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EL RÉGIMEN CUBANO COMPRA MATERIAL ANTIDISTURBIOS A ESPAÑA Y A RUSIA - Bing // :
Derechos humanos: España vendió material antidisturbios ...
[[[ ",... LAS CHICAS FÉMINAS-MILITARISTAS EXPROPIADORAS SOCIAL-PROLETS,M-POPs UNIVs;... DICTADORAS TECNAS,...CON SU EKIPO DE GUARDIANAS DEL ORDEN GENOCIDA-ESCLAVISTA-FEUDAL :
SIEMPRE HAY LISTILLAS, ESPERANDO EN LAS LISTAS ARRIBISTAS Y SIN REMORDIMIENTOS ALGUNO,...YA HE VIVIDO BASTANTE, PÁ PODER KPNTAR ASÍN,...LAS COZICKAS DE LAS FÉMINAS ANTIPROLETARIOS,M-POPULARES CAMPESINOS POBRES, INDIGENTES, PORDIOCERUS, HARAPIENTOS, YAYOS DE EDADES AVANZADAS,...¡¡¡. Y MÁS COSAS,...QUE SABE ER-MENDALERENDA,...VERDAD LETI GONALEZ PEINADO,- "LETI", LA FOTOGRAFA, SOCIA DEL IMPRESENTABLE MANOLO SAEZ BAYONA,...
¡¡ ES EL KE ESTÁ DE PIÉ, PRIMERO DCHA. ¡¡.
España vendió más de un millón de euros en armas al ...
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo - Productos y ...
El régimen cubano ofrece dinero a los disidentes para que ...
El balsero cubano que llegó a España andando desde Rusia ...
España suspendió venta de material antidisturbios a ...
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Cubanos alarmados por incompetencia de las autoridades ...
Política de Cuba - Wikipedia, la enciclopedia libre
Cubanos varados en la Isla podrán regresar a España con un ...
[[[ "",... El presidente de Túnez lanza una gran ofensiva anticorrupción contra centenares de empresarios (msn.com) // :
La justicia tunecina ha anunciado este viernes la apertura de una investigación contra varios antiguos responsables de instituciones públicas, mientras el presidente del país, Kais Said, ha lanzado una ofensiva anticorrupción contra cerca de medio millar de empresarios acusados de desviación de fondos durante la dictadura.
En declaraciones a la agencia estatal TAP, el portavoz del Tribunal de Apelación, Habib Torkhani, reveló pesquisas contra el expresidente de La Instancia Nacional tunecina de Lucha Contra la Corrupción (INLUCC), Chawki Tabib, por los delitos de fraude y falsificación de papeles.,...//,... ]]].
DERECHOS HUMANOS
España vendió material antidisturbios para reprimir la ola de protesta global que dejó muertos y heridos en varios países
El Gobierno justifica la exportación de material militar a distintos países cuestionados por las actuaciones de sus cuerpos de seguridad. En el listado figuran los Antidisturbios de Chile y Perú, acusados de violaciones a los derechos humanos por sus actuaciones represivas contra manifestantes. También hubo ventas de cartuchos lacrimógenos a Túnez.
BILBAO
Haykal Rachdi tenía 21 años. El pasado 18 de enero, agentes de la Policía de Túnez le lanzaron un bote de gas lacrimógeno a corta distancia. Haykal participaba en la ola de protestas sociales que durante las últimas semanas atravesó ese país. La muerte llegó siete días después a causa de las heridas. Otro joven, Aymen Mahmoudi, tuvo más suerte: hoy se recupera de las graves heridas provocadas en la cara por otro bote lacrimógeno.
Los nombres de Haykal y Aymen figuran en un reciente comunicado de Amnistía Internacional que denuncia, precisamente, la mala utilización de ese tipo de armamento por los cuerpos policiales. En el caso de Túnez, las miradas se dirigen también a España: según consta en una respuesta escrita del Gobierno enviada al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, este país vendió cartuchos lacrimógenos a la Policía tunecina en 2019 por un importe de 85.176 euros.
No fue el primer negocio de ese tipo con el Gobierno de Túnez. En 2018, fabricantes españoles habían conseguido que el Ejecutivo de este país les permitiese exportar "artificios de luz y sonido y botes de humo por valor de 183.076 euros", según recordaba Iñarritu en su pregunta.
