Perros del programa espacial soviético - Wikipedia, la enciclopedia libre

Los perros Ugolyok y Veterok.

¡¡ ¿¿,.. PREGUNTAS, SIN RESPUESTAS,...¡¡??¡¡,... QUÉ SE HA CONSEGUIDO DEL PROGRAMA POLITICO-ELECTORAL DEL PARTIDO COALICIÓN,...PODEMOS Y DE UNIPOD,...¡¡¡. POS APRIORI,...SAN SITUADO,....ALGUNOS HIJOS, BARRIGOTAS, CASA Y DESDE LO ALTO /ASALTO,...DEL PALACIO DE CRISTAL,...LAS COSAS SE VEN AHUMADAS Y DESFIGURADAS,...COMO LAS "" GAFAS DEL CULO DEL VAZUS DE CRISTAL,....Y COMO DECIA UN DICHO ARGENTINO,....POS NO ESTÁ LAS COSAS TAN MAL,...ES QUE LAS GENTES PROTESTAN PORTÓ,...ZO COBARDES DE LAS PRADERAS LLENAS DE CADAVERES EN TOER-MUNDO MUNDIAL,...Y NO ZUS DIGO MÁSNÁ,...QUE ENDISPUES DETÓ, SAPRENDE,...¡¡¡. : ESTE DICHO ERA DE UN POLÍTICO DE LA CALLE DE IZQUIERDAS,...A LOS POCOS MESES DE SER DIPUTADO Y DE EJERCER EN LA CÁMARA ALTA,...¡¡¡??¡¡¡. TAL,...COMO ME LO CONTARON,...LO CHIVATEO YO,...ER-LUKY DE LUZCOJONEZ,...¡¡¡. :

Sello conmemorativo del 50 aniversario del lanzamiento de Belka y Strelka (izquierda y derecha).

[[ El Ingenuity de la NASA se convierte en el primer helicóptero en volar en Marte (elperiodico.com)

El Ingenuity de la Nasa vuela sobre Marte.

HITO HISTÓRICO

El Ingenuity de la NASA se convierte en el primer helicóptero en volar en otro planeta,...//,... ]].*

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EXPERTOS en Competencias y Conductas90.598 seguidores

No juzgues al que no sabe, el qué sabe no sabía y aprendió preguntando...
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Constantemente tratamos con datos. Estos pueden ser datos básicos o sensibles categorizados en función de su componente. Es por ello que debemos saber cómo gestionarlos en nuestro día a día y qué derechos tienen las personas físicas en el ámbito de la protección de datos. #GeneralDataProtectionRegulation,...¡¡. -

El contrato para la formación dual universitaria.

👉🏼Vigencia desde el 1 de enero de 2021

👉🏼Modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y da nueva redacción al artículo 11.

Habrá que esperar a que se realice el desarrollo reglamentario para conocer más en profundidad este nuevo contrato.

💡¡Lo que sí sabemos!

Los trabajadores contratados con esta modalidad tendrán derecho “a todas las contingencias protegibles y prestaciones, incluido el desempleo”

Asimismo, se tendrá derecho a la cobertura del Fondo de Garantía Salarial

Disposición final trigésima sexta de la Ley 11/2020, de PGE 2021.
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https://lnkd.in/dR54nAU

💡¿Te interesa el derecho laboral? Lo simplifico para entenderlo mejor.
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📍NUEVO CONTRATO LABORAL FORMATIVO --- Tania Delgado Fuster

Relaciones Laborales | Recursos Humanos ---

SÁBADO, 9 DE MAYO DE 2020 >>> UNAS 9 LECTURAS, ENTÓ UN AÑO,...+,-- //. LA VERDAD, ESTA LECTURA ES PARA PAYAZUS COMO YO,...¡¡¡,...ENTREGAO EN EL DOLOR DEL PEGO MIS LABIOS A LA SABIDURÍA PROLETS-MULTIPOPULAR,...¡¡¡.

MIENTRAS NO EXISTA,...2- PARTE,...PROGRAMA U. PODEMOS

Prohibir que los partidos puedan financiar sus campañas electorales mediante créditos bancarios o del ICO. No es casualidad que la única formación que no pide créditos sea la que está planteando que los bancos tienen que devolver los 60 000 millones de euros que nos deben a todos y a todas, y que los ricos deben contribuir con más impuestos. Quien paga manda, y los bancos no pueden mandar en los partidos. Además, resulta inadmisible que se use una institución como el ICO, que debería servir para apoyar a nuestro tejido productivo, con el objetivo de financiar las campañas de algunos partidos.

112. Prohibir que los bancos y los fondos sean propietarios de los medios de comunicación. Según la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), solo la banca ya tiene acciones por valor de más de 600 millones de euros en medios de comunicación y, en muchos casos, controla más del 50 % de su capital. La salud de la democracia española exige que quienes tienen un enorme poder financiero no puedan aprovecharlo para controlar también la comunicación y la formación de opinión pública en nuestro país.

113. Recuperar los 60 000 millones del rescate bancario. En junio de 2017, el Banco de España declaró que daba por perdidos 60 613 millones de euros del rescate bancario a las cajas y los bancos españoles otorgado por la Unión Europea. El montante que no se recupera es casi el 80 % de las ayudas públicas directas invertidas, es decir, dinero de todas y de todos. Este dinero se puede recuperar en una década mediante la implementación de un impuesto a las transacciones financieras, una reforma del impuesto sobre sociedades respecto a la tributación de las grandes corporaciones y un impuesto específico a la banca. Recuperar todo el dinero del rescate equivaldría, por ejemplo, a construir 20 000 escuelas infantiles que nos permitirían cuidar a todos los niños y niñas menores de 3 años, pagar la pensión de 500 000 personas jubiladas durante 10 años o levantar 375 000 viviendas públicas para acabar con la crisis habitacional que padece el país.

114. Reestructuración coordinada de las deudas públicas en el marco de la zona euro. La deuda pública ha superado por primera vez el 100 % del PIB. Esto tiene que ver con la deuda contraída para hacer frente al rescate bancario durante el Gobierno de Rajoy y con una arquitectura europea desigual en la que es necesario que el conjunto de la Unión asuma las consecuencias de dicha desigualdad y la ataje. Implementa- 55 PODEMOS. remos la reestructuración a través de una modificación en los plazos de vencimiento de las deudas europeas en circulación, mediante un canje de bonos que facilite que los viejos títulos sean sustituidos por nuevos títulos que se mantengan a perpetuidad. El Banco Central Europeo (BCE) sería la institución que adquiriría, al valor nominal, los viejos títulos y los canjearía por otros nuevos al 0 % de interés y con el objetivo de mantenerlos a perpetuidad en su balance. El BCE reestructuraría las deudas públicas de las economías de la zona euro que excedan del 60 % del PIB.

115. Llevar la democracia a las finanzas internacionales y luchar contra los paraísos fiscales. Sin justicia económica no habrá ni paz ni democracia. Por ello, trabajaremos por la aprobación de un marco jurídico internacional para los procesos de reestructuración de deudas soberanas. Impulsaremos la prohibición internacional de los productos financieros altamente especulativos, de forma que se superen los Acuerdos de Basilea III. Promoveremos la lucha contra los paraísos fiscales, proponiendo la creación de una Agencia Fiscal Internacional y de un impuesto global sobre la riqueza, así como la transparencia y la democratización en la adopción de nuevos tratados internacionales, especialmente, de tratados comerciales como el TTIP y el CETA. Estos deberán ser siempre sometidos a control parlamentario y, en su caso, a referéndum vinculante.

116. Un compromiso activo con la paz. Fortaleceremos la cooperación europea y un desplazamiento progresivo del espacio atlántico (OTAN) al europeo (PCSD), evitando duplicidades y mejorando tanto las sinergias entre Estados miembros como la eficacia en conjunto. Apoyaremos la abolición de las armas nucleares y de los sistemas de armamento letal autónomo (es decir, carentes de control humano significativo en fases críticas de su uso) e impulsaremos una educación para la paz como un aspecto transversal de la acción gubernamental.

117. España, impulsora de la democracia internacional. Frente a la crisis del multilateralismo, nuestro país debe liderar la apuesta por la democracia internacional. Para ello, promoveremos la democratización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con la creación de una Asamblea Parlamentaria en la ONU, elegida democráticamente, para abordar temas claves como la violencia estructural contra las mujeres, el cambio climático, los desequilibrios del comercio internacional, la lucha contra los paraísos fiscales o las migraciones. Esta asamblea impulsará planes de choque para asegurar la paridad Las razones siguen intactas 56 en todos los niveles de las organizaciones internacionales; trabajará para garantizar la neutralidad de la red como derecho democrático global; liderará los trabajos para crear una agencia internacional de lucha contra la desinformación que garantice la protección de las libertades fundamentales, y reforzará la justicia climática global. Asimismo, recuperaremos la jurisdicción universal en su forma previa a las vergonzosas reformas del PSOE en 2009 y del PP en 2014, lo que situará de nuevo a España a la vanguardia de la lucha contra el incumplimiento de los derechos humanos en el mundo.

118. España, con la libre determinación del pueblo saharaui. España tiene una responsabilidad histórica con el Sáhara Occidental, con sus gentes y con la solidaridad entre nuestros pueblos. Para ello, apoyaremos con acciones concretas el derecho a la libre determinación del pueblo saharaui, mediante la implementación de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre recursos naturales, las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para una solución justa y pacífica mediante referéndum y los procesos de negociación en marcha. Estableceremos relaciones diplomáticas de alto nivel con la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y promoveremos la ampliación del mandato de la Misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO) para que adquiera competencias en la protección y promoción de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de la población saharaui. Aumentaremos las partidas de ayuda humanitaria para los campamentos saharauis; de este modo, el Sáhara Occidental volverá a ser una zona prioritaria para la cooperación española. Apoyaremos programas de formación y movilidad de la población saharaui y cumpliremos lo ya aprobado por el Parlamento: el acceso a la nacionalidad española de las personas saharauis residentes en nuestro país, con los mismos derechos que otros países con los que mantenemos relaciones históricas.

119. Prohibir las puertas giratorias. Como se sabe, la promesa de ocupar puestos en los consejos de administración de grandes empresas o de beneficiarse de sus altas retribuciones tras salir del servicio público conlleva la predisposición, por parte de las personas que hasta entonces desempeñaban una función dentro de las instituciones del Estado, a actuar contra el pueblo y a favor de unos pocos. Estas personas se llevan consigo información muy valiosa, lo que deja las ventanas abiertas a las peores formas de corrupción y despilfarro. Por eso, hay que 57 PODEMOS. prohibir que miembros del Consejo de Ministros, secretarios y secretarias de Estado, presidentes y miembros de los Consejos de Gobierno de las CC. AA., miembros del Congreso y del Senado, así como del Tribunal Supremo, del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, puedan trabajar, directamente o bajo cualquier fórmula de prestación de servicios remunerados, para empresas que cotizan en bolsa (en cualquier caso) y para empresas con más de 50 millones de euros de facturación (coticen o no en bolsa) cuando hayan tomado decisiones sobre su área de actividad. Tipificaremos además como delito los casos graves de puertas giratorias y estableceremos una regulación para impedir que responsables técnicos de alto nivel (por ejemplo, técnicos de Hacienda) puedan favorecer después, con información obtenida en su paso por el servicio público, a grandes empresas que operan en la que ha sido su área de intervención o regulación.

120. Regular los lobbies y hacer transparente su incidencia política. Cada vez que un lobby con intereses económicos se reúna con un cargo público o de un partido, altos cargos de la Administración, miembros del Gobierno, diputados o diputadas, senadores o senadoras o jueces y juezas de los altos tribunales, entre otros, la ciudadanía debe poder saberlo. Para la democracia española, resulta preocupante la capacidad de influencia de determinados intereses privados organizados en torno a grupos de presión para incidir en las normas jurídicas y en las decisiones de los poderes públicos, incluido el manejo de sus recursos.

121. Plan Nacional contra la Corrupción, con el que impulsaremos una reforma del Código Penal para introducir el delito relacionado con el enriquecimiento ilícito de cargos políticos que, sin intervenir directamente en los delitos de corrupción, sí hayan obtenido un beneficio de estos, así como un tipo agravado de prevaricación administrativa en las contrataciones públicas, cohecho, tráfico de influencias y fraudes a la Administración cuando se cometan a través de partidos políticos. Este plan incluirá también una ampliación de las plantillas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado destinadas a la lucha contra la corrupción y los delitos económicos, como el blanqueo de capitales. El plan estará coordinado por un organismo independiente del poder político, integrado por perfiles técnicos de la Administración y actores relevantes de la sociedad civil en esta materia, para prevenir la corrupción, asesorar al Poder Judicial y asegurar medios seguros de denuncia y protección a quien se comprometa Las razones siguen intactas 58 en la lucha contra la corrupción. Se prestará asesoramiento técnico y formación actualizada a los agentes especializados en la prevención y persecución de la corrupción y al conjunto de los trabajadores y trabajadoras del sector público; y, asimismo, se ofrecerá protección real a quienes denuncien, pues casi siempre se enfrentan en solitario a la maquinaria de la corrupción con graves consecuencias, al tiempo que se habilitarán formas seguras y veraces de denuncia para proteger la identidad de las personas que denuncien.

122. Acabar con las cloacas del Estado. Para poner fin a las cloacas del Estado, se creará una Unidad Integral contra la Corrupción Institucional, que estará formada por agentes especialistas en la lucha contra la corrupción de la Policía Nacional, la Guardia Civil y las policías autonómicas, y que, para esta tarea, dependerá directamente de las juezas, los jueces y fiscales encargados de las investigaciones. Las personas especialistas que conformen esta unidad estarán blindadas ante cualquier tipo de represalia, castigo o premio por parte del poder político y bajo la coordinación de agentes de los distintos cuerpos policiales elegidos por el Consejo General del Poder Judicial mediante concurso de méritos y de capacidades.

123. Excluir de la contratación pública a las empresas implicadas en casos de corrupción. Aparte de intensificar las responsabilidades corporativas y las prohibiciones de contratar con las Administraciones Públicas, se contemplará la disolución forzosa en caso de condena por delitos de corrupción y se establecerán medidas cautelares para evitar que las empresas encausadas por estos delitos, en particular por la financiación irregular de partidos políticos, accedan a contratos con la Administración.

124. Suprimir los aforamientos y acabar con la irresponsabilidad del Rey. La proliferación de la figura de los aforamientos no ha tenido nada que ver con la protección de los representantes públicos frente a represalias y amenazas de los más poderosos, sino con un sistema de protecciones y favores que permite a los partidos ofrecer cierto privilegio judicial a algunos de sus miembros. Por eso, iniciaremos una acción articulada para la supresión de aforamientos desde las comunidades autónomas y el Estado. Al mismo tiempo, trabajaremos en una reforma constitucional para eliminar el privilegio judicial más grave, que es la ausencia de responsabilidad del Rey, establecida en el artículo 56.3 de la Constitución, así como el 59 PODEMOS. hecho de que, en pleno siglo xxi, la justicia se siga administrando bajo la fórmula arcaica de «en nombre del Rey», cuando, en realidad, esta emana del pueblo. Asimismo, pondremos en marcha una comisión de investigación sobre los negocios de la monarquía con el objetivo de determinar si, por ser irresponsable, es una institución idónea para nuestra democracia.

125. Eliminar los privilegios de los cargos electos. Acabaremos con los privilegios de los cargos electos (diputadas, diputados, senadoras y senadores), tanto de los que gozan durante el ejercicio de sus funciones como de los que les son atribuidos una vez que han concluido sus respectivos mandatos. Asimismo, rebajaremos las retribuciones de los miembros electos de las Cortes, de manera que en ningún caso sea superior a la de los cuerpos de funcionarios del Estado, y revisaremos los complementos económicos (gastos de representación, libre disposición, indemnizaciones, etcétera). Estableceremos mecanismos de control de las dietas y los desplazamientos y eliminaremos las indemnizaciones por cese, las llamadas «pensiones de oro» de los exparlamentarios, de modo que sus derechos sean como los del resto de las personas trabajadoras.

