"Las razones siguen intactas" es el título bajo el que Unidas Podemos presenta su programa electoral para las elecciones del 10N. El proyecto de la formación morada está formado por 289 medidas divididas en nueve bloques temáticos.
laSexta ha elegido varios temas de actualidad para saber qué propone el partido de Pablo Iglesias al respecto: Cataluña, Memoria Histórica, Seguridad, Feminismo, Empleo, Educación, Pensiones, Economía e Inmigración.
Si quieres profundizar en cada uno de estos puntos, puedes consultar el programa electoral completo de Unidas Podemos en pdf al final del texto. Además, el propio partido también remite a su programa electoral de 2016 y a todas las leyes e iniciativas parlamentarias que han presentado durante los tres últimos años.

Cataluña

Resolución democrática del conflicto catalán. La gestión viable del conflicto en Cataluña pasa por construir un proceso de reconciliación que permita el diálogo y llegar a acuerdos. Apostamos por un referéndum pactado en el que Podemos defenderá un nuevo encaje para Cataluña en España.

Memoria histórica

Hacer justicia a nuestra memoria democrática. La recuperación de la memoria democrática de nuestro país va mucho más allá de la exhumación de la momia del dictador. Hace falta verdad, justicia, reparación y no repetición.
Implementaremos un programa de exhumaciones de las víctimas del franquismo que continúan en fosas comunes, retiraremos las medallas concedidas a Billy el Niño y a otros torturadores del franquismo, modificaremos la Ley de Amnistía.

Seguridad

Fin de las leyes mordaza y de los delitos medievales de ofensa a los sentimientos religiosos e injurias a la Corona. Reformaremos el Código Penal para acabar con la criminalización de la libertad de expresión y de opinión, tanto en la calle como en internet.
Ley de Protección Integral frente a todas las formas de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Volveremos a proponer la Ley de Promoción del Buen Trato y Erradicación de las Violencias contra la Infancia y la Adolescencia que presentamos en 2018 y volvimos a presentar de nuevo este año 2019.

Feminismo

Crear una Vicepresidencia de Feminismos y Economía de los Cuidados para dirigir y coordinar estas reformas con el resto de las Administraciones y agentes sociales.
Pasar del «No es no» al «Solo sí es sí». Aprobaremos una ley para la protección de la libertad sexual de todas las personas y la erradicación de las violencias sexuales.
Implementar un Plan Estatal de Lucha contra las Violencias Machistas con una dotación anual de 600 millones de euros. Garantía económica de vida para las mujeres que padecen violencias machistas. Actualizar la definición de violencia machista para que recoja todas las formas de violencia contra las mujeres.
Trabajar para una Constitución decididamente feminista que, entre otros, definirá los cuidados como un derecho fundamental. Facilitar el acceso a una maternidad libre y decidida, con acceso a la reproducción asistida y apoyos específicos a las mujeres en el momento en que decidan, si lo deciden, ser madres. Se favorecerá el acceso a los últimos métodos anticonceptivos y la interrupción voluntaria del embarazo de todas las mujeres, incluidas las jóvenes de 16 y 17 años, en el Sistema Nacional de Salud.
Listas cremallera en todos los procesos para garantizar la presencia de mujeres en las instituciones. Fomentar el deporte femenino mediante una ley marco estatal.

Empleo

Derogar la reforma laboral de Zapatero de 2010 y la de Rajoy de 2012. Es obvia la necesidad de elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores adaptado a la realidad laboral, tecnológica y ecológica de 2019.
Eliminar la mal llamada «flexibilización» que instalaron las reformas laborales del PSOE y del PP, y que introduce una gran precariedad a través de la contratación temporal masiva.
Prohibir los contratos temporales de menos de un mes y el fraude de la concatenación de contratos. Convertir el trabajo a tiempo parcial en una opción digna. Jornada laboral de 34 horas semanales y reorganización de los tiempos de trabajo, ocio y cuidados. Acabar con el fraude de las horas extras y de las y los falsos autónomos.
Alcanzar un salario mínimo interprofesional de 1200 euros en la próxima legislatura.

Educación

La inversión en educación pasará del 4 % del PIB al 5,6 % en 2023, con una financiación suficiente de las comunidades autónomas. Derogar la LOMCE e impulsar una nueva ley de educación.
Garantizar la gratuidad real y efectiva de la educación obligatoria y la cobertura universal, pública y gratuita de la educación infantil (de 0 a 3 años). Universidad pública gratuita. Asegurar un sistema de becas suficiente aumentando su número y su cuantía.
Crear una asignatura de feminismos. Incluir la lucha contra el cambio climático en el sistema educativo. Promover las lenguas cooficiales y propias en el sistema educativo.
Implementar un Plan de Mejora de la Convivencia para la Prevención del Bullying (acoso) y la Violencia en los Centros Educativos.

Pensiones

Garantía de revalorización de las pensiones por ley. Estableceremos la actualización por ley de las pensiones al IPC de manera inmediata y buscaremos blindar esta garantía constitucionalizándola de forma expresa.
Incrementar las pensiones mínimas y las no contributivas. Las personas que hayan cotizado al menos 35 años podrán jubilarse anticipadamente sin penalización en sus pensiones.

Fiscalidad

Crear un impuesto para las grandes fortunas, con el fin de recaudar un 1 % del PIB de patrimonios superiores a un millón de euros, y de forma progresiva.
Establecer un IRPF más justo y progresivo bajando los impuestos a los sueldos más bajos y aumentando el tipo a los más altos.
Establecer un impuesto a la banca para recuperar el rescate bancario de 60.000 millones de euros. Eliminar los privilegios fiscales de las grandes corporaciones en el impuesto sobre sociedades y bajárselo a las pymes. Bajar el IVA a alimentos y bebidas no alcohólicas, a todos los suministros básicos (calefacción, gas, electricidad) de los consumidores vulnerables y en los productos de higiene femenina. Reforma de la directiva del IVA para establecer un plus del 4 % a los artículos de lujo.
Publicar, de manera inmediata, la lista de amnistiados fiscales de los Gobiernos anteriores. Eliminación de la exención del IBI de la cual goza la Iglesia.

Inmigración

Establecer vías legales y seguras de entrada en España, poner fin a la irregularidad sobrevenida y garantizar los derechos civiles de las personas migradas. Objetivo 2020: cero muertes en el Mediterráneo. Garantizar el derecho de asilo dentro de la realidad global. Cerrar los centros de internamiento de extranjeros (CIE). Construir un país sin racismo.

Otras medidas relevantes

Ley de Lucha contra el Cambio Climático y de Transición Energética. Crear una empresa pública de energía. Impuesto sobre los beneficios de las grandes empresas por contaminar.
Reducir la producción energética primaria basada en combustibles fósiles. Objetivos de cierre de las centrales de carbón antes del final de 2025 (y siempre garantizando el uso de carbón nacional). Una factura de la luz más barata y justa.
Aumento de hasta el 25 % de coches eléctricos o que funcionen con otras tecnologías alternativas. Hacer del tren el sistema prioritario en la vertebración del territorio.
Reconocer el derecho de sufragio a partir de los 16 años. Acabar con las casas de apuestas online y presenciales. Intervenir el mercado del alquiler para impedir subidas abusivas mediante el control de precios y garantizar un alquiler estable y seguro. Poner coto a la excesiva proliferación de pisos turísticos para recuperar la habitabilidad de nuestros barrios. Luchar contra los fondos buitre y la especulación con la vivienda.


Horizonte Verde y Nuevo Modelo Industrial Lo ha dicho la comunidad científica: o reducimos drásticamente las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero y lo hacemos pronto o entramos en trayectoria de no retorno y los efectos del cambio climático serán graves e irreversibles. Lo ha dicho la juventud en la calle mientras los políticos y opinadores profesionales se dedicaban al politiqueo y al ruido: no tenemos un planeta B, no tenemos un planeta de repuesto. España tiene el clima, la potencia investigadora y la energía humana e intelectual para ser vanguardia mundial en la lucha contra el cambio climático y en la producción de energías renovables y tecnologías verdes. España puede, España debe y España lo necesita. Porque no solo hablamos de rescatar el planeta, hablamos también de crear cientos de miles de empleos de calidad, del retorno de nuestro talento emigrado y de que la transición energética sea también una locomotora económica que nos permita dejar de ser un país que fía su futuro al pelotazo urbanístico, a exportar mano de obra precaria a los países ricos y a servir copas a sus turistas. Movilizando cada año un 2,5 % del PIB de capital público y privado podríamos reducir nuestras emisiones de CO2 a la mitad en una década y en un 90 % en 2040, con lo que cumpliríamos los objetivos del Panel Intergubernamental del Cambio Climático de la ONU y crearíamos, además, 600 000 empleos netos a lo largo del proceso. Lo anterior supondría una verdadera revolución productiva y, para hacerla posible, debemos poner todo nuestro empeño como país en trabajar para este fin. Por este motivo, detallamos a continuación una serie de medidas fundamentales que Podemos abordará si gobierna o si tiene la fuerza parlamentaria para materializarlas. Lo han dicho los científicos: o reducimos drásticamente las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero y lo hacemos pronto, o entramos en una trayectoria de no retorno y los efectos del cambio climático serán graves e irreversibles. Lo han dicho los jóvenes en la calle mientras los políticos y opinadores profesionales se dedicaban al politiqueo y al ruido: no tenemos un planeta B, no tenemos un planeta de repuesto. España tiene el clima, la potencia investigadora y la energía humana e intelectual para ser vanguardia mundial en la lucha contra el cambio climático y la producción de tecnologías renovables. España puede, España debe y España lo necesita. Porque no solo hablamos de rescatar el planeta, sino también de crear cientos de miles de empleos de calidad, del retorno de nuestro talento emigrado y de que la transición energética sea, además, una locomotora económica que nos permita dejar de ser un país que fía su futuro al pelotazo urbanístico, a exportar mano de obra precaria y a servir copas a los países ricos; que nos permita ser un país que, si llega una nueva crisis económica, no vuelva a tener los pies de barro y resista mejor la tormenta gracias a su industria y a su tecnología. Movilizando un 2,5 % del PIB anualmente de capital público y privado, podríamos reducir nuestras emisiones de CO2 a la mitad en una década y en un 90 % para 2040, y crearíamos 600 000 empleos netos a lo largo del proceso. Lo anterior supone una verdadera revolución productiva y requiere poner a todo nuestro país a trabajar en ello. Por eso, detallamos una serie de medidas fundamentales que Unidas Podemos abordará si gobierna. 

Las razones siguen intactas 10 

1. Reducir la producción energética primaria basada en combustibles fósiles a la mitad en una década y alcanzar el 100 % de la producción de fuentes renovables en 2040. Se garantizará por ley que, antes de que se pierda un empleo del sector de los combustibles fósiles, se crearán dos empleos con condiciones laborales idénticas o mejores en la misma comarca y que tendrán prioridad absoluta de acceso a ellos las personas afectadas. La transición energética que planteamos será justa o no será. 

2. Crear una empresa pública de energía. (Véase el apartado «Horizonte Digital y Nueva Economía»). 

3. Establecer una línea de ayudas directas a la inversión en pequeñas y medianas instalaciones renovables. Parte de estas nuevas instalaciones estarán promovidas por entidades locales, ciudadanas o cooperativas para el consumo eléctrico de proximidad. Se establecerá también una regulación que favorezca las instalaciones de autoconsumo compartido y una solución para reparar la situación de los pequeños inversores perjudicados por el «hachazo a las renovables». 