El diputado de EH Bildu intentó que el Ejecutivo explicase "cómo valoró el riesgo de que pudiera contribuir al uso excesivo de la fuerza en manifestaciones en un marco de impunidad en ese país". Sin embargo, el Gobierno ha vuelto a ampararse en su política de secretismo sobre la venta de armas para no dar ninguna explicación concreta sobre dicha valoración.
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"No deberían exportarse armas a ningún Estado donde puedan ser utilizadas para conculcar los derechos humanos", afirma Iñarritu a Público. En ese contexto, el diputado vasco considera que existe una "doble vara de medir" por parte del Estado español. "En este asunto priman los intereses económicos", lamentó.
Tales intereses primaron, además, en un contexto global sumamente relevante: Túnez es tan solo un ejemplo de los países agitados por una gigantesca ola de protesta social que nació antes de que llegara la pandemia y que consiguió mover a millones de personas en lugares tan distantes como Hong-Kong, Colombia, Chile o, incluso, la Francia de los Chalecos Amarillos.
En cuestión de meses la ola se hizo tsunami y contagió a distintos continentes. El hartazgo social era, más allá de cualquier frontera, el común denominador de esas movilizaciones. La respuesta fue, en todos los casos, de carácter esencialmente represivo: ahí están los muertos en Colombia, los ojos arrancados por balas de goma en Chile o las vidas perdidas en las calles de Túnez.
En la respuesta remitida a Iñarritu, el Gobierno señala además que las seis licencias de exportación a Perú concedidas en 2018 y 2019 englobaban concretamente "despieces para la fabricación de artificios lacrimógenos, cartuchos propulsores y postas de goma".
El caso de Perú resulta problemático. El artículo 20 del Código Penal de ese país exime a las Fuerzas Armadas y a la Policía de rendir cuentas "en caso de causar lesiones o muerte", denunciaba el diputado de EH Bildu. Al igual que en otros casos, el Gobierno español no aclara cuáles han sido los parámetros seguidos para permitir igualmente que se vendiese material represivo a ese país latinoamericano.
El pasado 9 de enero, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos determinó que durante las protestas registradas en Perú en el mes de noviembre se produjo "un uso innecesario y excesivo de la fuerza" por parte de la Policía. El informe establece además que la Policía disparó perdigones y cartuchos de gas lacrimógeno "de manera indiscriminada y a corta distancia". Hubo dos muertos y cientos de heridos.
Según reflejan los informes oficiales sobre venta de armas que elabora la Secretaría de Estado de Comercio, Colombia es otro de los países latinoamericanos sacudidos por protestas sociales que también compró material militar a España.
En 2019 hubo negocios por 8,8 millones de euros en "munición de artillería y de armas ligeras y partes, piezas y repuestos para aviones de transporte de fabricación española", mientras que el año anterior se registraron ventas por 11,0 millones de euros en "repuestos para mantenimiento de obuses de artillería, munición de artillería, repuestos para vehículos blindados de fabricación estadounidense y española, y partes, piezas y repuestos para aviones de transporte de fabricación española".
Alberto Estévez, portavoz de AI sobre comercio de armas y material de seguridad, sostiene que "si España quiere exportar gas lacrimógeno a Túnez, pese a su historial de uso desproporcionado de la fuerza, o a Perú, cuya Policía y Fuerzas Armadas han causado la muerte de más de 150 personas durante protestas en los últimos 20 años, puede hacerlo, pero también podría suspender la entrega del material y condicionarlo a que los policías reciban formación sobre el uso de la fuerza y se adopten medidas para acabar con la impunidad, procesando a los responsables de torturas, malos tratos y homicidios ilegítimos o efectuando reformas legislativas".
"En el caso de Perú, por ejemplo, eso pasaría por derogar la Ley de Protección Policial, que viola el derecho internacional y deja una puerta abierta a la impunidad y el uso excesivo de la fuerza por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas", subrayó Estévez. Precisamente, en noviembre pasado AI pidió al Gobierno español que no concediera nuevas autorizaciones de exportación de material antidisturbios, suspendiera los envíos de las autorizaciones concedidas y revocase la autorización de las licencias no ejecutadas. "La pregunta del millón es qué ha hecho la Junta Interministerial que regula la venta de armas, porque sus actas son secretas en virtud de la Ley de Secretos Oficiales de 1968", añadió el portavoz de AI.