126. Reformar la ley electoral para atender al principio de «una persona, un voto» y aumentar la proporcionalidad del sistema. Sustituiremos la fórmula de reparto de escaños D’Hondt por la de Sainte-Laguë, más proporcional. Con este cambio en la ley electoral, atenuaremos la diferencia entre el porcentaje de votos y el porcentaje de escaños que obtiene cada partido y, con ello, las desigualdades en el valor del voto y la representación.

127. Listas cremallera en todos los procesos para garantizar la presencia de mujeres en las instituciones. Superaremos la regla de paridad que introdujo la Ley de Igualdad (40-60 %) al hacer obligatorio un sistema de listas cremallera, que solo se romperá si beneficia a las mujeres. Así, garantizaremos que al menos la mitad de las personas con posibilidad de ser representantes políticas sean mujeres.

128. Reformar la ley electoral para hacer el Senado más proporcional. Sustituiremos el sistema mayoritario actual —que hace que, por ejemplo, el PSOE tenga casi un 60% de los senadores y las senadoras de elección directa con algo menos del 30 % de los votos o que el PP haya tenido un 62 % con poco más del 30% de votos— por un sistema más justo, similar al del Congreso.

129. Derogar el voto rogado para garantizar el derecho a voto de quienes están fuera. Reformaremos de manera urgente la ley electoral para eliminar la carrera de obstáculos para votar que se impuso en 2011 contras los y las compatriotas en el extranjero y que PP, PSOE y Cs no han querido quitar, lo que ha hecho que el voto de las personas que residen fuera de nuestro país haya caído desde el 31 % previo a la reforma de 2011 hasta cifras del 4 % y el 6 % en las últimas elecciones generales.

130. Crear una circunscripción electoral exterior para hacer oír la voz de quienes viven fuera. Al mismo tiempo que se impide el voto de nuestros y nuestras compatriotas que viven fuera con el endiablado sistema del voto rogado, para los 2,5 millones de españoles y españolas en el extranjero no existe un canal parlamentario a través del cual puedan hacer valer sus demandas concretas. Por eso, crearemos una circunscripción para quienes viven en el exterior, con la representación política proporcional a su número.

131. Democratizar y modernizar las campañas electorales. Como las campañas deben servir para que la ciudadanía pueda conocer los diferentes proyectos políticos en liza, estableceremos la garantía de al menos dos debates entre los o las candidatas a la presidencia del Gobierno, de los que al menos uno se celebrará en la televisión pública. También estableceremos un envío único de papeletas que permitirá ahorrar millones de dinero público.

132. Reconocer el derecho de sufragio a partir de los 16 años. Frente al discurso conservador que dice que la juventud no se interesa por la política, estos meses hemos visto las calles llenas de jóvenes defendiendo el feminismo el 8M y la lucha contra el cambio climático el 15 de marzo. La juventud quiere un país mejor y debe poder participar. Además, a partir de esta edad, se les reconoce la capacidad para realizar actividades como trabajar, emanciparse o conducir, por lo que no está justificado restringirles el voto.

133. Constitucionalizar de verdad la soberanía popular y garantizarla con una regulación que facilite presentar iniciativas legislativas populares y no permita invisibilizarlas, y que normalice las consultas cuando se trate de asuntos muy relevantes, como la entrada de España en operaciones militares. Esta reforma también permitiría abrir nuevos espacios parti- 61 PODEMOS. cipativos, como la deliberación ciudadana en la elaboración, gestión y control de las políticas públicas, los presupuestos participativos del Estado, la participación en los procesos legislativos en las Cortes Generales o una mayor presencia de consultas populares, y sentaría las bases para que la participación avance en los demás ámbitos territoriales. Además, cuando el 15 % del censo electoral entienda que el Gobierno le ha dado la espalda, podrá iniciar un proceso revocatorio que terminará con un referéndum en que se decida de manera vinculante si quien ocupa la presidencia del Gobierno debe dimitir y convocar nuevas elecciones generales. Suprimiremos, además, la necesidad de autorización del Consejo de Ministros para la celebración de consultas populares locales, en el ámbito de sus competencias.

134. Democratizar los partidos. Aparte de las listas electorales, incorporaremos la paridad a los órganos de los partidos políticos y serán obligatorias las primarias para acceder a presidir los órganos ejecutivos de los partidos.

135. Democratizar las empresas. Una economía moderna necesita actualizar la forma de dirigir sus empresas. Por una parte, apoyaremos las empresas de la economía social, en las que quien aporta su trabajo y su creatividad en el día a día también dirige la empresa. Por otra, impulsaremos la participación de los trabajadores en la dirección y en el accionariado de las empresas, como ya ocurre en Alemania y en Francia, para que nuestra economía aproveche ese talento y las decisiones estratégicas de las empresas sean mejores.

136. Aumentar el impacto del conocimiento científico en la política. Incorporaremos de manera continuada y coordinada el conocimiento científico a la acción de gobierno y a las instituciones legislativas, a través de una red de asesoría científica, conforme a los criterios de los organismos internacionales en la materia.

137. Recuperar los bienes inmatriculados indebidamente por la Iglesia. Estas operaciones se han basado, hasta 2015, en el privilegio de inscribir en el Registro de la Propiedad bienes a partir de simples declaraciones de sus propios miembros. Esto la ha llevado a inscribir a su nombre bienes que —como se sabe— son de toda la ciudadanía, como la mezquita de Córdoba o ermitas de muchos pueblos que mantienen en realidad los vecinos y vecinas, pero también edificios civiles, como quioscos y plazas. La salud democrática de nuestro país exige que esto se revise a fondo.

138. Garantizar la libertad para morir dignamente. Toda persona que padezca un sufrimiento irreversible debe tener reconocido el derecho y la libertad de poner fin a ese sufrimiento. Para ello, registraremos una ley con todas las garantías necesarias para las personas que deciden poner fin a su vida, así como para los y las profesionales que las asisten.

139. Acabar con las casas de apuestas online y presenciales. La proliferación de estos negocios depredadores está atacando nuestras comunidades, en particular, a las personas más jóvenes que no tienen alternativas de ocio asequible en los barrios. Hay que acabar con esta lacra y por eso nos fijamos el ambicioso objetivo de que el 90 % de estos establecimientos hayan cerrado en un periodo de dos años. Para ello, se impedirá que estos locales abran antes de las 22.00 horas y que puedan publicitarse, tanto si lo hacen en locales como por internet, tal como ocurre con otros productos nocivos, como el alcohol y el tabaco. Será obligatorio que coloquen en su entrada un cartel de advertencia sobre los peligros de la ludopatía y se implementará una estrategia estatal para frenarla. Se limitará su proximidad a centros escolares, se restringirá el uso de reclamos, como bonos de bienvenida o comida y bebida más baratas de lo habitual, y se establecerán límites de tiempo de apuestas y de gastos diarios y mensuales. También incrementaremos los impuestos a estos negocios con el objetivo de aumentar la inversión en la prevención y el tratamiento del daño social que producen. En paralelo, diseñaremos una política para abrir centros sociales para jóvenes en esos barrios, que funcionen como espacios cogestionados donde puedan desarrollar actividades culturales y de ocio, y se genere también empleo joven en los barrios. En cualquier caso, los propios movimientos populares y asociaciones que han liderado estas demandas deben formar parte del diseño e implementación de cualquier estrategia pública en la materia.

140. Despenalizar el cannabis y legalizar su uso con fines medicinales. Despenalizaremos el cultivo y la tenencia de cannabis a nivel personal y colectivo, regularemos la actividad de los clubs sociales de cannabis y estableceremos el rol del Estado en la garantía de seguridad de los y las consumidoras y en el control de la producción, distribución y consumo de cannabis.

141. Reformar el artículo 49 de la Constitución, que habla de «disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos», y hacerlo no solo para actualizar la terminología, sino, sobre todo, para dotarlo de rango de derecho fundamental mediante la adaptación de su enfoque y contenido al paradigma de los derechos Acabar con las casas de apuestas online y presenciales. 63 PODEMOS. humanos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

142. Fomentar la responsabilidad informativa y la ciudadanía crítica frente a las fake news. Abordaremos estas cuestiones desde el enfoque de los derechos humanos y conforme a la deontología periodística. Para ello, se introducirán programas de alfabetización mediática y de ciberseguridad en todas las fases del sistema educativo y se impulsará una audiencia activa, crítica y participativa en unos medios de comunicación plurales. También se aumentará la transparencia en torno a los gastos de comunicación de las Administraciones Públicas.

143. Establecer vías legales y seguras de entrada en España, poner fin a la irregularidad sobrevenida y garantizar los derechos civiles de las personas migradas. Las migraciones deben darse en condiciones de seguridad para las personas, y el Estado tiene que articular los mecanismos para garantizar los derechos humanos, especialmente el derecho a la vida. Por ello, flexibilizaremos los procesos de reagrupación familiar, recuperaremos la posibilidad de solicitar asilo en embajadas y consulados de terceros países, articularemos visados humanitarios, aumentaremos los programas de reasentamiento y crearemos nuevas modalidades de visado, como el de búsqueda de empleo. Además, flexibilizaremos los procesos de arraigo, dejando de vincular exclusivamente la renovación de las autorizaciones de residencia a un contrato en vigor u oferta de empleo. En la misma línea, el derecho al sufragio municipal de las personas extranjeras dejará de estar vinculado a tratados internacionales bilaterales; y, asimismo, se acortarán los plazos requeridos para adquirir la nacionalidad y se suprimirán las trabas burocráticas y requisitos discrecionales en el procedimiento de adquisición, como puede ser el examen de nacionalidad.

144. Objetivo 2020: cero muertes en el Mediterráneo. Reforzaremos el Servicio de Salvamento Marítimo, un servicio puntero en Europa, que permanecerá como servicio público y civil y cuya única función será la salvaguarda de la vida en el mar. Para ello, dotaremos de recursos y de personal estable a las tripulaciones. Se protegerá el trabajo de las ONG de rescate y salvamento en el Mediterráneo Central y se suprimirán las prohibiciones de salida. Garantizaremos el respeto absoluto a los derechos humanos en la frontera sur, de acuerdo con la normativa internacional, y vigilaremos que no se produzca ninguna devolución en caliente o exprés ilegal. Asimismo, prohibiremos las llamadas «plataformas de desembarco» o similares. Además, España se comprometerá, en coordinación con otros países de la Unión Europea, a acoger a aquellas personas rescatadas por ONG en el Mediterráneo Central, evitando casos de sufrimiento extremo como el que hemos visto este verano con el barco de Open Arms. En el mismo sentido, impulsará un servicio de salvamento europeo que evite que situaciones como esta vuelvan a repetirse.

145. Garantizar el derecho de asilo dentro de la realidad global. Impulsaremos una nueva Ley de Asilo adaptada a la realidad global actual, que incluya a quienes tienen que huir de su residencia por cuestiones medioambientales. Hasta entonces, desarrollaremos de manera urgente el reglamento de la actual Ley de Asilo y revisaremos los criterios de la Oficina de Asilo y Refugio para asegurar que no se basan en estereotipos de ninguna clase y que se desbloquean los miles de expedientes que actualmente están en evaluación. Pondremos especial atención a la garantía del derecho de asilo del colectivo LGTBI y de las víctimas de trata.

146. Cerrar los centros de internamiento de extranjeros (CIE). Ningún modelo de privación de la libertad de las personas según su situación administrativa es adecuado para la recepción y acogida de personas migrantes. Es una excepción jurídica y democrática a la que se debe poner fin.

147. Construir un país sin racismo. Impulsaremos una Ley Integral para la Igualdad de Trato y el Fomento de la Convivencia («Ley 14»). La Ley 14 establecerá medidas para evitar el racismo y otras discriminaciones en todos los ámbitos y creará un organismo específico de asistencia a víctimas que recogerá denuncias, investigará eventos en colaboración con la Justicia y podrá participar en procedimientos judiciales. Esta ley irá acompañada de un Plan Estatal Integral de Convivencia, con medidas de formación a empleados públicos, de difusión en medios de comunicación, para la reparación de las víctimas en las fronteras y para el avance en el proceso de descolonización simbólica.

148. Ley Integral contra la Trata de Personas. Las víctimas de trata serán consideradas como sujetos de derecho. La ley asegurará la coordinación de todas las Administraciones, prohibirá la deportación o el encierro de víctimas en los CIE y las eximirá de responsabilidad penal si están en situación administrativa irregular. La ley irá acompañada de planes de formación para empleados públicos y, gracias a ella, se crearán mecanismos de atención integral a las víctimas con un enfoque integrador, transcultural y de protección efectiva en el caso de denuncia y más allá del juicio.

149. Comisión Nacional de la Memoria Histórica y la Reconciliación con el Pueblo Romaní en España. En la comisión, participarán diputados y diputadas, senadores y senadoras, personal de la Administración y personas romaníes expertas. Esta comisión formará parte de una estrategia estatal para la erradicación del antigitanismo, que reconocerá el impacto diferencial que tanto la realidad histórica romaní como la configuración institucional presente ejercen hoy día sobre sus derechos, y desarrollará y hará efectivo el derecho internacional con respecto al tratamiento de la población romaní, asumido por España con carácter vinculante.

150. Poner en marcha un Plan Estatal de Retorno para que todas las personas que vivan fuera de España y quieran volver lo puedan hacer. Con este fin, y gracias a los tres horizontes que proponemos, pueden crearse más de un millón de empleos y, en este sentido, se dará especial consideración a las personas emigradas que quieran volver. A esto se sumará, a través de un cambio en las políticas activas de empleo para que no las discriminen, la consideración de su experiencia en el extranjero en las ofertas de empleo público (que aumentarán notablemente fruto de las citadas inversiones), la prestación de la garantía de ingresos de un mínimo de 600 euros en caso de hogar unipersonal (que puede incrementarse hasta los 1200 euros si no se tienen ingresos o patrimonio suficiente) y la creación de un servicio de información y orientación para el retorno en las secciones y oficinas consulares.

151. Mantener la cobertura sanitaria universal para los y las españolas emigrantes. Las élites de nuestro país no solo han expulsado a cientos de miles de compatriotas, sino que han colaborado en que pierdan derechos mientras están fuera, como ocurre con la cobertura sanitaria a la que tienen derecho todos y todas las españolas al margen de donde vivan, porque la ciudadanía española no se acaba en sus fronteras. Para hacer efectivo esto, trabajaremos para suprimir los acuerdos de exclusión sanitaria y para incorporar a los emigrantes a los sistemas de salud del país receptor.

152. Conservar los lazos de las personas emigradas con nuestro país. España sigue queriendo tener cerca a las personas que han emigrado. Para ello, por una parte, reconoceremos la nacionalidad española a las personas descendientes de progenitoras y progenitores españoles nacidos en el extranjero en cualquier momento. Estas personas podrán optar por la nacionalidad española en caso de que sus madres, padres, abuelas o abuelos adquirieran la nacionalidad del país de acogida. A esto se añaden los casos de quienes perdieron la nacionalidad en el exilio causado por la Guerra Civil y la dictadura, a quienes se les reconocerá con el fin de saldar esa deuda histórica. Por otra parte, se ofrecerá la enseñanza de las lenguas y la pluralidad cultural de nuestro país. En los lugares donde existan al menos doce solicitudes, se ofrecerán clases presenciales de un mínimo de tres horas a la semana, así como sistemas de educación a distancia donde no haya solicitudes suficientes.

153. Ningún acuerdo que desproteja a los y las españolas en el Reino Unido ante el brexit. Como la incertidumbre asociada a la salida del Reino Unido de la Unión Europea ya está afectando a nuestros y nuestras compatriotas, nos comprometemos a que el Gobierno de España no participe en ningún acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el Reino Unido para la salida de este de la UE que menoscabe los derechos de todo tipo —incluidos los derechos sociales— de los españoles y las españolas que residen allí. Ante una salida sin acuerdo, el Gobierno de España negociaría con el británico un trato recíproco entre los españoles y las españolas que viven en el Reino Unido y los británicos y las británicas que viven en España.

