar nuestro futuro o alcanzar
unas pensiones dignas. Hay que hacer excepcionales los contratos temporales y que los indefinidos vuelvan a significar algo en
términos de estabilidad y de posibilidades de planificar una vida.
Hay que acabar con los fraudes y las horas impagadas, y reequilibrar los sueldos y el poder de negociación de las partes.
El horizonte verde, morado y digital que proponemos va a significar,
a largo plazo, un cambio profundo en nuestras relaciones laborales,
en la distribución de tiempos para el cuidado y el disfrute personal
y, en general, en nuestra manera de estar en este planeta. Para ello,
hay que cortar amarras con una precariedad laboral que no nos
deja llegar a fin de mes, planificar nuestro futuro o alcanzar unas
pensiones dignas. Hay que hacer excepcionales los contratos temporales y que los indefinidos vuelvan a significar algo en términos de
estabilidad y de posibilidad de planificar una vida. Hay que acabar
con los fraudes y las horas impagadas, y reequilibrar los sueldos y el
poder de negociación de las partes.
Las razones siguen intactas
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161. Derogar la reforma laboral de Zapatero de 2010 y la de
Rajoy de 2012. Es obvia la necesidad de elaborar un nuevo
Estatuto de los Trabajadores adaptado a la realidad laboral, tecnológica y ecológica de 2019, pero el primer paso de
este proceso es la derogación de unas reformas laborales
que han impedido que la gente recuperara los niveles de
bienestar previos a la crisis y que fueron escritas al dictado
de la troika y con el beneplácito de la CEOE y el Círculo de
Empresarios. Esta derogación haría efectivas muchas de las
medidas que se proponen en este apartado.
162. Eliminar la mal llamada «flexibilización» que instalaron las
reformas laborales del PSOE y del PP, y que introduce una
gran precariedad a través de la contratación temporal masiva. De esta manera, dejaremos un único tipo de contrato
temporal, eliminando las demás figuras, y solo podrá realizarse por causas productivas absolutamente imprevistas (no
campañas ni estaciones) y organizativas estrictas, como sustituciones por bajas (interinidad).
163. Prohibir los contratos temporales de menos de un mes y
el fraude de la concatenación de contratos. En caso de poderse celebrar un contrato temporal conforme a la nueva ley,
este tendrá una duración de entre 1 mes y 6 meses, después
de los cuales se pasará automáticamente a uno fijo. Para evitar que se produzca la trampa de despedir antes de ese término para evitar que el trabajador o la trabajadora pase a ser
fijo o fija, cuando se concatenen contratos más allá de ese
límite de seis meses, aunque sea con varias personas, la última contratada de manera temporal se considerará indefinida.
164. Poner coto a las trampas para mantener una temporalidad
fraudulenta. En primer lugar, si se despide a un trabajador o a
una trabajadora con un contrato temporal fraudulento conforme a estas reglas, ese despido será nulo y se deberá readmitir
al trabajador o a la trabajadora con un contrato indefinido.
Con esta medida, evitaremos que los infractores o las infractoras opten por despedir a sus trabajadores y trabajadoras
temporales antes de que sus contratos se conviertan en indefinidos. En segundo lugar, penalizaremos a las empresas que
hagan un uso excesivo de la contratación temporal con una
cuota empresarial a la Seguridad Social más alta e implementaremos programas específicos de inspección en sectores
que se encuentren en una especial situación de precariedad,
como ocurre con muchos de los empleos feminizados.
165. Hacer realmente estables los contratos indefinidos. Un 40 %
de los contratos indefinidos se extinguen antes de un año. No
basta con llamarlos «indefinidos», hay que hacerlos estables y,
para eso, proponemos distintas medidas, que se resumen en
la derogación del conjunto de las dos reformas laborales, de
Zapatero y de Rajoy, que precarizaron el contrato fijo facilitando
las distintas modalidades de despido y abaratando su coste.
En particular, estableceremos una regulación clara y adecuada
a la coyuntura de qué circunstancias económicas justifican el
despido objetivo.
166. Poner orden en la subcontratación y proteger los derechos
laborales de los y las trabajadoras de subcontratas. Limitaremos la subcontratación a servicios especializados ajenos a la
actividad principal de la empresa, de manera que los servicios
propios de la empresa queden excluidos. Es decir, un hotel
no puede subcontratar la limpieza de las habitaciones y una
empresa que presta servicios masivos no puede subcontratar
su servicio de atención al cliente. Cuando la subcontratación
esté justificada, sus trabajadoras y trabajadores tendrán las
mismas condiciones que las de la empresa matriz.
167. Convertir el trabajo a tiempo parcial en una opción digna.
Adoptaremos una serie de protecciones de estos trabajadores y de estas trabajadoras —la mayoría, mujeres—, que aproxime este tipo de contrato a una forma moderna de combinar
el trabajo con la vida, como sucede en muchos Estados de
nuestro entorno. En particular, exigiremos definir el horario
en el contrato, con una distribución regular, de manera que
los trabajadores y las trabajadoras puedan organizar su vida.
Además, y según la regulación actual, las horas realizadas
más allá del contrato de trabajo no se consideran horas extras. Eliminaremos esto y haremos que todas aquellas se consideren horas extras y se paguen como tal. Respecto a este
y otros supuestos laborales, es urgente reforzar el rol de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social para hacer cumplir
la ley.
168. Acabar con el fraude de las horas extras. En España se hacen una enorme cantidad de horas extras, muchas de ellas
impagadas y que, además, desequilibran cualquier organización corresponsable entre los tiempos de trabajo y de vida.
Por eso, será obligatorio que las empresas registren las horas
extras y que las paguen, de manera que los trabajadores y
las trabajadoras puedan tener un acceso a estos datos y se
garantice que se pagan.
169. Poner orden en el sistema de prácticas externas para que
sean un trampolín y no una trampa de precariedad. Para
ello, garantizaremos que estén incluidas en los planes de estudio y que sean formativas, y que estén tuteladas profesionalmente y sean retribuidas al menos conforme al SMI según
el número de horas cotizadas y con jornadas máximas de
cinco horas.
170. Jornada laboral de 34 horas semanales y reorganización de
los tiempos de trabajo, ocio y cuidados. (Véase el apartado
«Horizonte Morado y Economía de los Cuidados»).
171. Permisos por nacimiento y cuidado del menor iguales e intransferibles. (Véase el apartado «Horizonte Morado y Economía de los Cuidados»).
172. Acabar con la brecha salarial. (Véase el apartado «Horizonte
Morado y Economía de los Cuidados»).
173. Fin del fraude de las y los falsos autónomos. Se conocen cada
vez más casos, como los que aparecen en las recientes sentencias contra Deliveroo, en los que grandes empresas tienen
bajo su dirección a trabajadores y trabajadoras que, sin embargo, tienen que pagarse sus cuotas. Se estima que son ya
225 000 personas las obligadas a trabajar para una empresa,
pero pagándose sus cuotas. Como esto perjudica a los derechos de esas personas y priva de unos 600 millones al año a la
Seguridad Social de todos y de todas, hay que darle la vuelta a
esta situación. Se presumirá que existe una relación laboral por
cuenta ajena cuando la persona autónoma tenga una única vía
de ingresos relevante. Al mismo tiempo, protegeremos a quien
sufre el fraude —es decir, a la o el falso autónomo— y obligaremos a la empresa a incorporar a esa persona con un contrato indefinido y a abonar su afiliación a la Seguridad Social,
así como otros derechos que hubiera generado si, desde el
inicio de su relación laboral, hubiera estado contratada de
manera legal. Además, iniciaremos una intensa campaña de
inspecciones de Seguridad Social y de trabajo, organizada a
partir de las denuncias recibidas, con un régimen sancionador a la altura del fraude.
174. Establecer cuotas justas para las y los autónomos. En el modelo actual, hay un desajuste entre los ingresos realmente
obtenidos por las personas que trabajan como autónomas
y sus cotizaciones sociales, que perjudica, sobre todo, a las
más precarias. No hay que olvidar que la tasa de pobreza entre las personas que trabajan como autónomas triplica en
España la de quienes trabajan por cuenta ajena. Por ello, es
urgente atender la situación de estas personas, que deben
cotizar solo por los rendimientos que realmente obtengan y
no con la desproporción actual.
175. Prohibición de que las empresas del IBEX 35 y que cotizan
en bolsa paguen a autónomas y pymes a más de 30 días.
Las grandes empresas del IBEX y cotizadas cobran inmediatamente, pero pagan a 90 días, e incluso más a veces, de
manera que se financian gracias a unos trabajadores y trabajadoras autónomos y pymes a quienes trasladan todos los
riesgos. Muchas de estas pymes y autónomos son, además,
reticentes a reclamar, porque temen las represalias de esos
grandes clientes de los que dependen. Por lo tanto, la prohibición se debe acompañar de un sistema automatizado de
sanciones y reparaciones para hacerse efectiva sin que sea
necesaria la reclamación específica. Asimismo, el sector público dará ejemplo de puntualidad, para lo que impulsaremos
una ley que lo obligue a pagar a 30 días como máximo a pymes y autónomos en todas las Administraciones.
176. Una segunda oportunidad para las personas con deudas.
Ampliaremos la condición de consumidoras y consumidores a las trabajadoras y los trabajadores autónomos y a las
pymes cuando se relacionen con grandes empresas y entidades financieras para la contratación de préstamos o créditos hipotecarios. Se aplicará un nuevo procedimiento judicial
simplificado para la reestructuración y cancelación de deudas, que tendrá una fase de conciliación, en la que la persona deudora presentará una propuesta a las acreedoras. Esta
propuesta podrá incluir reestructuraciones, quitas y cancelaciones de deudas. En caso de que no haya acuerdo, será
el juez o la jueza quien decida el plan de pagos. pagos. En el
caso de deudoras y deudores hipotecarios, regirá lo señalado
en el apartado de «Garantías de Justicia Social». Así evitaremos que las deudas sean, en la práctica, a perpetuidad.
177. Recuperar el poder de la negociación colectiva, devolviendo a los sindicatos la fuerza que les quitaron las reformas de
Zapatero y Rajoy. Al derogar estas dos reformas, se reestablecerá el poder de la negociación colectiva. Estableceremos la
prevalencia de los convenios de sector, sean de ámbito provincial, autonómico o estatal, para establecer las condiciones
mínimas de trabajo, de modo que se evite el empeoramiento
de condiciones por medio de convenios de empresa. Como
Las razones siguen intactas
78
garantías añadidas, se revisarán las amplias posibilidades que
tiene ahora la modificación sustancial de las condiciones de
trabajo y se establecerá que el mismo grupo empresarial, con
sus empresas dependientes, tiene que ser una unidad de negociación. Asimismo, restableceremos la llamada «ultraactividad» de los convenios, es decir, su prórroga automática
cuando no haya uno nuevo que lo sustituya. La situación actual, en la que se dejan de aplicar en la fecha en que terminan,
desarticula cualquier posibilidad de negociación para alcanzar una mejora de las condiciones, ya que, al bloquear la situación, se retrocede a una situación peor para los trabajadores
y las trabajadoras. Este fortalecimiento de la negociación colectiva tendrá un efecto de impulso, que potenciaremos, sobre
la modernización y efectividad de la prevención de riesgos
laborales.
