lunes, 21 de junio de 2021

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 Terminó el escrutinio en Perú y ganó Castillo - Diario del Sur Digital - Noticias de Concordia y toda la región de Salto Grande // :

  • 16/06/2021

    El Fujimorismo perdió por tercera vez los comicios. -- Terminó el escrutinio en Perú y ganó Castillo

  • oncluyó el escrutinio y dio ganador al sindicalista de izquierda Pedro Castillo sobre Keiko Fujimori en el balotaje del 6 de junio • Todavía faltan resolver impugnaciones para proclamarlo presidente electo por parte del Jurado Nacional de Elecciones


    La autoridad electoral de Perú terminó este martes el escrutinio del balotaje presidencial del 6 de este mes, en el que el sindicalista de izquierda Pedro Castillo se impuso a la populista de derecha Keiko Fujimori, aunque aún faltaban otros trámites para su proclamación, en medio de una tensión agravada por la propuesta de anular esos comicios, hecha por algunas figuras relevantes y rechazada por la mayoría de dirigentes y especialistas.

    Castillo aventajó a Fujimori por 44.058 votos entre más de 17,6 millones de sufragios válidos (50,125% a 49,875%), según publicó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en su sitio web, al terminar de contar todas las actas de votación.

    El resultado es muy similar al de las elecciones presidenciales anteriores, en 2016, cuando el liberal Pedro Pablo Kuczynski venció en el balotaje a la misma Fujimori por 41.057 votos entre más de 17,1 millones de votos válidos (50,12% a 49,88%).

    No obstante, para que Castillo sea proclamado presidente electo aún falta que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resuelva solicitudes de anulación de la votación en cientos de mesas, hechas por los dos candidatos debido a supuestas irregularidades en la confección de las respectivas actas.

    El pleno del JNE continuaba este martes por la tarde deliberando y votando sobre esas solicitudes, en audiencia pública y transmitida en directo por televisión y redes sociales.

    Pero en paralelo, el clima de crispación a que dio lugar la demora en la resolución del balotaje se vio exacerbado en las últimas horas por la propuesta de que el Congreso desconozca las últimas elecciones, llame a nuevos comicios e incluso reemplace al presidente Francisco Sagasti.

    Esa idea fue sostenida, entre otros, por el congresista electo Jorge Montoya -vicealmirante retirado que presidió el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas entre 2007 y 2008-, los exlegisladores Víctor García Belaunde y Jorge del Castillo, y el empresario y reciente ex candidato presidencial Rafael López Aliaga.

    Montoya fue quien difundió el domingo un pronunciamiento de más de 60 oficiales superiores retirados de las tres fuerzas armadas que cuestionaron la labor de la ONPE y el JNE, y que generó un rotundo rechazo del Ministerio de Defensa.

    Entre los firmantes de esa declaración figuraron el expresidente de facto Francisco Morales Bermúdez, de 99 años, y el también general Walter Martos, que fue jefe de gabinete y ministro de Defensa en 2019-20, cuando el presidente era el luego destituido Martín Vizcarra.

    García Belaunde es el líder del partido de centro Acción Popular (AP, fundado por su tío, el dos veces presidente Fernando Belaunde Terry) y Del Castillo es uno de los principales dirigentes del Partido Aprista, heredero del APRA fundado por Víctor Haya de la Torre y después liderado por muchos años por el expresidente Alan García.

    El diario limeño La República afirmó que la propuesta de desconocer las elecciones viola varios artículos de la Constitución y sostuvo que sus autores podrían ser hallados culpables de delitos tales como rebelión y sedición, que se castigan con penas de hasta 20 años de cárcel.

    “Lo que hay que hacer es tener confianza, no debemos precipitarnos, menos aún mostrar palabras indebidas como fraude, y respetar los resultados con calma y tranquilidad”, pidió este martes por la mañana el presidente Francisco Sagasti en Puerto Maldonado, en el departamento amazónico Madre de Dios.

    “No podemos seguir sembrando dudas sobre el correcto desarrollo del proceso, debemos tener una actitud responsable sobre lo que informamos; deberíamos evitar la escalada de violencia, hacemos un llamado a las fuerzas políticas a respetar el orden institucional”, exhortó, por su parte, la presidenta de la Asociación Civil Transparencia, Adriana Urrutia, en declaraciones al canal estatal TV Perú.