154. Fin de las leyes mordaza y de los delitos medievales de ofensa a los sentimientos religiosos e injurias a la Corona. En 2015, el Partido Popular nos devolvía a tiempos predemocráticos con la aprobación de las leyes mordaza, es decir, la Ley de Seguridad Ciudadana y la reforma del Código Penal en sus limitaciones a la acción política libre. Nuestro país se merece una democracia del siglo xxi y, por ello, derogaremos las leyes mordaza y reformaremos el Código Penal para acabar con la criminalización de la libertad de expresión y de opinión, tanto en la calle como en internet.

155. Crear un Observatorio Ciudadano de Evaluación de Políticas Públicas y Rendición de Cuentas. En las últimas décadas hemos construido en España aeropuertos sin aviones, autopistas sin conductores, paradas de AVE en pueblos de menos de mil habitante. En definitiva, se ha despilfarrado mucho dinero mientras otras zonas del país, como Extremadura, Soria o Teruel, se han dejado abandonadas. No puede ser que se sigan cometiendo estos errores. Por eso, es necesario incorporar la fase de evaluación a todas las políticas públicas, al servicio de los intereses generales. Al mismo tiempo, incorporaremos los saberes científicos a la elaboración de las normas jurídicas.

156. Despolitizar el Tribunal Constitucional con un sistema de nombramientos en el que prime el consenso y no las cuotas partidistas, contraproducentes para la elección de juristas de reconocido prestigio y para la garantía de su independencia respecto de los partidos políticos en el ejercicio de su cargo. Derogaremos la «reforma exprés» de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional llevada a cabo —unilateralmente y por el procedimiento de urgencia— por el PP en 2015, que le atribuyó competencias ejecutivas, como la suspensión de funciones a autoridades, propias de la jurisdicción ordinaria, pero impropias de la neutralidad institucional del máximo intérprete de la Constitución española.

157. Reformar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para reforzar su independencia a través de un sistema de elección directa por la ciudadanía. Hasta que se apruebe la necesaria reforma constitucional, mejoraremos el sistema parlamentario de elección de vocales para aumentar la pluralidad y la transparencia de la elección de las doce vocalías de procedencia judicial, incluyendo la posibilidad de propuesta de candidaturas avaladas por la ciudadanía y las comparecencias públicas iguales a las de procedencia no judicial. El CGPJ deberá cumplir escrupulosamente, en todos los nombramientos discrecionales, los principios de mérito, capacidad y paridad de género para compensar la actual infrarrepresentación de mujeres en la cúpula judicial.

158. Volver a prestigiar el Tribunal Supremo y modernizar el acceso a la carrera judicial. Con la supresión de los aforamientos, la Sala Segunda de lo Penal tendrá menos peso. Asimismo, la aplicación estricta de los principios de mérito, capacidad y paridad de género restablecerá el prestigio perdido de todas sus salas, en especial, la Tercera. Modernizaremos también el sistema de acceso a la carrera judicial, para lo cual nos inspiraremos en los mejores elementos de los sistemas europeos de carrera única judicial y fiscal, con el fin de superar el sistema de oposición memorística y de preparación privada, que perpetúan el sesgo económico y los vicios de formación del Poder Judicial. El proceso selectivo estará compuesto por una fase de formación universitaria pública de posgrado, Las razones siguen intactas 68 avalada por la Escuela Judicial; unas pruebas de acceso a la Escuela Judicial, con preparación integrada en centros públicos de estudios jurídicos; una prueba escrita anonimizada y corregida por el sistema de doble ciego y una prueba oral de argumentación jurídica; y una última fase de formación inicial que incluya conocimientos jurídicos y habilidades y capacidades específicas para un ejercicio acorde a sus fines constitucionales.

159. Garantizar el derecho a una Justicia de calidad. La Justicia es un servicio público de acceso universal, por lo que la Ley de Tasas Judiciales se reformará para que nadie quede fuera del sistema por motivos económicos. Sus profesionales desempeñan con alta calidad sus funciones hoy en día, en un contexto de carencia de recursos y de personal que no ha dejado de crecer desde la crisis de 2008 y que causa situaciones de precariedad y excesiva demora. Al mismo tiempo que se aumenta el conjunto de su financiación, es imprescindible que se destine una mayor dotación de recursos a la formación y especialización de sus profesionales, especialmente, en perspectiva de género. Se asignará también una dotación suficiente al sistema de asistencia jurídica gratuita, con una retribución digna para sus profesionales, y se modernizarán los Institutos de Medicina Legal y Nacional de Toxicología en reconocimiento a la labor de sus profesionales.

160. Hacer justicia a nuestra memoria democrática. La recuperación de la memoria democrática de nuestro país va mucho más allá de la exhumación de la momia del dictador. Hace falta verdad, justicia, reparación y no repetición. Mientras tanto, somos la excepcionalidad europea en términos de impunidad y de haberle dado la espalda a nuestra historia. Vamos a revertir esto de acuerdo con los principios de los derechos humanos en torno a los ejes de verdad (poder conocer lo ocurrido), justicia (llevar a los responsables ante los tribunales), reparación de las víctimas y no repetición (garantizar que no persisten hoy elementos que siguen causando daño). Para avanzar en este camino, implementaremos un programa de exhumaciones de las víctimas del franquismo que continúan en fosas comunes, retiraremos las medallas concedidas a Billy el Niño y a otros torturadores del franquismo, modificaremos la Ley de Amnistía para que se puedan juzgar los crímenes de lesa humanidad del fascismo, tal como hace ineludible el derecho internacional —que se incumple ahora en España—, y anularemos los juicios políticos del franquismo. También declararemos nulas las condenas y sanciones de tribunales, jurados y otros órganos penales, administrativos o militares dictadas durante la guerra civil española o la dictadura por motivos políticos, ideológicos, de creencia o de orientación sexual, identidad sexual, identidad de género o expresión de género. Al mismo tiempo, hay que señalar que el régimen franquista no solo fue una maquinaria autoritaria diseñada para la represión, sino que operó también como un mecanismo de saqueo y expolio hacia familias de la jerarquía franquista. Por ello, una de las claves en la reparación es auditar de los bienes expoliados por el franquismo para devolverlos a sus legítimos titulares.

Garantías de Justicia Laboral y Pensiones

El horizonte verde, morado y digital que proponemos va a significar a largo plazo un vuelco de nuestras relaciones laborales, de la distribución de tiempos de cuidado y de disfrute personal y, en general, de nuestra manera de estar en este planeta. Para ello hay, que cortar amarras con una precariedad laboral que no nos deja llegar a final de mes, planificar nuestro futuro o alcanzar unas pensiones dignas. Hay que hacer excepcionales los contratos temporales y que los indefinidos vuelvan a significar algo en términos de estabilidad y de posibilidades de planificar una vida. Hay que acabar con los fraudes y las horas impagadas, y reequilibrar los sueldos y el poder de negociación de las partes. El horizonte verde, morado y digital que proponemos va a significar, a largo plazo, un cambio profundo en nuestras relaciones laborales, en la distribución de tiempos para el cuidado y el disfrute personal y, en general, en nuestra manera de estar en este planeta. Para ello, hay que cortar amarras con una precariedad laboral que no nos deja llegar a fin de mes, planificar nuestro futuro o alcanzar unas pensiones dignas. Hay que hacer excepcionales los contratos temporales y que los indefinidos vuelvan a significar algo en términos de estabilidad y de posibilidad de planificar una vida. Hay que acabar con los fraudes y las horas impagadas, y reequilibrar los sueldos y el poder de negociación de las partes. Las razones siguen intactas 74

161. Derogar la reforma laboral de Zapatero de 2010 y la de Rajoy de 2012. Es obvia la necesidad de elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores adaptado a la realidad laboral, tecnológica y ecológica de 2019, pero el primer paso de este proceso es la derogación de unas reformas laborales que han impedido que la gente recuperara los niveles de bienestar previos a la crisis y que fueron escritas al dictado de la troika y con el beneplácito de la CEOE y el Círculo de Empresarios. Esta derogación haría efectivas muchas de las medidas que se proponen en este apartado.

162. Eliminar la mal llamada «flexibilización» que instalaron las reformas laborales del PSOE y del PP, y que introduce una gran precariedad a través de la contratación temporal masiva. De esta manera, dejaremos un único tipo de contrato temporal, eliminando las demás figuras, y solo podrá realizarse por causas productivas absolutamente imprevistas (no campañas ni estaciones) y organizativas estrictas, como sustituciones por bajas (interinidad).

163. Prohibir los contratos temporales de menos de un mes y el fraude de la concatenación de contratos. En caso de poderse celebrar un contrato temporal conforme a la nueva ley, este tendrá una duración de entre 1 mes y 6 meses, después de los cuales se pasará automáticamente a uno fijo. Para evitar que se produzca la trampa de despedir antes de ese término para evitar que el trabajador o la trabajadora pase a ser fijo o fija, cuando se concatenen contratos más allá de ese límite de seis meses, aunque sea con varias personas, la última contratada de manera temporal se considerará indefinida.

164. Poner coto a las trampas para mantener una temporalidad fraudulenta. En primer lugar, si se despide a un trabajador o a una trabajadora con un contrato temporal fraudulento conforme a estas reglas, ese despido será nulo y se deberá readmitir al trabajador o a la trabajadora con un contrato indefinido. Con esta medida, evitaremos que los infractores o las infractoras opten por despedir a sus trabajadores y trabajadoras temporales antes de que sus contratos se conviertan en indefinidos. En segundo lugar, penalizaremos a las empresas que hagan un uso excesivo de la contratación temporal con una cuota empresarial a la Seguridad Social más alta e implementaremos programas específicos de inspección en sectores que se encuentren en una especial situación de precariedad, como ocurre con muchos de los empleos feminizados.

165. Hacer realmente estables los contratos indefinidos. Un 40 % de los contratos indefinidos se extinguen antes de un año. No basta con llamarlos «indefinidos», hay que hacerlos estables y, para eso, proponemos distintas medidas, que se resumen en la derogación del conjunto de las dos reformas laborales, de Zapatero y de Rajoy, que precarizaron el contrato fijo facilitando las distintas modalidades de despido y abaratando su coste. En particular, estableceremos una regulación clara y adecuada a la coyuntura de qué circunstancias económicas justifican el despido objetivo.

166. Poner orden en la subcontratación y proteger los derechos laborales de los y las trabajadoras de subcontratas. Limitaremos la subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa, de manera que los servicios propios de la empresa queden excluidos. Es decir, un hotel no puede subcontratar la limpieza de las habitaciones y una empresa que presta servicios masivos no puede subcontratar su servicio de atención al cliente. Cuando la subcontratación esté justificada, sus trabajadoras y trabajadores tendrán las mismas condiciones que las de la empresa matriz.

167. Convertir el trabajo a tiempo parcial en una opción digna. Adoptaremos una serie de protecciones de estos trabajadores y de estas trabajadoras —la mayoría, mujeres—, que aproxime este tipo de contrato a una forma moderna de combinar el trabajo con la vida, como sucede en muchos Estados de nuestro entorno. En particular, exigiremos definir el horario en el contrato, con una distribución regular, de manera que los trabajadores y las trabajadoras puedan organizar su vida. Además, y según la regulación actual, las horas realizadas más allá del contrato de trabajo no se consideran horas extras. Eliminaremos esto y haremos que todas aquellas se consideren horas extras y se paguen como tal. Respecto a este y otros supuestos laborales, es urgente reforzar el rol de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para hacer cumplir la ley.

168. Acabar con el fraude de las horas extras. En España se hacen una enorme cantidad de horas extras, muchas de ellas impagadas y que, además, desequilibran cualquier organización corresponsable entre los tiempos de trabajo y de vida. Por eso, será obligatorio que las empresas registren las horas extras y que las paguen, de manera que los trabajadores y las trabajadoras puedan tener un acceso a estos datos y se garantice que se pagan.

169. Poner orden en el sistema de prácticas externas para que sean un trampolín y no una trampa de precariedad. Para ello, garantizaremos que estén incluidas en los planes de estudio y que sean formativas, y que estén tuteladas profesionalmente y sean retribuidas al menos conforme al SMI según el número de horas cotizadas y con jornadas máximas de cinco horas.

170. Jornada laboral de 34 horas semanales y reorganización de los tiempos de trabajo, ocio y cuidados. (Véase el apartado «Horizonte Morado y Economía de los Cuidados»).

171. Permisos por nacimiento y cuidado del menor iguales e intransferibles. (Véase el apartado «Horizonte Morado y Economía de los Cuidados»).

172. Acabar con la brecha salarial. (Véase el apartado «Horizonte Morado y Economía de los Cuidados»).

173. Fin del fraude de las y los falsos autónomos. Se conocen cada vez más casos, como los que aparecen en las recientes sentencias contra Deliveroo, en los que grandes empresas tienen bajo su dirección a trabajadores y trabajadoras que, sin embargo, tienen que pagarse sus cuotas. Se estima que son ya 225 000 personas las obligadas a trabajar para una empresa, pero pagándose sus cuotas. Como esto perjudica a los derechos de esas personas y priva de unos 600 millones al año a la Seguridad Social de todos y de todas, hay que darle la vuelta a esta situación. Se presumirá que existe una relación laboral por cuenta ajena cuando la persona autónoma tenga una única vía de ingresos relevante. Al mismo tiempo, protegeremos a quien sufre el fraude —es decir, a la o el falso autónomo— y obligaremos a la empresa a incorporar a esa persona con un contrato indefinido y a abonar su afiliación a la Seguridad Social, así como otros derechos que hubiera generado si, desde el inicio de su relación laboral, hubiera estado contratada de manera legal. Además, iniciaremos una intensa campaña de inspecciones de Seguridad Social y de trabajo, organizada a partir de las denuncias recibidas, con un régimen sancionador a la altura del fraude.

174. Establecer cuotas justas para las y los autónomos. En el modelo actual, hay un desajuste entre los ingresos realmente obtenidos por las personas que trabajan como autónomas y sus cotizaciones sociales, que perjudica, sobre todo, a las más precarias. No hay que olvidar que la tasa de pobreza entre las personas que trabajan como autónomas triplica en España la de quienes trabajan por cuenta ajena. Por ello, es urgente atender la situación de estas personas, que deben cotizar solo por los rendimientos que realmente obtengan y no con la desproporción actual.

175. Prohibición de que las empresas del IBEX 35 y que cotizan en bolsa paguen a autónomas y pymes a más de 30 días. Las grandes empresas del IBEX y cotizadas cobran inmediatamente, pero pagan a 90 días, e incluso más a veces, de manera que se financian gracias a unos trabajadores y trabajadoras autónomos y pymes a quienes trasladan todos los riesgos. Muchas de estas pymes y autónomos son, además, reticentes a reclamar, porque temen las represalias de esos grandes clientes de los que dependen. Por lo tanto, la prohibición se debe acompañar de un sistema automatizado de sanciones y reparaciones para hacerse efectiva sin que sea necesaria la reclamación específica. Asimismo, el sector público dará ejemplo de puntualidad, para lo que impulsaremos una ley que lo obligue a pagar a 30 días como máximo a pymes y autónomos en todas las Administraciones.

176. Una segunda oportunidad para las personas con deudas. Ampliaremos la condición de consumidoras y consumidores a las trabajadoras y los trabajadores autónomos y a las pymes cuando se relacionen con grandes empresas y entidades financieras para la contratación de préstamos o créditos hipotecarios. Se aplicará un nuevo procedimiento judicial simplificado para la reestructuración y cancelación de deudas, que tendrá una fase de conciliación, en la que la persona deudora presentará una propuesta a las acreedoras. Esta propuesta podrá incluir reestructuraciones, quitas y cancelaciones de deudas. En caso de que no haya acuerdo, será el juez o la jueza quien decida el plan de pagos. pagos. En el caso de deudoras y deudores hipotecarios, regirá lo señalado en el apartado de «Garantías de Justicia Social». Así evitaremos que las deudas sean, en la práctica, a perpetuidad.