178. Alcanzar un salario mínimo interprofesional de 1200 euros en la
próxima legislatura. Gracias a la presión de nuestro grupo parlamentario, en 2019 se ha producido la mayor subida del salario
mínimo interprofesional (SMI) en décadas, hasta los 900 euros
mensuales. A partir de aquí, el objetivo debe ser llegar inmediatamente a los 1000 euros y asegurar que esta cuantía se actualiza al nivel establecido en la Carta Social Europea en una
legislatura: que el SMI sea, al menos, el 60 % del salario medio.
179. Fortalecer las protecciones por desempleo. Las reformas laborales también recortaron nuestros derechos en esta situación.
Incrementaremos la prestación al 70 % de la base reguladora
desde el primer día y hasta el final, sin recortes, y elevaremos las
cuantías máximas y mínimas. No se perderán periodos acumulados para la prestación que no hayan sido consumidos, de manera que, para calcular la duración, se tendrán en cuenta todos
los periodos cotizados y no consumidos, sin tener que optar
por un periodo y perder el anterior. Estableceremos el derecho
a no consumir la prestación mientras se está en situación de
incapacidad temporal y reconoceremos esta protección a los
empleados y las empleadas del hogar y a quienes reciban prestación para el cuidado de familiares al finalizarse esta.
180. Protección especial por desempleo para jóvenes. El periodo
de cotización exigido para tener derecho a la prestación por
desempleo se reducirá a la mitad para menores de 30 años, al
mismo tiempo que la duración de la prestación subirá de un
tercio del tiempo trabajado a la mitad.
181. Recuperar los derechos laborales en el sector público. Garantizaremos la recuperación del poder adquisitivo y de los
derechos hurtados en los últimos años en nombre de la austeridad, así como de los derechos laborales directamente
relacionados con la conciliación de la vida familiar, como el
régimen de permisos, las vacaciones y los derechos de jubilación. También revisaremos las pensiones del sector público
que han visto mermadas sus bases de cotización.
182. Recuperar derechos en los empleos más precarios y feminizados. Por una parte, garantizaremos los derechos y las mejoras laborales de las camareras de piso (las kellys). Exigiremos
que estén contratadas directamente por el establecimiento
hotelero —ya que nuestra reforma de la subcontratación impide que una empresa pueda externalizar servicios que forman parte de su actividad principal, como es, en el caso de
los hoteles, mantener limpias las habitaciones— y reconoceremos la posibilidad de jubilarse de manera anticipada sin
penalización, debido a la dureza de su empleo. También impulsaremos, junto con las comunidades autónomas, un sello
de calidad turística que, entre otros criterios, reconozca a los
establecimientos turísticos que cuidan y protegen los derechos de sus empleados y empleadas. Por otra parte, garantizaremos los derechos de las empleadas del hogar con la
ratificación del Convenio 189 de la OIT y su integración dentro del Régimen General de la Seguridad Social, con igualdad
de derechos que cualquier otra persona que trabaja, como el de
tener una prestación por desempleo o protecciones frente al
despido. Asimismo, reconoceremos la posibilidad de completar periodos no cotizados (las llamadas «lagunas de cotización») para alcanzar el periodo mínimo que da acceso a una
pensión contributiva, tal como tienen otras personas trabajadoras. También se reconocerá la posibilidad de jubilación anticipada sin penalización por las mismas razones de especial
dureza de estos empleos. Se adoptarán medidas similares
respecto a otros empleos feminizados y precarizados, como
el de las aparadoras de calzado y otros.
183. Reconocer los derechos sindicales y civiles negados a los
y las guardias civiles. Reconoceremos la condición de sindicatos de las distintas asociaciones de la Guardia Civil y
derogaremos las normas que prohíban a sus miembros la
participación en la vida sindical. Al mismo tiempo, garantizaremos sus derechos laborales y la capacidad de organización
para defenderlos, con lo que se mejorará el servicio que prestan a toda la ciudadanía. Por otro lado, suprimiremos la aplicación del Código Penal Militar a la Guardia Civil, con el fin de
separarla del ámbito militar y constituirla como una verdadera
fuerza civil de seguridad pública.
184. Culminar la equiparación salarial de la Policía y la Guardia
Civil al hacer efectiva la iniciativa legislativa popular de Proposición de Ley para la Efectiva Igualdad y Equiparación Salarial de las Policías del Estado español.
185. Dignificar las retribuciones de nuestros y nuestras militares
sin más excusas ni retrasos y equiparar derechos. Aumentaremos la partida dedicada a retribuciones en los presupuestos de 2020 y la consolidaremos en el reglamento de
retribuciones del personal para garantizar una subida lineal.
Es urgente aproximar las condiciones sociolaborales de nuestras y nuestros militares, tanto a las de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado (FCSE) como a las de las y los
funcionarios públicos en general, así como revisar el sistema
para compensar los excesos en la jornada laboral. Al mismo
tiempo, equipararemos sus derechos civiles a los del resto
de la ciudadanía; en particular, los derechos fundamentales
de reunión, manifestación, asociación, libertad de expresión,
sindicación y afiliación a partidos políticos. Fomentaremos y
normalizaremos la actividad de las asociaciones de militares
como instrumento clave para el desarrollo de sus derechos
y deberes, permitiendo su actividad y otorgando protección
laboral a sus representantes y subvenciones equiparables a
las de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Se suprimirán los arrestos sin tutela judicial efectiva en el régimen
disciplinario y, en los casos de movilidad geográfica, se considerarán los perjuicios ocasionados para los y las militares y
sus familias. También se renovarán los órganos de participación, como el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas
(Coperfas), con criterios democráticos y vinculantes para la
elaboración de las normas sociolaborales. En la misma línea
de equiparación de derechos, se reformará la Justicia militar:
se suprimirá la Sala Quinta, de lo Militar, del Tribunal Supremo, y se crearán órganos especializados en materias disciplinarias y penales militares, servidos por jueces o juezas y
magistrados y magistradas con la formación adecuada e integrados en los órdenes jurisdiccionales contencioso-administrativo y penal.
186. Frenar el ERE encubierto del Ministerio de Defensa para las
y los militares mayores de cuarenta y cinco años.
A través
de una reforma de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, suprimiremos los actuales compromisos temporales (de tropa y marinería, con cuarenta y cinco años, y de
complemento) y estableceremos una carrera militar integral
sin discriminaciones por escala.
187. Dignificar la situación de las funcionarias y los funcionarios de
prisiones.
Por un lado, mejoraremos sus condiciones sociolaborales, en cuanto a retribución, formación y medios, con la equiparación de condiciones entre personal funcionario y laboral, una
adecuación de los complementos conforme a una retribución
lineal y un proceso de negociación con las asociaciones y los
sindicatos. Por otro lado, incrementaremos esta plantilla para
responder a las 3400 vacantes actuales sin cubrir y resolver
con empleo público la masificación de las prisiones, en lugar
de hacerlo con personal precario y sin formación adecuada.
En este sentido, desprivatizaremos la vigilancia de los perímetros de las cárceles, ya que se trata de un servicio de seguridad pública que deben asumir la Policía y la Guardia Civil,
como esta ya hacía antes en exclusiva. Así, se dispondrá de
recursos para mejorar las condiciones laborales de la Policía,
la Guardia Civil y los funcionarios y las funcionarias de prisiones, así como la vida de las personas reclusas.
188. Ley específica para el sector de los Servicios de Prevención,
Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS), en el marco
del Sistema Nacional de Protección Civil.
Con esta norma, estableceremos los criterios básicos para la coordinación de la
actuación de los servicios en todo el Estado y los derechos
laborales de este personal, homologando las escalas, categorías y distintivos comunes en las comunidades autónomas y
garantizando que la categoría profesional de bombero o bombera sea, como mínimo, C1 en todo el Estado, de conformidad
con lo que establece el Estatuto Básico del Empleado Público.
189. Ley específica para bomberos y bomberas forestales en el
marco del Sistema Nacional de Protección Civil. Esta norma
establecerá obligaciones para las Administraciones competentes en relación con la elaboración de planes generales,
territoriales, especiales y de autoprotección. También establecerá los derechos laborales del sector mediante la creación del Estatuto Básico de Bomberas y Bomberos Forestales,
que reconozca las funciones propias de estos servicios en el
medio natural y rural, y los aspectos de salud y prevención de
riesgos laborales, así como las categorías profesionales y sus
especificaciones de formación.
190. Cuidar a los y las profesionales del deporte y fomentar el deporte femenino mediante una ley marco estatal. Esto mejorará sus condiciones laborales, ya que la actual ausencia de
reglas favorece la precariedad que reina en el sector. Esta
norma también incrementará la protección de la salud de
quien utiliza estos servicios, que muchas veces se prestan
sin la titulación profesional adecuada. Se establecerán planes plurianuales de becas y financiación de las federaciones para ofrecer a nuestros talentos seguridad durante los
ciclos de preparación de la alta competición. También se
diseñarán programas de transición a la vida laboral ordinaria de los y las deportistas que finalizan sus carreras, con
especial atención a la inclusión laboral de las mujeres y a
las oportunidades a través del empleo público. Este sector,
cuya Ley del Deporte tiene casi 30 años, debe adaptarse a
la realidad de que el deporte femenino goza hoy de un seguimiento y de una asistencia a las competiciones similar,
y en ocasiones superior, al masculino, al mismo tiempo que
las propias deportistas tienen que luchar día a día contra la
desigualdad en su reconocimiento y en sus retribuciones.
Por eso, reconoceremos las competiciones femeninas de
máxima categoría y a sus deportistas como profesionales,
y estableceremos premios y dietas iguales para mujeres y
hombres. También fomentaremos el incremento de la información deportiva dedicada al deporte femenino con el objetivo de alcanzar la paridad, algo con lo que empezarán los
medios públicos conforme a criterios objetivos de éxito en
las competiciones nacionales e internacionales.
191. Aumentar un 50 % la tasa de actividad de las personas con
diversidad funcional y garantizar el empleo con apoyos. Estas personas tienen una tasa de paro del 26,2 %, casi 10 puntos por encima de las personas sin diversidad funcional. Es en
el acceso al mercado de trabajo donde se encuentra la barrera principal, por lo que aprobaremos una nueva Ley de Inclusión Laboral, dotada con un aumento de recursos suficiente.