4. Objetivos de cierre de las centrales de carbón antes del final de 2025 (y siempre garantizando el uso de carbón nacional) y de las centrales nucleares antes del final de 2024. Se garantizará que se hayan creado previamente dos empleos por cada uno que se pierda, como ya se ha mencionado. Teniendo en cuenta la inacción de los anteriores Gobiernos, estamos hablando de objetivos ambiciosos, pero a los que no debemos renunciar si hacemos una apuesta fuerte por la instalación de potencia en renovables. 

5. Impuesto sobre los beneficios de las grandes empresas por contaminar. (Véase el apartado «Garantías de Justicia Territorial»). 

6. Recuperar automáticamente la gestión pública de las centrales hidroeléctricas cuyas concesiones para la explotación privada hayan caducado o lo hagan en el futuro. Esto permite complementar la producción eléctrica cuando otras tecnologías renovables tengan valles, proteger la salud ecológica de nuestros ríos y garantizar el riego, el control de las crecidas y el suministro de agua potable sin que interfieran intereses económicos espurios, así como compensar a los territorios que soportan las centrales y sufren las consecuencias de la desigualdad territorial de nuestro país. La empresa de energía asumirá xplotación de las centrales hidroeléctricas cuyas concesiones vayan caducando. 

7. Prohibir la mercantilización del agua. La compraventa de derechos concesionales es la manera moderna de convertir un derecho humano como el agua en un producto financiero. Por eso impediremos por ley el tráfico con este bien común, vinculado a las grandes obras del agua que solo benefician a las grandes constructoras y a los fondos de inversión. 

8. Recuperar para lo público y con la máxima transparencia toda la gestión del agua en una legislatura. Esto incluiría la reversión y paralización de las privatizaciones del suministro, el riego, el saneamiento y la depuración de aguas y haría inviables escándalos como los del caso Lezo o Acuamed. 