177. Recuperar el poder de la negociación colectiva, devolviendo a los sindicatos la fuerza que les quitaron las reformas de Zapatero y Rajoy. Al derogar estas dos reformas, se reestablecerá el poder de la negociación colectiva. Estableceremos la prevalencia de los convenios de sector, sean de ámbito provincial, autonómico o estatal, para establecer las condiciones mínimas de trabajo, de modo que se evite el empeoramiento de condiciones por medio de convenios de empresa. Como Las razones siguen intactas 78 garantías añadidas, se revisarán las amplias posibilidades que tiene ahora la modificación sustancial de las condiciones de trabajo y se establecerá que el mismo grupo empresarial, con sus empresas dependientes, tiene que ser una unidad de negociación. Asimismo, restableceremos la llamada «ultraactividad» de los convenios, es decir, su prórroga automática cuando no haya uno nuevo que lo sustituya. La situación actual, en la que se dejan de aplicar en la fecha en que terminan, desarticula cualquier posibilidad de negociación para alcanzar una mejora de las condiciones, ya que, al bloquear la situación, se retrocede a una situación peor para los trabajadores y las trabajadoras. Este fortalecimiento de la negociación colectiva tendrá un efecto de impulso, que potenciaremos, sobre la modernización y efectividad de la prevención de riesgos laborales.

178. Alcanzar un salario mínimo interprofesional de 1200 euros en la próxima legislatura. Gracias a la presión de nuestro grupo parlamentario, en 2019 se ha producido la mayor subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en décadas, hasta los 900 euros mensuales. A partir de aquí, el objetivo debe ser llegar inmediatamente a los 1000 euros y asegurar que esta cuantía se actualiza al nivel establecido en la Carta Social Europea en una legislatura: que el SMI sea, al menos, el 60 % del salario medio. 179. Fortalecer las protecciones por desempleo. Las reformas laborales también recortaron nuestros derechos en esta situación. Incrementaremos la prestación al 70 % de la base reguladora desde el primer día y hasta el final, sin recortes, y elevaremos las cuantías máximas y mínimas. No se perderán periodos acumulados para la prestación que no hayan sido consumidos, de manera que, para calcular la duración, se tendrán en cuenta todos los periodos cotizados y no consumidos, sin tener que optar por un periodo y perder el anterior. Estableceremos el derecho a no consumir la prestación mientras se está en situación de incapacidad temporal y reconoceremos esta protección a los empleados y las empleadas del hogar y a quienes reciban prestación para el cuidado de familiares al finalizarse esta. 180. Protección especial por desempleo para jóvenes. El periodo de cotización exigido para tener derecho a la prestación por desempleo se reducirá a la mitad para menores de 30 años, al mismo tiempo que la duración de la prestación subirá de un tercio del tiempo trabajado a la mitad.

181. Recuperar los derechos laborales en el sector público. Garantizaremos la recuperación del poder adquisitivo y de los derechos hurtados en los últimos años en nombre de la austeridad, así como de los derechos laborales directamente relacionados con la conciliación de la vida familiar, como el régimen de permisos, las vacaciones y los derechos de jubilación. También revisaremos las pensiones del sector público que han visto mermadas sus bases de cotización.

182. Recuperar derechos en los empleos más precarios y feminizados. Por una parte, garantizaremos los derechos y las mejoras laborales de las camareras de piso (las kellys). Exigiremos que estén contratadas directamente por el establecimiento hotelero —ya que nuestra reforma de la subcontratación impide que una empresa pueda externalizar servicios que forman parte de su actividad principal, como es, en el caso de los hoteles, mantener limpias las habitaciones— y reconoceremos la posibilidad de jubilarse de manera anticipada sin penalización, debido a la dureza de su empleo. También impulsaremos, junto con las comunidades autónomas, un sello de calidad turística que, entre otros criterios, reconozca a los establecimientos turísticos que cuidan y protegen los derechos de sus empleados y empleadas. Por otra parte, garantizaremos los derechos de las empleadas del hogar con la ratificación del Convenio 189 de la OIT y su integración dentro del Régimen General de la Seguridad Social, con igualdad de derechos que cualquier otra persona que trabaja, como el de tener una prestación por desempleo o protecciones frente al despido. Asimismo, reconoceremos la posibilidad de completar periodos no cotizados (las llamadas «lagunas de cotización») para alcanzar el periodo mínimo que da acceso a una pensión contributiva, tal como tienen otras personas trabajadoras. También se reconocerá la posibilidad de jubilación anticipada sin penalización por las mismas razones de especial dureza de estos empleos. Se adoptarán medidas similares respecto a otros empleos feminizados y precarizados, como el de las aparadoras de calzado y otros.

183. Reconocer los derechos sindicales y civiles negados a los y las guardias civiles. Reconoceremos la condición de sindicatos de las distintas asociaciones de la Guardia Civil y derogaremos las normas que prohíban a sus miembros la participación en la vida sindical. Al mismo tiempo, garantizaremos sus derechos laborales y la capacidad de organización para defenderlos, con lo que se mejorará el servicio que prestan a toda la ciudadanía. Por otro lado, suprimiremos la aplicación del Código Penal Militar a la Guardia Civil, con el fin de separarla del ámbito militar y constituirla como una verdadera fuerza civil de seguridad pública.

184. Culminar la equiparación salarial de la Policía y la Guardia Civil al hacer efectiva la iniciativa legislativa popular de Proposición de Ley para la Efectiva Igualdad y Equiparación Salarial de las Policías del Estado español.

185. Dignificar las retribuciones de nuestros y nuestras militares sin más excusas ni retrasos y equiparar derechos. Aumentaremos la partida dedicada a retribuciones en los presupuestos de 2020 y la consolidaremos en el reglamento de retribuciones del personal para garantizar una subida lineal. Es urgente aproximar las condiciones sociolaborales de nuestras y nuestros militares, tanto a las de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado (FCSE) como a las de las y los funcionarios públicos en general, así como revisar el sistema para compensar los excesos en la jornada laboral. Al mismo tiempo, equipararemos sus derechos civiles a los del resto de la ciudadanía; en particular, los derechos fundamentales de reunión, manifestación, asociación, libertad de expresión, sindicación y afiliación a partidos políticos. Fomentaremos y normalizaremos la actividad de las asociaciones de militares como instrumento clave para el desarrollo de sus derechos y deberes, permitiendo su actividad y otorgando protección laboral a sus representantes y subvenciones equiparables a las de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Se suprimirán los arrestos sin tutela judicial efectiva en el régimen disciplinario y, en los casos de movilidad geográfica, se considerarán los perjuicios ocasionados para los y las militares y sus familias. También se renovarán los órganos de participación, como el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas (Coperfas), con criterios democráticos y vinculantes para la elaboración de las normas sociolaborales. En la misma línea de equiparación de derechos, se reformará la Justicia militar: se suprimirá la Sala Quinta, de lo Militar, del Tribunal Supremo, y se crearán órganos especializados en materias disciplinarias y penales militares, servidos por jueces o juezas y magistrados y magistradas con la formación adecuada e integrados en los órdenes jurisdiccionales contencioso-administrativo y penal.

186. Frenar el ERE encubierto del Ministerio de Defensa para las y los militares mayores de cuarenta y cinco años.

A través de una reforma de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, suprimiremos los actuales compromisos temporales (de tropa y marinería, con cuarenta y cinco años, y de complemento) y estableceremos una carrera militar integral sin discriminaciones por escala.

187. Dignificar la situación de las funcionarias y los funcionarios de prisiones.

Por un lado, mejoraremos sus condiciones sociolaborales, en cuanto a retribución, formación y medios, con la equiparación de condiciones entre personal funcionario y laboral, una adecuación de los complementos conforme a una retribución lineal y un proceso de negociación con las asociaciones y los sindicatos. Por otro lado, incrementaremos esta plantilla para responder a las 3400 vacantes actuales sin cubrir y resolver con empleo público la masificación de las prisiones, en lugar de hacerlo con personal precario y sin formación adecuada. En este sentido, desprivatizaremos la vigilancia de los perímetros de las cárceles, ya que se trata de un servicio de seguridad pública que deben asumir la Policía y la Guardia Civil, como esta ya hacía antes en exclusiva. Así, se dispondrá de recursos para mejorar las condiciones laborales de la Policía, la Guardia Civil y los funcionarios y las funcionarias de prisiones, así como la vida de las personas reclusas.

188. Ley específica para el sector de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS), en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil.

Con esta norma, estableceremos los criterios básicos para la coordinación de la actuación de los servicios en todo el Estado y los derechos laborales de este personal, homologando las escalas, categorías y distintivos comunes en las comunidades autónomas y garantizando que la categoría profesional de bombero o bombera sea, como mínimo, C1 en todo el Estado, de conformidad con lo que establece el Estatuto Básico del Empleado Público.

189. Ley específica para bomberos y bomberas forestales en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil. Esta norma establecerá obligaciones para las Administraciones competentes en relación con la elaboración de planes generales, territoriales, especiales y de autoprotección. También establecerá los derechos laborales del sector mediante la creación del Estatuto Básico de Bomberas y Bomberos Forestales, que reconozca las funciones propias de estos servicios en el medio natural y rural, y los aspectos de salud y prevención de riesgos laborales, así como las categorías profesionales y sus especificaciones de formación.

190. Cuidar a los y las profesionales del deporte y fomentar el deporte femenino mediante una ley marco estatal. Esto mejorará sus condiciones laborales, ya que la actual ausencia de reglas favorece la precariedad que reina en el sector. Esta norma también incrementará la protección de la salud de quien utiliza estos servicios, que muchas veces se prestan sin la titulación profesional adecuada. Se establecerán planes plurianuales de becas y financiación de las federaciones para ofrecer a nuestros talentos seguridad durante los ciclos de preparación de la alta competición. También se diseñarán programas de transición a la vida laboral ordinaria de los y las deportistas que finalizan sus carreras, con especial atención a la inclusión laboral de las mujeres y a las oportunidades a través del empleo público. Este sector, cuya Ley del Deporte tiene casi 30 años, debe adaptarse a la realidad de que el deporte femenino goza hoy de un seguimiento y de una asistencia a las competiciones similar, y en ocasiones superior, al masculino, al mismo tiempo que las propias deportistas tienen que luchar día a día contra la desigualdad en su reconocimiento y en sus retribuciones. Por eso, reconoceremos las competiciones femeninas de máxima categoría y a sus deportistas como profesionales, y estableceremos premios y dietas iguales para mujeres y hombres. También fomentaremos el incremento de la información deportiva dedicada al deporte femenino con el objetivo de alcanzar la paridad, algo con lo que empezarán los medios públicos conforme a criterios objetivos de éxito en las competiciones nacionales e internacionales.

191. Aumentar un 50 % la tasa de actividad de las personas con diversidad funcional y garantizar el empleo con apoyos. Estas personas tienen una tasa de paro del 26,2 %, casi 10 puntos por encima de las personas sin diversidad funcional. Es en el acceso al mercado de trabajo donde se encuentra la barrera principal, por lo que aprobaremos una nueva Ley de Inclusión Laboral, dotada con un aumento de recursos suficiente.

192. Por una nueva representatividad, interlocución y mayor fortaleza del campo. Necesitamos abrir un proceso de diálogo con las organizaciones agrarias para reformar la actual Ley 12/2014, que regula la representación de agricultores y agricultoras y ganaderos y ganaderas por parte de las organizaciones profesionales agrarias. El objetivo es alcanzar una adecuada representatividad y una interlocución eficaz entre el sector agropecuario y la Administración. Este proceso debe ser democrático y representar la diversidad de los dis- 83 PODEMOS. tintos tipos de agricultura y ganadería que se dan en nuestro sector primario. 193. Protección para los jornaleros y las jornaleras del campo. La guerra comercial puede perjudicar todavía más a la gente más precaria del campo. Como ya propusimos este mismo año con una nueva ley en el Congreso, estableceremos una única prestación (subsidio especial agrario) para trabajadores y trabajadoras residentes en Andalucía y Extremadura, eliminando el requisito de jornadas trabajadas (peonadas) y subiendo su cuantía al 75 % del SMI. Este suelo de ingresos aumentaría con cada tramo de 10 nuevas peonadas, para lo que computarían las realizadas en el extranjero. Al garantizar el subsidio, estamos quitando un mecanismo de poder a los terratenientes y caciques locales con el fin de aumentar la libertad de la gente que trabaja en el campo para exigir sus derechos y que se cumpla la ley.

194. Garantía de revalorización de las pensiones por ley. Estableceremos la actualización por ley de las pensiones al IPC de manera inmediata y buscaremos blindar esta garantía constitucionalizándola de forma expresa.

195. Derogar el mal llamado factor de sostenibilidad, que, de no derogarse, supondrá un descenso de la pensión inicial de entre el 9 % y el 18 % en los próximos años. De no haberse conseguido un retraso en su aplicación, ya este año hubiera descendido un 0,5 % la pensión de las personas que se incorporaran. Además, la medida retrasa la edad de jubilación (en un país con grandes problemas de empleo juvenil y entre los trabajadores y las trabajadoras mayores). Los y las pensionistas ya consiguieron que el Gobierno del PP de Rajoy tuviera que suspender la entrada en vigor de este mecanismo en 2019, pero no se eliminó, sino que se pospuso al año 2023; por eso, hay que derogarlo de una vez.

196. Incrementar las pensiones mínimas y las no contributivas. Al establecer un Ingreso Básico Garantizado de, al menos, 600 euros por persona sola —que, además, podrá elevarse en función de la situación y el tamaño del hogar, como señalaremos en el apartado «Garantías de Justicia Social»—, se habrán elevado de un plumazo más de 200 euros las pensiones no contributivas, que principalmente reciben mujeres. Subiremos también las pensiones de viudedad y elevaremos de manera inmediata las pensiones mínimas a partir de un suelo de 750 euros, con lo que avanzaremos Las razones siguen intactas 84 en un calendario de mejora hacia los objetivos de la Carta Social Europea.

197. Las personas que lleguen a la edad de jubilación podrán elegir libremente los años de cómputo para el cálculo de sus pensiones entre todos los de su vida laboral. Tanto la limitación de que sean los últimos años como la de que sean consecutivos estaban pensadas para un modelo laboral anterior y, ahora mismo, perjudican especialmente a las personas cercanas a la edad de jubilación con dificultades para tener buenos empleos.

198. Fortalecer los ingresos del sistema de Seguridad Social. Aparte de la creación neta de empleo y, por tanto, de ingresos de los horizontes verde, morado y digital, revisaremos el actual sistema de reducciones de cuotas a la Seguridad Social y de bonificaciones, que ha demostrado ser incapaz de generar empleo y que supone una pérdida de más de 3000 millones cada año, para invertir ese dinero de manera más eficaz. Eliminaremos, además, los topes de cotización, de manera que quienes tengan salarios muy altos coticen más a la Seguridad Social, así como los beneficios fiscales por las inversiones en planes de pensiones privados

199. Las personas que hayan cotizado al menos 35 años podrán jubilarse anticipadamente sin penalización en sus pensiones. Con el actual sistema, muchas personas que ya han cotizado más de 35 años, pero que, sin embargo, no encuentran un empleo digno en los últimos años de su vida laboral, no pueden acceder a la jubilación, porque sufrirían una penalización muy alta por cada año que adelantaran la fecha. Aplicaremos la medida también de forma retroactiva a quienes se hayan visto perjudicados o perjudicadas al ver reducida su jubilación por el hecho de hacerlo anticipadamente bajo la regla en vigor.