    El vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana, cardenal Pedro Barreto, también sostuvo que “uno de los primeros aspectos para salir de este atolladero es cumplir fielmente la voluntad popular, que se manifiesta por los organismos electorales”, en los que subrayó que tenía “confianza plena y total”, según la agencia de noticias Andina.

    Con el aumento de la tensión, también se multiplicaron las voces que defienden el proceso electoral.

    “Muchos peruanos no hubieran querido estos resultados, pero nosotros fuimos los que decidimos, así que, por favor, les pido que asumamos la responsabilidad de nuestro voto, porque las reglas de juego han sido claras”, dijo el ex candidato presidencial Julio Guzmán, líder del Partido Morado al que pertenece Sagasti, tras visitar a Castillo, a quien reconoció como “presidente virtualmente electo”.

    Por otra parte, abogados de Fuerza Popular (FP, el partido de Fujimori) analizaban la posibilidad de interponer un recurso de amparo para obtener una medida cautelar que evitara la proclamación de Castillo como mandatario electo, aunque algunos de ellos admitieron que las decisiones del JNE “no son revisables”, según La República.

    En ese contexto, la asociación civil Abogados Democráticos del Perú recusó a Luis Arce Córdova, uno de los magistrados del JNE, por “conflicto de intereses, falta de transparencia y parcialización” a favor de FP, y reclamó que se abstuviera de intervenir en “cualquier procedimiento administrativo electoral en el que la agrupación Perú Libre (PL, el partido de Castillo) sea parte”.

    Más de una hora después de que se anunciara el final del escrutinio, ni Castillo ni Fujimori se habían pronunciado.

    “Nosotros, pacientemente, estamos esperando un resultado”, dijo el virtual presidente electo este lunes, en una breve declaración a corresponsales extranjeros, en la que remarcó que desde su partido no se alentarían llamados para “tumbarse una elección”, publicó Télam.

    La última aparición pública de Fujimori fue el lunes por la noche, cuando anunció en Twitter la incorporación de Oscar Urviola, expresidente del Tribunal Constitucional, a su equipo de abogados.


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    • Perú: reflejo golpista

      Sengo Pérez 

      19/06/2021

      Mientras ataca a periodistas y autoridades electorales, el fujimorismo intenta imponer la idea de un gigantesco fraude electoral digitado por el «comunismo internacional». La estrategia augura días turbulentos para el nuevo gobierno peruano.

      «Respeta mi voto» es el eslogan esgrimido a nivel nacional por los votantes de Keiko Fujimori. El sábado 12, en Lima, cientos de ellos se movilizaron para pedir la nulidad de las recientes elecciones. Desde un estrado que lucía la frase «Democracia sí, comunismo no», la líder de Fuerza Popular se dirigió a sus seguidores e insistió con la denuncia de un supuesto fraude cometido el 6 de junio. Según los últimos datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, luego del largo recuento que terminó este miércoles, el 6 de junio Pedro Castillo ganó con un 50,13 por ciento de los votos, frente al 49,88 por ciento obtenido por la hija de Alberto Fujimori. Con la totalidad de las actas contabilizadas, la diferencia de votos es de 44.058. Todos los observadores internacionales, incluido el equipo de la Organización de Estados Americanos en el país, han concluido que las elecciones del domingo 6 se desarrollaron con total normalidad y que no se detectaron irregularidades.

      Es democracia si gana ella

      La estrategia actual del fujimorismo parece ser la de instalar la idea de un gigantesco fraude en la opinión pública, como mácula que deslegitime el futuro gobierno de Castillo, que deberá enfrentar un Congreso en extremo dividido, en el que no tiene mayoría. «Se tiene que anular este vil proceso», dijo en su cuenta de Twitter, este martes 15, Rafael López Aliaga, líder del ultraderechista Renovación Popular, tercero en la primera vuelta de las elecciones. López Aliaga replicaba así las palabras del empresario Rafael Vanegas, quien, en una columna bajo ese título, acusó a la penetración del «comunismo internacional» de estar detrás de un «fraude hormiga» ejecutado en Perú por el Foro de San Pablo para «vulnerar el derecho ciudadano al libre voto». Algo similar dijeron ese mismo día algunos comunicadores peruanos, como el conductor televisivo Phillip Butters, que llamó en vivo a los seguidores de Fujimori a «tomar el palacio» de gobierno y «sacar en pijamas» a Francisco Sagasti, actual presidente en ejercicio, ya que, de otra manera, los miembros de Perú Libre, el partido de Castillo, «harán cualquier barbaridad, inclusive matar» para consumar su supuesto fraude.