9. Abandonar la política de grandes embalses y avanzar hacia una gestión inteligente, eficiente y ecológica del agua. El viejo modelo franquista de pantanos y obras faraónicas que han hundido y obligado a abandonar tantos pueblos se sustituirá de forma definitiva por una nueva cultura del agua, con un gobierno eficiente y moderno del agua a partir de la gestión de su demanda, que resulta la única estrategia eficaz para mitigar episodios extremos y cada vez más frecuentes, como sequías y crecidas, al tiempo que sirve para construir un sector agropecuario puntero. 10. Proteger y recuperar las riberas y las costas para mitigar los efectos de las inundaciones. Haremos efectiva la prohibición de construir en cauces y zonas inundables, y elaboraremos un plan especial de protección de las familias que viven en cauces y zonas inundables, al tiempo que recuperaremos el bosque de ribera originario reduciendo el riesgo de las riadas. También modificaremos la Ley de Costas para ponerla al día ante la amenaza real para nuestro litoral que supone el cambio climático, con el objetivo de aumentar su protección y evitar que continúe la destrucción de los sistemas costeros. 11. Rehabilitar al menos 500 000 viviendas al año para promover la eficiencia energética y la reducción de la factura de la luz. Incluirá el aislamiento térmico, la instalación de sistemas de calefacción y agua caliente eficientes y la iluminación de bajo consumo. Se dará prioridad a los hogares y barrios más vulnerables y a edificios situados en zonas menos pobladas, conforme a las garantías de justicia social y territorial. A consecuencia de estas intervenciones, las familias podrán llegar Las razones siguen intactas 12 a reducir en un 50 % su consumo de energía y ahorrar un promedio de 400 euros anuales. Al mismo tiempo, se crearán miles de empleos en un sector tan castigado como es el de la construcción. Las empresas también se beneficiarán de este plan de rehabilitación a través de una línea de subvenciones para la adopción de tecnologías más eficientes. 12. Aumento de hasta el 25 % de coches eléctricos o que funcionen con otras tecnologías alternativas a los combustibles fósiles en los turismos vendidos en España en 2025 y hasta el 70 % en 2030, para aproximarnos al objetivo del 100 % en 2040. Esta transición se llevará a cabo colaborando desde el Estado con los fabricantes para que puedan adaptar sus cadenas de montaje en España a la producción de coches eléctricos o que funcionen con otras tecnologías alternativas a los combustibles fósiles y sin que el cambio del parque móvil suponga ningún coste añadido para la economía de las familias. La industria automotriz española es estratégica y, si no apoyamos y activamos su reconversión adelantándonos a otros países, corremos el riesgo de afrontar cierres a medio plazo. 13. Establecer una línea de inversión público-privada de alto impacto para desarrollar nuevas tecnologías de baterías en España. Esto permitirá, por un lado, aprovechar mejor las renovables y compensar valles puntuales en la generación mediante un mejor almacenamiento de la energía y, por otro lado, mejorar la autonomía de los coches eléctricos y crear una importante industria auxiliar en nuestro país que dé apoyo a su fabricación. 14. Establecer líneas de inversión prioritarias en otros elementos que apoyarán la implantación del coche eléctrico o de coches que funcionen con otras tecnologías alternativas a los combustibles fósiles. Motores, tecnología del hidrógeno, redes inteligentes, innovaciones sociales para favorecer la movilidad, etcétera. 15. Crear una red inteligente de infraestructuras de recarga. Se establecerán zonas prioritarias de instalación, se crearán redes más eficientes y se priorizará su carácter público, todo ello dentro de un marco normativo que favorezca la gestión pública de las redes de distribución eléctrica y bajo la acción de la empresa pública de energía. 16. Implementar ayudas a la compra de vehículos eléctricos, híbridos o que funcionen con otras tecnologías alternativas a los combustibles fósiles. Se impulsarán planes plurianuales 13 PODEMOS. que, en función del vehículo, cubrirán como mínimo entre el 15 % y el 20 % del precio de adquisición, así como una reforma de la fiscalidad que favorezca la introducción de los modelos más adecuados (por ejemplo, aquellos con un peso y un consumo reducidos de materiales asociados a la fabricación) y que tenga en cuenta factores como la renta del comprador, al tiempo que se garantice que esta progresiva sustitución de los combustibles fósiles no va a correr a cargo de las personas usuarias con menos recursos. Además, la Administración Pública dará ejemplo acelerando la sustitución de su propio parque móvil de vehículos. 17. Impulsar un plan de inversiones en nuestras infraestructuras ferroviarias con parámetros de calidad, sostenibilidad y justicia territorial. Disponer de un transporte ferroviario de calidad no solamente cohesiona nuestro país y facilita la movilidad de las personas, sino que, además, ayuda a reducir las emisiones. Es necesario incrementar la frecuencia de los servicios existentes de corta y media distancia (metro, cercanías/rodalies, regionales) y crear el servicio allí donde no exista con el objetivo de atender la demanda de transporte de tren de, al menos, todos los municipios de más de 20 000 habitantes en 2030. En el mismo año, se alcanzará el 100 % de kilómetros electrificados y un sistema libre de consumo directo de combustibles fósiles. Los territorios con mayores deficiencias serán absolutamente prioritarios en este plan y garantizaremos la gestión y administración pública de las infraestructuras ferroviarias estratégicas públicas, sin permitir la privatización y la consiguiente precarización de sus trabajadores y trabajadoras. 18. Promover una movilidad urbana inteligente, de calidad y socialmente justa. En coordinación con las diferentes Administraciones competentes, se llevarán a cabo los estudios, las actuaciones y las inversiones necesarias para maximizar la utilización del transporte público o bajo en emisiones. Se potenciará el uso de vehículos eléctricos, bicicletas o soluciones públicas de transporte colectivo. Se mejorarán la frecuencia y las rutas de los servicios de movilidad pública, como el autobús, el tranvía o el metro, y se implementarán medidas para ajustar el precio de los diferentes servicios al nivel de renta de las personas usuarias. 19. Crear una tarjeta única de transporte, gratuita para menores de 26 años y a un precio asequible para el conjunto de la población. Acceso gratuito a transportes colectivos Las razones siguen intactas 14 de ámbitos urbano y metropolitano, comarcal, insular y provincial para menores de 26 años. Acceso universal al precio máximo de 1 euro por trayecto, sin perjuicio de planes especiales para el mundo rural, donde podrá tener un coste menor o incluso ser gratuito y de tarifas justas para el transporte entre islas. Se tratará siempre de una medida vinculada a un aumento de la calidad y frecuencia de estos transportes, conforme a nuevos planes de movilidad sostenible que impulsen el transporte colectivo. 20. Declarar el taxi servicio público de interés general y establecer un requisito de 2 horas de precontratación para las VTC. Ante la llegada de miles de VTC, los Gobiernos miraron hacia otro lado y han puesto en peligro a las familias del taxi. Por eso, el Estado y las comunidades autónomas cooperarán para que se establezcan requisitos temporales (como las dos horas de precontratación), espaciales (distancia mínima con el pasajero o estacionamiento en aeropuertos, estaciones y otras paradas autorizadas) y de geoposicionamiento (obligación de mostrar la posición a la Administración y de deambular sin pasajeros u hoja de ruta). Además, se recuperarán autorizaciones administrativas para hacer efectivo el cumplimiento de la regla de proporcionalidad 1/30, establecida en el Real Decreto Ley 13/2018. Las Administraciones Públicas desarrollarán también una aplicación pública para que integre toda la información sobre movilidad disponible y los mecanismos de reserva y de pago de los servicios de movilidad de las grandes ciudades y zonas metropolitanas, incluyendo todos los medios de transporte, como trenes de cercanías, metro, autobuses, tranvías, taxi, bicicletas, patinetes, motocicletas eléctricas, etcétera. De esta manera, las Administraciones aprovecharán los datos generados para la planificación de la movilidad sostenible en las ciudades, así como la digitalización, en favor del bien común y del horizonte verde. 21. Garantizar un precio mínimo por kilómetro y proteger los derechos de las y los pequeños y medianos transportistas. Se implementará un conjunto de medidas para proteger a las y los pequeños y medianos transportistas frente a las prácticas abusivas de las grandes compañías de distribución y de los grandes puertos. Con esta regulación se impedirá la emisión de pagarés a más de 30 días, se garantizará un precio mínimo por kilómetro basado en los precios medios, se reconocerán adecuadamente los periodos de carga y descarga, se permitirá una jubilación anticipada sin penalización en razón de la especial dureza de este empleo y se prohibirán las 15 PODEMOS. prácticas de competencia desleal basadas en la utilización de flotas de otros países para la prestación de servicios internos con el objetivo de reducir sus ingresos y su poder de negociación en periodos de huelga o conflicto laboral. 22. Hacer del tren el sistema prioritario en la vertebración del territorio. (Véase el apartado «Garantías de Justicia Territorial»). 23. Incrementar las frecuencias y líneas en los servicios de corta y media distancia (metro, cercanías/rodalies, regionales) y mejorar su conexión con otros territorios (mallado regional frente al radial). (Véase el apartado «Garantías de Justicia Territorial»). 24. Vertebrar el territorio a través de la puesta en marcha o mejora urgente de un conjunto de líneas ferroviarias prioritarias. (Véase el apartado «Garantías de Justicia Territorial»). 25. Aprovechar las nuevas líneas para alcanzar un verdadero efecto de red mediante el impulso de servicios en los ejes transversales ferroviarios. (Véase el apartado «Garantías de Justicia Territorial»). 26. Mejorar las conexiones ferroviarias internacionales con Francia y Portugal. (Véase el apartado «Garantías de Justicia Territorial»). 27. Frenar la renovación de las concesiones de autopistas a grandes corporaciones. (Véase el apartado «Garantías de Justicia Territorial»). 28. Implementar una estrategia de reindustrialización verde y economía circular. El objetivo es crear empleo en industrias con un impacto positivo sobre el entorno y actividades de gestión de la contaminación, los recursos y la biodiversidad, con prioridad en las zonas con más problemas de empleo. Con esta estrategia y la aprobación de una ley de economía circular conseguiremos el objetivo de «residuos cero» mediante la prohibición de los plásticos de un solo uso el establecimiento de objetivos ambiciosos de reutilización y reciclaje, introduciendo sistemas de devolución y retorno. Con ello ganaremos soberanía productiva al sustituir elementos importados por propios durante todo el ciclo de producción. 29. Una factura de la luz más barata y justa. La estructura que tiene hoy la factura de la luz es una trampa para que pagues más. El término de potencia, una cantidad fija que pagas aunque no consumas nada, se reducirá a la mitad para Las razones siguen intactas 16 que, como regla general, no sea superior al 25 % del total de la factura para consumos domésticos normales. Respecto a lo que se paga en función de la energía consumida, los primeros kWh (que son imprescindibles para llevar una vida digna) tendrán un precio muy bajo, que aumentará en los siguientes hasta penalizar el derroche. A esto se sumarán protecciones frente a la pobreza energética. 30. Poner orden en el oligopolio energético. Hay que eliminar sus privilegios y devolver poder a las pymes y a quienes pagan la luz. Para ello se cambiarán las condiciones de la subasta, de manera que la energía renovable (más barata) tenga una retribución estable y sea la que marque el precio, y no las energías más caras como ahora. Se incentivará la compra a las instalaciones renovables ciudadanas. Se establecerá un cargo para xxcompensar la sobrerretribución (beneficios caídos del cielo) de algunas centrales e impulsar la transición energética. Se descartarán proyectos de infraestructuras energéticas sobredimensionadas y se realizará una auditoría de costes del sector eléctrico. 31. Intensificar la lucha contra los incendios y mejorar las condiciones laborales de bomberos y bomberas. Hay que dotar de financiación suficiente los mecanismos y operativos de extinción de incendios, pero es muy importante garantizar una financiación adecuada de los métodos de prevención durante el invierno, ya que es cuando se evitan de manera efectiva los incendios. Una parte de la financiación para la lucha contra incendios y el mantenimiento de las masas forestales y bienes naturales se destinará a la financiación municipal de los pueblos que contribuyen directamente a esta tarea. Al mismo tiempo, las personas que arriesgan su vida para luchar contra los incendios a lo largo del año no pueden estar sometidas a condiciones de precariedad y bajos salarios, sino que deben sentir una mejora clara en su reconocimiento profesional, salarios, condiciones laborales, estabilidad y condiciones de seguridad en que enfrentan los incendios. 32. Atajar la contaminación del aire, que está acortando nuestra vida. Extender el modelo de éxito de Madrid Central a otras ciudades con problemas de contaminación, en colaboración con las Administraciones competentes y apoyando un modelo de calidad y asequible del transporte público, la bicicleta y nuevas formas de movilidad, así como las medidas necesarias para evitar cualquier discriminación por razones económicas en los derechos a la movilidad. También 17 PODEMOS. es necesario poner en marcha un Plan Nacional de Salud y Medio Ambiente que aborde los crecientes impactos sobre la salud de los cambios ambientales consecuencia de la crisis ecológica, como la contaminación urbana y la persistencia bioacumulativa de sustancias tóxicas. 33. Frenar el avance de la desertificación. España está viviendo una pérdida irreparable en la calidad de sus suelos que nos hace todavía más vulnerables a otros fenómenos extremos, como sequías y crecidas, y que pone en riesgo la sostenibilidad de muchas comunidades. Es urgente implementar un Plan de Restauración Hidrológico-Forestal, por ejemplo, con la recuperación y replantación de una masa forestal adecuada a cada ecosistema. 34. Acabar con el fracking en España. Conforme a lo establecido en el Acuerdo de París sobre el clima, firmado y ratificado por España, y debido a las consecuencias irreversibles de esta práctica de extracción mediante fractura hidráulica (fracking), no se autorizarán más licencias para ejercer tal método en el territorio español y se trabajará para eliminar las licencias existentes. 35. Incorporar a niñas, niños y adolescentes a esta transformación. (Véase el apartado sobre educación en «Garantías de Justicia Social»). 36. Elaborar una Política Agrícola Común (PAC) más justa. España tiene cerca de 800 000 explotaciones agrarias y ganaderas, la mayoría de ellas familiares, que contribuyen con su actividad a la vertebración del territorio rural, al mantenimiento de los ecosistemas y paisajes, a la generación de importantes bienes inmateriales y a la producción del 70 % de los alimentos frescos que consumimos. El objetivo de la PAC no puede ser mantener un sistema de derechos históricos, sino apoyar a quienes de verdad desempeñan la actividad: los productores y las productoras, y hacerlo de manera proporcionada a sus necesidades económicas, con menos complejidad burocrática y con mayor transparencia en los mecanismos de gestión y aplicación de los fondos. Por ello, defenderemos en la Unión Europea, con todos los mecanismos a disposición de un Estado importante como el nuestro, que la PAC forme parte de la estrategia para la transición ecológica y el futuro del medio rural, e impulse la ganadería extensiva y sectores con gran aporte social y ambiental, como los frutos secos o el olivar tradicional, así como otros nuevos, Las razones siguen intactas 18 como el azafrán. También exigiremos que la PAC refuerce las protecciones especiales para la agricultura insular y de montaña y para garantizar un futuro viable al pastoralismo, que genera productos de alta calidad, potencia y conserva la biodiversidad, y ayuda a prevenir incendios y a luchar contra el cambio climático, por ejemplo, recuperando vías pecuarias e implementando una estrategia adecuada de sanidad animal no gravosa para las pequeñas explotaciones. Una nueva PAC necesita destinar al menos el 10 % de los fondos a establecer medidas eficaces que corrijan los desequilibrios del mercado, introduciendo ayudas directas a la incorporación de mujeres y complementarias para las que continúan la actividad, constituyendo un apoyo eficaz para la dedicación de la juventud y reforzando las ayudas y el asesoramiento a jóvenes para que tomen el relevo en las explotaciones. 