200. Compensar las lagunas de cotización. Extenderemos el derecho a completar el periodo mínimo para tener acceso a una pensión contributiva con las bases de periodos no cotizados que tienen otros trabajadores y trabajadoras a empleados y empleadas del hogar, autónomos y autónomas y trabajadoras y trabajadores agrarios, en lo que se conoce como «lagunas de cotización», que perjudican, principalmente, la trayectoria de las mujeres. También consideraremos periodo cotizado el empleado en el servicio militar obligatorio. En todo caso, el sistema de carencia se equiparará para todas las prestaciones, de forma que todo el tiempo que trabajadores y trabajadoras estén dados o dadas de alta sea tiempo de cotización.

201. Jubilación anticipada y sin penalización en sectores especialmente duros.

Agilizaremos el reconocimiento de la posibilidad de jubilarse antes de los 65 años sin penalización para trabajadores y trabajadoras en sectores especialmente duros y precarios, como camareras y camareros de piso, extinción de incendios, ayuda a domicilio, buceo, rederas y rederos, trabajo en astilleros y en la estiba, trabajos industriales penosos y de transporte en carretera, entre otros.

Garantías de Justicia Social

España ha perdido al menos una década. Aunque valores macroeconómicos como el PIB hayan vuelto a niveles previos a la crisis de 2008, los indicadores que importan han retrocedido. La desigualdad y la falta de ingresos para asumir gastos básicos —como la vivienda, los suministros, una alimentación decente o algo de ocio— impiden a cada vez más gente, con empleo o sin él, formar parte de nuestros retos colectivos como país. Es inviable pensar que podamos conseguir esos retos, o que podamos afrontar de nuevo otra crisis económica, dejando fuera de este esfuerzo colectivo a grandes sectores de la ciudadanía.

202. Blindar en la Constitución el derecho a la vivienda como derecho fundamental y desarrollar legalmente las garantías de su efectividad, conforme al derecho internacional. Esto implicará afrontar efectivamente el acceso a la vivienda como una cuestión de Estado. La burbuja del alquiler, unida a la anterior burbuja hipotecaria, ha llevado a que en España se destine, en promedio, más de un tercio de la nómina mensual al alquiler de vivienda o que el 80 % de los menores de treinta años vivan en casa de sus padres porque no pueden acceder a un derecho reconocido en la Constitución. Al mismo tiempo, el último censo de viviendas publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) señalaba que, en España, se encuentra el mayor stock de viviendas vacías de Europa: 3,4 millones.

203. Intervenir el mercado del alquiler para impedir subidas abusivas mediante el control de precios y garantizar un alquiler estable y seguro para personas inquilinas y pequeñas propietarias. Para ello, estableceremos mecanismos de control y regulación de los precios del alquiler mediante la creación de índices de precios de referencia adaptados a las realidades locales, para lo que se habilitará a los Ayuntamientos con el fin de que puedan regular los precios en barrios y zonas con precios especialmente tensionados, con el objetivo de que ninguna familia pague más del 30 % de su renta en concepto de alquiler.

204. Garantizar un alquiler estable, asequible y seguro. Para asegurar la renta y la estabilidad del contrato en beneficio de ambas partes, se implantará un contrato de arrendamiento indefinido, estableciendo causas claras de rescisión justificada.

En los casos en que el arrendatario sea especialmente vulnerable y el arrendador sea un gran propietario de viviendas (sociedades inmobiliarias y fondos buitre), el contrato de alquiler se prorrogará de manera automática.

205. Crear un gran parque de alquiler público de precio asequible mediante la cesión obligatoria y las sanciones a los grandes tenedores de vivienda vacía, así como la construcción de vivienda donde sea necesario.

Siguiendo el modelo exitoso de ciudades europeas como Viena, incrementaremos en 50 000 viviendas al año, durante toda la legislatura, el parque de vivienda en alquiler social mediante un mecanismo de cesión obligatoria de las viviendas vacías de los grandes tenedores de vivienda, junto con otros sancionatorios, para impedir el acaparamiento y la especulación con viviendas vacías. Aumentaremos la inversión pública en vivienda hasta equipararla a la media europea. Paralizaremos y revertiremos la privatización de viviendas públicas y la venta de suelo público. Impulsaremos nuevas figuras de cesión de uso de vivienda a la Administración, a cambio de una garantía suficiente de cobro y conservación de la vivienda, junto con formas alternativas de tenencia. La juventud tendrá un acceso prioritario a este parque de viviendas.

206. Luchar contra los fondos buitre y la especulación con la vivienda.

Para ello, auditaremos los activos tóxicos de las entidades financieras rescatadas con dinero público e incorporaremos, así, a los programas de vivienda las viviendas cedidas a fondos buitre o a la Sareb. Al mismo tiempo, elaboraremos un censo público de viviendas vacías de entidades financieras, fondos de inversión y empresas. Acabaremos también con las SOCIMI, por tratarse de mecanismos de elusión fiscal y de especulación con un bien tan importante como la vivienda.

207. Poner coto a la excesiva proliferación de pisos turísticos para recuperar la habitabilidad de nuestros barrios y avanzar hacia un modelo de turismo sostenible.

Para priorizar la convivencia en nuestros barrios, permitiremos a las comunidades de propietarias y propietarios regular las condiciones de estos pisos y estableceremos una regulación básica sobre las condiciones de estas licencias, en colaboración con las Administraciones competentes, que incluirá su retirada cuando incumplan la ley, por ejemplo, al no pagar los impuestos correspondientes. Junto con las Administraciones locales, estudiaremos también establecer un porcentaje máximo de viviendas destinadas a pisos turísticos en función de las características de cada barrio para descentralizar la actividad turística y mejorar la convivencia.

208. Prohibir los desalojos sin alternativa habitacional.

En ningún caso se podrá realizar el desalojo o desahucio de personas y sus familias en situación de vulnerabilidad, sin que la Administración competente garantice un realojo en condiciones dignas, ya sea en casos de impago de alquileres o por ocupación en precario motivada por la falta de vivienda asequible. Nos aseguraremos de que España cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derecho a la vivienda contenidas en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estableceremos protocolos de coordinación entre el Consejo General del Poder Judicial y las distintas Administraciones para definir los procesos de actuación entre jueces y unidades de servicios sociales competentes, que intervengan en casos de desalojo de familias y personas en situación de vulnerabilidad y garanticen una alternativa habitacional adecuada.

209. Garantizar el derecho a la defensa de los deudores y las deudoras hipotecarias.

España debe cumplir las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que obligan a garantizar el derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva de los deudores y las deudoras hipotecarias. Con este objetivo, cambiaremos el procedimiento de ejecución hipotecaria para garantizar todos los medios de defensa y de prueba y para que se aplique de manera correcta la normativa europea de protección de las personas consumidoras, en especial la Directiva 93/13 de la Unión Europea sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores. En cualquier caso, en el procedimiento de ejecución para deudoras y deudores hipotecarios, será posible realizar una dación en pago, incluso retroactiva, que permitiría a quienes mantienen deudas vivas con el banco, a pesar de haber entregado ya la vivienda, cancelar de este modo la deuda restante. Asimismo, en los créditos hipotecarios de vivienda, la responsabilidad de la persona deudora se limitará al máximo del valor de la vivienda. Así evitaremos que las deudas sean, en la práctica, a perpetuidad.

210. Proteger a los deudores y deudoras hipotecarios sin recursos suficientes con la limitación de su deuda al valor del bien hipotecado y el reconocimiento de derechos de reestructuración de deuda, quita y dación en pago.

Adoptaremos medidas adicionales de protección a familias con ingresos inferiores a 3 IPREM que no pueden pagar su hipoteca, y derogaremos el IRPH como indicador de los tipos de interés variable en créditos o préstamos hipotecarios con efecto retroactivo, de manera que las familias puedan reclamar lo pagado indebidamente.

211. Protección para las personas sin hogar.

La ausencia de ingresos provoca la carencia absoluta de vivienda o de una vivienda segura y adecuada, lo que constituye el punto de partida de un conjunto de vulnerabilidades que afectan a la salud y a la dignidad de las personas en situación de sinhogarismo. Por ello, la vivienda no puede ser el punto final de un proceso de inclusión social, sino la concreción de un derecho. Así, adoptaremos de una vez las medidas necesarias para el alojamiento de colectivos con necesidades habitacionales urgentes. En particular, actualizaremos la estrategia de sinhogarismo e incluiremos este problema en la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, al tiempo que incrementaremos la financiación destinada a romper este circuito de vulnerabilidad. Para ello, es imprescindible una mirada transversal que permita establecer el acceso a unos ingresos suficientes, un programa específico de empleo, una política de vivienda segura y adecuada y la lucha contra la aporofobia. Todo ello abordando el problema del sinhogarismo desde una perspectiva transversal de derechos, feminista e interseccional que tenga en cuenta a las personas LGTBI, migrantes, personas con diversidad funcional o neurodiversas. Esta estrategia se basará en la tipología europea de personas sin hogar y exclusión social (ETHOS).

212. Suministros básicos de agua, luz y gas garantizados.

Con las reformas estructurales del sistema eléctrico, se bajará el precio de la factura de la luz, pero también se impedirán los cortes de suministros básicos de agua, luz y gas en las primeras residencias cuando el impago se deba a motivos ajenos a su voluntad, como la pobreza sobrevenida. Estas protecciones, que se activarán de manera automática cuando exista situación de vulnerabilidad, durarán un año y se extenderán mientras persista la situación de vulnerabilidad. Además, se sumarán a un sistema de sanciones a las compañías cuyos contratos contengan cláusulas abusivas o sean opacas en su gestión de los servicios esenciales de luz, agua y gas.

213. Ingreso Básico Garantizado.

Garantizaremos por ley que nadie se quede sin unos ingresos básicos garantizados, con independencia de su suerte con el empleo o de su pensión. Se trata de una prestación de suficiencia de ingresos que tendrá una cuantía inicial garantizada por adulto de 600 euros al mes, que se incrementará en función del número de miembros del hogar hasta los 1200 euros y funcionará de manera automática e incondicionada, aprovechando la agilidad que permiten las bases de datos actuales, para que quien tenga derecho a la prestación cuente con la certeza de que la cobrará sin demora. Además, se actualizará periódicamente con el valor más alto entre el IPC y el crecimiento del salario mediano. Es previsible que esta reforma alcance a 10 millones de personas.

214. Romper el círculo de la pobreza infantil. Prestación para el cuidado de niños, niñas y adolescentes. (Véase el apartado «Horizonte Morado y Economía de los Cuidados»).

215. Incrementar las pensiones mínimas y las no contributivas. (Véase el apartado «Garantías de Justicia Laboral y Pensiones»).

216. Actualizar el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM).

Subiremos inmediatamente este índice a 670 euros mensuales (lo que supone un aumento inmediato del 25 %) y y lo ligaremos al valor más alto entre el IPC y el crecimiento del salario mediano para evitar que las prestaciones que se vinculan a este índice vuelvan a perder valor o sean menos accesibles.

217. Alcanzar la inversión en sanidad, educación y el conjunto de los servicios públicos propia de otros Estados de la zona euro en una legislatura.

Esto supondrá pasar del actual 6 % del PIB en sanidad al 7,5 % del PIB en 2023, lo que nos permitirá impulsar la atención primaria con recursos suficientes, que supondrán al menos el 20 % del gasto sanitario. También permitirá cuidar al personal sanitario y acabar con su precariedad, así como implementar un programa de recuperación de aquellos y aquellas profesionales que han tenido que salir a trabajar en sistemas sanitarios fuera de España. En educación, se pasará del 4 % del PIB al 5,6 % en 2023, con una financiación suficiente de las comunidades autónomas.

218. Poner freno a la mercantilización y a la privatización de la sanidad.

Nuestra salud no puede ser un bien como otro cualquiera, con el que hacer más dinero y del que se priva a quien no puede pagarlo. Adoptaremos medidas urgentes para proteger este patrimonio común frente a su privatización, como es, por ejemplo, la sustitución de la normativa vigente —que favorece la expansión de la gestión privada de la sanidad— por una que se base en la gestión pública directa.

219. Tiempo máximo de 1 mes para las listas de espera de cualquier especialista o de operaciones relacionadas con patologías graves.

Dentro de las competencias del Estado, a través de los órganos correspondientes y con la dotación de los recursos materiales y humanos necesarios, se hará valer esta garantía.

220. Incorporar el servicio de dentista gratuito a los servicios del sistema de salud y que este cubra servicios básicos no incluidos hasta ahora, como empastes, limpiezas, ortodoncias, endodoncias, prótesis y férulas.

221. Garantizar el acceso universal a la sanidad y eliminar los copagos.

Algunos de los recortes más crueles de la crisis se vivieron en la sanidad. Uno de ellos fue la exclusión de muchos vecinos y vecinas que estaban lejos de la atención sanitaria, y otro fue el establecimiento de numerosos copagos, que hicieron que muchos y muchas pacientes dejaran de medicarse o de recibir servicios por no poder pagarlos. Por eso, se recuperará de manera completa el acceso universal a la atención sanitaria, sin discriminaciones en el tratamiento ni requisitos innecesarios para tener acceso a los servicios. Se eliminarán los copagos y, en cambio, se establecerán garantías para que no puedan introducirse otros nuevos.

222. Cuidar al personal sanitario. Los recortes han afectado enormemente a quienes nos cuidan desde el sistema sanitario y han perjudicado la atención a toda la ciudadanía.

Por eso, pondremos fin a la precariedad del personal sanitario, implementaremos un programa de recuperación de quienes han tenido que salir a trabajar en sistemas sanitarios fuera de España, así como un Plan Estatal de Formación Continua que responda al interés de los y las profesionales y de toda la ciudadanía, por encima de criterios comerciales.

223. Tomar en serio la salud mental.

Nuestro sistema ha desatendido casi por completo la salud mental y ha trasladado la responsabilidad de la atención y la prevención a las familias y personas allegadas. Es el momento de construir un verdadero sistema de atención a la salud mental con financiación suficiente, tal como diseñamos en nuestra proposición de ley en el Congreso, con un enfoque de género y derechos humanos, y iy con un protocolo especial para prevenir el suicidio entre los y las pacientes.

224. Romper el ciclo de la comida basura.

Las grandes corporaciones alimentarias obtienen hoy enormes beneficios por la venta de muchos productos de bajo valor nutritivo, pero mucho impacto publicitario. Este circuito afecta a niños, niñas y adolescentes, así como a poblaciones vulnerables, y acaba por perjudicar a la salud con un efecto acumulado sobre otros problemas sociales. Para empezar a romper el ciclo de la comida basura, estableceremos obligaciones claras en el etiquetado, que deberá reflejar la calidad de los productos conforme al modelo del semáforo nutricional, así como una fiscalidad alimentaria que incluya un IVA más alto para alimentos ultraprocesados o ricos en grasas y azúcares, y más bajo para alimentos frescos y saludables. Se regulará la publicidad alimentaria, se perseguirá de manera contundente la publicidad engañosa y se restringirá la publicidad de comida basura en horario infantil, en los medios a su alcance o en el patrocinio de espectáculos deportivos o aptos para menores. Además, la compra pública de alimentos para comedores escolares o de hospitales será un modelo de alimentación de calidad y de cercanía.

225. Promulgar la Ley Celiaca.

Las personas celiacas padecen dificultades y sobrecostes para acceder a alimentos básicos, de modo que es necesario garantizar una acción pública y un marco normativo que las apoye y que compense esta situación. Se impedirá la discriminación laboral y escolar de personas con enfermedades como la celiaquía o la diabetes. Se impulsarán la investigación, la prevención, la promoción y el tratamiento eficaz, así como la creación y publicación de un listado de alimentos sin gluten, de gestión pública, para evitar clientelismos y dudas. Se mejorarán, junto con las comunidades autónomas, las estrategias de diagnóstico precoz y la participación de las asociaciones de afectados y afectadas en las labores de planificación y seguimiento de la seguridad y calidad alimentarias. Se incentivará que establecimientos, productores y productoras incluyan opciones sin gluten, y se estudiarán ayudas directas y fiscales para las familias afectadas. Esta regulación se actualizará al ritmo de los avances médicos y científicos.