      En tanto, el vicealmirante en retiro, expresidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y hoy congresista electo por Renovación Popular, Jorge Montoya, consideró que los organismos electorales deben realizar «una nueva segunda vuelta». Para el exmarino, «hay muchos indicios de que hubo un mal manejo electoral». «Ante esa situación, y la demora de no proclamar los resultados, lo más saludable para no seguir calentando a la población es poner un punto final al tema, [ya que] la legitimidad del futuro gobernante será nula ante las decenas de irregularidades en este proceso electoral con una frágil gobernabilidad y estabilidad», sostuvo en su cuenta de Twitter. «Anular y convocar a nuevas elecciones», insistió, «será la solución más prudente para evitar la posible ingobernabilidad que se avecina», dijo, augurando tiempos difíciles para el nuevo gobierno.

      El vicealmirante no fue el único de los exuniformados en cuestionar a las autoridades electorales. En un comunicado firmado el lunes 14, 23 generales de Ejército, 22 vicealmirantes de la Marina y 18 tenientes generales de la Fuerza Aérea en condición de retiro cuestionaron la limpieza de las recientes elecciones, atacaron el trabajo del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y pidieron la salida de su presidente. Uno de los firmantes preocupados por la democracia es el exdictador Francisco Morales Bermúdez, quien presidió Perú entre agosto de 1975 y julio de 1980. Morales Bermúdez está vinculado a numerosas violaciones a los derechos humanos en el marco del Plan Cóndor, por cuya causa fue condenado a cadena perpetua en enero de 2017 por un tribunal de Roma.

      El comunicado no fue del agrado del Ministerio de Defensa, que salió al cruce de estas opiniones: «Lamentamos el uso político de las Fuerzas Armadas, ya que ello no solo mella su institucionalidad, sino que genera zozobra y división en momentos en los que el país requiere unidad». En el comunicado ministerial también se anuncia que se «tomará acciones legales» por el uso indebido de los emblemas de las instituciones armadas. Hasta ahora los mandos en actividad de las Fuerzas Armadas han mantenido una rigurosa neutralidad, a pesar de los deseos y pedidos de golpe militar que salen de diferentes tiendas políticas.

      Carrera contra el tiempo

      La disputa en las urnas también ha dejado lugar, por estos días, a una guerra de abogados. Los de Fujimori alegan que existió un inédito fenómeno de suplantación de electores en las mesas receptoras de votos, y apuntan a presuntas diferencias entre las firmas allí estampadas y las existentes en los DNI de los votantes correspondientes. Varios de los supuestos defraudados, sin embargo, lejos de protestar por haber sido utilizados, han salido en las redes sociales a aclarar que no, que son ellos efectivamente los que votaron, y que sí, que votaron por Pedro Castillo. Sea como fuera, los números no parecen jugar a favor de Fujimori. Este domingo, el portal investigativo Ojo Público reveló que de los más de 900 pedidos de nulidad que los abogados de la candidata derechista habían anunciado que presentarían, ante la Justicia electoral, solo 135 fueron enviados dentro de los plazos legales. De ellos, para el pasado fin de semana, 112 ya habían sido rechazados por las autoridades como improcedentes, tras su estudio en primera instancia.

      En plena batalla judicial, el abogado de Perú Libre, José Luis Saavedra Barrantes, dijo al diario peruano La República que denunciará a la personera legal del fujimorismo, Milagros Takayama, y a la propia Keiko Fujimori por irregularidades en los trámites de presentación de los recursos de nulidad. Desde el partido del presidente electo sostienen que Fuerza Popular ha llegado a presentar el mismo voucher o constancia de pago necesario para ese trámite en varias impugnaciones en diferentes localidades, lo que se considera un ilícito procesal. Lo cierto es que el fujimorismo ya anunció que apelará lo resuelto en primera instancia por la Justicia electoral, lo que alargará el proceso para la proclamación oficial de un vencedor.

      Los jurados electorales tienen tres días para pronunciarse sobre los pedidos de nulidad, y tres días más para responder en caso de apelación. Si se da lugar a esa medida, el JNE deberá expedirse al respecto, lo que, ante la acumulación de «carga procesal», podría llevar hasta tres semanas más, según informaron las autoridades. En la actual etapa, que se viene realizando desde el 14 de junio, resolverán las apelaciones sobre los pronunciamientos referidos a las actas observadas. Posteriormente, se revisarán los pedidos de nulidad. Las sesiones están siendo transmitidas en vivo, y en ellas se expresan los alegatos de las partes reclamantes y la deliberación de los miembros del Pleno del JNE. La decisión final será trasladada a los entes locales para dar los resultados en sus respectivas jurisdicciones, luego el jurado proclamará el resultado de la segunda vuelta y dará la credencial respectiva al presidente electo.