37. Establecer por ley un precio sostén (precio mínimo) para proteger a los pequeños y medianos productores agropecuarios. Es importante reconocer la alimentación como un derecho fundamental y mejorar la situación de productores y productoras. Su futuro se juega en los mercados y en los precios ruinosos que cobran por sus productos, toda vez que se tratan como pura mercancía en el contexto de los acuerdos internacionales. De ahí surge la necesidad de reformar la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, para introducir por ley la obligación de un precio sostén (precio mínimo) que cubra los costes de producción y que esté fijado de manera objetiva por el organismo de control, en este caso la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), como ocurre en Francia. Esta reforma establecerá de nuevo una regulación adecuada de la venta a pérdidas; perseguirá la llamada «venta a resultas», en la que la producción se entrega sin conocer el precio y solo se cobra al venderse finalmente; regulará la figura del mediador de la cadena alimentaria; fortalecerá el rol de los agricultores y las agricultoras y sus organizaciones en las intervenciones sobre el mercado; y fomentará, de manera eficaz, los productos de temporada y proximidad. 38. Elaborar una política de pesca que asegure ingresos dignos y sea respetuosa con la sostenibilidad de los caladeros. Es necesario un cambio en la aplicación de la Política Pesquera Común que la haga realmente transparente y participada por todos los sectores afectados. Eso impediría situaciones como las actuales, en las que existe un reparto inequitativo conforme a criterios económicos y ambientales de las posibilidades de 19 PODEMOS. capturas entre las distintas artes, flotas y territorios, así como una enorme posibilidad de tráfico y especulación con los derechos de pesca. El cambio aseguraría unos ingresos dignos y unos márgenes razonables a las y los productores. Para ello, es importante avanzar cuanto antes en una transición ordenada, basada en la I+D+i y la diversificación, que defina con claridad y proteja la pesca artesanal y un modelo de acuicultura crecientemente orientado hacia la sostenibilidad, el modelo multitrófico integrado y la acuicultura en extensivo. Se incrementará también el esfuerzo investigador para tener información clara sobre stocks pesqueros, la evolución de las especies y el estado de los ecosistemas, la incidencia de la contaminación y los microplásticos, que nos permita implementar medidas eficaces también en ríos, rías y estuarios para asegurar el futuro de nuestro sector y nuestro territorio. 39. Proteger nuestro sector primario de tratados internacionales perjudiciales. En los últimos años, los poderes económicos han tratado de imponer tratados comerciales, como el TTIP o el CETA, que, negociados en secreto, pretenden otorgar ventajas económicas a las grandes corporaciones hasta alcanzar un poder superior al de cualquier Gobierno. Estos tratados son una amenaza para la viabilidad de pymes y autónomos y ponen en peligro nuestra seguridad alimentaria. El próximo Gobierno impedirá que España firme cualquier tipo de tratado comercial bajo estas condiciones y garantizará que cualquier acuerdo comercial no perjudique a la sostenibilidad de nuestros productores, por ejemplo, aceptando estándares de seguridad alimentaria inferiores o condiciones de competencia desfavorables. 40. Recuperar nuestro patrimonio natural y potenciar la biodiversidad. Elaboraremos un Plan de Emergencia para detener la pérdida de biodiversidad, que identifique las causas subyacentes y actúe sobre ellas, y que incluya la modificación de la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, la participación de las CC. AA. y unos objetivos claros, medibles y suficientemente ambiciosos para dar prioridad a este objetivo. El plan contará con la financiación suficiente para desarrollar las estrategias nacionales de conservación, incluidas las de recuperación de especies amenazadas y la cofinanciación de las medidas del Marco de Acción Prioritaria para la Financiación de la Red Natura 2000. Asimismo, se implementará una Estrategia Nacional de Especies Exóticas Invasoras para reducir su impacto y prevenir la entrada de nuevas especies. Las razones siguen intactas 20 41. Potenciar la Red de Parques Nacionales. Es necesario dedicar más esfuerzos presupuestarios y regulativos a mejorar la protección de los parques nacionales, evitando cualquier proceso especulativo que pueda afectar a la fragilidad de estos ecosistemas. Asimismo, se hará efectiva la ampliación de la Red de Parques Nacionales a sistemas naturales no representados o insuficientemente representados. 42. Proteger los derechos de los animales. Para ello se aprobará una Ley de Bienestar Animal en la que se introducirá una rebaja del IVA de los servicios veterinarios del 21 % actual al 10 % y de los productos de alimentación animal del 10 % actual al 4 %, un incremento en la protección a través de la creación de unidades especializadas en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la tipificación del delito de maltrato de animales salvajes y una elevación de penas al abandono de animales. Al mismo tiempo, se implementarán mejoras en el control de los animales domésticos y la posibilidad de incluirlos sin problemas en medios de transporte, centros públicos, albergues e instituciones de protección. Se mejorará el control de la producción de animales de consumo, con la instalación de cámaras, con inspecciones y con la exigencia del aturdimiento previo al sacrificio, y se pasará a métodos éticos para el control poblacional de animales silvestres. En esta dirección de garantizar el bienestar animal, se eliminarán las ayudas y subvenciones relacionadas con la tauromaquia y se prohibirán espectáculos que impliquen maltrato animal. 43. Reconocer en el Código Civil a los animales como seres que sienten. Tal y como ya se ha establecido en otros países europeos, los animales nunca más serán considerados como unos bienes cualesquiera. Esto ofrecerá mayores garantías tanto a los animales como a aquellas personas con quienes conviven cuando se encuentren en procesos de embargo, en los que los animales no podrán ser un bien más contenido en la propiedad; en situaciones de crisis familiar, en las que tendrán que tener una consideración como parte de la familia que son; y en situación de protección, en las que no se podrá obligar a las personas a separarse de sus animales, entre otras implicaciones jurídicas y morales. 44. Garantías efectivas contra las deslocalizaciones y los cierres industriales. Nuestro país necesita una estrategia industrial para expandir y hacer más competitivo este sector, pero también para que gane peso en un contexto global. Cabe señalar que España se estancada en una proporción del 16 % del PIB de la industria, mientras que el objetivo de la Unión Europea (UE) para 2020 era que supusiera el 20 % del PIB. Por eso, activaremos los recursos del Estado que sean necesarios para garantizar la continuidad y permanencia de aquellas empresas que sean una fuente crítica o fundamental de empleo en sus comarcas. Quienes reciban ayudas o subvenciones públicas firmarán un contrato de diez años de permanencia y la Administración tendrá la obligación de estudiar la viabilidad de las empresas que quieran marcharse o cerrar, con el objetivo de apoyar técnica y financieramente a sus trabajadores y trabajadoras en la adquisición de la empresa, si así lo deciden. En caso de que la situación de los trabajadores y la empresa haga imposible esta transición, el Estado podrá asumir la titularidad de las instalaciones para evitar la eliminación abrupta de los puestos de trabajo y con la perspectiva de que los trabajadores puedan acabar asumiendo la titularidad. En los casos más graves y cuando esté demostrada la falta de viabilidad de la empresa, el Estado garantizará que se recuperan dos puestos de trabajo por cada puesto desaparecido en la misma comarca, para lo que es imprescindible un vector de desarrollo industrial articulado desde la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) que impulse el nuevo modelo industrial que proponemos. Estas medidas se implementarán de manera especial en las comarcas más vulnerables a la despoblación. 45. Recuperar la participación pública en sectores estratégicos y poner en marcha un plan de recuperación industrial en las zonas que han sido deliberadamente desindustrializadas. El sector naviero, el sector metalúrgico y muchos otros han sido deliberadamente desmantelados en España siguiendo la máxima de aquel ministro socialista que dijo que «la mejor política industrial es no tener política industrial». Esto no solamente significa la pérdida de miles de empleos de calidad, sino también un suicidio económico como país. No permitiremos que esta deriva continúe y apostaremos por la implicación del Estado en una política industrial de futuro en colaboración con los sectores afectados y con dotación presupuestaria suficiente. 46. Preservar la soberanía de sectores estratégicos, como los puertos. Los puertos del Estado se orientarán hacia el interés general de la ciudadanía y del país. Estudiaremos fórmulas para revertir el control de empresas externas en servicios de estiba, astilleros e industria naval y se modificarán las normas de liberalización que conlleven una pérdida de soberanía y un expolio de las inversiones públicas. Los fondos buitre pre21 PODEMOS. tenden hacerse con los puertos españoles y con los astilleros, imponer la precariedad laboral en estado puro y recortar los sueldos para aumentar los beneficios. Frente a esto, impulsaremos planes de reindustrialización de los puertos del Estado y de los astilleros privados que se encuentren en situación de quiebra o de grave crisis financiera, mediante la intervención directa de las Administraciones correspondientes para impedir el fin de la actividad y asegurar el mantenimiento del empleo. El hecho de que el Estado pueda intervenir, adquiriendo acciones de los astilleros en liquidación o de la unidad productiva, es clave de cara a establecer un plan de viabilidad para estas empresas a medio y largo plazo. 47. Creación de una Vicepresidencia de Transición Ecológica y Nuevo Modelo Industrial para dirigir y coordinar estas reformas con el resto de las Administraciones y agentes sociales. Las razones siguen intactas 22 23 PODEMOS. Horizonte Morado y Economía de los Cuidados Las razones siguen intactas 24 Las razones siguen intactas Recomendaciones para eventos PODEMOS. 25 Horizonte Morado y Economía de los Cuidados En el último año, la larga tradición del movimiento feminista en nuestro país ha tomado un impulso que nos sitúa en la primera línea del panorama internacional como un país feminista y de derechos. Al mirar hacia su futuro, España no puede desear ni imaginar un horizonte que no sea morado, en el que las mujeres se encuentren libres de sufrir violencias machistas y puedan vivir su sexualidad y sus vidas cotidianas con libertad, vivan como vivan y deseen a quien deseen, un futuro en el que tengan protagonismo en todas las esferas de la vida, puedan compartir su conocimiento con las nuevas generaciones a través del sistema educativo y puedan vivir su vida con la libertad y la autonomía que da no estar sujetas a la precariedad y a las actividades menos reconocidas de nuestra sociedad. Además, hay que asumir que nuestro sistema de cuidados está en crisis. Nuestro Estado del bienestar se ha construido apoyándose en una cantidad inmensa de trabajo femenino no reconocido ni remunerado (o mal remunerado), y la austeridad le quitó aún más oxígeno a este modelo hasta llevarlo al colapso. De este modo, la ausencia de servicios públicos y comunitarios que nos permitan compartir entre el conjunto de la ciudadanía la tarea de cuidarnos, de hacer que la vida avance, se ha convertido en uno de los principales lastres de nuestra economía, algo que impide a las personas jóvenes componer el modelo de familia que quieran; a las adultas, hacer compatibles el trabajo y la vida; y a las mayores, tener la seguridad de que podrán disfrutar de los cuidados adecuados. Pero las movilizaciones feministas lo han cambiado todo poniendo la vida en el centro de nuestras prioridades como país y mostrando que este ya es un país feminista que puede organizarse de otro modo. Para ello, proponemos un ambicioso programa de inversiones para la construcción de unos servicios públicos sólidos al servicio de las personas y con la capacidad de crear, en un plazo muy corto de tiempo, más de medio millón de empleos repartidos de manera justa por todo el territorio. 25 En los últimos años, la larga tradición del movimiento feminista en España ha tomado un impulso que nos sitúa en la primera línea del panorama internacional como un país feminista y de derechos. Al mirar hacia su futuro, nuestro país no puede desear ni imaginar un horizonte que no sea morado, en el que las mujeres dejen de sufrir violencias machistas y puedan disfrutar de su sexualidad y de sus vidas cotidianas con libertad, vivan como vivan y deseen a quien deseen; en el que tengan protagonismo en todas las esferas de la vida, puedan compartir su conocimiento con las nuevas generaciones a través del sistema educativo y puedan vivir su vida con la libertad y la autonomía que da no estar sujetas a la precariedad y a las actividades menos reconocidas de nuestra sociedad. Además, hay que asumir que nuestro sistema de cuidados está en crisis. Nuestro Estado del bienestar se ha construido apoyándose en una cantidad inmensa de trabajo femenino no reconocido ni remunerado (o mal remunerado) para mantener al resto de las personas del hogar, y la austeridad le quitó aún más oxígeno a este modelo, hasta llevarlo al colapso. De este modo, la ausencia de servicios públicos y comunitarios que nos permitan compartir entre el conjunto de la ciudadanía la tarea de cuidarnos, de hacer que la vida avance, se ha convertido en uno de los principales lastres de nuestra economía. Algo que impide a las personas jóvenes componer el modelo de familia que quieran; a las adultas, hacer compatibles el trabajo y la vida; y a las mayores, tener la seguridad de que podrán disfrutar de los cuidados adecuados. Sin embargo, las movilizaciones feministas lo han cambiado todo al poner la vida en el centro de nuestras prioridades y al demostrar que este ya es un país feminista que puede organizarse de otro modo. Por ello, proponemos un ambicioso programa de inversiones públicas para la construcción de infraestructuras sociales sólidas al servicio de las personas y con la capacidad de crear, en un plazo muy corto, más de medio millón de empleos repartidos con justicia por todo el territorio. Si es cierto que llega una nueva crisis, nos debe encontrar cuidándonos y con una economía más robusta para afrontarla. Recomendaciones para eventos PODEMOS. 26 48. Trabajar para una Constitución decididamente feminista que, entre otros, definirá los cuidados como un derecho fundamental. Se llevará a cabo, además, un desarrollo legislativo que considere los cuidados una responsabilidad social inseparable de la vida misma y que garantice su acceso y su provisión de manera universal a partir de una dotación presupuestaria suficiente y de unos servicios públicos adecuados. 49. Implementar un Plan Estatal de Lucha contra las Violencias Machistas con una dotación anual de 600 millones de euros. Así, tomaremos como una cuestión de Estado la libertad y la reparación de las mujeres que sufren violencias machistas, lo cual implica la garantía de que los procesos de denuncia y judiciales tengan perspectiva de género y de que el conjunto de profesionales que intervienen en ellos tengan la formación necesaria, entre otras medidas, a través de una mejora y ampliación del sistema VioGén que incremente la seguridad de las mujeres, e implica también que la carga de la vigilancia y el control recaigan sobre los agresores. Asimismo, implementaremos con carácter inmediato el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, al tiempo que trabajamos para promover un horizonte de prevención más ambicioso. 