227. Garantizar la gratuidad real y efectiva de la educación obligato226.

Aprobar el Plan Nacional de la Estrategia Española en Trastornos del Espectro del Autismo (TEA). Aprobaremos este plan en el plazo de un año con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas con TEA y sus familias, y de garantizar la protección de sus derechos.

ria: libros, material escolar y comedor durante todas las etapas para familias en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Asimismo, acabaremos con el pago ilegal de las cuotas supuestamente voluntarias en la escuela concertada, que, en realidad, esconden una barrera de entrada para las familias con menos recursos y un coste añadido en una educación, como es la privada concertada, que ya está financiada al 100 % con dinero público.

228. Prevenir cualquier fraude en el mercado de los libros de texto.

El modelo actual de libros de texto lleva a la formación de un oligopolio en el que unas pocas grandes empresas, como ha establecido la CNMC, reducen la competencia para ahorrarse costes y que los precios no bajen. Todo esto supone un sobrecoste para las familias y los presupuestos públicos con un bien asociado a un servicio, la educación, que debería ser completamente gratuito. Por eso introduciremos las regulaciones necesarias para garantizar la competencia en el sector, estableceremos un periodo de 10 años durante el que las nuevas ediciones no podrán cambiar (salvo para materias que requieran actualización) y las editoriales tendrán la obligación de mantener en catálogo esas ediciones. También apoyaremos la demanda de las familias para recuperar el dinero pagado de más y lanzaremos un sistema piloto de elaboración de materiales docentes digitales y en papel de manera colaborativa y libre, junto a las comunidades autónomas y a la comunidad educativa, para desprivatizar el acceso a este bien que forma parte del derecho a la educación.

229. Derogar la LOMCE e impulsar una nueva ley de educación.

La nueva ley será el instrumento fundamental para revertir los procesos de privatización y segregación de la última década, que impiden que la educación cumpla su función de igualador social. Incorporará también los acuerdos alcanzados por la comunidad educativa durante estos años y blindará la escuela pública como eje vertebrador del sistema educativo. Asimismo, la religión no formará parte del horario escolar obligatorio y no se tendrá en cuenta para la media en ningún nivel educativo.

230. Universidad pública gratuita. La mayor parte de la financiación de las Universidades públicas ya procede del dinero público y no de su pago directo.

Constatada esta realidad, el efecto de exigir pagar matrículas, crecientes además en la última década, supone la introducción de barreras poco eficientes para que los y las jóvenes más vulnerables no puedan acceder a la universidad. Con esta propuesta, garantizaremos, en cambio, que cualquier joven que quiera y pueda estudiar lo haga con igualdad de oportunidades, al margen de dónde haya nacido. Esta medida se extiende a la formación profesional en cualquier nivel e incluye la gratuidad de los másteres cuando sean habilitantes de manera oficial para ejercer una profesión. En los demás casos, el precio de los másteres bajará hasta al menos el precio actual de los grados.

231. Asegurar un sistema de becas suficiente aumentando su número y su cuantía.

El aumento del alquiler y de las tasas ha convertido estudiar en algo imposible para muchas familias, y quienes han accedido con recursos escasos han tenido que quitarse tiempo de estudio para trabajar. Esto afecta de manera decisiva a la igualdad de oportunidades. Por eso, el nuevo sistema de becas no solo aumentará las becas concedidas y su cuantía, sino que dependerá en exclusiva de la posición económica. Asimismo, se establecerá un calendario para que Las razones siguen intactas 98 se resuelvan antes del comienzo del curso académico y se ingresen durante el primer trimestre.

232. Nueva Ley de Universidades.

Impulsaremos una nueva Ley de Universidades que, desde la participación de la comunidad universitaria y las comunidades autónomas, garantice que la universidad, después de una larga década de recortes, alcanza por fin la financiación suficiente para ser un servicio público clave en la formación superior, la promoción de valores y de igualdad en todas las etapas de la vida, funciona con criterios de buen gobierno dentro de los más altos estándares europeos y garantiza la efectividad de los derechos del personal docente, investigador y de administración y servicios.

233. Garantizar al personal docente interino las mismas condiciones laborales que al resto del personal docente.

Asimismo, se establecerá un proceso extraordinario de consolidación de empleo que en ningún caso suponga la pérdida del puesto de trabajo para el personal docente interino, de manera que, en el plazo de cuatro años, se reduzca la tasa de interinidad al 7 %. También se instaurará, de acuerdo con las comunidades autónomas, la prohibición de un esquema de contratación que permita contratar cada curso y despedir en verano.

234. Igualdad de oportunidades en la educación.

Implementaremos un Plan de Choque contra el Fracaso Escolar y el Abandono Escolar Prematuro y un Plan Estatal contra la Segregación Escolar, junto con las comunidades autónomas, en el seno de la Conferencia Sectorial. Ambos incluirán objetivos, indicadores, medidas y presupuesto suficiente para cumplir los objetivos de mejora del acceso a la educación postobligatoria y reducción de la concentración del alumnado desfavorecido en ciertos centros escolares.

235. Eliminar los conciertos educativos y las subvenciones a las escuelas que practican la segregación educativa por razones de sexo.

236. Crear una asignatura de feminismos.

La educación es la principal herramienta para transformar las relaciones de desigualdad que están en el origen de las vulneraciones de la libertad sexual, por lo que los contenidos feministas serán transversales a lo largo de toda la educación y se creará una asignatura de feminismos en la educación pública, para lo cual se contará con la comunidad educativa, porque educar en igualdad es una de las prioridades de nuestra sociedad.

237. Incluir la lucha contra el cambio climático en el sistema educativo.

Otorgaremos al cambio climático la importancia que merece entre los contenidos educativos, respondiendo al reto que las generaciones más jóvenes han lanzado en esta lucha por el planeta. Para ello, se aumentará la formación sobre estas materias en los currículos y se mejorarán los comedores escolares hacia una alimentación de calidad, de cercanía y prestada con respeto de los derechos laborales.

238. Promover las lenguas cooficiales y propias en el sistema educativo.

La adecuada vitalidad de las lenguas cooficiales y propias de los distintos pueblos requiere una acción pública, acorde con su situación específica, que las potencie, como parte de la identidad y riqueza cultural de nuestro país. Para ello, necesitamos que exista una oferta educativa suficiente para permitir que en los centros educativos de toda España se puedan estudiar todos los idiomas oficiales y propios de cada territorio.

239. Implementar un Plan de Mejora de la Convivencia para la Prevención del Bullying (acoso) y la Violencia en los Centros Educativos junto con las comunidades autónomas.

Garantizaremos la seguridad y la igualdad de oportunidades para todo el alumnado, independiente de su lugar de procedencia, orientación sexual, identidad sexual, identidad de género o expresión de género o cualquier otra característica, introduciendo los perfiles profesionales educativos que sean necesarios. Para ello, se establecerán protocolos de actuación y de mediación, tanto en centros públicos como privados o privados concertados, y se suprimirán del material educativo los contenidos que perpetúen un modelo discriminatorio.

240. Equiparar la educación artística superior con el resto de la educación superior.

En coordinación con la comunidad educativa y artística, estableceremos las modificaciones necesarias para implementar su plena equiparación a las enseñanzas universitarias en su regulación, estructuras de funcionamiento, categoría, independencia, autonomía, tipología, denominación de los títulos ofrecidos (grado, máster y doctorado), estatuto del estudiantado, y estatuto, nivel del cuerpo y régimen retributivo del profesorado, al tiempo que se respeta su idiosincrasia.

241. Implantar la educación inclusiva en la escuela ordinaria pública.

Tal como exige el artículo 24 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es fundamental para el desarrollo personal e intelectual de estas que puedan participar en la educación en un entorno inclusivo y habitual.

242. Reforzar la Educación Física y el acceso al deporte.

Esta asignatura recuperará su condición troncal y se incorporará al bachillerato. En coordinación con las demás Administraciones, impulsaremos también programaciones deportivas en los centros públicos, en las que deberá haber una proporción de actividades gratuitas que permitan a niños, niñas, adolescentes y jóvenes practicar deporte al menos tres veces a la semana de manera gratuita. Implantaremos planes específicos en las zonas rurales y en aquellas con mayor desigualdad social.

243. Establecer un centro de servicios sociales por cada veinte mil habitantes, que estará compuesto, al menos, por un trabajador o una trabajadora social, un educador o una educadora social y un psicólogo o una psicóloga.

Se trata de un aumento que exigirá la propia ampliación del catálogo de prestaciones y la expansión de las infraestructuras sociales para el horizonte morado que hemos propuesto, de ahí la necesidad del aumento de centros y plantillas enfocados a una población receptora cada vez más amplia y heterogénea. Bajo la dirección estratégica de las comunidades autónomas, promoveremos también la gestión municipal de los equipos de servicios sociales para potenciar la intervención comunitaria.

244. Garantizar a través de la Ley de Servicios Sociales una cartera mínima de servicios en cualquier lugar de España.

Consensuada con las comunidades autónomas, esta norma dará entidad a los servicios sociales, delimitándolos como un catálogo de servicios, cuidados, apoyos e intervenciones para complementar y potenciar la autonomía funcional en la vida cotidiana. Asimismo, vincularemos el modelo de servicios sociales a la creación de empleo estable y de calidad, y garantizaremos una cartera estatal de servicios que salvaguarden la dignidad, la privacidad, la igualdad y la justicia. Se tratará de un catálogo de servicios mínimos y comunes de gestión descentralizada, que se coordinarán con otras políticas públicas para proporcionar una atención integral en todas las comunidades autónomas.

245. Crear por ley un Fondo Estatal para la Accesibilidad Universal, con una dotación del 1 % de la inversión anual de los Presupuestos Generales del Estado en obras públicas e infraestructuras, nuevas tecnologías y sociedad de la información.

Con este fondo, se financiarán en el conjunto del país los programas y las actuaciones de accesibilidad universal en los procesos, bienes, productos, servicios, transporte, información y comunicaciones, así como en los medios de comunicación social, de modo que se garantice una vida independiente a todas las personas con diversidad funcional.

246. Reconocimiento constitucional de las lenguas de signos españolas y desarrollo de la Ley 27/2007, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad visual y sordociegas, para garantizar de manera efectiva sus derechos.

247. Aumentar y agilizar las prestaciones para material ortoprotésico.

Tener una situación de diversidad funcional sale caro y finalmente constituye una causa de desigualdad económica. El material ortoprotésico resulta costoso y las cuantías de las ayudas actuales son bajas, de manera que en muchas ocasiones apenas alcanzan para cubrir el coste. Además, es importante que las personas con diversidad funcional no tengan que adelantar el dinero del material, porque para algunas es sencillamente imposible y para todas supone asumir su financiación, ya que la ayuda puede tardar meses en llegar.

248. Garantizar el derecho a una indemnización añadida automática para las personas consumidoras en caso de fraude.

En todos los casos en que se haya padecido una contratación irregular, conforme a la normativa de consumo aplicable, la persona consumidora no solo tendrá derecho a la devolución de lo cobrado indebidamente o del daño causado, sino a una indemnización añadida por las molestias, que opere también como un desincentivo contundente al fraude.

249. Una normativa de consumo más dura con el fraude y más ágil en la reparación.

Revisaremos el conjunto de la normativa sancionadora de consumo de carácter estatal para que las sanciones desincentiven de manera efectiva las conductas fraudulentas, al ser proporcionales al perjuicio causado a las personas consumidoras. Se mejorarán también los mecanismos de resolución extrajudicial de conflictos.

250. Tomar en serio la seguridad alimentaria.

Adaptaremos la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición a las exigencias contemporáneas de protección a las personas consumidoras y transparencia en su acción, estableciendo la obligación de que las empresas tengan un fondo de responsabilidad civil y asegurando la creación un fondo de garantía que cubra las responsabilidades y daños causados en situaciones de inseguridad alimentaria a partir de los aportes proporcionales de las empresas alimentarias con mayor facturación. Asimismo, se fortalecerán los protocolos y mecanismos de inspección pública y se incorporará a las asociaciones de consumidores y a los municipios a las redes de detección. Ello debe venir acompañado del refuerzo de los cuerpos de inspección sanitaria de cada Administración en función del volumen de producción, de manera que haya una capacidad suficiente de control y una mejora en la coordinación y comunicación entre Administraciones, así como la revisión de los distintos protocolos que permiten garantizar la seguridad alimentaria.

251. Fin de la estafa de los 902.

Desterraremos la práctica de derivar a la gente a números de tarificación añadida, como los 902 y similares. Las empresas deberán disponer de un número de teléfono fijo de tarificación normal para la atención al cliente. Estos teléfonos serán accesibles para personas con diversidad intelectual o de edad avanzada.

252. La defensa de un modelo de bienestar para el siglo xxi y de los derechos sociales serán la guía de la acción de España contra la austeridad y el auge de la extrema derecha en el continente.

El Gobierno exigirá, para ello, el fin inmediato de las políticas de austeridad que han arrasado el tejido social de nuestras sociedades. Para ello, propondremos la relajación inmediata de los corsés fiscales impuestos por Bruselas; la adopción de planes comunitarios de inversión pública y social a través del Banco Europeo de Inversiones, para potenciar el horizonte verde y el nuevo modelo industrial; la colaboración europea para recuperar los fondos del rescate bancario; y una reestructuración coordinada de la deuda soberana de nuestros países. Rechazaremos todos los acuerdos de libre comercio de última generación que hacen vulnerables nuestros sectores productivos y estratégicos, y que vacían la capacidad democrática de nuestros pueblos para decidir soberanamente sobre nuestros recursos. Promoveremos la gratuidad de la educación pública universitaria en todo el territorio de la Unión Europea, la creación de un uro europeo de desempleo y la garantía comunitaria de prestaciones que aseguren unos ingresos suficientes para el conjunto de la población. España ratificará, asimismo, la Carta Social Europea revisada (1996), incluyendo todos los protocolos adicionales, para hacerla exigible jurídicamente, y propondrá que la Unión Europea fije un suelo de gasto del 5 % de su presupuesto para políticas de promoción y defensa de la igualdad de género y la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres.

253. Implementar la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a través de una estrategia que apueste por su vertiente internacional y que esté centrada en la lucha contra la pobreza, las desigualdades y la sostenibilidad ambiental.

Los problemas a los que se refiere la Agenda 2030 y los ODS son demasiado serios y afectan de manera demasiado directa a la vida de las personas como para dejarlos en palabras bonitas y colores en los avatares de Twitter de representantes públicos y partidos políticos. Para implementar la Agenda 2030 y los ODS, estableceremos un plan de desarrollo sostenible con marcos de acción concretos, en el que se incorporen mecanismos de seguimiento, evaluación y auditoría social para su correcto cumplimiento. Este plan incluirá un mecanismo específico de Coherencia de Políticas para el Desarrollo (CPD), con el fin de evitar los impactos negativos que cualquier política pública pudiera tener en la contribución de España a los ODS.

254. Aprobar la Ley de Protección de los Derechos Humanos en relación con actividades de las empresas transnacionales.

A través de esta norma, articularemos una protección efectiva frente a las vulneraciones de los derechos humanos que incluya, al menos, mecanismos para el acceso a la Justicia española y la reparación de las víctimas y de las comunidades afectadas, la obligación de incorporar las normas de reconocimiento y garantía de los derechos humanos a cualquier tratado comercial o acuerdo de protección de inversiones que suscriba nuestro país, y el establecimiento de la responsabilidad de las grandes corporaciones y de su personal directivo en su jurisdicción nacional, desde la perspectiva civil, administrativa y, en su caso, penal.

255. Aumentar el presupuesto de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) hasta la media de los Estados del entorno de la Unión Europea (UE-15), del 0,5 % de la renta nacional bruta (RNB) en 2023 y del 0,7 % de la RNB en 2027. De este presupuesto, al menos un 10 % de la AOD se destinará a ayuda humanitaria.

Garantías de Justicia Fiscal

Para que la ciudadanía perciba como propias las políticas públicas desarrolladas por el Estado y les conceda plena legitimidad, es imprescindible que se cumpla un principio básico de justicia: que contribuya más quien más tiene.