      Presiones y amenazas

      Decenas de seguidores de Fuerza Popular mantienen una vigilia frente al domicilio del presidente del JNE, Jorge Salas, cuyo comienzo coincidió con el inicio del conteo de votos del balotaje. Según informa Ojo Público, también han convocado a manifestaciones en torno a la casa del fiscal del caso Lava Jato, José Domingo Pérez, quien lidera las investigaciones por corrupción contra Fujimori. Tanto Salas como Pérez han pedido que se les amplíe la protección policial que reciben.

      Además, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú denunció este jueves las constantes amenazas y agresiones recibidas en las últimas semanas por Paola Ugaz, corresponsal en Perú del diario español Abc, y por Jacqueline Fowks, corresponsal de Brecha y El País de Madrid. La Federación Internacional de Periodistas señaló, por su parte, que «estas agresiones por la labor periodística de Ugaz y Fowks tienen un origen en común: grupos de seguidores de la candidata del Frente Popular que sostienen la teoría del supuesto fraude electoral y consideran “cómplices” a las trabajadoras de prensa que no informan en ese sentido». «Estas actitudes no han sido desalentadas desde la conducción del fujimorismo, y esa omisión no hace otra cosa que colaborar para que continúen», advierte la organización.

      Mientras tanto, el líder de Perú Libre permanece a la espera de su proclamación oficial y, aunque ha evitado arrogarse el triunfo de forma explícita, ha pedido respetar los resultados y se ha mostrado confiado de su futura proclamación. «Un nuevo tiempo se ha iniciado, millones de peruanos se han alzado en defensa de su dignidad y justicia», escribió esta semana en sus redes sociales. «Gracias a los pueblos de todo el Perú que desde su diversidad y fuerza histórica me han brindado su confianza», añadió.

      Además, desde el balcón de su local de campaña en Lima afirmó: «No somos chavistas, no somos comunistas, somos trabajadores, somos emprendedores y garantizaremos una economía estable, respetando la propiedad privada, respetando la inversión privada y por encima de todo respetando los derechos fundamentales, como el derecho a la educación y la salud». «No habrá expropiaciones, ni estatizaciones, ni controles de precios», dijo esta semana, por su parte, uno de sus asesores económicos, Pedro Francke, en entrevista con El País de Madrid.

      La proclamación del nuevo presidente de Perú podría demorarse hasta la primera semana del próximo mes, aunque la estrategia del fujimorismo busca llegar al 28 de julio, fecha del cambio de mando sin presidente electo. En ese caso, el presidente del Congreso, con una mayoría de fujimoristas y aliados, tomaría las riendas del país. ¿Un posible candidato? El mencionado vicealmirante retirado Jorge Montoya. Mientras tanto, campesinos y ronderos, llegados a Lima desde el interior de Perú, realizarán una masiva manifestación en el corazón de la capital, este sábado, en apoyo a Castillo.

       
      Periodista, fotógrafo y escritor uruguayo, corresponsal de Brecha.
      Fuente:
      Brecha, 18 de junio 2021
      Temática: 
      ,...¡¡¡.





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      MERCENARIOS DE UN EJÉRCITO SECRETO por Higinio Polo

      www.mundoobrero.es

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      El Pentágono ha organizado en la última década fuerzas secretas que cuentan con unos 60.000 miembros entre soldados, civiles y mercenarios

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      Las privatizaciones, la desregulación laboral y la eliminación de controles del Estado que tanto han deteriorado las condiciones de vida de los trabajadores, han hecho también la fortuna de muchas empresas de mercenarios.

      Los gobiernos neoliberales (EEUU y otros aliados de la OTAN, además de Arabia e Israel), que han hecho uso constante de las operaciones secretas, del recurso a empresas fantasma y paraísos fiscales, violando el derecho internacional y utilizando los mecanismos de la corrupción, enrolando a mercenarios y ex militares de distintos países para operaciones terroristas ocasionales, han privatizado también una parte de sus dispositivos militares. Washington incluso ha creado un entramado secreto para actuar en todo el mundo, violando su propia legislación.