50. Garantía económica de vida para las mujeres que padecen violencias machistas. Pondremos en marcha un Plan Integral de Compensación, Reparación y Recuperación de la Autonomía para estas mujeres, que incluirá una prestación económica de garantía de vida destinada a evitar que la falta de autonomía económica sea un factor que perjudique la salida de una relación de violencia machista de cualquier tipo. La prestación supondrá un mínimo equivalente al salario mínimo interprofesional (900 euros) durante 6 meses prorrogables, que se incrementará según el número de personas que cada mujer tenga a su cargo. 51. Garantía de alternativa habitacional inmediata para las mujeres que sufren la violencia machista y para los niños, niñas y adolescentes a su cargo. Implementaremos un plan de empleo específico para mujeres mayores de cuarenta y cinco años y para mujeres que se encuentran en riesgo de exclusión social. 52. Actualizar la definición de violencia machista para que recoja todas las formas de violencia contra las mujeres. La definición actual se encuentra limitada a la violencia ejercida por parejas y exparejas, lo que priva de una protección equiparable al resto de mujeres que sufren violencia, por 26 Programa para un nuevo país 27 PODEMOS. ejemplo, por parte de desconocidos o de jefes y compañeros de trabajo. Por eso se actualizará esta definición conforme a lo que exige el Convenio de Estambul y se diseñarán medidas para que estas protecciones puedan extenderse a las mujeres que se enfrentan a la discriminación interseccional. 53. Protocolos obligatorios contra las violencias machistas y la LGTBIfobia. Se implementarán estos protocolos para prevenir tanto las violencias machistas como la LGTBIfobia en las Administraciones Públicas y en los centros de trabajo de más de 50 trabajadores. 54. Crear una asignatura de feminismos. (Véase el apartado sobre educación en «Garantías de Justicia Social»). 55. Instaurar la paridad en las Administraciones Públicas y en los organismos financiados con dinero público. La redacción actual de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres solo establece la paridad en estos casos como una recomendación y tenemos que conseguir que la paridad sea efectiva en nuestras instituciones y en las que financiamos con nuestro dinero. En el plazo de cuatro años, los distintos órganos públicos, como el Consejo de Ministros y Ministras, tribunales de justicia como el Tribunal Supremo —donde la proporción de mujeres no llega al 15 %— y las entidades cuya financiación proceda en una proporción relevante de dinero público, como la Real Academia de la Lengua —donde solo hay 8 mujeres en 46 sillones—, deberán tener una composición paritaria. De no ser así, se retirará la financiación pública. 56. Disfrutar de nuestra libertad sexual. Todas las personas tenemos derecho a no ser objeto de violencias sexuales, así como a no sufrir discriminación por nuestra orientación sexual o por nuestra identidad sexual, identidad de género o expresión de género. Para garantizar este derecho, se pondrá un énfasis especial en la educación afectivo-sexual dentro del sistema educativo. 57. Pasar del «No es no» al «Solo sí es sí». Aprobaremos una ley para la protección de la libertad sexual de todas las personas y la erradicación de las violencias sexuales, que garantizará que las mujeres tengan el mismo derecho que los hombres a ocupar el espacio público y privado sin sentir miedo a ser violadas y que todas las personas puedan ejercer su sexualidad con libertad. Esto significa colocar el consentimiento en el centro del debate político en torno a las Las razones siguen intactas 28 relaciones sexuales, pasar del «No es no» al «Solo sí es sí» y que esta sea la pauta que se siga en cualquier relación. 58. Ampliar los derechos de personas lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales. Es necesario construir un horizonte en el que ninguna persona pueda ser discriminada ni por su orientación sexual ni por su identidad sexual, identidad de género o expresión de género. Para ello, aprobaremos dos leyes: una contra la discriminación por motivos de identidad de género y orientación sexual de las personas lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales, en la que se tendrán en cuenta también las dificultades específicas de las personas que forman parte de un colectivo tan amplio; y otra, una ley integral sobre la protección jurídica de las personas trans y el derecho a la libre determinación de la identidad sexual, identidad de género o expresión de género, que incluirá la garantía de acceso voluntario a un acompañamiento sanitario profesional bajo criterios no patologizantes, la inclusión de su atención en el Sistema Nacional de Salud o la implementación de planes de empleo, entre otras medidas. 59. Erradicar la trata y la explotación sexual o reproductiva. Estamos en contra de la trata y de cualquier tipo de explotación sexual o reproductiva de las mujeres y niñas y actuaremos para erradicarlas. 60. Una cooperación feminista y defensora de los derechos humanos. Apostamos por construir un sistema de cooperación en el que las mujeres se sitúen como motor y foco del desarrollo, al tiempo que cuestionaremos las estructuras de poder y la distribución de recursos que perpetúan la pobreza y la inequidad, como el machismo y la vulneración de los derechos de las mujeres y las niñas. Con el fin de avanzar en la igualdad real, adoptaremos iniciativas concretas en materia de género con una perspectiva interseccional, incluyendo cuestiones como la economía de los cuidados o la trata de personas. Asimismo, impulsaremos los programas de personas defensoras de derechos humanos, poniendo especial atención en las personas medioambientalistas, sindicalistas y defensoras de los derechos de las mujeres y de las personas LGTBI, así como en las personas defensoras que tienen incidencia en los territorios más amenazados de América Latina. 61. Reconocer la diversidad familiar. Protección real de las distintas realidades familiares elegidas con libertad, con medidas de apoyo a la adopción a familias LGTBI, reconocimiento de la filiación de las parejas de mujeres lesbianas y protección jurídica de las nuevas formas de convivencia estables sin ser pareja. 29 PODEMOS. 62. Garantizar la cobertura universal, pública y gratuita de la educación infantil (de 0 a 3 años). En la actualidad, nuestro sistema de educación infantil deja sin atender a más del 60 % de los niños y niñas de entre 0 y 3 años. Esto nos impide intervenir sobre la herencia de la pobreza que pasa de generación en generación y sobre la salida indeseada de muchas mujeres del mercado de trabajo para cuidar a sus familias. En la siguiente legislatura, y en coordinación con las demás Administraciones, configuraremos un sistema de educación infantil (de 0 a 3 años) que ofrezca una cobertura universal, pública y gratuita a todas las criaturas al terminar los permisos parentales remunerados de sus progenitores y progenitoras, al tiempo que se protegerá a las pymes y personas autónomas que operan actualmente en el sector y se establecerán los canales de incorporación voluntaria a la red pública. Con ello crearemos más de 100 000 puestos de trabajo directos, con enormes retornos además en cotizaciones y consumo. 63. Situar a España a la vanguardia mundial de la atención a la dependencia, creando un verdadero Sistema Nacional de Cuidados. Consolidaremos un sistema universal, público y suficiente de cuidados de larga duración para las personas dependientes que garantice la autonomía funcional de estas personas sin que el peso recaiga en los cuidados informales de otros miembros de la familia, que son casi siempre mujeres. Este sistema nos permitirá aumentar el número de personas dependientes atendidas hasta llegar a los 1,6 millones y crear hasta 400 000 nuevos empleos a través de un plan de choque que eliminará las listas de espera y hará llegar de manera efectiva las prestaciones y los servicios a quienes tengan reconocida una situación de dependencia. En el marco de este plan, estableceremos también el derecho de los cuidadores y las cuidadoras no profesionales a cotizar a la Seguridad Social y a recibir prestaciones como la de desempleo, revisaremos el actual sistema de incompatibilidades y eliminaremos el copago, que hace que muchas familias con pocos recursos tengan que renunciar a algunos servicios de atención a la dependencia. 64. Jornada laboral de 34 horas semanales y reorganización de los tiempos de trabajo, ocio y cuidados. En España se trabajan más horas que en otros países de nuestro entorno, al tiempo que las mujeres dedican a los cuidados más del doble de su tiempo que los hombres y muchas tienen empleos con menos horas de las que desearían. Para paliar estas desigualdades, implementaremos una jornada de 7 horas de lunes a Las razones siguen intactas 30 jueves y de 6 horas los viernes sin reducción de salario; protegeremos el tiempo de desconexión del trabajo; permitiremos flexibilizar los horarios y aprovechar las posibilidades del teletrabajo; estableceremos planes de respiro familiar para personas que cuidan y se protegerá a estas personas profesionales con la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y su entrada de pleno derecho en el Régimen General de la Seguridad Social, lo que implicaría igualar en derechos. 65. Permisos por nacimiento y cuidado del menor iguales e intransferibles. Ampliaremos el sistema de permisos para que, en caso de nacimiento de un hijo o de una hija, adopción, guarda con fines de adopción y acogimiento, estos sean iguales, intransferibles y remunerados al 100 % de la base reguladora para cada progenitor o progenitora, independientemente de su sexo y tipo de familia. Con estas características, propondremos la equiparación inmediata a 16 semanas para ambos progenitores o progenitoras y un aumento de 2 semanas al año hasta alcanzar las 24 semanas (medio año) para cada progenitor o progenitora. 66. Acabar con la brecha salarial a través de una ley de igualdad retributiva que analizará las remuneraciones y considerará discriminación una brecha de más del 20 % en las retribuciones de las empresas, de manera que deberán justificarlas ante los tribunales. Las grandes empresas tendrán que realizar auditorías salariales y enfrentarse a mayores sanciones en caso de negativa. 67. Facilitar el acceso a una maternidad libre y decidida, con acceso a la reproducción asistida y apoyos específicos a las mujeres en el momento en que decidan, si lo deciden, ser madres. Se incluirán tanto el primer embarazo como los posteriores a la hora de acceder a las técnicas de Reproducción Humana Asistida en el Sistema Nacional de Salud. Se promoverán medidas de protección para las mujeres que accedan a tratamientos de reproducción asistida en los mismos términos que los aplicados para los supuestos de embarazo en la legislación laboral. Se favorecerá, asimismo, el acceso a los últimos métodos anticonceptivos, incluidas la píldora masculina y la anticoncepción de urgencia, y la interrupción voluntaria del embarazo de todas las mujeres, incluidas las jóvenes de 16 y 17 años, en el Sistema Nacional de Salud. Se facilitará y favorecerá el acceso a estos servicios a las personas trans, para facilitar la conservación de su capacidad de gestar y fecundar. 31 PODEMOS. 68. Proteger a las familias monoparentales y monomarentales con su equiparación a las familias numerosas, la adopción de una definición que les otorgue seguridad jurídica, el incremento de las prestaciones por cuidado de sus niños y niñas, y la prioridad de acceso a los servicios y prestaciones, como la educación de 0 a 3 años durante su implantación universal o las becas. 69. Afrontar el problema de la soledad no deseada y, en particular, la de las personas mayores, implementando para ello un programa de acompañamiento remunerado por parte de jóvenes, de sensibilización sobre el problema y de mejora de unos servicios sociales cercanos y bien dotados para atender esta necesidad emergente, prevenirla o mitigar sus consecuencias. 70. Prestación para el cuidado de niños, niñas y adolescentes, que llegará a los 1200 euros al año de manera universal y a los 2000 euros al año para situaciones de pobreza severa, y que se iniciará de manera urgente con 600 euros al año para familias en riesgo de pobreza, con un incremento del 50 % para familias de una sola progenitora o de un solo progenitor. 71. Incrementar la inversión pública en la infancia hasta alcanzar la media europea para hacer efectiva la igualdad de oportunidades y la no discriminación de los niños y las niñas, especialmente en los ámbitos de la educación, la sanidad, los servicios sociales y la protección. 72. Desarrollar un verdadero sistema de atención temprana, dada su importancia para la eficacia de las intervenciones sobre niños y niñas con alteraciones, trastornos del desarrollo o en riesgo de padecerlos y para su bienestar presente y futuro. Por lo tanto, se reconocerá un derecho subjetivo a la atención temprana integral, universal, gratuita y pública y se armonizarán las distintas regulaciones para hacerlo efectivo con independencia del lugar de residencia y del servicio responsable. 73. Ley de Protección Integral frente a todas las formas de violencia contra niños, niñas y adolescentes. El abuso y la violencia contra los menores, cuando se da en el seno de la Iglesia, en la familia o en cualquier ámbito, constituye un crimen muy grave que compromete su futuro. Para evitar su impunidad, volveremos a proponer la Ley de Promoción del Buen Trato y Erradicación de las Violencias contra la Infan- Las razones siguen intactas 32 cia y la Adolescencia que presentamos en 2018 y volvimos a presentar de nuevo este año 2019. Para mejorar la prevención, se destinarán más recursos en el entorno educativo, social y sanitario, y se creará una línea de atención telefónica pública de información y asistencia las 24 horas, gestionada por un equipo profesional y multidisciplinar. Para cuidar a las víctimas, los procesos penales se adaptarán a sus necesidades, por lo que podrán declarar de manera tranquila en un momento distinto al de la vista oral y se evitará duplicar actuaciones. Esta nueva ley otorgará una protección especial frente a la violencia sexual, plasmada en dinámicas específicas que afectan gravemente el presente y el futuro de niños, niñas y adolescentes. Se suspenderá el cómputo para la prescripción de estos delitos, al menos hasta que las víctimas hayan cumplido 30 años, se eliminará la distinción entre agresión y abuso sexual, y se creará una Fiscalía especializada en dar respuesta a estos casos. Asimismo, es urgente que el Estado se implique en la investigación sobre el alcance real de las denuncias de abusos a niños, niñas y adolescentes en el seno de la Iglesia que se han hecho públicas estos años. 74. Fomento del acogimiento familiar y medidas para la adopción. Frente a las residencias para menores, el acogimiento familiar resulta una forma de cuidado mucho más eficaz y acorde con el fomento del buen trato y del bienestar actual y futuro de la infancia. Por ello, se ofrecerán recursos y apoyo a las familias acogedoras y se priorizará el acogimiento con familia extensa o familia no biológica, evitando la separación de hermanos y hermanas. En el caso del acogimiento residencial, las pequeñas residencias sustituirán a los grandes centros de acogida. Y, por otro lado, se unificará el registro de adopciones, en cuanto a requisitos y tiempos de espera. 75. Garantizar que los niños, niñas y jóvenes que migran solos reciben un tratamiento según la Convención sobre los Derechos del Niño, considerando siempre su condición de menores por delante de su estatus migratorio. Como medida de garantía de sus derechos, quedarán expresamente prohibidas las repatriaciones en contra de la voluntad del menor, tanto entre países de la Unión Europea como con terceros países. Dentro de la prioridad de su tratamiento como niños, niñas y adolescentes, es relevante evitar su segregación en instituciones ad hoc, así como las medidas que impidan una socialización. 33 PODEMOS. 