El lanzamiento de gas lacrimógeno por parte de los cuerpos policiales de Perú y Túnez figura en un informe que este lunes ha dado a conocer Amnistía y en el que se analiza la utilización de ese tipo de armamento en diferentes países. "El constante uso indebido de gas lacrimógeno por parte de la Policía en todo el mundo es temerario y peligroso, y a menudo causa lesiones e incluso la muerte de manifestantes pacíficos", advirtió Patrick Wilcken, director adjunto del Programa de Asuntos Globales de AI.
Grilletes para Chile
Del mismo modo, el informe enviado por el Ejecutivo permite establecer que se exportaron "grilletes de doble cierre (esposas normales)" con destino a los Carabineros de Chile, severamente cuestionados por la represión desatada contra las protestas surgidas en octubre de 2019.
En un informe publicado a finales de ese año, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos humanos denunció "un elevado número de violaciones de derechos humanos de manos de Carabineros y militares en Chile, entre las que se encuentran el uso excesivo e innecesario de la fuerza que ocasionó muertes ilícitas y heridas, tortura y malos tratos, violencia sexual, y detenciones arbitrarias".
Tras advertir que "el control de asambleas por los Carabineros ha sido realizado de manera fundamentalmente represiva", subrayaba que "algunas violaciones de derechos humanos, en particular, el uso inadecuado de armas menos letales y casos de malos tratos, son recurrentes en el tiempo y el espacio".
Con esos datos sobre la mesa, el Gobierno español defendió que la autorización de la venta de grilletes a los Carabineros se produjo "antes del comienzo de los disturbios locales".
Iñarritu también había preguntado sobre las salvaguardas adoptadas por la Junta Interministerial para el Comercio y Control del Material de Defensa y Tecnologías de Doble Uso (JIMMDU), órgano encargado de la concesión de licencias de exportación, en el caso de los sensores y cámaras térmicas vendidas a la Policía y al "sector de la investigación" de la República Popular China. También se refirió a las armas pequeñas y municiones exportadas a Filipinas en 2019 por más de 8 millones de euros.
En el caso de China, el Ejecutivo asegura que "fueron evaluados los productos por los expertos del Ministerio del Interior de España y, debido a las características de los mismos, no se detectó que pudieran darse desvíos a usos no deseados", alegó el Gobierno.
Respecto a las exportaciones de armamento a Filipinas –donde, según denunció Naciones Unidas en junio pasado, se han cometido "graves violaciones a los derechos humanos" por parte de las Fuerzas de Seguridad–, el Gobierno argumenta que "cada operación a este destino es analizada detenidamente" y que se tienen en cuenta el "respeto a los Derechos Humanos", la "situación interna" del país y el "riesgo de desvío" del material exportado, "además de exigir unas estrictas garantías de uso final".
"Criterio de precaución"
Sin embargo, el oscurantismo oficial en torno a esas autorizaciones provoca serias dudas entre los organismos de defensa de los derechos humanos. No en vano, el portavoz de AI reclamó que el Gobierno "prepare ya una nueva ley sobre esta cuestión que recoja las normas internacionales y se adopte un criterio de precaución en la autorización de venta de este material a países en los que, como Irak, Chile, Bolivia o Líbano, se han producido manifestaciones y uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad en 2019 y 2020".,...¡¡.,...))),...
[[[ "",... Nueve años de cárcel para el primer condenado por la ley de Seguridad Nacional en Hong Kong (msn.com) // :
Leon Tong Ying-Kit, el primer condenado bajo la temida ley de Seguridad Nacional en Hong Kong, tendrá que cumplir nueve años de cárcel. La sentencia ha sido emitida ese viernes, tres días después de que los jueces declararan culpable al joven de 24 años de los delitos de incitación a la secesión y terrorismo por haber estrellado contra tres policías la moto que conducía durante una manifestación, en la que llevaba una bandera con el lema “Liberar Hong Kong, revolución de Nuestra Era”.
En la sentencia, los tres jueces han impuesto al antiguo camarero una pena de 6,5 años de prisión por el delito de incitación a la secesión, y otra de ocho años por el de terrorismo. Aunque la mayor parte de ellas se cumplirán de manera simultánea, un total de 2,5 años de la correspondiente a terrorismo se completarán de modo consecutivo, para un total de nueve años.