192. Por una nueva representatividad, interlocución y mayor fortaleza del campo. Necesitamos abrir un proceso de diálogo
con las organizaciones agrarias para reformar la actual Ley
12/2014, que regula la representación de agricultores y agricultoras y ganaderos y ganaderas por parte de las organizaciones profesionales agrarias. El objetivo es alcanzar una
adecuada representatividad y una interlocución eficaz entre el sector agropecuario y la Administración. Este proceso
debe ser democrático y representar la diversidad de los dis-
83
PODEMOS.
tintos tipos de agricultura y ganadería que se dan en nuestro
sector primario.
193. Protección para los jornaleros y las jornaleras del campo.
La guerra comercial puede perjudicar todavía más a la gente
más precaria del campo. Como ya propusimos este mismo
año con una nueva ley en el Congreso, estableceremos una
única prestación (subsidio especial agrario) para trabajadores y trabajadoras residentes en Andalucía y Extremadura,
eliminando el requisito de jornadas trabajadas (peonadas) y
subiendo su cuantía al 75 % del SMI. Este suelo de ingresos
aumentaría con cada tramo de 10 nuevas peonadas, para lo
que computarían las realizadas en el extranjero. Al garantizar
el subsidio, estamos quitando un mecanismo de poder a los
terratenientes y caciques locales con el fin de aumentar la
libertad de la gente que trabaja en el campo para exigir sus
derechos y que se cumpla la ley.
194. Garantía de revalorización de las pensiones por ley.
Estableceremos la actualización por ley de las pensiones al
IPC de manera inmediata y buscaremos blindar esta garantía
constitucionalizándola de forma expresa.
195. Derogar el mal llamado factor de sostenibilidad, que, de no
derogarse, supondrá un descenso de la pensión inicial de
entre el 9 % y el 18 % en los próximos años. De no haberse
conseguido un retraso en su aplicación, ya este año hubiera descendido un 0,5 % la pensión de las personas que se
incorporaran. Además, la medida retrasa la edad de jubilación (en un país con grandes problemas de empleo juvenil
y entre los trabajadores y las trabajadoras mayores). Los y
las pensionistas ya consiguieron que el Gobierno del PP de
Rajoy tuviera que suspender la entrada en vigor de este mecanismo en 2019, pero no se eliminó, sino que se pospuso al
año 2023; por eso, hay que derogarlo de una vez.
196. Incrementar las pensiones mínimas y las no contributivas.
Al establecer un Ingreso Básico Garantizado de, al menos,
600 euros por persona sola —que, además, podrá elevarse
en función de la situación y el tamaño del hogar, como señalaremos en el apartado «Garantías de Justicia Social»—,
se habrán elevado de un plumazo más de 200 euros las
pensiones no contributivas, que principalmente reciben
mujeres. Subiremos también las pensiones de viudedad y
elevaremos de manera inmediata las pensiones mínimas a
partir de un suelo de 750 euros, con lo que avanzaremos
Las razones siguen intactas
84
en un calendario de mejora hacia los objetivos de la Carta
Social Europea.
197. Las personas que lleguen a la edad de jubilación podrán
elegir libremente los años de cómputo para el cálculo de
sus pensiones entre todos los de su vida laboral. Tanto la
limitación de que sean los últimos años como la de que sean
consecutivos estaban pensadas para un modelo laboral anterior y, ahora mismo, perjudican especialmente a las personas
cercanas a la edad de jubilación con dificultades para tener
buenos empleos.
198. Fortalecer los ingresos del sistema de Seguridad Social.
Aparte de la creación neta de empleo y, por tanto, de ingresos de los horizontes verde, morado y digital, revisaremos el
actual sistema de reducciones de cuotas a la Seguridad Social y de bonificaciones, que ha demostrado ser incapaz de
generar empleo y que supone una pérdida de más de 3000
millones cada año, para invertir ese dinero de manera más
eficaz. Eliminaremos, además, los topes de cotización, de
manera que quienes tengan salarios muy altos coticen más
a la Seguridad Social, así como los beneficios fiscales por las
inversiones en planes de pensiones privados
199. Las personas que hayan cotizado al menos 35 años podrán
jubilarse anticipadamente sin penalización en sus pensiones.
Con el actual sistema, muchas personas que ya han cotizado
más de 35 años, pero que, sin embargo, no encuentran un empleo digno en los últimos años de su vida laboral, no pueden
acceder a la jubilación, porque sufrirían una penalización muy
alta por cada año que adelantaran la fecha. Aplicaremos la
medida también de forma retroactiva a quienes se hayan visto
perjudicados o perjudicadas al ver reducida su jubilación por
el hecho de hacerlo anticipadamente bajo la regla en vigor.
200. Compensar las lagunas de cotización. Extenderemos el derecho a completar el periodo mínimo para tener acceso a
una pensión contributiva con las bases de periodos no cotizados que tienen otros trabajadores y trabajadoras a empleados y empleadas del hogar, autónomos y autónomas y
trabajadoras y trabajadores agrarios, en lo que se conoce
como «lagunas de cotización», que perjudican, principalmente, la trayectoria de las mujeres. También consideraremos periodo cotizado el empleado en el servicio militar
obligatorio. En todo caso, el sistema de carencia se equiparará para todas las prestaciones, de forma que todo el tiempo que trabajadores y trabajadoras estén dados o dadas de
alta sea tiempo de cotización.
201. Jubilación anticipada y sin penalización en sectores especialmente duros.
Agilizaremos el reconocimiento de la posibilidad de jubilarse antes de los 65 años sin penalización para
trabajadores y trabajadoras en sectores especialmente duros
y precarios, como camareras y camareros de piso, extinción
de incendios, ayuda a domicilio, buceo, rederas y rederos,
trabajo en astilleros y en la estiba, trabajos industriales penosos y de transporte en carretera, entre otros.
Garantías de Justicia Social
España ha perdido al menos una década. Aunque valores macroeconómicos como el PIB hayan vuelto a niveles previos a la crisis de
2008, los indicadores que importan han retrocedido. La desigualdad
y la falta de ingresos para asumir gastos básicos —como la vivienda,
los suministros, una alimentación decente o algo de ocio— impiden a
cada vez más gente, con empleo o sin él, formar parte de nuestros retos colectivos como país. Es inviable pensar que podamos conseguir
esos retos, o que podamos afrontar de nuevo otra crisis económica,
dejando fuera de este esfuerzo colectivo a grandes sectores de la
ciudadanía.
202. Blindar en la Constitución el derecho a la vivienda como derecho fundamental y desarrollar legalmente las garantías de
su efectividad, conforme al derecho internacional. Esto implicará afrontar efectivamente el acceso a la vivienda como una
cuestión de Estado. La burbuja del alquiler, unida a la anterior
burbuja hipotecaria, ha llevado a que en España se destine,
en promedio, más de un tercio de la nómina mensual al alquiler de vivienda o que el 80 % de los menores de treinta años
vivan en casa de sus padres porque no pueden acceder a un
derecho reconocido en la Constitución. Al mismo tiempo, el
último censo de viviendas publicado por el Instituto Nacional
de Estadística (INE) señalaba que, en España, se encuentra el
mayor stock de viviendas vacías de Europa: 3,4 millones.
203. Intervenir el mercado del alquiler para impedir subidas abusivas mediante el control de precios y garantizar un alquiler
estable y seguro para personas inquilinas y pequeñas propietarias. Para ello, estableceremos mecanismos de control y
regulación de los precios del alquiler mediante la creación de
índices de precios de referencia adaptados a las realidades
locales, para lo que se habilitará a los Ayuntamientos con el
fin de que puedan regular los precios en barrios y zonas con
precios especialmente tensionados, con el objetivo de que
ninguna familia pague más del 30 % de su renta en concepto
de alquiler.
204. Garantizar un alquiler estable, asequible y seguro. Para asegurar la renta y la estabilidad del contrato en beneficio de
ambas partes, se implantará un contrato de arrendamiento
indefinido, estableciendo causas claras de rescisión justificada.
En los casos en que el arrendatario sea especialmente
vulnerable y el arrendador sea un gran propietario de viviendas (sociedades inmobiliarias y fondos buitre), el contrato de
alquiler se prorrogará de manera automática.
205. Crear un gran parque de alquiler público de precio asequible mediante la cesión obligatoria y las sanciones a los
grandes tenedores de vivienda vacía, así como la construcción de vivienda donde sea necesario.
Siguiendo el modelo
exitoso de ciudades europeas como Viena, incrementaremos
en 50 000 viviendas al año, durante toda la legislatura, el parque de vivienda en alquiler social mediante un mecanismo
de cesión obligatoria de las viviendas vacías de los grandes
tenedores de vivienda, junto con otros sancionatorios, para
impedir el acaparamiento y la especulación con viviendas
vacías. Aumentaremos la inversión pública en vivienda hasta equipararla a la media europea. Paralizaremos y revertiremos la privatización de viviendas públicas y la venta de suelo
público. Impulsaremos nuevas figuras de cesión de uso de
vivienda a la Administración, a cambio de una garantía suficiente de cobro y conservación de la vivienda, junto con formas alternativas de tenencia. La juventud tendrá un acceso
prioritario a este parque de viviendas.
206. Luchar contra los fondos buitre y la especulación con la
vivienda.
Para ello, auditaremos los activos tóxicos de las
entidades financieras rescatadas con dinero público e incorporaremos, así, a los programas de vivienda las viviendas cedidas a fondos buitre o a la Sareb. Al mismo tiempo,
elaboraremos un censo público de viviendas vacías de entidades financieras, fondos de inversión y empresas. Acabaremos también con las SOCIMI, por tratarse de mecanismos de
elusión fiscal y de especulación con un bien tan importante
como la vivienda.
207. Poner coto a la excesiva proliferación de pisos turísticos
para recuperar la habitabilidad de nuestros barrios y avanzar hacia un modelo de turismo sostenible.
Para priorizar la
convivencia en nuestros barrios, permitiremos a las comunidades de propietarias y propietarios regular las condiciones
de estos pisos y estableceremos una regulación básica sobre
las condiciones de estas licencias, en colaboración con las
Administraciones competentes, que incluirá su retirada cuando incumplan la ley, por ejemplo, al no pagar los impuestos
correspondientes. Junto con las Administraciones locales,
estudiaremos también establecer un porcentaje máximo de
viviendas destinadas a pisos turísticos en función de las características de cada barrio para descentralizar la actividad
turística y mejorar la convivencia.
208. Prohibir los desalojos sin alternativa habitacional.
En ningún
caso se podrá realizar el desalojo o desahucio de personas y sus
familias en situación de vulnerabilidad, sin que la Administración
competente garantice un realojo en condiciones dignas, ya sea
en casos de impago de alquileres o por ocupación en precario
motivada por la falta de vivienda asequible. Nos aseguraremos
de que España cumpla con sus obligaciones internacionales en
materia de derecho a la vivienda contenidas en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estableceremos protocolos de coordinación entre el Consejo General
del Poder Judicial y las distintas Administraciones para definir
los procesos de actuación entre jueces y unidades de servicios sociales competentes, que intervengan en casos de desalojo de
familias y personas en situación de vulnerabilidad y garanticen
una alternativa habitacional adecuada.