76. Crear una Vicepresidencia de Feminismos y Economía de los Cuidados para dirigir y coordinar estas reformas con el resto de las Administraciones y agentes sociales. Horizonte Digital y Nueva Economía Las razones siguen intactas 37 PODEMOS. Horizonte Digital y Nueva Economía Las medidas de este horizonte, que dibuja nuevas posibilidades de organizarnos y de producir, son decisivas no solo para avanzar hacia una nueva economía, sino, también, para avanzar hacia los horizontes verde y morado y construir un nuevo modelo industrial y una economía feminista de los cuidados. Ante las enormes transformaciones que se están viviendo y que se van a acelerar en los principales ámbitos productivos, la actitud histórica de los dirigentes de este país ha sido la inacción, lo que equivale a entregar las llaves de los sectores más dinámicos de la economía del país a grandes corporaciones, con frecuencia extranjeras. Lo anterior provoca que nuestras empresas y la ciudadanía se queden atrás, sin poder competir en igualdad de condiciones, relegadas a posiciones subalternas o desplazadas hacia sectores más difíciles, como son el turismo y la hostelería. La alternativa es tener las manos libres y el pulso firme para liderar el futuro de la economía de nuestro país en materia de I+D+i y en los procesos de digitalización de la industria y los servicios. Debemos cuidar nuestro talento en ámbitos tan importantes como la ciencia o la cultura, no solo para evitar la fuga de talentos, sino para que estos no se sacrifiquen en el altar de la precariedad. También debemos poner por delante nuestra industria y a nuestra gente frente al enorme poder que están acumulando los oligopolios en los sectores estratégicos, en perjuicio de las pymes y de la ciudadanía en general, que son quienes pagan las consecuencias del lastre que generan a la economía. Las medidas de este horizonte, que dibuja nuevas posibilidades de organizarnos y de producir, son decisivas no solo para avanzar en una nueva economía, sino también para avanzar hacia los horizontes verde y morado, y construir un nuevo modelo industrial y una economía feminista de los cuidados. Ante las enormes transformaciones que se están viviendo y que se van a acelerar en los principales ámbitos productivos, la actitud tradicional de los dirigentes de este país ha sido y está siendo la inacción, lo que equivale a entregar las llaves de los sectores más dinámicos de nuestra economía a grandes corporaciones, con frecuencia extranjeras. Esto hace que nuestras empresas y nuestra ciudadanía se queden atrás, sin poder competir en igualdad de condiciones, relegadas a posiciones subalternas o desplazadas hacia sectores más duros, como el turismo y la hostelería. La alternativa es tener las manos libres y el pulso firme para liderar el futuro de la economía de nuestro país en materia de I+D+i y en los procesos de digitalización de la industria y los servicios. Para cuidar nuestro talento en campos tan importantes como la ciencia o la cultura, no solo para evitar su fuga, sino para que el talento no se sacrifique en el altar de la precariedad. Y para anteponer nuestra industria y nuestra gente al enorme poder que están acumulando los oligopolios en los sectores estratégicos, un enorme poder que va en perjuicio de las pymes y de la ciudadanía en general, que son quienes pagan las consecuencias del lastre que generan a la economía. Esto es aún más importante si se avecina una nueva crisis económica. Las viejas recetas de apostarlo todo al monocultivo del turismo y la construcción ya se demostraron fracasadas la última vez y sería una irresponsabilidad volver a afrontar una tormenta global sin habernos subido al carro de la revolución tecnológica y digital, y con los mismos pies de barro de siempre. Las razones siguen intactas 38 77. Crear una empresa pública eléctrica para para llevar a cabo la transición ecológica, luchar contra el cambio climático y bajar la factura de la luz. Con un mercado eléctrico dominado por un oligopolio privado, no es creíble que podamos acometer los objetivos planteados en el horizonte verde. Para conseguirlo, es necesario configurar un nuevo marco institucional y productivo bajo un control democrático. En el caso de la empresa pública eléctrica, esta será, junto con la Vicepresidencia de Transición Ecológica y Nuevo Modelo Industrial y el Banco de Inversión para la Transición Tecnológica y Económica (BITTE), un agente esencial a la hora de emprender esta transformación. Así, esta empresa desempeñará un rol activo en la instalación de energías renovables, empujará hacia la transformación del mercado eléctrico y hará posible que cumplamos los objetivos fijados. Dada la importancia de estos fines, también se ocupará de implementar una factura de la luz más baja y de garantizar que nadie sufra pobreza energética. Al mismo tiempo, trabajará de forma coordinada con las empresas públicas municipales que se han creado o que se puedan crear para la comercialización y la gestión de su propia energía. 78. Crear un Banco de Inversión para la Transición Tecnológica y Económica (BITTE) con el fin de asumir las principales inversiones para la transformación productiva que vamos a emprender, no solo en cuanto a la expansión de las energías renovables, del coche eléctrico y de otras industrias verdes, sino en lo que respecta a la digitalización de nuestra industria o al impulso a las inversiones en I+D+i. Para su creación, partiremos de instituciones ya existentes (ICO, CDTI, ENISA), que aportarán una amplia infraestructura y un importante conocimiento de la gestión de los riesgos financieros, y colaboraremos con las comunidades autónomas. Particularmente, el CDTI mantendrá su perímetro institucional dentro del BITTE para garantizar su rol clave en el desarrollo de la estrategia de I+D+i e innovación empresarial. Dado que uno de los obstáculos para la transición económica es la persistencia de la corrupción en España, se impedirá que las empresas condenadas por delitos de corrupción participen en estos programas y, en su caso, deberán devolver las subvenciones recibidas. 79. Impedir la inminente privatización de Bankia, después de que los españoles y las españolas nos hayamos gastado 60 000 millones de euros en el rescate bancario. A través del rescate bancario —debido al cual se ha concentrado el 70 % 39 PODEMOS. del mercado en cinco entidades—, los ciudadanos y ciudadanas adquirimos Bankia. Al menos, debemos aprovechar ahora este recurso para introducir competencia en el sector, asegurar que tengan acceso al crédito los elementos más productivos y dinámicos de nuestro sistema —como son las autónomas y los autónomos, las pymes y las empresas de la economía social—, introducir parámetros de justicia en el mercado de las hipotecas y atender las funciones sociales de la banca que otras entidades descuidan, como cajeros en la España vaciada o inversiones en vivienda social. Con carácter inmediato, se elegirá por tres quintos del Congreso una nueva presidencia de Bankia que sí sea capaz de entender el rol que debe desempeñar la banca pública en la mejora del país. 80. Convertir la ciencia y la I+D+i en un puntal de nuestra economía aumentando la inversión pública en I+D+i para alcanzar el objetivo del 2 % del PIB al final de la legislatura para liderar sectores como la producción de vehículos eléctricos, energías renovables, inteligencia artificial, fármacos y biotecnologías. Gracias a esta inversión, las ayudas directas (que se ejecutarán al 100 %) superarán ampliamente los créditos financieros, que se limitarán a aquellos cuya ejecución sea muy probable, y garantizaremos que las subvenciones a empresas se dediquen realmente a I+D+i y no a actividades ya consolidadas. Todo ello ayudará a estimular la inversión privada, uno de los principales lastres de nuestro sistema científico. 81. Necesidad de un Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Mantendremos y reforzaremos el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, para que el impulso de la actividad científica por parte de los poderes públicos sea más eficaz. 82. Asignar al sector público un verdadero rol de impulso y de coordinación estratégica de la I+D+i. Reforzaremos la Agencia Estatal de Investigación, dotándola de una gran capacidad de inversión a través del citado Banco de Inversión (BITTE) y de una gran unidad dedicada a la transferencia, que nos permitirá aplicar los avances teóricos de frontera a la mejora de nuestra industria y aportar nuevos conocimientos al sector privado y a los sectores más innovadores de nuestra ciudadanía en un contexto de transparencia total. La política de transferencia del conocimiento debe ser una prioridad de la estrategia de I+D+i. Completaremos esta nueva institucionalidad para la innovación con la creación de una Las razones siguen intactas 40 red de comités estratégicos sectoriales para que el sector público sea un actor con capacidad para asumir riesgos, pero también para obtener beneficios y orientar la I+D+i hacia la creación de empleo de calidad y de valor social. Esta Agencia Estatal de Investigación será independiente y homologable a la institución europea (ERC), se financiará de manera suficiente y a través de presupuestos plurianuales que permitan establecer un calendario fijo de convocatorias y promoverá procedimientos que minimicen las trabas burocráticas para el ejercicio de la actividad científica. Al mismo tiempo, garantizaremos que cualquier reforma del Consejo Superior de Investigaciones Científicas redunde en un mantenimiento de su autonomía, una ampliación de sus recursos y un fortalecimiento de los derechos de todo su personal. 83. Revertir la expulsión de científicos y científicas con un plan de choque para situarnos, en una legislatura, al nivel de la Unión Europea en la proporción de personas dedicadas a la investigación, con un aumento neto de 5000 investigadores e investigadoras cada año. Este plan se implementará junto con las comunidades autónomas y los entes locales. 84. Una carrera académica estable y digna. Un nuevo Estatuto del Personal Investigador establecerá unos criterios claros y objetivos para acceder a cada nueva fase, de manera que hasta un 75 % de las personas que inician una carrera científica puedan dedicarse de manera estable a la ciencia o a la educación superior. Protegeremos las posiciones posdoctorales, facilitando la movilidad de científicos y científicas entre la academia y la empresa; la estabilización del personal precario de los centros de investigación; el desarrollo de una carrera profesional técnica y de administración y servicios, así como de una carrera de investigación hospitalaria; y reconoceremos a los investigadores y las investigadoras en formación los derechos reconocidos al conjunto de trabajadores y trabajadoras. Esta carrera se nutrirá también de investigadores e investigadoras que abandonaron la carrera académica y de personal docente e investigador a tiempo completo que sustituya la actual proliferación de figuras docentes con bajos salarios, como asociados y asociadas. Para todo ello, es urgente recuperar el personal científico que los Gobiernos han expulsado desde la crisis de 2008, estableciendo tasas de reposición que incorporen más gente de la que abandona el servicio público. 85. Programa de Retorno de Investigadores e Investigadoras en el Extranjero y de Atracción de Talento, con una oferta de 41 PODEMOS. un contrato de cuatro años de duración al final del cual será posible la estabilización mediante criterios objetivos y predeterminados. 86. Una ciencia sin techo de cristal para las mujeres. Desde un enfoque feminista, si bien las mujeres ya son mayoría en la educación superior, solo una de cada cinco ocupa cargos de dirección y cátedras en Universidades públicas. Por eso, se dotará de inversión suficiente al Observatorio Mujeres, Ciencia e Innovación, que coordinará la investigación sobre las causas concretas de esta brecha de género, y se pondrá en marcha un Plan Estratégico de Vocaciones Científicas y Tecnológicas para revertir la desigualdad de base que hace que hoy solo un cuarto de las estudiantes de Ingeniería y Arquitectura sean mujeres. Se introducirá también el criterio de paridad entre los criterios de evaluación académica y la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) creará el sello «Mujer y ciencia» para certificar los centros con probada trayectoria en la igualdad de oportunidades, considerando la presencia de mujeres en los puestos directivos y en los grupos de investigación, la ausencia de precariedad en su situación y la implementación de políticas de conciliación y de lucha contra las violencias machistas. 87. Hacia una ciencia abierta y accesible. La regulación de la propiedad intelectual se pondrá al servicio de la innovación, la ciencia y el progreso en lugar de operar como una barrera para el emprendimiento. Para abrir el acceso a la ciencia, crearemos una Red de Centros de Innovación Ciudadana, como un punto de encuentro entre la sociedad y la ciencia para actividades de divulgación e innovación. Se impulsará un Plan de Transición hacia la Ciencia Abierta para evitar que, con el dinero público con el que se financian las investigaciones, solo se publiquen sus resultados en revistas científicas de grandes corporaciones y de acceso muy costoso para nuestras Universidades y organismos públicos de investigación (OPI). Apoyaremos a las revistas científicas españolas para que puedan aumentar su impacto y que publicar en ellas sea más valorado. Promoveremos la adhesión de las instituciones científicas a la Declaración de San Francisco sobre la Evaluación de la Investigación (DORA). Por último, daremos un salto a la gestión digital de la ciencia, con una web de investigación que incluya todas las convocatorias públicas programadas y datos de investigadores e investigadoras, grupos, proyectos y centros, al tiempo que se crea un Observatorio para la Defensa de la Transparencia en el Acceso y Gestión de las Instituciones Investigadoras y Universitarias. Las razones siguen intactas 42 88. Crear un Centro Nacional de Robótica Aplicada (CNRA) para construir un polo de innovación en tecnologías digitales aplicadas, con tres líneas de investigación principales en nuevos procesos industriales, de servicios y de mejora de la vida de las personas dependientes. Uno de los objetivos de de nuestra política económica debe ser que la introducción nuevas tecnologías, como la robotización y la inteligencia artificial, no suponga una reducción de la cantidad de empleos ni de los derechos laborales, sino una mejora de la competitividad cuyos efectos positivos se distribuyan en beneficio de las personas trabajadoras. Para ello, resulta vital que el sector público participe en la orientación de la revolución tecnológica, democratizándola, y que impida las deslocalizaciones, los cierres, las concentraciones excesivas o la destrucción de empleo que afectan a pymes, trabajadores y trabajadoras. 89. Facilitar el acceso a la tecnología a las empresas, con planes específicos de financiación y asesoramiento para pymes (Plan Pyme 5.0), para la economía social (Plan Coopera 5.0) de muchos sectores, como la del ámbito agropecuario, y para start-ups (Plan Start-up 5.0), que atienda a los retos específicos en sus fases de maduración, financiación y conexión. 90. Línea estratégica de inversión en I+D+i en inteligencia artificial. Cada vez nos encontramos más cerca de desarrollar sistemas de inteligencia artificial que no solo puedan interaccionar de manera fluida con los seres humanos, sino que permitan, también, sustituir sistemas rudimentarios de toma de decisiones en distintos procesos tecnológicos y productivos. En este sector, España tiene el talento suficiente para ser puntera. Por ello, destinaremos partidas significativas dentro del sistema de ciencia y tecnología a grupos de investigación en el sector público y privado que se dediquen a la investigación y la transferencia en la materia. La necesidad de una mayor presencia del sector público, para una orientación democrática de la investigación y la participación directa en estas tecnologías, se corresponde con el objetivo de que la nueva relevancia de la inteligencia artificial redunde en beneficio de todas las personas y no suponga un deterioro para nuestros derechos civiles o nuestros empleos. 91. Bajar la tarifa de internet y de telefonía a las familias, y caminar hacia una conexión digital como derecho básico y de acceso gratuito. La conexión móvil y digital es hoy un derecho sin el que no se puede vivir de manera integrada. Sin embargo, el alto precio de las telecomunicaciones lastra los presupuestos familiares y la viabilidad de pymes y 43 PODEMOS. autónomos. Por eso, garantizaremos un acceso a internet de 30 Mbps para cualquier núcleo habitado a un precio asequible. La sociedad pública Red.es debe convertirse en un agente importante para garantizar el acceso a internet y a la telefonía móvil, e impulsar, también, las tecnologías comunitarias existentes. Incorporaremos un canon a las operadoras destinado a financiar la ampliación de la red, que permanecerá en vigor hasta alcanzar el objetivo del 100 % de cobertura. Por otra parte, garantizaremos el acceso a una conexión a internet de carácter básico e impulsaremos la competencia efectiva en el sector de las telecomunicaciones que baje esta factura al nivel de la media europea. Para ello, el 10 % del tráfico de las instalaciones actuales y de las nuevas se destinará a tarifas accesibles bajo la gestión de Red.es. El hecho de que, según el «Informe sobre el progreso digital en Europa», nuestra banda ancha sea la sexta más cara de la Unión Europea resulta un lastre para la competitividad de las pymes. 