En su sentencia, los jueces indican que “el tiempo total de condena refleja lo suficiente la culpabilidad del defendido en sus dos delitos y el aborrecimiento de la sociedad, al mismo tiempo, para lograr el necesario efecto disuasorio”.
Primer detenido
El joven había sido el primer detenido bajo la ley de Seguridad Nacional, en la primera jornada de vigencia de la medida tras su promulgación el 30 de junio del año pasado. El 1 de julio, aniversario de la vuelta de la antigua colonia británica a la soberanía china, la Policía había prohibido la marcha de protesta que tradicionalmente se celebra en esa fecha. Tong apareció en una de las avenidas del centro de la ciudad, frente a una fuerte presencia policial en uniforme antidisturbios, sobre su moto y arremetió contra tres de los agentes. El lema que lucía en una bandera negra era el eslogan de las manifestaciones masivas que paralizaron la antigua colonia en 2019.,...//,... ]]].
DIBUJO DE LOS GOBIERNOS VENDIENDO ARMAS ANTIDISTURBIOS Y DE GUERRA - Bing // :
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Estados Unidos revela en la ONU su plan para resolver la crisis de derechos humanos en Venezuela
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se erige en el ámbito para fomentar la negociación, entre el gobierno de Nicolás Maduro y los países que apoyan una evolución incruenta en Venezuela. De hecho, Estados Unidos se postula para liderar un mecanismo de alianzas que viene de ponerse en marcha en Ginebra, luego del informe de la Alta Comisionada Michelle Bachelet difundido hace pocos días, sobre persistentes violaciones de derechos humanos en la República Bolivariana.
Calcada de la ecuación que intenta reflotar Joe Biden para impedir que Iran se dote irreversiblemente de armamento nuclear, elucubrada por Barack Obama sin embargo aparcada por Donald Trump, los Estados Unidos proponen a Venezuela algo similar: levantar sanciones a cambio de elecciones libres y respeto de los derechos humanos. En ambas circunstancias, se impone la figura de Antony Blinken, asesor en política exterior de Obama, hoy jefe del Departamento de Estado con Biden, quien acaba de concertar en Ginebra una trama de voluntades, gestos y discursos coincidentes que no deja alternativa a la mayoría de los países de America Latina y de la Unión Europea, que preconizan una transición pacifica en Venezuela.
Ausente por voluntad propia tras renunciar al Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la OEA, si la diplomacia de Nicolás Maduro deseara romper su aislamiento internacional parece no tener mejor remedio que buscar una solución en el único órgano internacional que todavía integra: el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Las condiciones son propicias: Estados Unidos se ausentó en 2018, programando volver en 2022, en el cual ya se encuentran los otros 4 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, a saber, Rusia, China, Francia y Reino Unido, entre los 47 Estados que lo componen. Por América Latina y el Caribe, actualmente forman parte Venezuela, como se ha dicho, además de Bahamas, Brasil, Bolivia, Cuba, Uruguay, México y Argentina.
En la presente sesión del citado Consejo que finalizará este 15 de julio, la anteúltima de 2021, pese a ser aún país observador hasta fin de año, Estados Unidos ha conseguido uniformizar el discurso critico hacia Venezuela, morigerando su lenguaje y tejiendo complicidades que ha absorbido a los países del Grupo de Lima, mayoritario en América Latina, a los de la Unión Europea, más Japón, Israel, Nueva Zelandia, Australia, República de Corea y Suiza, 57 en total. En un discurso conjunto, co-firmado por Washington, no hay alusión a medidas coercitivas unilaterales contra Caracas.
Debe acotarse que durante en su intervención individual como país, Estados Unidos deslizó sutilmente su compromiso “a trabajar con socios y aliados para …., aplicar sanciones adecuadas, incluso contra funcionarios corruptos del régimen que socavan la democracia o abusan de los derechos humanos”. Hizo así compatible las medidas coercitivas unilaterales con las posturas de Michelle Bachelet y con varias oeneges venezolanas, que condenan tales medidas cuando afectan a la población, toda vez que las sostienen si se trata de personeros del gobierno Maduro.