209. Garantizar el derecho a la defensa de los deudores y las deudoras hipotecarias.
España debe cumplir las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que obligan a garantizar
el derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva de los deudores y las deudoras hipotecarias. Con este objetivo, cambiaremos el procedimiento de ejecución hipotecaria para garantizar
todos los medios de defensa y de prueba y para que se aplique de manera correcta la normativa europea de protección
de las personas consumidoras, en especial la Directiva 93/13 de
la Unión Europea sobre las cláusulas abusivas en los contratos
celebrados con consumidores. En cualquier caso, en el procedimiento de ejecución para deudoras y deudores hipotecarios,
será posible realizar una dación en pago, incluso retroactiva,
que permitiría a quienes mantienen deudas vivas con el banco, a pesar de haber entregado ya la vivienda, cancelar de este
modo la deuda restante. Asimismo, en los créditos hipotecarios
de vivienda, la responsabilidad de la persona deudora se limitará al máximo del valor de la vivienda. Así evitaremos que las
deudas sean, en la práctica, a perpetuidad.
210. Proteger a los deudores y deudoras hipotecarios sin recursos suficientes con la limitación de su deuda al valor del bien
hipotecado y el reconocimiento de derechos de reestructuración de deuda, quita y dación en pago.
Adoptaremos medidas
adicionales de protección a familias con ingresos inferiores a
3 IPREM que no pueden pagar su hipoteca, y derogaremos el
IRPH como indicador de los tipos de interés variable en créditos o préstamos hipotecarios con efecto retroactivo, de manera que las familias puedan reclamar lo pagado indebidamente.
211. Protección para las personas sin hogar.
La ausencia de ingresos provoca la carencia absoluta de vivienda o de una vivienda
segura y adecuada, lo que constituye el punto de partida de un
conjunto de vulnerabilidades que afectan a la salud y a la dignidad de las personas en situación de sinhogarismo. Por ello,
la vivienda no puede ser el punto final de un proceso de inclusión social, sino la concreción de un derecho. Así, adoptaremos de una vez las medidas necesarias para el alojamiento de
colectivos con necesidades habitacionales urgentes. En particular, actualizaremos la estrategia de sinhogarismo e incluiremos este problema en la Estrategia Nacional de Prevención y
Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, al tiempo que incrementaremos la financiación destinada a romper este circuito de vulnerabilidad. Para ello, es imprescindible una mirada
transversal que permita establecer el acceso a unos ingresos
suficientes, un programa específico de empleo, una política de
vivienda segura y adecuada y la lucha contra la aporofobia.
Todo ello abordando el problema del sinhogarismo desde una
perspectiva transversal de derechos, feminista e interseccional
que tenga en cuenta a las personas LGTBI, migrantes, personas con diversidad funcional o neurodiversas. Esta estrategia
se basará en la tipología europea de personas sin hogar y exclusión social (ETHOS).
212. Suministros básicos de agua, luz y gas garantizados.
Con
las reformas estructurales del sistema eléctrico, se bajará el
precio de la factura de la luz, pero también se impedirán los
cortes de suministros básicos de agua, luz y gas en las primeras residencias cuando el impago se deba a motivos ajenos a
su voluntad, como la pobreza sobrevenida. Estas protecciones, que se activarán de manera automática cuando exista
situación de vulnerabilidad, durarán un año y se extenderán
mientras persista la situación de vulnerabilidad. Además, se
sumarán a un sistema de sanciones a las compañías cuyos
contratos contengan cláusulas abusivas o sean opacas en su
gestión de los servicios esenciales de luz, agua y gas.
213. Ingreso Básico Garantizado.
Garantizaremos por ley que nadie se quede sin unos ingresos básicos garantizados, con independencia de su suerte con el empleo o de su pensión. Se
trata de una prestación de suficiencia de ingresos que tendrá
una cuantía inicial garantizada por adulto de 600 euros al
mes, que se incrementará en función del número de miembros del hogar hasta los 1200 euros y funcionará de manera
automática e incondicionada, aprovechando la agilidad que
permiten las bases de datos actuales, para que quien tenga derecho a la prestación cuente con la certeza de que la
cobrará sin demora. Además, se actualizará periódicamente
con el valor más alto entre el IPC y el crecimiento del salario
mediano. Es previsible que esta reforma alcance a 10 millones
de personas.
214. Romper el círculo de la pobreza infantil. Prestación para el
cuidado de niños, niñas y adolescentes. (Véase el apartado
«Horizonte Morado y Economía de los Cuidados»).
215. Incrementar las pensiones mínimas y las no contributivas.
(Véase el apartado «Garantías de Justicia Laboral y Pensiones»).
216. Actualizar el indicador público de renta de efectos múltiples
(IPREM).
Subiremos inmediatamente este índice a 670 euros
mensuales (lo que supone un aumento inmediato del 25 %) y
y lo ligaremos al valor más alto entre el IPC y el crecimiento
del salario mediano para evitar que las prestaciones que se
vinculan a este índice vuelvan a perder valor o sean menos
accesibles.
217. Alcanzar la inversión en sanidad, educación y el conjunto
de los servicios públicos propia de otros Estados de la zona
euro en una legislatura.
Esto supondrá pasar del actual 6 % del
PIB en sanidad al 7,5 % del PIB en 2023, lo que nos permitirá
impulsar la atención primaria con recursos suficientes, que supondrán al menos el 20 % del gasto sanitario. También permitirá cuidar al personal sanitario y acabar con su precariedad, así
como implementar un programa de recuperación de aquellos
y aquellas profesionales que han tenido que salir a trabajar en
sistemas sanitarios fuera de España. En educación, se pasará
del 4 % del PIB al 5,6 % en 2023, con una financiación suficiente
de las comunidades autónomas.
218. Poner freno a la mercantilización y a la privatización de la
sanidad.
Nuestra salud no puede ser un bien como otro cualquiera, con el que hacer más dinero y del que se priva a quien
no puede pagarlo. Adoptaremos medidas urgentes para proteger este patrimonio común frente a su privatización, como
es, por ejemplo, la sustitución de la normativa vigente —que
favorece la expansión de la gestión privada de la sanidad—
por una que se base en la gestión pública directa.
219. Tiempo máximo de 1 mes para las listas de espera de cualquier especialista o de operaciones relacionadas con patologías graves.
Dentro de las competencias del Estado, a
través de los órganos correspondientes y con la dotación de
los recursos materiales y humanos necesarios, se hará valer
esta garantía.
220. Incorporar el servicio de dentista gratuito a los servicios del
sistema de salud y que este cubra servicios básicos no incluidos hasta ahora, como empastes, limpiezas, ortodoncias,
endodoncias, prótesis y férulas.
221. Garantizar el acceso universal a la sanidad y eliminar los copagos.
Algunos de los recortes más crueles de la crisis se vivieron en la sanidad. Uno de ellos fue la exclusión de muchos
vecinos y vecinas que estaban lejos de la atención sanitaria,
y otro fue el establecimiento de numerosos copagos, que hicieron que muchos y muchas pacientes dejaran de medicarse
o de recibir servicios por no poder pagarlos. Por eso, se recuperará de manera completa el acceso universal a la atención
sanitaria, sin discriminaciones en el tratamiento ni requisitos
innecesarios para tener acceso a los servicios. Se eliminarán
los copagos y, en cambio, se establecerán garantías para que
no puedan introducirse otros nuevos.
222. Cuidar al personal sanitario. Los recortes han afectado enormemente a quienes nos cuidan desde el sistema sanitario y
han perjudicado la atención a toda la ciudadanía.
Por eso,
pondremos fin a la precariedad del personal sanitario, implementaremos un programa de recuperación de quienes han
tenido que salir a trabajar en sistemas sanitarios fuera de España, así como un Plan Estatal de Formación Continua que
responda al interés de los y las profesionales y de toda la
ciudadanía, por encima de criterios comerciales.
223. Tomar en serio la salud mental.
Nuestro sistema ha desatendido casi por completo la salud mental y ha trasladado la
responsabilidad de la atención y la prevención a las familias
y personas allegadas. Es el momento de construir un verdadero sistema de atención a la salud mental con financiación
suficiente, tal como diseñamos en nuestra proposición de ley
en el Congreso, con un enfoque de género y derechos humanos, y iy con un protocolo especial para prevenir el suicidio
entre los y las pacientes.
224. Romper el ciclo de la comida basura.
Las grandes corporaciones alimentarias obtienen hoy enormes beneficios por la
venta de muchos productos de bajo valor nutritivo, pero mucho impacto publicitario. Este circuito afecta a niños, niñas
y adolescentes, así como a poblaciones vulnerables, y acaba por perjudicar a la salud con un efecto acumulado sobre
otros problemas sociales. Para empezar a romper el ciclo de
la comida basura, estableceremos obligaciones claras en el
etiquetado, que deberá reflejar la calidad de los productos
conforme al modelo del semáforo nutricional, así como una
fiscalidad alimentaria que incluya un IVA más alto para alimentos ultraprocesados o ricos en grasas y azúcares, y más
bajo para alimentos frescos y saludables. Se regulará la publicidad alimentaria, se perseguirá de manera contundente la
publicidad engañosa y se restringirá la publicidad de comida
basura en horario infantil, en los medios a su alcance o en el
patrocinio de espectáculos deportivos o aptos para menores.
Además, la compra pública de alimentos para comedores escolares o de hospitales será un modelo de alimentación de
calidad y de cercanía.
225. Promulgar la Ley Celiaca.
Las personas celiacas padecen dificultades y sobrecostes para acceder a alimentos básicos,
de modo que es necesario garantizar una acción pública y un
marco normativo que las apoye y que compense esta situación. Se impedirá la discriminación laboral y escolar de personas con enfermedades como la celiaquía o la diabetes. Se
impulsarán la investigación, la prevención, la promoción y el
tratamiento eficaz, así como la creación y publicación de un
listado de alimentos sin gluten, de gestión pública, para evitar
clientelismos y dudas. Se mejorarán, junto con las comunidades autónomas, las estrategias de diagnóstico precoz y la
participación de las asociaciones de afectados y afectadas
en las labores de planificación y seguimiento de la seguridad
y calidad alimentarias. Se incentivará que establecimientos,
productores y productoras incluyan opciones sin gluten, y se
estudiarán ayudas directas y fiscales para las familias afectadas. Esta regulación se actualizará al ritmo de los avances
médicos y científicos.
227. Garantizar la gratuidad real y efectiva de la educación obligato226.
Aprobar el Plan Nacional de la Estrategia Española en Trastornos del Espectro del Autismo (TEA). Aprobaremos este plan en el plazo de un año con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas con TEA y sus familias, y de garantizar la protección de sus derechos.
ria: libros, material escolar y comedor durante todas las
etapas para familias en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Asimismo, acabaremos con el pago ilegal de las
cuotas supuestamente voluntarias en la escuela concertada,
que, en realidad, esconden una barrera de entrada para las
familias con menos recursos y un coste añadido en una educación, como es la privada concertada, que ya está financiada al 100 % con dinero público.