      En mayo de 2021, el semanario Newsweek publicó una información, firmada por William M. Arkin, que daba cuenta de la dimensión de las unidades secretas que mantiene el ejército estadounidense y que se ha ocultado al Congreso violando la ley y las Convenciones de Ginebra. Se basaba en una investigación que ha durado dos años: según esas revelaciones, el Pentágono ha organizado en la última década fuerzas secretas que cuentan con unos 60.000 miembros entre soldados, civiles y mercenarios en un programa denominado Signature Reduction.

      Participan en él más de cien empresas y decenas de organizaciones gubernamentales también secretas. El total de miembros de los servicios de inteligencia y de organismos encubiertos es información clasificada, pero el Washington Post publicó en agosto de 2013 el “presupuesto negro” de las agencias de inteligencia norteamericanas que había facilitado Snowden, fijando en unos 22.000 los miembros de la CIA en ese año, que cuenta además con unos seis mil miembros clandestinos.

      En ese programa Signature Reduction, los grupos de operaciones especiales, asesinos letales, cuentan con unos 30.000 miembros, y actúan en todo Oriente Medio, desde Siria a Paquistán y Yemen, pero también en el interior de países enemigos como Irán y Corea del Norte. Operan en la denominada “zona gris”: conflictos y focos de tensión que no son guerras abiertas, y, por supuesto, en China y Rusia. El segundo componente más numeroso del programa lo componen espías y agentes de inteligencia, que trabajan con identidad falsa en múltiples países. Un tercer grupo, muy numeroso, trabaja en internet, en redes sociales, recoge información, organiza campañas, borra huellas de actividades, asegura la circulación de sus agentes clandestinos, manipula registros oficiales y aduaneros, crea incluso vidas ficticias en internet (correos electrónicos, cuentas bancarias y de Twitter, Facebook, Instagram, tarjetas de crédito, etc) para las identidades falsas.

      Ha sido una práctica habitual del Pentágono y del gobierno estadounidense. En los primeros años de la guerra en Iraq, el Washington Post calculó que de las cien mil personas que contrató el gobierno de Bush para actuar en el país la mitad eran mercenarios de empresas militares privadas: más de doscientas intervinieron, la mayoría ilegales. Hoy, Washington sigue organizando grupos terroristas que cambian con frecuencia de nombre o, simplemente, actúan de forma anónima en diferentes escenarios. Lo hicieron en Ucrania antes del Maidán, y pretendieron hacerlo en Bielorrusia.

      Esos mecanismos fueron utilizados en Yugoslavia, en la guerra de Kosovo, en Iraq, en la voladura de Siria, en la destrucción de Libia, y explican también muchos de los atentados terroristas que se producen en regiones donde el Pentágono desarrolla intervenciones clandestinas: bombas que estallan en Irán, atentados en el Beluchistán pakistaní contra ingenieros chinos, o secuestros de trabajadores chinos en Sudán y Egipto; atentados con centenares de muertos en Sri Lanka, un país que acordó con Pekín la cesión del puerto de Hambantota para la nueva ruta de la seda. También en actos terroristas en Xinjiang y Tíbet, y en el Cáucaso ruso.

      El ministerio de Seguridad chino dio cuenta de que solo entre 2010 y 2015, en distintos países del mundo, ciudadanos chinos fueron víctimas de más de trescientos cincuenta episodios violentos, desde atentados terroristas a secuestros. Tras muchos de ellos no es aventurado imaginar la mano de mercenarios, de milicias violentas subcontratadas y de grupos de operaciones especiales de ese ejército secreto del programa Signature Reduction que ha organizado el Pentágono cuyas ráfagas de muerte pueden alcanzar cualquier lugar del planeta.,...¡¡¡.



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      LA VICTORIA DE CASTILLO UN TERREMOTO POLÍTICO

      por Jorge Martín | COLAREBO

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      La victoria de Pedro Castillo en las elecciones presidenciales peruanas es un gran terremoto político, que refleja la enorme polarización social y política en el país andino. La clase dominante ha sufrido una derrota masiva por parte de las masas, de la mano del sindicalista magisterial combativo a la cabeza de un partido, Perú Libre, que se describe como marxista, leninista y mariateguista.