Y para ello hay que acabar con los privilegios fiscales. La necesidad de poner en marcha un ambicioso plan de inversiones verdes, moradas y digitales contrasta con la realidad de que recaudamos un 8 % del PIB menos que la media de la zona euro. En este escenario de expansión de la desigualdad (desde la crisis, España es el segundo país de la UE donde más ha crecido la desigualdad, hasta veinte veces más que la media europea), aumenta una clase de superricos: un 1 % que, en 2016, ya acaparaba una cuarta parte de la riqueza del país, mientras que el 20 % más pobre solo posee el 0,1 % de la riqueza. Esto es lo que le da a ese 1 % una capacidad de influencia y de echar el freno a las reformas que necesita este país con la que hay que terminar. Por eso vamos a impulsar un conjunto de propuestas para acabar con los privilegios y garantizar una financiación adecuada de las políticas públicas. Junto a otras medidas necesarias para mejorar nuestro sistema fiscal, destacamos cinco propuestas especialmente dirigidas a terminar con los privilegios fiscales de una minoría: recuperar la recaudación del impuesto sobre sociedades, perdida desde el inicio de la crisis por las ventajas concedidas a las grandes empresas; instaurar un impuesto a las grandes fortunas; mejorar la progresividad fiscal del IRPF, igualando la tributación del trabajo y del capital; establecer impuestos sobre las transacciones financieras y de la banca, y dedicar una atención especial a los grandes defraudadores fiscales. Para que la ciudadanía perciba como propias las políticas públicas desarrolladas por el Estado y les conceda plena legitimidad, es imprescindible que se cumpla un principio básico de justicia: que contribuya más quien más tiene. Que se cumpla el artículo 31 de la Constitución española y se acabe con los privilegios fiscales de los poderosos. La necesidad de poner en marcha un ambicioso plan de inversiones verdes, moradas y digitales contrasta con la realidad de que recaudamos un 8 % del PIB menos que la media de la zona euro. En este escenario de expansión de la desigualdad (desde la crisis, España es el segundo país de la UE donde más ha aumentado la desigualdad, hasta 20 veces más que la media europea), aumenta una clase de superricos: un 1 % que, en 2016, ya acaparaba una cuarta parte de la riqueza del país, mientras que el 20 % más pobre solo posee el 0,1 % de la riqueza. Esto es lo que le da al 1 % una enorme capacidad de influencia para echar el freno a las reformas que necesita este país. Si queremos construir una sociedad más justa y mejor, esto tiene que cambiar. Por eso vamos a impulsar un conjunto de propuestas para acabar con los privilegios y garantizar una financiación adecuada de las políticas públicas. Junto a otras medidas necesarias para mejorar nuestro sistema fiscal, destacamos cuatro propuestas especialmente dirigidas a terminar con los privilegios fiscales de una minoría: recuperar la recaudación del impuesto sobre sociedades, perdida desde el inicio de la crisis por las ventajas que reciben las grandes empresas; instaurar un impuesto a las grandes fortunas; establecer impuestos sobre las transacciones financieras y la banca; y dedicar una atención especial a los grandes defraudadores fiscales. Si viene una nueva crisis económica, hay que garantizar que solo se hacen recortes por arriba, al tiempo que se protegen y se amplían los derechos y la estabilidad de los de abajo. Las razones siguen intactas 108

256. Derogar las normas mediante las que PP y PSOE han institucionalizado la austeridad y la década perdida en España (artículo 135 de la Constitución y Ley de Estabilidad Presupuestaria). A PSOE y PP no les costó ni cinco minutos reformar la Constitución en 2011 para poner por delante los intereses de los bancos a los de nuestra ciudadanía. Hay que establecer con toda claridad en la norma constitucional que la prioridad de los presupuestos públicos es siempre el bienestar de la ciudadanía.

257. Eliminar los privilegios fiscales de las grandes corporaciones en el impuesto sobre sociedades y bajárselo a las pymes.

Estableceremos un tipo efectivo mínimo, más eficaz y justo, del 15 % sobre el rendimiento neto positivo para los grupos empresariales, que se ampliaría hasta el 20 % para las entidades financieras y empresas de hidrocarburos. Al mismo tiempo, rebajaremos el tipo para las pequeñas empresas (aquellas que facturen menos de un millón de euros) del 25 % al 23 %.

258. Impuesto sobre los beneficios de las grandes empresas por contaminar.

En momentos de crisis climática es imprescindible consolidar un sistema de incentivos eficaz para acelerar la transición ecológica de la economía. Estableceremos, por lo tanto, un tipo agravado en el impuesto sobre sociedades para desincentivar las actividades contaminantes y aumentar la contribución de las empresas con más responsabilidad en la transición ecológica.

259. Evitar el uso de paraísos fiscales para la elusión fiscal en el impuesto sobre sociedades.

Es frecuente que las grandes corporaciones eviten pagar el impuesto sobre sociedades en España, alegando la llamada «doble tributación», es decir, que ya pagan impuestos por esos beneficios en otro país. Sin embargo, algunos de esos países son paraísos fiscales o, al menos, países con una tributación por sociedades escandalosamente más baja que la nuestra. Por eso, reformaremos el régimen de exenciones del impuesto sobre sociedades, para evitar que se puedan utilizar así paraísos fiscales o de baja tributación. Solo se permitirá en el caso de que hayan tributado al menos un 15 % efectivo en otro país. Esto eliminará la posibilidad de utilizar sociedades como pantallas para la elusión fiscal, para disminuir la tributación de rentas obtenidas en el extranjero o para canalizar rentas particulares.

Eliminar los paraísos fiscales interiores en forma de privilegios de ciertos esquemas societarios. Pondremos fin al régimen fiscal privilegiado de las entidades de tenencia de valores extranjeros (ETVE) y de la tributación privilegiada de sicav, fondos y sociedades de inversión mobiliaria e inmobiliaria (SOCIMI). Eliminaremos también el régimen de impatriados, que actualmente permite pagar un marginal de IRPF del 24 % a personas que se desplazan a España a trabajar con rentas de hasta 600 000 euros, en lugar del marginal máximo que les correspondería.

261. Crear un impuesto para las grandes fortunas, con el fin de recaudar un 1 % del PIB de patrimonios superiores a un millón de euros, y de forma progresiva.

Se trata de un impuesto similar al que se está proponiendo para la UE y Estados Unidos. Tendrá un mínimo exento por primera vivienda de 400 000 euros y gravará con un 2 % los patrimonios de más de un millón de euros, con un 2,5 % los patrimonios de más de 10 millones de euros, con un 3 % los patrimonios superiores a los 50 millones y con un 3,5 % los patrimonios de más de 100 millones de euros, de forma que la mayor parte del impuesto recaiga sobre los mil patrimonios más altos del país. Este impuesto sustituirá al actual impuesto sobre el patrimonio, que es inoperativo, y no podrá bonificarse por parte de las comunidades autónomas.

262. Prohibir la utilización de sociedades pantalla como un instrumento para disfrutar de la vivienda habitual pagando menos impuestos.

Evitaremos así la práctica, que hemos conocido con frecuencia últimamente, de tener como vivienda habitual una casa no con un título de propiedad directa, sino a través de la titularidad de una sociedad pantalla de la misma persona, su familia o una persona de confianza, creada con el fin de ponerla a disposición de quien la disfruta pagando menos impuestos por su adquisición y tenencia. La prohibición dejaría sin efecto estas operaciones interpuestas y atribuiría la propiedad de la vivienda directamente a quien la ha pagado y la disfruta, que tendrá que abonar los correspondientes impuestos, como hacen todos los españoles y españolas. Las sociedades mercantiles deben servir para participar en la actividad mercantil, no para eludir impuestos en el disfrute privado de los bienes y servicios.

263. Establecer un IRPF más justo y progresivo bajando los impuestos a los sueldos más bajos y aumentando el tipo a los más altos.

Por un lado, las rentas de más de 100 000 euros anuales contribuirán un poco más, con un 47 %, que llegará Las razones siguen intactas 110 hasta el 55 % para rentas superiores a 300 000 euros anuales, y corregiremos la injusticia de que las rentas del capital (por productos financieros e inversiones) tributen mucho menos que las rentas del trabajo. Se eliminarán también las deducciones que benefician solo a quienes tienen rentas más altas. Al mismo tiempo, se reducirá el tipo del primer tramo no exento del IRPF —el tramo más bajo— al 18 %.

264. Fijar un impuesto de transacciones financieras especulativas que grave las ventas brutas en el mismo día, y no solo las netas, e incluya otras operaciones distintas a la compraventa de acciones (por ejemplo, derivados).

Hay una gran diferencia entre un pequeño ahorrador que invierte una parte de sus ahorros en acciones y las operaciones de compraventa de activos financieros varias veces en el mismo día e incluso durante la misma hora o minuto. Este impuesto afectaría al segundo tipo de operaciones financieras especulativas.

265. Establecer un impuesto a la banca que aumente 10 puntos el tipo impositivo de las entidades financieras en el impuesto sobre sociedades para recuperar el rescate bancario de 60 000 millones de euros que hicimos todas y todos los españoles a la banca.

Del mismo modo que el rescate fue una operación específica destinada al sector bancario y no se extendió a trabajadoras y trabajadores autónomos, familias, pymes ni otros sectores económicos, tiene todo el sentido establecer un impuesto específico para recuperar, también a través de otras reformas, los 60 000 millones del rescate bancario.

266. Hacer el impuesto sobre sucesiones y donaciones más justo, en colaboración con las comunidades autónomas, de forma que sea más progresivo y que las personas herederas con menor patrimonio preexistente y mayor grado de consanguineidad tengan cuotas reducidas. También introduciremos, en estos casos, facilidades de pago, como fraccionamientos o dación en pago de bienes hipotecados. Al mismo tiempo, armonizaremos este impuesto a escala estatal a partir de un mínimo de tributación para evitar la competencia fiscal entre territorios.

267. Bajar el IVA al tipo del 4 % a más alimentos y bebidas no alcohólicas, y al 10 % a todos los suministros básicos (calefacción, gas, electricidad) de los consumidores vulnerables.

Impulsaremos, al mismo tiempo, una reforma de la directiva del IVA para establecer un plus del 4 % a los artículos de lujo, que dejaría el IVA de estos productos en el 25 %. También se bajará el IVA de los servicios veterinarios, del 21 % actual al 10 %, 111 PODEMOS. y de los productos de higiene femenina y de alimentación animal, del 10 % actual al 4 %.

268. Fijar un impuesto para operaciones de la economía digital que no tributan, como publicidad e intermediación online y venta de datos, limitado a empresas con ingresos anuales totales mundiales de al menos 500 millones de euros y con ingresos en España superiores a los 3 millones de euros.

269. Poner en marcha una Estrategia Nacional contra el Fraude Fiscal.

Con este fin, reformaremos la Agencia Tributaria y las Administraciones tributarias de las comunidades autónomas para dotarlas de un carácter federal, de mayores recursos y de completa autonomía respecto al poder político y económico. A su vez, se creará una única base de datos fiscales que integre toda la información necesaria para combatir el fraude; crearemos una Oficina de Lucha contra Grandes Defraudadores, dotada con medios suficientes para realizar campañas específicas contra los principales focos de fraude fiscal; incrementaremos los plazos de prescripción tributaria y penal a cinco o diez años, e incluiremos mayores penas en el Código Penal y las haremos extensibles a los colaboradores o responsables solidarios del fraude. Situaremos el umbral para considerar delito de defraudación a la Hacienda estatal, autonómica, foral y local en 50 000 euros.

270. Publicar, de manera inmediata, la lista de amnistiados fiscales de los Gobiernos anteriores. Asimismo, incluiremos la prohibición de decretar amnistías fiscales en la Constitución, ya que una simple previsión legal puede cambiarse con la siguiente mayoría parlamentaria.

271. Recuperar para la gente el impuesto de las hipotecas.

Las personas hipotecadas recuperarán todos los impuestos relacionados con las hipotecas que no debieron pagar, tal como indicó la primera sentencia del Tribunal Supremo. La Agencia Tributaria recabará estos impuestos de los bancos con carácter retroactivo.

272. Implementar otras medidas fiscales para avanzar hacia un horizonte verde.

Tal como planteamos en nuestra Ley de Lucha contra el Cambio Climático y de Transición Energética, bajaremos el impuesto de matriculación y circulación a los coches híbridos y eléctricos; y reformaremos el IRPF para establecer desgravaciones por el uso de abonos de transporte público y por la adquisición de electricidad 100 % renovable.

273. Eliminación de la exención del IBI de la cual goza la Iglesia.

En nuestro país nunca se ha acometido una verdadera separación entre la Iglesia católica y el Estado. A consecuencia de ello, la Iglesia sigue disfrutando de privilegios que son imposibles de explicar, al mismo tiempo que a la gente solo le crece el importe de las facturas. Uno de estos privilegios es la exención de pagar el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) por los bienes que dice poseer. Mientras que una persona normal tiene que llegar a situaciones de gran necesidad para que se le permita no pagar el IBI, la Iglesia española no solo recibe fondos de nuestra declaración de la renta que luego gasta en televisiones sectarias que nadie ve, sino que, además, se le permite no pagar impuestos por sus propiedades. Esta medida tendrá la excepción de los inmuebles afectos al culto, los bienes cuya finalidad principal sea su utilización por parte de Cáritas para la acción social u otro tipo de bienes que gozan de dicha exención por motivos generales.

Garantías de Justicia Territorial

Hasta ahora, el desarrollo de nuestro país ha vivido de espaldas a la mayor parte del territorio.

El abandono de la España vaciada ha perpetuado zonas periféricas en el interior de nuestro país, zonas mal comunicadas, pueblos y ciudades de los que la juventud sale solo con un billete de ida. Este desequilibrio se ha intensificado en los últimos tiempos y ha afectado, incluso, a la pérdida de población en ciudades pequeñas y medianas. La concentración en unas pocas grandes ciudades y zonas costeras al calor de empleos precarios nos deja un país partido, desconectado y con enormes desigualdades territoriales que hay que recuperar para afrontar los retos que tenemos por delante. Al mismo tiempo que dejan una España vaciada, las derechas de Aznar quieren enfrentar a los distintos pueblos de este país. Desde su misma Constitución, este es un país plurinacional en el que la inmensa mayoría de sus pueblos conviven con fraternidad y deben poder elegir su destino. A su vez, hay que tener claro que los problemas no se resuelven a garrotazos ni de manera unilateral; tenemos la tarea de transformar el enfrentamiento en diálogo, porque, para asumir los retos que tenemos por delante, debemos estar juntos y juntas. Para que la ciudadanía perciba como propias las políticas públicas desarrolladas por el Estado y les conceda plena legitimidad, es imprescindible que se cumpla un principio básico de justicia: que contribuya más quien más tiene. Y para ello hay que acabar con los privilegios fiscales. La necesidad de poner en marcha un ambicioso plan de inversiones verdes, moradas y digitales contrasta con la realidad de que recaudamos un 8 % del PIB menos que la media de la zona euro. En este escenario de expansión de la desigualdad (desde la crisis, España es el segundo país de la UE donde más ha crecido la desigualdad, hasta veinte veces más que la media europea), aumenta una clase de superricos: un 1 % que, en 2016, ya acaparaba una cuarta parte de la riqueza del país, mientras que el 20 % más pobre solo posee el 0,1 % de la riqueza. Esto es lo que le da a ese 1 % una capacidad de influencia y de echar el freno a las reformas que necesita este país con la que hay que terminar. Por eso vamos a impulsar un conjunto de propuestas para acabar con los privilegios y garantizar una financiación adecuada de las políticas públicas. Junto a otras medidas necesarias para mejorar nuestro sistema fiscal, destacamos cinco propuestas especialmente dirigidas a terminar con los privilegios fiscales de una minoría: recuperar la recaudación del impuesto sobre sociedades, perdida desde el inicio de la crisis por las ventajas concedidas a las grandes empresas; instaurar un impuesto a las grandes fortunas; mejorar la progresividad fiscal del IRPF, igualando la tributación del trabajo y del capital; establecer impuestos sobre las transacciones financieras y de la banca, y dedicar una atención especial a los grandes defraudadores fiscales. Hasta ahora, el desarrollo de nuestro país ha vivido de espaldas a la mayor parte del territorio. El abandono de la España vaciada ha perpetuado zonas de periferia en el interior de nuestro país, zonas mal comunicadas, pueblos y ciudades de los que la juventud sale solo con billete de ida. Este desequilibrio se ha intensificado en los últimos tiempos, afectando incluso a la pérdida de población en ciudades pequeñas y medianas. La concentración en unas pocas grandes ciudades y zonas costeras al calor de empleos precarios nos deja un país partido, desconectado y con enormes desigualdades territoriales que hay que recuperar para afrontar los retos que tenemos por delante. Al mismo tiempo que dejan una España vaciada, los partidos de siempre no tienen ninguna propuesta para dejar de enfrentar a los distintos pueblos de este país. Desde su misma Constitución, el nuestro es un país plurinacional en el que la inmensa mayoría de sus pueblos conviven fraternalmente y deben poder elegir su destino, al tiempo que hay que tener claro que los problemas no se resuelven a garrotazos ni de manera unilateral. Tenemos la tarea de transformar el enfrentamiento en diálogo, porque para asumir los retos que tenemos por delante, debemos estar juntos y juntas. Las razones siguen intactas 116

274. Plan Nacional de Desarrollo Rural.

Al tomarlo como una cuestión de Estado, activaremos un plan para revitalizar la estructura social y económica del mundo rural mediante el impulso de las infraestructuras regionales, la localización prioritaria de los proyectos productivos señalados en los tres horizontes y la previsión de líneas de financiación prioritarias para estos y otros sectores, como el sector agrario sostenible, la ganadería extensiva y la pesca artesanal y de bajo impacto. Modernizaremos las instalaciones hídricas, las infraestructuras de regadío y la viabilidad de las zonas forestales. Ofreceremos acceso prioritario a la tierra para la juventud, en coordinación con los bancos de tierras existentes, e implementaremos planes especiales de empleo en zonas que, fruto de la discriminación histórica, cuenten con una situación excepcional de baja tasa de empleo y especial afectación por el vaciamiento poblacional.