228. Prevenir cualquier fraude en el mercado de los libros de
texto.
El modelo actual de libros de texto lleva a la formación
de un oligopolio en el que unas pocas grandes empresas,
como ha establecido la CNMC, reducen la competencia para
ahorrarse costes y que los precios no bajen. Todo esto supone
un sobrecoste para las familias y los presupuestos públicos
con un bien asociado a un servicio, la educación, que debería
ser completamente gratuito. Por eso introduciremos las regulaciones necesarias para garantizar la competencia en el
sector, estableceremos un periodo de 10 años durante el que
las nuevas ediciones no podrán cambiar (salvo para materias
que requieran actualización) y las editoriales tendrán la
obligación de mantener en catálogo esas ediciones. También
apoyaremos la demanda de las familias para recuperar el
dinero pagado de más y lanzaremos un sistema piloto de
elaboración de materiales docentes digitales y en papel
de manera colaborativa y libre, junto a las comunidades
autónomas y a la comunidad educativa, para desprivatizar el
acceso a este bien que forma parte del derecho a la educación.
229. Derogar la LOMCE e impulsar una nueva ley de educación.
La nueva ley será el instrumento fundamental para revertir los
procesos de privatización y segregación de la última década,
que impiden que la educación cumpla su función de igualador
social. Incorporará también los acuerdos alcanzados por la
comunidad educativa durante estos años y blindará la escuela
pública como eje vertebrador del sistema educativo. Asimismo,
la religión no formará parte del horario escolar obligatorio y no
se tendrá en cuenta para la media en ningún nivel educativo.
230. Universidad pública gratuita. La mayor parte de la financiación
de las Universidades públicas ya procede del dinero público y
no de su pago directo.
Constatada esta realidad, el efecto de
exigir pagar matrículas, crecientes además en la última década, supone la introducción de barreras poco eficientes para
que los y las jóvenes más vulnerables no puedan acceder a la
universidad. Con esta propuesta, garantizaremos, en cambio,
que cualquier joven que quiera y pueda estudiar lo haga con
igualdad de oportunidades, al margen de dónde haya nacido.
Esta medida se extiende a la formación profesional en cualquier nivel e incluye la gratuidad de los másteres cuando sean
habilitantes de manera oficial para ejercer una profesión. En
los demás casos, el precio de los másteres bajará hasta al menos el precio actual de los grados.
231. Asegurar un sistema de becas suficiente aumentando su
número y su cuantía.
El aumento del alquiler y de las tasas ha
convertido estudiar en algo imposible para muchas familias,
y quienes han accedido con recursos escasos han tenido que
quitarse tiempo de estudio para trabajar. Esto afecta de manera
decisiva a la igualdad de oportunidades. Por eso, el nuevo
sistema de becas no solo aumentará las becas concedidas
y su cuantía, sino que dependerá en exclusiva de la posición
económica. Asimismo, se establecerá un calendario para que
Las razones siguen intactas
98
se resuelvan antes del comienzo del curso académico y se
ingresen durante el primer trimestre.
232. Nueva Ley de Universidades.
Impulsaremos una nueva Ley de
Universidades que, desde la participación de la comunidad
universitaria y las comunidades autónomas, garantice que la
universidad, después de una larga década de recortes, alcanza
por fin la financiación suficiente para ser un servicio público
clave en la formación superior, la promoción de valores y de
igualdad en todas las etapas de la vida, funciona con criterios
de buen gobierno dentro de los más altos estándares europeos y garantiza la efectividad de los derechos del personal
docente, investigador y de administración y servicios.
233. Garantizar al personal docente interino las mismas condiciones laborales que al resto del personal docente.
Asimismo, se
establecerá un proceso extraordinario de consolidación de empleo que en ningún caso suponga la pérdida del puesto de trabajo para el personal docente interino, de manera que, en el
plazo de cuatro años, se reduzca la tasa de interinidad al 7 %.
También se instaurará, de acuerdo con las comunidades autónomas, la prohibición de un esquema de contratación que
permita contratar cada curso y despedir en verano.
234. Igualdad de oportunidades en la educación.
Implementaremos un Plan de Choque contra el Fracaso Escolar y el
Abandono Escolar Prematuro y un Plan Estatal contra la Segregación Escolar, junto con las comunidades autónomas,
en el seno de la Conferencia Sectorial. Ambos incluirán objetivos, indicadores, medidas y presupuesto suficiente para
cumplir los objetivos de mejora del acceso a la educación
postobligatoria y reducción de la concentración del alumnado desfavorecido en ciertos centros escolares.
235. Eliminar los conciertos educativos y las subvenciones a las
escuelas que practican la segregación educativa por razones de sexo.
236. Crear una asignatura de feminismos.
La educación es la principal herramienta para transformar las relaciones de desigualdad que están en el origen de las vulneraciones de la libertad
sexual, por lo que los contenidos feministas serán transversales a lo largo de toda la educación y se creará una asignatura
de feminismos en la educación pública, para lo cual se contará con la comunidad educativa, porque educar en igualdad
es una de las prioridades de nuestra sociedad.
237. Incluir la lucha contra el cambio climático en el sistema educativo.
Otorgaremos al cambio climático la importancia que
merece entre los contenidos educativos, respondiendo al reto
que las generaciones más jóvenes han lanzado en esta lucha
por el planeta. Para ello, se aumentará la formación sobre estas materias en los currículos y se mejorarán los comedores
escolares hacia una alimentación de calidad, de cercanía y
prestada con respeto de los derechos laborales.
238. Promover las lenguas cooficiales y propias en el sistema educativo.
La adecuada vitalidad de las lenguas cooficiales y
propias de los distintos pueblos requiere una acción pública,
acorde con su situación específica, que las potencie, como
parte de la identidad y riqueza cultural de nuestro país. Para
ello, necesitamos que exista una oferta educativa suficiente
para permitir que en los centros educativos de toda España
se puedan estudiar todos los idiomas oficiales y propios de
cada territorio.
239. Implementar un Plan de Mejora de la Convivencia para la
Prevención del Bullying (acoso) y la Violencia en los Centros
Educativos junto con las comunidades autónomas.
Garantizaremos la seguridad y la igualdad de oportunidades para
todo el alumnado, independiente de su lugar de procedencia,
orientación sexual, identidad sexual, identidad de género o
expresión de género o cualquier otra característica, introduciendo los perfiles profesionales educativos que sean necesarios. Para ello, se establecerán protocolos de actuación y de
mediación, tanto en centros públicos como privados o privados concertados, y se suprimirán del material educativo los
contenidos que perpetúen un modelo discriminatorio.
240. Equiparar la educación artística superior con el resto de la
educación superior.
En coordinación con la comunidad educativa y artística, estableceremos las modificaciones necesarias
para implementar su plena equiparación a las enseñanzas universitarias en su regulación, estructuras de funcionamiento, categoría, independencia, autonomía, tipología, denominación de
los títulos ofrecidos (grado, máster y doctorado), estatuto del
estudiantado, y estatuto, nivel del cuerpo y régimen retributivo
del profesorado, al tiempo que se respeta su idiosincrasia.
241. Implantar la educación inclusiva en la escuela ordinaria pública.
Tal como exige el artículo 24 de la Convención Internacional
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es fundamental para el desarrollo personal e intelectual de estas que puedan participar en la educación en un entorno inclusivo y habitual.
242. Reforzar la Educación Física y el acceso al deporte.
Esta
asignatura recuperará su condición troncal y se incorporará
al bachillerato. En coordinación con las demás Administraciones, impulsaremos también programaciones deportivas en los
centros públicos, en las que deberá haber una proporción de
actividades gratuitas que permitan a niños, niñas, adolescentes y jóvenes practicar deporte al menos tres veces a la semana de manera gratuita. Implantaremos planes específicos en
las zonas rurales y en aquellas con mayor desigualdad social.
243. Establecer un centro de servicios sociales por cada veinte
mil habitantes, que estará compuesto, al menos, por un trabajador o una trabajadora social, un educador o una educadora
social y un psicólogo o una psicóloga.
Se trata de un aumento
que exigirá la propia ampliación del catálogo de prestaciones
y la expansión de las infraestructuras sociales para el horizonte
morado que hemos propuesto, de ahí la necesidad del aumento de centros y plantillas enfocados a una población receptora
cada vez más amplia y heterogénea. Bajo la dirección estratégica de las comunidades autónomas, promoveremos también
la gestión municipal de los equipos de servicios sociales para
potenciar la intervención comunitaria.
244. Garantizar a través de la Ley de Servicios Sociales una
cartera mínima de servicios en cualquier lugar de España.
Consensuada con las comunidades autónomas, esta norma
dará entidad a los servicios sociales, delimitándolos como
un catálogo de servicios, cuidados, apoyos e intervenciones para complementar y potenciar la autonomía funcional en la vida cotidiana. Asimismo, vincularemos el modelo
de servicios sociales a la creación de empleo estable y de
calidad, y garantizaremos una cartera estatal de servicios
que salvaguarden la dignidad, la privacidad, la igualdad y
la justicia. Se tratará de un catálogo de servicios mínimos
y comunes de gestión descentralizada, que se coordinarán
con otras políticas públicas para proporcionar una atención integral en todas las comunidades autónomas.
245. Crear por ley un Fondo Estatal para la Accesibilidad Universal,
con una dotación del 1 % de la inversión anual de los Presupuestos Generales del Estado en obras públicas e infraestructuras,
nuevas tecnologías y sociedad de la información.
Con este fondo, se financiarán en el conjunto del país los programas y las
actuaciones de accesibilidad universal en los procesos, bienes,
productos, servicios, transporte, información y comunicaciones,
así como en los medios de comunicación social, de modo que se garantice una vida independiente a todas las personas con
diversidad funcional.
246. Reconocimiento constitucional de las lenguas de signos españolas y desarrollo de la Ley 27/2007, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios
de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con
discapacidad visual y sordociegas, para garantizar de manera efectiva sus derechos.
247. Aumentar y agilizar las prestaciones para material ortoprotésico.
Tener una situación de diversidad funcional sale caro
y finalmente constituye una causa de desigualdad económica. El material ortoprotésico resulta costoso y las cuantías
de las ayudas actuales son bajas, de manera que en muchas
ocasiones apenas alcanzan para cubrir el coste. Además, es
importante que las personas con diversidad funcional no tengan que adelantar el dinero del material, porque para algunas
es sencillamente imposible y para todas supone asumir su
financiación, ya que la ayuda puede tardar meses en llegar.