92. Poner en marcha una Estrategia de Formación y Alfabetización Digital para que toda la ciudadanía disfrute, en igualdad de oportunidades, de los beneficios del proceso de digitalización. Pondremos en marcha recursos en todos los niveles del sistema educativo, o de la formación para quien está en el mercado de trabajo, con especial atención para evitar la exclusión digital. Ya desde la educación primaria se incluirán contenidos de robótica, programación, diseño web, apps, hardware y videojuegos. 93. Conquistar la soberanía tecnológica, la privacidad y el control de nuestros datos en la red. Estableceremos las protecciones necesarias para blindar el derecho a la privacidad en la red, de manera que las grandes corporaciones tecnológicas no puedan hacer negocio a partir de la apropiación indebida de nuestros datos. Para ello, es necesario conquistar el control sobre estos y poder aprovecharlos como un bien común, e impulsar el sector del software y, en particular, de las comunidades y empresas dedicadas al software libre, una arquitectura del internet de las cosas abierta, neutral e interoperable, y una red de infraestructuras de comunicaciones de nueva generación, como el 5G, orientándola hacia una red compartida por las diferentes operadoras y los usuarios públicos y privados, más eficiente y con menos espacio privatizado. Además, impulsaremos la elaboración de una Carta de Derechos del Mundo Digital mediante un gran proceso participativo en el que la ciudadanía pueda ser protagonista del diseño de su futuro. Las razones siguen intactas 44 94. Digitalizar la Administración y reducir la burocracia. Avanzaremos hacia el fin de los papeles y la reducción drástica de la burocracia, lo que beneficiará al conjunto de la ciudadanía, que también podrá ejercer mejor su control democrático, y nos permitirá disponer de una Administración más fuerte y mejor adaptada al presente. Respetando la privacidad, los datos públicos se desplegarán en formatos abiertos, interoperables y accesibles, también cuando los generen empresas al gestionar servicios públicos. Con esto, conseguiremos una Administración más transparente e impulsaremos que las empresas y asociaciones con menor capacidad para producir sus datos puedan aprovecharlos. La recogida de datos de carácter personal se limitará a los imprescindibles y con un fin concreto, con lo que reduciremos el riesgo de que esos datos se vean comprometidos. Implementaremos un Plan de Soberanía Tecnológica de las Administraciones, que también fortalecerá los ecosistemas de pymes locales, dirigido a la transición hacia tecnologías libres y a la contratación de productos y servicios de acceso abierto que aumenten la autonomía técnica de la Administración en un mundo digital. 95. Implementar la tecnología blockchain para reducir las comisiones bancarias. Gran parte de las operaciones bancarias habituales requieren de una verificación centralizada por parte de lo que se denomina una «autoridad bancaria». La tecnología blockchain permite verificar de manera segura y descentralizada todo tipo de transacciones, de manera que su implementación desde la banca pública que proponemos reduciría el coste de las operaciones bancarias y, potencialmente, también las comisiones bancarias que ahora cobra la banca privada. Al permitir generar unos registros muy claros, imborrables y confirmables de todas las operaciones, esta tecnología también podría utilizarse en la contratación pública para mejorar la transparencia del proceso y prevenir la corrupción, ya que todas las ofertas y operaciones quedarían, así, registradas. En el marco de esta estrategia, se impulsará también un programa sandbox (de experimentación) para implementar la tecnología blockchain en diversos entornos y liderar su implementación en Europa. 96. Frenar la uberización de la economía. Garantizaremos un marco justo para la nueva economía con el fin de evitar que los buitres tomen la tecnología para llevarnos a un pasado sin derechos laborales en una economía uberizada. Para ello, incrementaremos la presencia del sector público en la I+D+i para aprovechar esta oportunidad hacia la formulación de 45 PODEMOS. alternativas tecnológicas y sociales, con una gobernanza más descentralizada, democrática y respetuosa con los derechos de las personas que trabajan. En particular, consideraremos que quienes dependan de esas plataformas son trabajadoras y trabajadores por cuenta ajena; y, al mismo tiempo, crearemos unidades especiales para inspeccionar estos nuevos modelos de trabajo y, en especial, la utilización de falsos autónomos y el trabajo mediante horas extras sin cotizar. Asimismo, se creará una unidad dentro de la Agencia Tributaria especializada en controlar que estas empresas pagan en España los impuestos correspondientes a los beneficios que obtienen en nuestro país. 97. Reforzar las leyes antimonopolio. La desigualdad de fuerzas entre, por un lado, los oligopolios y, por otro, las pymes y las personas consumidoras crece, lo cual lastra nuestra economía. En línea con la actual legislación estadounidense, desarrollaremos leyes que dotarán a la Administración de instrumentos efectivos y aumentaremos las multas en casos de cárteles y oligopolios. Además, reforzaremos la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), estableciendo el nombramiento de sus miembros por parte del Congreso y dotándola de los recursos necesarios para evitar que su poder esté muy por debajo del que tienen los oligopolios que debe controlar. 98. Reconocer a las y los autónomos y a las pymes su condición de consumidores en sus relaciones con grandes corporaciones por servicios distintos al de su actividad principal. A la hora de relacionarse con el oligopolio eléctrico, bancario o de telecomunicaciones, pymes y autónomos y autónomas están tan desprotegidos como cualquier persona consumidora. Por eso, reconoceremos esta situación y adaptaremos el derecho de consumo a las pymes, incluyendo plazos máximos de pago por parte de las grandes empresas para que dejen de utilizar a pymes y a los trabajadores autónomos como medios para financiarse y la exención de tener que pagar el IVA por las facturas que aún no hayan cobrado. 99. Hacer efectivo el Estatuto del y la Artista para proteger a quienes trabajan en la cultura y hacer sostenible su trabajo. La cultura es un sector precario, con un alto porcentaje de falsos autónomos y con problemas muy serios de inestabilidad en el empleo y de acceso a prestaciones tan básicas como la de jubilación. Por eso es tan importante reconocer este trabajo, para igualar al alza derechos con el resto de trabajadores y trabajadoras y proteger las bases de nuestra creación. Para ello, mejoraremos el reconocimiento de las enfermedades profesionales y su protección, los periodos de creación y formación, así como la transición profesional al final de las carreras artísticas. Actualizaremos los epígrafes del impuesto de actividades económicas y las protecciones por desempleo e impulsaremos protocolos frente a las violencias machistas. 100. Impulsar una red de centros culturales ciudadanos. En cooperación con el resto de Administraciones y partiendo de la actual red de bibliotecas, centros culturales, centros cívicos, casas de juventud y de nuestra propuesta de centros de innovación ciudadana, se impulsará, como modelo antagónico a las casas de apuestas que proliferan en los barrios, el refuerzo y la actualización de estas instituciones culturales y de ocio, con nuevos productos en formatos electrónicos y materiales para el empoderamiento tecnológico, y con la filosofía del «hazlo tú mismo» como herramienta. De este modo, se impulsará el derecho al ocio de calidad y autogestionado de los y las jóvenes. Se incluirá una dotación específica para contratar programadores y programadoras e implementar programas en coordinación con el sistema educativo, y se fomentará la cogestión ciudadana. 101. Potenciar la producción de cine en nuestras lenguas. La producción cinematográfica en las lenguas propias de un país no solo es una de las industrias culturales más relevantes, sino uno de los espacios de diálogo y construcción de comunidad con más capacidad para mejorar una sociedad. Sin embargo, en cuanto a la presencia en las pantallas, la producción en nuestras lenguas parte con una gran desventaja con respecto a las grandes distribuidoras multinacionales, capaces de colocar una misma cinta durante semanas en una cantidad enorme de pantallas y apoyarla con una publicidad que suele superar el propio coste que supone hacer la película. Ante esta situación, países próximos como Francia han conseguido alentar una producción propia de calidad mediante el establecimiento de determinadas cuotas de pantalla para sus producciones. Nuestra propuesta es ampliar este enfoque a las distintas lenguas oficiales y propias del Estado, en colaboración con las comunidades autónomas, e incrementar las ayudas al sector. 102. Apostar por el sector del videojuego. El videojuego es cultura. También es una industria con una gran capacidad de creación de empleo y de posibilidades expresivas que requiere un reconocimiento sin prejuicios en las políticas culturales. Por ello, fomentaremos el talento del sector y de los ecosistemas Las razones siguen intactas 46 47 PODEMOS. de pymes existentes con programas de ayuda a la creación de videojuegos y cultura digital para que las empresas españolas puedan competir en igualdad de oportunidades ante las grandes transnacionales del videojuego. Adoptaremos medidas para proteger a las personas que trabajan en el sector, impulsando una mayor presencia de mujeres y vigilando, en particular, que las fórmulas de subcontratación no sean fraudulentas ni supongan una merma de derechos, que las horas extras se pagan y que se protegen riesgos asociados a la intermitencia o la movilidad, como sucede con otras y otros trabajadores de la cultura. También articularemos un plan de formación superior y continua para el sector, con especial atención a las dimensiones de desarrollo de software, monetización, diseño y arte, y marketing. 103. Reconocer e impulsar el sector del diseño. Aunque el diseño es un sector importante tanto cultural como económicamente, no recibe un tratamiento adecuado por parte de los poderes públicos. Crearemos, para ello, una entidad de carácter público que mapee y pueda proponer políticas eficaces para la visibilidad y viabilidad del sector, al tiempo que promueve un Museo del Diseño. Estableceremos también un epígrafe específico en el impuesto sobre actividades económicas para quienes trabajan en este ámbito y medidas específicas para contrarrestar la precariedad que se ha instalado en el sector. Para fortalecerlo, es imprescindible también que la formación en diseño cuente con recursos públicos suficientes que impidan el predominio casi en exclusiva de la formación privada. 104. Libertad de creación en internet y gestión transparente y limpia de los derechos de autor. Devolveremos al Poder Judicial la competencia exclusiva de decidir qué páginas web y servicios de la sociedad de la información infringen la normativa sobre propiedad intelectual, así como sus consecuencias. Al mismo tiempo, es necesario iniciar un diálogo social para reformar la propiedad intelectual actualizándola a los nuevos hábitos culturales, posibilidades tecnológicas y necesidades de sostenibilidad del sector. Hay que proteger a los autores y autoras, a los intérpretes y al resto de titulares de derechos y, al mismo tiempo, fomentar la flexibilidad en los modelos de difusión de la cultura, la autonomía de los creadores y creadoras, y la necesidad de hacer posibles nuevos usos legales y gratuitos de obras protegidas en el ámbito de la enseñanza, la investigación y la creación. Debe ampliarse el reconocimiento como autores y autoras Las razones siguen intactas 48 de periodistas, directores y directoras de escena y diseñadoras y diseñadores escénicos y audiovisuales, entre otras figuras, así como derogarse el artículo 71 de la Ley de Propiedad Intelectual, que obliga a los autores y las autoras musicales a ceder el 50 % de sus derechos a perpetuidad al editor musical. En cuanto a la gestión de los derechos, se establecerán unas posibilidades de creación más abiertas y se garantizará una gestión responsable, transparente y democrática de las sociedades de derechos de autor, como la SGAE, para alejar toda sospecha de corrupción, con tarifas justas y un funcionamiento que facilite el acceso a la cultura. 105. Una nueva RTVE que no esté al servicio de ningún Gobierno. Implementaremos un Plan de Reforma de RTVE y sus Sociedades, que nos coloque a la altura del modelo de la BBC británica, con el objetivo de garantizar la transparencia, la participación de profesionales y de público, el prestigio del servicio público y la consolidación del proceso de renovación vía concurso público, tal y como se acordó en el Congreso y en el Senado. Todo ello, atendiendo al criterio de independencia profesional y al pluralismo político, social e ideológico presente en nuestra sociedad. También se fomentará y coordinará la participación directa de la audiencia, y se creará un Consejo Social Asesor que garantice el derecho de acceso y participación de la ciudadanía. Se dará voz en horario relevante a grupos políticos y sociales significativos y se realizarán auditorías semestrales con participación rotativa de las y los propios profesionales de la corporación y de la sociedad civil. Aseguraremos un Programa de Inversión en Producción propia para el Ámbito Digital, asumido de manera directa por los programas esenciales del servicio público, de manera que la externalización de servicios informativos quede excluida y se alcancen progresivamente los niveles de dotación presupuestaria previos a los recortes iniciados en 2012. 106. Potenciar la Agencia EFE como servicio público informativo. Implementaremos un Plan de Desarrollo del Estatuto para la Agencia EFE, que garantice la continuidad y relevancia de este servicio de información de carácter público. Este plan incluirá el establecimiento de un Estatuto de la Información y de un Consejo de Redacción propios, la creación de un Consejo Social Asesor con competencias suficientes para garantizar el derecho de acceso, la suscripción de «contratos programa» plurianuales con la Agencia EFE que permitan la planificación y evaluación independiente y democrática en su 49 PODEMOS. gestión como servicio público, una financiación proporcional y suficiente, que garantice la transparencia y la rendición de cuentas a la ciudadanía, así como la sujeción al control parlamentario de la gestión de dicha agencia. 107. Impulsar el uso de las lenguas cooficiales y propias de cada territorio. Para ello, potenciaremos el uso de las lenguas cooficiales y propias en las desconexiones territoriales y favoreceremos una opinión pública informada y plural, la atención a las minorías y la diversidad cultural, la vertebración del territorio y la proyección de dicha diversidad cultural en el exterior. 108. Cláusulas sociales y contratación pública como instrumentos para generar valor social. La Administración Pública es la mayor contratante de productos y servicios de España, por lo que, si orienta esa política hacia objetivos sociales, puede iniciar una verdadera revolución a la hora de generar riqueza con justicia, con buenas condiciones laborales, con respeto a las normas ambientales y a la igualdad de género, al tiempo que pueden dirigirse a fortalecer la economía local. Solo hay que pensar en el cambio que podría darse si los centros escolares, los centros de trabajo públicos y los hospitales orientaran sus servicios de comedor hacia este modelo. 109. Crear un sello de calidad turística. Junto con las comunidades autónomas, crearemos un sello de reconocimiento de la calidad turística para los establecimientos que respeten los derechos laborales y cuiden su entorno. Esta red de establecimientos, que se promocionará por diversos canales y se incluirá en una plataforma digital pública de servicios turísticos con sello de calidad, será la primera línea de visibilización de una red de turismo sostenible, de calidad y que apueste por la modernización, la desestacionalización y la descentralización de este sector. 110. Crear una Vicepresidencia de Digitalización y Nueva Economía para dirigir y coordinar estas reformas junto con el resto de Administraciones y agentes sociales.