275. Paquete de servicios básicos.

Garantizaremos que todas las poblaciones puedan contar con los siguientes servicios: servicio de transporte adecuado que comunique diariamente a demanda con la cabecera de comarca —estableceremos las obligaciones de servicio público adecuadas para asegurar el acceso a servicios de movilidad dignos, con independencia del lugar de residencia—; atención sanitaria a domicilio de calidad, si no es posible tener un centro de salud; atención inmediata de una patrulla de la Guardia Civil en un máximo de 15 minutos; reparto habitual de suministros básicos cuando no sea posible disponer de una tienda de ultramarinos, para lo cual se establecerán líneas de ayudas públicas; al menos un cajero automático dentro de un radio de 20 kilómetros, financiado a través de un canon al sector bancario para la inclusión financiera y gestionado por Bankia; y centros culturales ciudadanos al menos en cada cabecera de comarca, así como una oferta cultural descentralizada en colaboración con las Administraciones competentes.

276. Plan 8131: todos nuestros pueblos conectados a internet en una legislatura.

Acceso a internet de banda ancha a un mínimo de 30 Mbps y con un mínimo de 3G para cualquier núcleo habitado a un precio asequible, al que contribuirán las grandes empresas del sector mediante un canon.

277. La España vaciada, primero.

La manera más eficaz de reducir la desigualdad es implementar medidas de discriminación positiva. En particular, le daremos la vuelta a la discriminación a través de un plan de choque para acelerar la equiparación de derechos y servicios, y para cerrar la brecha territorial. Cuando deban implementarse en distintas fases los principales avances del país —como la garantía de ingresos, la prestación por cuidado de niños y niñas o el Plan de Rehabilitación de Vivienda—, priorizaremos el mundo rural y descentralizaremos las inversiones, en particular, las del horizonte verde. Por otra parte, crearemos el marco para reducir a la mitad el IBI de las poblaciones con menos de 5000 habitantes, compensando a los municipios por el descenso en la recaudación, y crearemos un fondo para luchar contra la despoblación en las comarcas más vulnerables, con una dotación inicial de 500 millones anuales del Estado, que se complementará con el presupuesto europeo derivado del Programa Marco de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, que impulsaremos en la Unión Europea con un horizonte de 5 años.

278. Superación del actual marco institucional de las Diputaciones Provinciales.

Iniciaremos un debate de Estado para actualizar la organización municipal, con las premisas de ir más allá de la estructura arcaica de las Diputaciones Provinciales y de generar instituciones capaces de frenar la fragmentación y el debilitamiento de unos municipios que son cada vez más pequeños, así como de poder gestionar de manera democrática un aumento de los servicios comunes, por ejemplo, a través de las instituciones comarcales. Un primer paso consistirá en la implementación inmediata de la Ley 45/2007, para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural, para estudiar, al mismo tiempo, vías de mejora y superación de este marco.

279. Impulso a la financiación municipal mediante la articulación del criterio poblacional, junto a otros criterios, con el objetivo de cerrar la brecha territorial y la incorporación de fondos de compensación del valor forestal que aumenten la contribución del conjunto del país al sostenimiento de los bienes comunes ligados al mundo rural. Por ejemplo, una parte de la financiación para la lucha contra incendios y para el mantenimiento de las masas forestales y los bienes naturales se destinará directamente a la financiación municipal de los pueblos que contribuyen directamente a esta tarea.

280. Reformar el sistema de financiación autonómica para hacerlo más justo y que exista un suelo de ingresos efectivos para financiar servicios públicos dignos en toda España.

El nuevo sistema de financiación autonómica se diseñará en diálogo con todas las comunidades autónomas, de manera vinculada a una reforma fiscal y a la solución del problema de las deudas autonómicas producidas por la infrafinanciación. Este nuevo sistema garantizará que se alcancen, al menos, tres condiciones: en lugar de estar basado en un «techo de gasto», que impide que los derechos de la ciudadanía sean efectivos por la vía de limitar los recursos de las Autonomías para prestar servicios públicos, se basará en un «suelo de ingresos», que permitirá financiar servicios públicos dignos en toda España; todas las comunidades autónomas recibirán más financiación que la que reciben en la actualidad, pues hay que tener en cuenta que, aparte de su tradicional infrafinanciación, los recortes posteriores a 2009 se hicieron recaer de manera desproporcionada sobre ellas; y se reducirá la desigualdad territorial en cuanto a financiación.

281. Resolución democrática del conflicto catalán.

La gestión viable del conflicto en Cataluña pasa por construir un proceso de reconciliación que permita el diálogo y llegar a acuerdos. Apostamos por un referéndum pactado en el que Podemos defenderá un nuevo encaje para Cataluña en España.

282. Transformar el Senado en una verdadera Cámara de representación territorial, con mayor representación de las comunidades autónomas, participación en las leyes y las partidas presupuestarias, en los nombramientos de miembros del Tribunal Constitucional, y como pieza clave de las relaciones verticales y horizontales entre Administraciones.

283. Reconocimiento y articulación del hecho metropolitano.

La expansión de las grandes ciudades ha consolidado amplias áreas metropolitanas, que nos obligan a actualizar nuestro marco institucional. En particular, se debe reconocer esta realidad y crear las herramientas necesarias para mejorar la gestión compartida de servicios comunes derivados de sus relaciones de proximidad, el control democrático de su gestión y la asignación de recursos suficientes.

284. Garantía legal de justicia territorial en las inversiones para transporte público, colectivo o de bajas emisiones, para que el derecho de movilidad sea efectivo en todo el país, especialmente en aquellos territorios aislados y carentes, hoy, de una movilidad moderna.

De nuevo, es necesario introducir criterios de discriminación positiva para reducir la desigualdad existente en materia de infraestructuras. Priorizaremos la construcción de nuevas infraestructuras y la mejora de las existentes, así como el mantenimiento para los territorios que han sufrido una historia de aislamiento y malas conexiones.

285. Hacer del tren el sistema prioritario en la vertebración del territorio, con inversiones estratégicas para extender un sistema de transporte público a precio asequible y de bajas emisiones, que no deje fuera a ninguna parte del país. Para ello, es imprescindible suspender el levantamiento de vías en la España vaciada, y poner en marcha planes y medidas para recuperarlas y actualizarlas, de manera que sirvan para vertebrar los territorios e interconectarlos con los corredores principales.

286. Incrementar las frecuencias y líneas en los servicios de corta y media distancia (metro, cercanías/rodalies, regionales) y mejorar su conexión con otros territorios (mallado regional frente al radial). El objetivo es que, en el año 2030, la demanda de transporte ferroviario de al menos todos los municipios con más de 20 000 habitantes esté atendida.

287. Vertebrar el territorio a través de la puesta en marcha o la mejora urgente de las líneas ferroviarias en las zonas con mayor déficit de infraestructuras mediante la realización inmediata de una auditoría general del sistema para detectar los tramos más urgentes.

Aprovechamiento de estas nuevas y mejores líneas para alcanzar un verdadero efecto de red a través del impulso de los ejes transversales ferroviarios (Atlántico, Cantábrico-Mediterráneo, Mediterráneo, Andaluz y de La Plata) y de la mejora de las conexiones ferroviarias internacionales con Francia y Portugal.

288. No se renovarán las concesiones de autopistas a grandes corporaciones.

Los peajes se irán incorporando al patrimonio común y abaratándose o convirtiéndose en gratuitos. Mientras tanto, se buscarán fórmulas para reducir o eliminarlos en aquellos tramos excesivamente caros o que, si se abrieran, permitirían reducir los accidentes.

289. Hacer de Correos una apuesta de futuro.

Implementaremos un Programa de Inversión en Digitalización de Correos para que, en combinación con otras empresas públicas, como Aena-ENAIRE y Adif-Renfe, sea un elemento clave de la logística en España, apostando por un sector de reparto público con un empleo digno y estable, y que dispute espacios de mercado a las grandes corporaciones de la precaria economía de plataforma.,...)))...

Izquierda Unida aprueba fortalecer la coalición con Podemos (elperiodico.com)

ALIANZA DE LA IZQUIERDA

Izquierda Unida aprueba fortalecer la coalición con Podemos

La coodinadora general del partido de Alberto Garzón propone ampliar el pacto más allá de las elecciones

Alberto Garzón, líder de IU y ministro de Consumo. /DAVID CASTRO,...¡¡ : La Coordinadora Federal de Izquierda Unida (IU), máximo órgano de dirección del partido, ha aprobado por amplia mayoría la propuesta de ponencia para la próxima asamblea, que apuesta por "fortalecer" la coalición con Podemos, bajo la marca Unidas Podemos, y "democratizar" este espacio de cara a asentar su "base popular y territorial".

Concretamente, el documento Político Organizativo denominado 'Avanzando hacia la República. Una IU para un nuevo país', ha sido respaldado por un 88,5% de los miembros de la Coordinadora, frente al 10% de votos en contra y 7,5% de las abstenciones, tal y como detallan fuentes del partido.

Thank you for watching

El texto presentado por la dirección que encabeza el líder de IU y ministro de Consumo, Alberto Garzón, contó con la participación del Partido Comunista de España (PCE) y diversas federaciones, que componen el sector mayoritario dentro de IU. De hecho, este sector está trabajando conjuntamente para presentar una candidatura de consenso a la dirección de IU a los próximos cuatro años, que encabezará Garzón.

El texto apuesta por reforzar el papel de IU como movimiento político social y apuesta por consolidar la coalición Unidas Podemos, una alianza que no puede limitarse solo al plano electoral y debe abarcar aspectos de organización que fomenten su asentamiento territorial, para lo cual promulgarán por democratizar el espacio.

Unidad de la izquierda ante la extrema derecha

De este modo, el propio coordinador federal de IU ha subrayado este sábado que la unidad política entre las fuerzas de izquierda es "inevitable" y "absolutamente necesaria" ante el asedio de la extrema derecha. Por ello, enfatizaba que el compromiso de la formación hacia ese objetivo es "inquebrantable".

También se avala la propuesta de estatutos que inciden en la concepción de la Asamblea Político Social como órgano de coordinación. Fuentes del sector crítico han explicado que las modificaciones de este órgano quita capacidad directiva a este foro, lo que supone una "contradicción" con la apuesta de potenciar el papel de IU como movimiento político y social.

Además, en esta cita se ha respaldado por un 82,5% el informe de gestión de la dirección saliente, que el también ministro ha calificado de positivo, tanto en el plano interno como político, con la presencia de IU en el Gobierno de coalición.

Precandadidatura del sector crítico

También se han respaldado los informes de las comisiones de Arbitraje y Garantías Democráticas y de Control Financiero, la modificación del reglamento de la asamblea y la candidatura de la mesa del órgano, que presidirá Amanda Meyer. -- Frente a estos postulados, el sector crítico a la dirección de IU ya ha formalizado su precandidatura de cara a la asamblea federal, encabezada por el dirigente José Antonio García Rubio y que cierra "simbólicamente" el alcalde de Zamora, Francisco Guarido.

Esta semana avanzaron en que trabajarán en un documento alternativo para defender que IU debe mantener su soberanía y, por tanto, se muestran contrarios a una "fusión" con Podemos bajo el "paraguas" de la convergencia y la unidad popular.

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.../... BUENO Y CASI POR TERMINAR,...MIRARÉ COMO Y QUIENES MANIPULAN Y ESTÁN INTRODUCIDOS EN MI ORDENADOR,...NO SABEMOS MUCHO DEL ASUNTO PERO LEEMOS, Y CREEMOS QUE ESTAMOS O TENEMOS INFILTRADOS EN LA MAQUINA COMPUTADORA,... LA REVOLUCIÓN Y LIBERACIÓN SOCIAL DE LA HUMANIDAD ES COMPLEJA, BONITA PORQUE A LA VEZ DA RESPIROS AL COMPROBAR CIERTAS LUCHAS, CIERTOS RESULTADOS, CIERTOS ESCRITOS PUBLICADOS POR REVOLUCIONARIOS,...LEEMOS A LOS CLÁSICOS MARXISTAS Y APRENDEMOS MÁS Y MEJOR A COMPRENDERLO,...ESO SÍ, UNA VEZ QUE HEMOS ESTUDIADO MUCHAS REALIDADES, QUE HEMOS VALORADO, ANALIZADO EDITANDO,...QUE HEMOS REALIZADO NOSOTROS MISMOS CIERTAS TEORÍAS,...ASÍ SÍ, ALGO SERÁ POSIBLE,...PERO ESTUDIAR EL MARXISMO COMO PAPAGAYO NO SIRVE PARA MUCHO,...INCLUSO MUCHAS VECES ES MÁS QUE NEGATIVO,...HAY QUE PRODUCIR MARXISMO VIVO,...PERO SERÁ COMO RESULTADO DE NUEVAS TEORÍAS FUNDIDAS DIALECTICAMENTE CON LAS PASADAS Y YA REALIZADAS,...-lukyrh.-

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martes, 20 de abril de 2021

"",... TE AVIZUS,...LEES, SOLO LA PRIMERA PARTE DE INTRODUCCIÓN,...LO DEMÁS, POR LAS TELES,...TE LO HAN CONTADO COMO UNAS 20.000 VECES,...¡¡¡¡.

El Ingenuity de la NASA se convierte en el primer helicóptero en volar en otro planeta,...//,... ]].*

SÁBADO, 9 DE MAYO DE 2020 >>> UNAS 9 LECTURAS, ENTÓ UN AÑO,...+,-- //. LA VERDAD, ESTA LECTURA ES PARA PAYAZUS COMO YO,...¡¡¡,...ENTREGAO EN EL DOLOR DEL PEGO MIS LABIOS A LA SABIDURÍA PROLETS-MULTIPOPULAR,...¡¡¡.

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