248. Garantizar el derecho a una indemnización añadida automática para las personas consumidoras en caso de fraude.
En todos los casos en que se haya padecido una contratación
irregular, conforme a la normativa de consumo aplicable, la
persona consumidora no solo tendrá derecho a la devolución
de lo cobrado indebidamente o del daño causado, sino a una
indemnización añadida por las molestias, que opere también
como un desincentivo contundente al fraude.
249. Una normativa de consumo más dura con el fraude y más
ágil en la reparación.
Revisaremos el conjunto de la normativa sancionadora de consumo de carácter estatal para que las
sanciones desincentiven de manera efectiva las conductas
fraudulentas, al ser proporcionales al perjuicio causado a las
personas consumidoras. Se mejorarán también los mecanismos de resolución extrajudicial de conflictos.
250. Tomar en serio la seguridad alimentaria.
Adaptaremos la
Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición a las exigencias
contemporáneas de protección a las personas consumidoras
y transparencia en su acción, estableciendo la obligación de
que las empresas tengan un fondo de responsabilidad civil y
asegurando la creación un fondo de garantía que cubra las
responsabilidades y daños causados en situaciones de inseguridad alimentaria a partir de los aportes proporcionales de las empresas alimentarias con mayor facturación. Asimismo,
se fortalecerán los protocolos y mecanismos de inspección
pública y se incorporará a las asociaciones de consumidores
y a los municipios a las redes de detección. Ello debe venir acompañado del refuerzo de los cuerpos de inspección
sanitaria de cada Administración en función del volumen de
producción, de manera que haya una capacidad suficiente
de control y una mejora en la coordinación y comunicación
entre Administraciones, así como la revisión de los distintos
protocolos que permiten garantizar la seguridad alimentaria.
251. Fin de la estafa de los 902.
Desterraremos la práctica de derivar a la gente a números de tarificación añadida, como los
902 y similares. Las empresas deberán disponer de un número de teléfono fijo de tarificación normal para la atención al
cliente. Estos teléfonos serán accesibles para personas con
diversidad intelectual o de edad avanzada.
252. La defensa de un modelo de bienestar para el siglo xxi y de
los derechos sociales serán la guía de la acción de España
contra la austeridad y el auge de la extrema derecha en el
continente.
El Gobierno exigirá, para ello, el fin inmediato de
las políticas de austeridad que han arrasado el tejido social
de nuestras sociedades. Para ello, propondremos la relajación
inmediata de los corsés fiscales impuestos por Bruselas; la
adopción de planes comunitarios de inversión pública y social a través del Banco Europeo de Inversiones, para potenciar
el horizonte verde y el nuevo modelo industrial; la colaboración europea para recuperar los fondos del rescate bancario; y una reestructuración coordinada de la deuda soberana
de nuestros países. Rechazaremos todos los acuerdos de
libre comercio de última generación que hacen vulnerables
nuestros sectores productivos y estratégicos, y que vacían
la capacidad democrática de nuestros pueblos para decidir
soberanamente sobre nuestros recursos. Promoveremos la
gratuidad de la educación pública universitaria en todo el territorio de la Unión Europea, la creación de un uro europeo de desempleo y la garantía comunitaria de prestaciones
que aseguren unos ingresos suficientes para el conjunto de la
población. España ratificará, asimismo, la Carta Social Europea revisada (1996), incluyendo todos los protocolos adicionales, para hacerla exigible jurídicamente, y propondrá que
la Unión Europea fije un suelo de gasto del 5 % de su presupuesto para políticas de promoción y defensa de la igualdad
de género y la erradicación de todas las formas de violencia
contra las mujeres.
253. Implementar la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a través de una estrategia que apueste
por su vertiente internacional y que esté centrada en la lucha
contra la pobreza, las desigualdades y la sostenibilidad ambiental.
Los problemas a los que se refiere la Agenda 2030
y los ODS son demasiado serios y afectan de manera demasiado directa a la vida de las personas como para dejarlos
en palabras bonitas y colores en los avatares de Twitter de
representantes públicos y partidos políticos. Para implementar la Agenda 2030 y los ODS, estableceremos un plan de
desarrollo sostenible con marcos de acción concretos, en el
que se incorporen mecanismos de seguimiento, evaluación
y auditoría social para su correcto cumplimiento. Este plan
incluirá un mecanismo específico de Coherencia de Políticas
para el Desarrollo (CPD), con el fin de evitar los impactos negativos que cualquier política pública pudiera tener en la contribución de España a los ODS.
254. Aprobar la Ley de Protección de los Derechos Humanos en
relación con actividades de las empresas transnacionales.
A través de esta norma, articularemos una protección efectiva frente a las vulneraciones de los derechos humanos que
incluya, al menos, mecanismos para el acceso a la Justicia
española y la reparación de las víctimas y de las comunidades
afectadas, la obligación de incorporar las normas de reconocimiento y garantía de los derechos humanos a cualquier tratado comercial o acuerdo de protección de inversiones que
suscriba nuestro país, y el establecimiento de la responsabilidad de las grandes corporaciones y de su personal directivo
en su jurisdicción nacional, desde la perspectiva civil, administrativa y, en su caso, penal.
255. Aumentar el presupuesto de Ayuda Oficial al Desarrollo
(AOD) hasta la media de los Estados del entorno de la Unión
Europea (UE-15), del 0,5 % de la renta nacional bruta (RNB)
en 2023 y del 0,7 % de la RNB en 2027. De este presupuesto,
al menos un 10 % de la AOD se destinará a ayuda humanitaria.
Garantías de Justicia Fiscal
Para que la ciudadanía perciba como propias las políticas públicas desarrolladas por el Estado y les conceda plena legitimidad, es imprescindible que se cumpla un principio básico de
justicia: que contribuya más quien más tiene.
Y para ello hay
que acabar con los privilegios fiscales. La necesidad de poner
en marcha un ambicioso plan de inversiones verdes, moradas
y digitales contrasta con la realidad de que recaudamos un 8 %
del PIB menos que la media de la zona euro.
En este escenario de expansión de la desigualdad (desde la crisis, España es el segundo país de la UE donde más ha crecido
la desigualdad, hasta veinte veces más que la media europea),
aumenta una clase de superricos: un 1 % que, en 2016, ya acaparaba una cuarta parte de la riqueza del país, mientras que el
20 % más pobre solo posee el 0,1 % de la riqueza. Esto es lo que
le da a ese 1 % una capacidad de influencia y de echar el freno a
las reformas que necesita este país con la que hay que terminar.
Por eso vamos a impulsar un conjunto de propuestas para acabar con los privilegios y garantizar una financiación adecuada
de las políticas públicas. Junto a otras medidas necesarias para
mejorar nuestro sistema fiscal, destacamos cinco propuestas
especialmente dirigidas a terminar con los privilegios fiscales
de una minoría: recuperar la recaudación del impuesto sobre
sociedades, perdida desde el inicio de la crisis por las ventajas
concedidas a las grandes empresas; instaurar un impuesto a las
grandes fortunas; mejorar la progresividad fiscal del IRPF, igualando la tributación del trabajo y del capital; establecer impuestos sobre las transacciones financieras y de la banca, y dedicar
una atención especial a los grandes defraudadores fiscales.
Para que la ciudadanía perciba como propias las políticas públicas desarrolladas por el Estado y les conceda plena legitimidad, es
imprescindible que se cumpla un principio básico de justicia: que
contribuya más quien más tiene. Que se cumpla el artículo 31 de
la Constitución española y se acabe con los privilegios fiscales de
los poderosos. La necesidad de poner en marcha un ambicioso plan
de inversiones verdes, moradas y digitales contrasta con la realidad de
que recaudamos un 8 % del PIB menos que la media de la zona euro.
En este escenario de expansión de la desigualdad (desde la crisis, España es el segundo país de la UE donde más ha aumentado la
desigualdad, hasta 20 veces más que la media europea), aumenta
una clase de superricos: un 1 % que, en 2016, ya acaparaba una cuarta parte de la riqueza del país, mientras que el 20 % más pobre solo
posee el 0,1 % de la riqueza. Esto es lo que le da al 1 % una enorme capacidad de influencia para echar el freno a las reformas que necesita
este país. Si queremos construir una sociedad más justa y mejor, esto
tiene que cambiar.
Por eso vamos a impulsar un conjunto de propuestas para acabar con los privilegios y garantizar una financiación adecuada de
las políticas públicas. Junto a otras medidas necesarias para mejorar nuestro sistema fiscal, destacamos cuatro propuestas especialmente dirigidas a terminar con los privilegios fiscales de una
minoría: recuperar la recaudación del impuesto sobre sociedades,
perdida desde el inicio de la crisis por las ventajas que reciben las
grandes empresas; instaurar un impuesto a las grandes fortunas; establecer impuestos sobre las transacciones financieras y la banca; y
dedicar una atención especial a los grandes defraudadores fiscales.
Si viene una nueva crisis económica, hay que garantizar que solo
se hacen recortes por arriba, al tiempo que se protegen y se amplían
los derechos y la estabilidad de los de abajo.
Las razones siguen intactas
108
256. Derogar las normas mediante las que PP y PSOE han institucionalizado la austeridad y la década perdida en España
(artículo 135 de la Constitución y Ley de Estabilidad Presupuestaria). A PSOE y PP no les costó ni cinco minutos
reformar la Constitución en 2011 para poner por delante los
intereses de los bancos a los de nuestra ciudadanía. Hay
que establecer con toda claridad en la norma constitucional
que la prioridad de los presupuestos públicos es siempre el
bienestar de la ciudadanía.
257. Eliminar los privilegios fiscales de las grandes corporaciones
en el impuesto sobre sociedades y bajárselo a las pymes.
Estableceremos un tipo efectivo mínimo, más eficaz y justo, del
15 % sobre el rendimiento neto positivo para los grupos empresariales, que se ampliaría hasta el 20 % para las entidades
financieras y empresas de hidrocarburos. Al mismo tiempo,
rebajaremos el tipo para las pequeñas empresas (aquellas
que facturen menos de un millón de euros) del 25 % al 23 %.
258. Impuesto sobre los beneficios de las grandes empresas por
contaminar.
En momentos de crisis climática es imprescindible consolidar un sistema de incentivos eficaz para acelerar la transición ecológica de la economía. Estableceremos,
por lo tanto, un tipo agravado en el impuesto sobre sociedades para desincentivar las actividades contaminantes y
aumentar la contribución de las empresas con más responsabilidad en la transición ecológica.
259. Evitar el uso de paraísos fiscales para la elusión fiscal en
el impuesto sobre sociedades.
Es frecuente que las grandes
corporaciones eviten pagar el impuesto sobre sociedades
en España, alegando la llamada «doble tributación», es decir,
que ya pagan impuestos por esos beneficios en otro país. Sin
embargo, algunos de esos países son paraísos fiscales o, al
menos, países con una tributación por sociedades escandalosamente más baja que la nuestra. Por eso, reformaremos el
régimen de exenciones del impuesto sobre sociedades, para
evitar que se puedan utilizar así paraísos fiscales o de baja tributación. Solo se permitirá en el caso de que hayan tributado
al menos un 15 % efectivo en otro país. Esto eliminará la posibilidad de utilizar sociedades como pantallas para la elusión
fiscal, para disminuir la tributación de rentas obtenidas en el
extranjero o para canalizar rentas particulares.