Garantías Democráticas y de Ciudadanía Las razones siguen intactas 52 Las razones siguen intactas 53 PODEMOS. Garantías Democráticas y de Ciudadanía Nuestro país no solo es ambicioso en cuanto al horizonte verde, morado y digital que quiere consolidar en la próxima década, sino que es consciente de que ya es un país feminista y moderno, y de que ya tiene el talento y las oportunidades productivas para hacerlo posible. Asimismo, es conocedor de cuáles son los obstáculos que hay en el camino, los lastres que debemos soltar para despegar. El «bailar pegados» de los grandes poderes económicos con las principales instituciones democráticas —como los ministerios, pero también los medios de comunicación o los partidos políticos— pone en riesgo el éxito de los proyectos que queremos emprender. Este camino solo es viable si nos quitamos de encima a los corruptos y su control sobre las instituciones públicas, pues la corrupción nos roba cada año 90 000 millones de euros que podríamos invertir en la transición energética o en servicios públicos para una economía feminista de los cuidados. Además, los corruptos capturan las instituciones públicas para que en ellas se decida a favor de unos pocos y en contra de la mayoría. Este camino solo es viable, en definitiva, si conquistamos nuestra democracia y ponemos las instituciones a la altura de la gente de nuestro país. Nuestro país no solo es ambicioso en cuanto al horizonte verde, morado y digital que quiere consolidar en la próxima década. Nuestro país es consciente de que ya es feminista y moderno, de que ya tiene el talento y las oportunidades productivas para hacerlo posible. Al mismo tiempo, sabe cuáles son los obstáculos en este camino, los lastres que debemos soltar para despegar. El «bailar pegados» de los grandes poderes económicos y las principales instituciones democráticas —como los ministerios, pero también los medios de comunicación o los partidos políticos— pone en riesgo el éxito de estos proyectos. El camino hacia una España más justa y mejor que se dibuja en este programa solo es viable si conquistamos nuestra democracia y ponemos las instituciones a la altura de su gente; si nos sacamos de encima a los corruptos y su control sobre las instituciones públicas. No en vano, la corrupción nos quita cada año 90 000 millones de euros que podríamos invertir en transición energética o en infraestructuras sociales feministas; y, además, esa misma corrupción captura las instituciones públicas para que en ellas se decida a favor de unos pocos y en  54-------------------