Al respecto, Venezuela denunció que “el cerco financiero bloqueó el pago de varios millones de dolares al sistema COVAX para la adquisición de vacunas contra la pandemia” … y “no se ha podido recibir los repuestos ya pagados de Microscopios Electrónicos de la Universidad Central de Venezuela y del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, que se requieren para seguir operando”. Añadió que “mientras eso ocurre, Venezuela se enrumba (sic) nuevamente a una fiesta electoral, con la celebración de comicios regionales programados para noviembre de 2021”.
No desentonaron con ese contexto la Argentina y el Uruguay, que mantienen su independencia en el debate, no obstante coincidir que Caracas debe producir transformaciones sustanciales en materia de derechos humanos. “En línea con lo manifestado por un grupo de Estados”, en supuesta alusión al pronunciamiento conjunto de 57 de ellos antes aludido, Montevideo expuso su preocupación por “las persistentes y graves restricciones al espacio cívico y democrático”, constató “la urgente necesidad de garantizar la celebración de elecciones libres e independientes”, y pidió que se permita la apertura de una Oficina de Bachelet en Venezuela, y la visita de expertos de la ONU.
Argentina fustigó “el incremento de las sanciones económicas y financieras”, y a su vez reclamó “elecciones libres, justas, pacificas e independientes que incluyan las voces disidentes”. E instó “al gobierno de Maduro a “realizar investigaciones rápidas, exhaustivas e independientes”, particularmente sobre “las denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales en el contexto de operaciones de seguridad y protestas, llevando a los perpetradores ante la justicia y garantizando una reparación adecuada a las víctimas, así como poner fin a los ataques contra miembros de la oposición, medios de comunicación y defensores de derechos humanos”.
Consultadas varias organizaciones de la sociedad civil venezolana, que no vale la pena identificarlas, susceptibles de provocar represalias en su contra, las cuales siguieron las deliberaciones de Ginebra por el sistema audiovisual directo y público de la ONU, dieron cuenta que se agrava la crisis sanitaria. Criticaron el discurso gubernamental, que evita responsabilidades, y acusa a las sanciones internacionales de la ausencia de cumplimiento de sus evidentes e implícitas obligaciones. Solicitaron a la Alta Comisionada que continúe sus gestiones para revertir la ausencia de estadísticas oficiales y la falta de información pública en el país. Dijeron que los venezolanos desconocen el impacto de la pandemia. E ignoran los cronogramas y criterios en la actual campaña de vacunación contra el Covid-19.
Estos organismos de la sociedad civil apoyan la opinión de la Alta Comisionada Michelle Bachelet sobre la agudización de la emergencia humanitaria como consecuencia de las medidas coercitivas unilaterales contra el país, subrayando que la crisis es preexistente a las sanciones. Apuntaron, tal como lo han expresado desde 2019, con anterioridad a las medidas coercitivas unilaterales, que ya existían graves violaciones por parte del Estado venezolano al derecho a un nivel de vida adecuado, a consecuencia del desvío de recursos, la corrupción, la falta de mantenimiento de la infraestructura y el deterioro de los servicios básicos.
Reiteraron que se mantienen las restricciones al espacio cívico mediante campañas de criminalización y desprestigio contra militantes de derechos humanos. Alertaron que actualmente se promueven dos normativas que aumentan las restricciones: la Providencia Administrativa 002 y el proyecto de Ley de Cooperación Internacional. Y trajeron a colación lo sucedido en las últimas horas con las detenciones de los dirigentes civiles de “Fundaredes”, Javier Tarazona, quien padece una cardiopatía, Rafael Tarazona, y Omar de Dios García, dados originariamente por desaparecidos, posteriormente incomunicados, antes de ser imputados de “traición a la Patria, terrorismo e instigación al odio”.
Sin contacto con familiares y abogados, se les impuso a estas tres nuevas víctimas de la represión, una defensa pública, ardid ya conocido por las oeneges. Explicaron que consiste en presionar a las personas acusadas y privadas de libertad, cuando se acerca la fecha de la sentencia, para que se declaren culpables con la promesa de reducirles la pena. Las oeneges venezolanas compulsadas lamentaron que Michelle Bachelet, conociendo el caso, se limitó a solo pedir ayer “el acceso urgente a abogados defensores de su elección”, y no exigió asimismo la liberación inmediata de estos presuntos inocentes del activismo civil.,...¡¡.
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