Eliminar los paraísos fiscales interiores en forma de privilegios de ciertos esquemas societarios. Pondremos fin al régimen fiscal privilegiado de las entidades de tenencia de valores
extranjeros (ETVE) y de la tributación privilegiada de sicav,
fondos y sociedades de inversión mobiliaria e inmobiliaria
(SOCIMI). Eliminaremos también el régimen de impatriados,
que actualmente permite pagar un marginal de IRPF del 24 %
a personas que se desplazan a España a trabajar con rentas
de hasta 600 000 euros, en lugar del marginal máximo que
les correspondería.
261. Crear un impuesto para las grandes fortunas, con el fin de recaudar un 1 % del PIB de patrimonios superiores a un millón de
euros, y de forma progresiva.
Se trata de un impuesto similar al
que se está proponiendo para la UE y Estados Unidos. Tendrá un
mínimo exento por primera vivienda de 400 000 euros y gravará con un 2 % los patrimonios de más de un millón de euros, con
un 2,5 % los patrimonios de más de 10 millones de euros, con un
3 % los patrimonios superiores a los 50 millones y con un 3,5 %
los patrimonios de más de 100 millones de euros, de forma que
la mayor parte del impuesto recaiga sobre los mil patrimonios
más altos del país. Este impuesto sustituirá al actual impuesto
sobre el patrimonio, que es inoperativo, y no podrá bonificarse
por parte de las comunidades autónomas.
262. Prohibir la utilización de sociedades pantalla como un instrumento para disfrutar de la vivienda habitual pagando
menos impuestos.
Evitaremos así la práctica, que hemos conocido con frecuencia últimamente, de tener como vivienda
habitual una casa no con un título de propiedad directa, sino
a través de la titularidad de una sociedad pantalla de la misma persona, su familia o una persona de confianza, creada
con el fin de ponerla a disposición de quien la disfruta pagando menos impuestos por su adquisición y tenencia. La
prohibición dejaría sin efecto estas operaciones interpuestas
y atribuiría la propiedad de la vivienda directamente a quien
la ha pagado y la disfruta, que tendrá que abonar los correspondientes impuestos, como hacen todos los españoles
y españolas. Las sociedades mercantiles deben servir para
participar en la actividad mercantil, no para eludir impuestos
en el disfrute privado de los bienes y servicios.
263. Establecer un IRPF más justo y progresivo bajando los impuestos a los sueldos más bajos y aumentando el tipo a los
más altos.
Por un lado, las rentas de más de 100 000 euros
anuales contribuirán un poco más, con un 47 %, que llegará
Las razones siguen intactas
110
hasta el 55 % para rentas superiores a 300 000 euros anuales,
y corregiremos la injusticia de que las rentas del capital (por
productos financieros e inversiones) tributen mucho menos
que las rentas del trabajo. Se eliminarán también las deducciones que benefician solo a quienes tienen rentas más altas. Al mismo tiempo, se reducirá el tipo del primer tramo no
exento del IRPF —el tramo más bajo— al 18 %.
264. Fijar un impuesto de transacciones financieras especulativas que grave las ventas brutas en el mismo día, y no solo las
netas, e incluya otras operaciones distintas a la compraventa
de acciones (por ejemplo, derivados).
Hay una gran diferencia entre un pequeño ahorrador que invierte una parte de
sus ahorros en acciones y las operaciones de compraventa
de activos financieros varias veces en el mismo día e incluso
durante la misma hora o minuto. Este impuesto afectaría al
segundo tipo de operaciones financieras especulativas.
265. Establecer un impuesto a la banca que aumente 10 puntos el
tipo impositivo de las entidades financieras en el impuesto sobre sociedades para recuperar el rescate bancario de 60 000
millones de euros que hicimos todas y todos los españoles a
la banca.
Del mismo modo que el rescate fue una operación
específica destinada al sector bancario y no se extendió a trabajadoras y trabajadores autónomos, familias, pymes ni otros
sectores económicos, tiene todo el sentido establecer un impuesto específico para recuperar, también a través de otras
reformas, los 60 000 millones del rescate bancario.
266. Hacer el impuesto sobre sucesiones y donaciones más justo,
en colaboración con las comunidades autónomas, de forma
que sea más progresivo y que las personas herederas con menor patrimonio preexistente y mayor grado de consanguineidad tengan cuotas reducidas. También introduciremos, en estos
casos, facilidades de pago, como fraccionamientos o dación en
pago de bienes hipotecados. Al mismo tiempo, armonizaremos
este impuesto a escala estatal a partir de un mínimo de tributación para evitar la competencia fiscal entre territorios.
267. Bajar el IVA al tipo del 4 % a más alimentos y bebidas no alcohólicas, y al 10 % a todos los suministros básicos (calefacción,
gas, electricidad) de los consumidores vulnerables.
Impulsaremos, al mismo tiempo, una reforma de la directiva del IVA
para establecer un plus del 4 % a los artículos de lujo, que
dejaría el IVA de estos productos en el 25 %. También se bajará el IVA de los servicios veterinarios, del 21 % actual al 10 %,
111
PODEMOS.
y de los productos de higiene femenina y de alimentación
animal, del 10 % actual al 4 %.
268. Fijar un impuesto para operaciones de la economía digital
que no tributan, como publicidad e intermediación online y
venta de datos, limitado a empresas con ingresos anuales totales mundiales de al menos 500 millones de euros y con
ingresos en España superiores a los 3 millones de euros.
269. Poner en marcha una Estrategia Nacional contra el Fraude
Fiscal.
Con este fin, reformaremos la Agencia Tributaria y las
Administraciones tributarias de las comunidades autónomas
para dotarlas de un carácter federal, de mayores recursos
y de completa autonomía respecto al poder político y económico. A su vez, se creará una única base de datos fiscales que integre toda la información necesaria para combatir
el fraude; crearemos una Oficina de Lucha contra Grandes
Defraudadores, dotada con medios suficientes para realizar
campañas específicas contra los principales focos de fraude
fiscal; incrementaremos los plazos de prescripción tributaria
y penal a cinco o diez años, e incluiremos mayores penas en
el Código Penal y las haremos extensibles a los colaboradores o responsables solidarios del fraude. Situaremos el umbral
para considerar delito de defraudación a la Hacienda estatal,
autonómica, foral y local en 50 000 euros.
270. Publicar, de manera inmediata, la lista de amnistiados fiscales de los Gobiernos anteriores. Asimismo, incluiremos la
prohibición de decretar amnistías fiscales en la Constitución,
ya que una simple previsión legal puede cambiarse con la siguiente mayoría parlamentaria.
271. Recuperar para la gente el impuesto de las hipotecas.
Las
personas hipotecadas recuperarán todos los impuestos relacionados con las hipotecas que no debieron pagar, tal como
indicó la primera sentencia del Tribunal Supremo. La Agencia
Tributaria recabará estos impuestos de los bancos con carácter retroactivo.
272. Implementar otras medidas fiscales para avanzar hacia un
horizonte verde.
Tal como planteamos en nuestra Ley de Lucha contra el Cambio Climático y de Transición Energética,
bajaremos el impuesto de matriculación y circulación a los
coches híbridos y eléctricos; y reformaremos el IRPF para establecer desgravaciones por el uso de abonos de transporte
público y por la adquisición de electricidad 100 % renovable.
273. Eliminación de la exención del IBI de la cual goza la Iglesia.
En nuestro país nunca se ha acometido una verdadera separación entre la Iglesia católica y el Estado. A consecuencia
de ello, la Iglesia sigue disfrutando de privilegios que son imposibles de explicar, al mismo tiempo que a la gente solo le
crece el importe de las facturas. Uno de estos privilegios es la
exención de pagar el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI)
por los bienes que dice poseer. Mientras que una persona
normal tiene que llegar a situaciones de gran necesidad para
que se le permita no pagar el IBI, la Iglesia española no solo
recibe fondos de nuestra declaración de la renta que luego
gasta en televisiones sectarias que nadie ve, sino que, además, se le permite no pagar impuestos por sus propiedades.
Esta medida tendrá la excepción de los inmuebles afectos al
culto, los bienes cuya finalidad principal sea su utilización por
parte de Cáritas para la acción social u otro tipo de bienes
que gozan de dicha exención por motivos generales.
Garantías de Justicia Territorial
Hasta ahora, el desarrollo de nuestro país ha vivido de espaldas
a la mayor parte del territorio.
El abandono de la España vaciada ha perpetuado zonas periféricas en el interior de nuestro
país, zonas mal comunicadas, pueblos y ciudades de los que la
juventud sale solo con un billete de ida. Este desequilibrio se ha
intensificado en los últimos tiempos y ha afectado, incluso, a
la pérdida de población en ciudades pequeñas y medianas. La
concentración en unas pocas grandes ciudades y zonas costeras al calor de empleos precarios nos deja un país partido, desconectado y con enormes desigualdades territoriales que hay
que recuperar para afrontar los retos que tenemos por delante.
Al mismo tiempo que dejan una España vaciada, las derechas
de Aznar quieren enfrentar a los distintos pueblos de este país.
Desde su misma Constitución, este es un país plurinacional en
el que la inmensa mayoría de sus pueblos conviven con fraternidad y deben poder elegir su destino. A su vez, hay que tener claro que los problemas no se resuelven a garrotazos ni de
manera unilateral; tenemos la tarea de transformar el enfrentamiento en diálogo, porque, para asumir los retos que tenemos
por delante, debemos estar juntos y juntas. Para que la ciudadanía perciba como propias las políticas públicas desarrolladas por el Estado y les conceda plena legitimidad, es imprescindible que se cumpla un principio básico de
justicia: que contribuya más quien más tiene. Y para ello hay
que acabar con los privilegios fiscales. La necesidad de poner
en marcha un ambicioso plan de inversiones verdes, moradas
y digitales contrasta con la realidad de que recaudamos un 8 %
del PIB menos que la media de la zona euro.
En este escenario de expansión de la desigualdad (desde la crisis, España es el segundo país de la UE donde más ha crecido
la desigualdad, hasta veinte veces más que la media europea),
aumenta una clase de superricos: un 1 % que, en 2016, ya acaparaba una cuarta parte de la riqueza del país, mientras que el
20 % más pobre solo posee el 0,1 % de la riqueza. Esto es lo que
le da a ese 1 % una capacidad de influencia y de echar el freno a
las reformas que necesita este país con la que hay que terminar.
Por eso vamos a impulsar un conjunto de propuestas para acabar con los privilegios y garantizar una financiación adecuada
de las políticas públicas. Junto a otras medidas necesarias para
mejorar nuestro sistema fiscal, destacamos cinco propuestas
especialmente dirigidas a terminar con los privilegios fiscales
de una minoría: recuperar la recaudación del impuesto sobre
sociedades, perdida desde el inicio de la crisis por las ventajas
concedidas a las grandes empresas; instaurar un impuesto a las
grandes fortunas; mejorar la progresividad fiscal del IRPF, igualando la tributación del trabajo y del capital; establecer impuestos sobre las transacciones financieras y de la banca, y dedicar
una atención especial a los grandes defraudadores fiscales.
Hasta ahora, el desarrollo de nuestro país ha vivido de espaldas a la
mayor parte del territorio. El abandono de la España vaciada ha perpetuado zonas de periferia en el interior de nuestro país, zonas mal
comunicadas, pueblos y ciudades de los que la juventud sale solo
con billete de ida. Este desequilibrio se ha intensificado en los últimos tiempos, afectando incluso a la pérdida de población en ciudades pequeñas y medianas. La concentración en unas pocas grandes
ciudades y zonas costeras al calor de empleos precarios nos deja un
país partido, desconectado y con enormes desigualdades territoriales que hay que recuperar para afrontar los retos que tenemos por
delante.
Al mismo tiempo que dejan una España vaciada, los partidos
de siempre no tienen ninguna propuesta para dejar de enfrentar a
los distintos pueblos de este país. Desde su misma Constitución, el
nuestro es un país plurinacional en el que la inmensa mayoría de sus
pueblos conviven fraternalmente y deben poder elegir su destino, al
tiempo que hay que tener claro que los problemas no se resuelven a
garrotazos ni de manera unilateral. Tenemos la tarea de transformar
el enfrentamiento en diálogo, porque para asumir los retos que tenemos por delante, debemos estar juntos y juntas.
Las razones siguen intactas
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274. Plan Nacional de Desarrollo Rural.
Al tomarlo como una cuestión de Estado, activaremos un plan para revitalizar la estructura social y económica del mundo rural mediante el impulso
de las infraestructuras regionales, la localización prioritaria de
los proyectos productivos señalados en los tres horizontes y
la previsión de líneas de financiación prioritarias para estos y
otros sectores, como el sector agrario sostenible, la ganadería extensiva y la pesca artesanal y de bajo impacto. Modernizaremos las instalaciones hídricas, las infraestructuras de
regadío y la viabilidad de las zonas forestales. Ofreceremos
acceso prioritario a la tierra para la juventud, en coordinación
con los bancos de tierras existentes, e implementaremos planes especiales de empleo en zonas que, fruto de la discriminación histórica, cuenten con una situación excepcional de
baja tasa de empleo y especial afectación por el vaciamiento
poblacional.
275. Paquete de servicios básicos.
Garantizaremos que todas las
poblaciones puedan contar con los siguientes servicios: servicio de transporte adecuado que comunique diariamente a
demanda con la cabecera de comarca —estableceremos las
obligaciones de servicio público adecuadas para asegurar el
acceso a servicios de movilidad dignos, con independencia
del lugar de residencia—; atención sanitaria a domicilio de
calidad, si no es posible tener un centro de salud; atención inmediata de una patrulla de la Guardia Civil en un máximo de
15 minutos; reparto habitual de suministros básicos cuando
no sea posible disponer de una tienda de ultramarinos, para
lo cual se establecerán líneas de ayudas públicas; al menos
un cajero automático dentro de un radio de 20 kilómetros,
financiado a través de un canon al sector bancario para la
inclusión financiera y gestionado por Bankia; y centros culturales ciudadanos al menos en cada cabecera de comarca,
así como una oferta cultural descentralizada en colaboración
con las Administraciones competentes.
276. Plan 8131: todos nuestros pueblos conectados a internet en
una legislatura.
Acceso a internet de banda ancha a un mínimo de 30 Mbps y con un mínimo de 3G para cualquier núcleo
habitado a un precio asequible, al que contribuirán las grandes empresas del sector mediante un canon.
277. La España vaciada, primero.
La manera más eficaz de reducir
la desigualdad es implementar medidas de discriminación positiva. En particular, le daremos la vuelta a la discriminación a
través de un plan de choque para acelerar la equiparación de derechos y servicios, y para cerrar la brecha territorial. Cuando deban implementarse en distintas fases los principales
avances del país —como la garantía de ingresos, la prestación
por cuidado de niños y niñas o el Plan de Rehabilitación de
Vivienda—, priorizaremos el mundo rural y descentralizaremos
las inversiones, en particular, las del horizonte verde. Por otra
parte, crearemos el marco para reducir a la mitad el IBI de las
poblaciones con menos de 5000 habitantes, compensando a
los municipios por el descenso en la recaudación, y crearemos
un fondo para luchar contra la despoblación en las comarcas más vulnerables, con una dotación inicial de 500 millones
anuales del Estado, que se complementará con el presupuesto
europeo derivado del Programa Marco de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, que impulsaremos en la Unión Europea
con un horizonte de 5 años.
278. Superación del actual marco institucional de las Diputaciones Provinciales.
Iniciaremos un debate de Estado para actualizar la organización municipal, con las premisas de ir más
allá de la estructura arcaica de las Diputaciones Provinciales
y de generar instituciones capaces de frenar la fragmentación y el debilitamiento de unos municipios que son cada vez
más pequeños, así como de poder gestionar de manera democrática un aumento de los servicios comunes, por ejemplo, a través de las instituciones comarcales. Un primer paso
consistirá en la implementación inmediata de la Ley 45/2007,
para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural, para estudiar,
al mismo tiempo, vías de mejora y superación de este marco.
279. Impulso a la financiación municipal mediante la articulación del
criterio poblacional, junto a otros criterios, con el objetivo de cerrar la brecha territorial y la incorporación de fondos de compensación del valor forestal que aumenten la contribución
del conjunto del país al sostenimiento de los bienes comunes
ligados al mundo rural. Por ejemplo, una parte de la financiación para la lucha contra incendios y para el mantenimiento
de las masas forestales y los bienes naturales se destinará
directamente a la financiación municipal de los pueblos que
contribuyen directamente a esta tarea.
280. Reformar el sistema de financiación autonómica para hacerlo
más justo y que exista un suelo de ingresos efectivos para financiar servicios públicos dignos en toda España.
El nuevo sistema de financiación autonómica se diseñará en diálogo con
todas las comunidades autónomas, de manera vinculada a
una reforma fiscal y a la solución del problema de las deudas autonómicas producidas por la infrafinanciación. Este nuevo
sistema garantizará que se alcancen, al menos, tres condiciones: en lugar de estar basado en un «techo de gasto», que
impide que los derechos de la ciudadanía sean efectivos por
la vía de limitar los recursos de las Autonomías para prestar
servicios públicos, se basará en un «suelo de ingresos», que
permitirá financiar servicios públicos dignos en toda España;
todas las comunidades autónomas recibirán más financiación que la que reciben en la actualidad, pues hay que tener en cuenta que, aparte de su tradicional infrafinanciación,
los recortes posteriores a 2009 se hicieron recaer de manera
desproporcionada sobre ellas; y se reducirá la desigualdad
territorial en cuanto a financiación.
281. Resolución democrática del conflicto catalán.
La gestión
viable del conflicto en Cataluña pasa por construir un proceso
de reconciliación que permita el diálogo y llegar a acuerdos.
Apostamos por un referéndum pactado en el que Podemos
defenderá un nuevo encaje para Cataluña en España.
282. Transformar el Senado en una verdadera Cámara de representación territorial, con mayor representación de las comunidades autónomas, participación en las leyes y las partidas
presupuestarias, en los nombramientos de miembros del Tribunal Constitucional, y como pieza clave de las relaciones
verticales y horizontales entre Administraciones.
283. Reconocimiento y articulación del hecho metropolitano.
La
expansión de las grandes ciudades ha consolidado amplias
áreas metropolitanas, que nos obligan a actualizar nuestro
marco institucional. En particular, se debe reconocer esta
realidad y crear las herramientas necesarias para mejorar la
gestión compartida de servicios comunes derivados de sus
relaciones de proximidad, el control democrático de su gestión y la asignación de recursos suficientes.
284. Garantía legal de justicia territorial en las inversiones para
transporte público, colectivo o de bajas emisiones, para que
el derecho de movilidad sea efectivo en todo el país, especialmente en aquellos territorios aislados y carentes, hoy, de
una movilidad moderna.
De nuevo, es necesario introducir
criterios de discriminación positiva para reducir la desigualdad existente en materia de infraestructuras. Priorizaremos
la construcción de nuevas infraestructuras y la mejora de las
existentes, así como el mantenimiento para los territorios que
han sufrido una historia de aislamiento y malas conexiones.
285. Hacer del tren el sistema prioritario en la vertebración del
territorio, con inversiones estratégicas para extender un sistema de transporte público a precio asequible y de bajas
emisiones, que no deje fuera a ninguna parte del país. Para
ello, es imprescindible suspender el levantamiento de vías
en la España vaciada, y poner en marcha planes y medidas
para recuperarlas y actualizarlas, de manera que sirvan para
vertebrar los territorios e interconectarlos con los corredores
principales.
286. Incrementar las frecuencias y líneas en los servicios de corta y media distancia (metro, cercanías/rodalies, regionales)
y mejorar su conexión con otros territorios (mallado regional
frente al radial). El objetivo es que, en el año 2030, la demanda de transporte ferroviario de al menos todos los municipios
con más de 20 000 habitantes esté atendida.
287. Vertebrar el territorio a través de la puesta en marcha o la
mejora urgente de las líneas ferroviarias en las zonas con
mayor déficit de infraestructuras mediante la realización inmediata de una auditoría general del sistema para detectar
los tramos más urgentes.
Aprovechamiento de estas nuevas
y mejores líneas para alcanzar un verdadero efecto de red
a través del impulso de los ejes transversales ferroviarios
(Atlántico, Cantábrico-Mediterráneo, Mediterráneo, Andaluz
y de La Plata) y de la mejora de las conexiones ferroviarias
internacionales con Francia y Portugal.
288. No se renovarán las concesiones de autopistas a grandes
corporaciones.
Los peajes se irán incorporando al patrimonio
común y abaratándose o convirtiéndose en gratuitos. Mientras tanto, se buscarán fórmulas para reducir o eliminarlos en
aquellos tramos excesivamente caros o que, si se abrieran,
permitirían reducir los accidentes.
289. Hacer de Correos una apuesta de futuro.
Implementaremos un Programa de Inversión en Digitalización de Correos
para que, en combinación con otras empresas públicas,
como Aena-ENAIRE y Adif-Renfe, sea un elemento clave de
la logística en España, apostando por un sector de reparto
público con un empleo digno y estable, y que dispute espacios de mercado a las grandes corporaciones de la precaria
economía de plataforma.
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