      El recuento fue un proceso lento y doloroso, y el resultado decisivo no fue claro hasta el final, tres días después del cierre de las urnas el 6 de junio. En el momento de redactar este artículo, con el 99,795 por ciento de los votos contados, Pedro Castillo tiene 8,735,448 votos (50.206 por ciento), lo que le da una pequeña pero irreversible ventaja sobre su rival, la populista de derecha Keiko Fujimori, quien obtuvo 8,663,684 votos (49.794 por ciento).

      Incluso ahora, los resultados oficiales no se han proclamado. El equipo de Fujimori alega fraude y está preparando decenas de apelaciones. Las masas están dispuestas a defender el voto en las calles. Hay reportes de que 20.000 ronderos (miembros de las milicias de autodefensa campesina creadas durante la guerra civil en la década de 1990, de las cuales Castillo es miembro) están viajando a la capital para defender la voluntad del pueblo. Hoy, 9 de junio, se ha convocado una manifestación masiva en Lima, donde la gente se ha reunido durante tres noches seguidas frente a la sede electoral de Castillo.

      Fue la extrema fragmentación del voto en la primera vuelta lo que permitió a Castillo pasar a la segunda vuelta con apenas el 19 por ciento. Sin embargo, su éxito electoral no es casualidad. Es una expresión de la profunda crisis del régimen en Perú. Décadas de políticas de privatización y liberalización contra la clase trabajadora en un país extremadamente rico en recursos minerales han dejado un legado de democracia burguesa basada en la extrema disparidad de riqueza y la corrupción generalizada.

      Cinco ex presidentes están en la cárcel o acusados ​​de corrupción. Todas las instituciones de la democracia burguesa están extremadamente desacreditadas. Las manifestaciones masivas de noviembre de 2020 fueron una expresión de la profunda ira acumulada en la sociedad peruana.

      A esto hay que sumar el impacto de la pandemia de la COVID-19 y la crisis capitalista. El país sufrió una de las peores contracciones económicas en América Latina con un 11 por ciento de caída del PIB, y ha registrado el peor porcentaje de exceso de muertes y la peor tasa de mortalidad en todo el mundo, mientras que los ricos y políticos gubernamentales se vacunaron antes que nadie.

      Un voto por un cambio radical

      Las masas de obreros y campesinos querían un cambio radical y eso es precisamente lo que representa Pedro Castillo a sus ojos. Su campaña tuvo dos ejes políticos principales: la renegociación de los términos de los contratos con las multinacionales mineras (y si se niegan, serían nacionalizadas) y la convocatoria de una Asamblea Constituyente para acabar con la constitución de 1993 redactada durante la dictadura de Fujimori (el padre de la candidata Keiko).

      Sus principales consignas electorales: “no más pobres en un país rico” y “palabra de maestro” resonaron en los oprimidos, los trabajadores, los pobres, los campesinos, los oprimidos, los indígenas quechuas y aymaras, particularmente en las zonas obreras y pobres alejadas de los círculos de clase alta de piel clara de Lima.

      La autoridad de Castillo proviene de haber desafiado a la burocracia sindical para liderar la huelga de maestros de 2017. Para los obreros y campesinos, es uno de los suyos. Un humilde maestro rural de raíces campesinas que ha prometido vivir del salario de su maestro cuando asuma la presidencia. Su atractivo es precisamente el de ser un antisistema por la izquierda. Su popularidad revela un profundo descrédito de la democracia burguesa y de todos los partidos políticos (incluidos los principales partidos de la izquierda).

      Aunque Keiko Fujimori no era su candidata favorita, toda la clase dominante peruana cerró filas detrás de ella en la segunda vuelta. Su campaña fue brutal. Las vallas publicitarias en Lima proclamaban “El comunismo es pobreza”, y se amenazaba con las siete plagas si Castillo ganaba las elecciones. Se le acusaba de ser “el candidato del violento Sendero Luminoso” en un terruqueo que no caló. El premio Nobel Vargas Llosa, quien en el pasado se opuso al gobierno de Alberto Fujimori desde un punto de vista liberal burgués, escribió furiosos artículos de opinión afirmando que una victoria para Castillo significaría el fin de la democracia.

      A pesar de todo eso, o quizás precisamente por el odio que provocó entre la clase dominante, Castillo arrancó la campaña de la segunda vuelta con 20 puntos de ventaja sobre su rival. Esa ventaja se redujo a medida que se acercaba el día de las elecciones. En parte porque la campaña de odio empujó a los votantes vacilantes hacia Keiko Fujimori, pero también en parte porque Castillo intentó rebajar el tono de su mensaje y moderar sus promesas.

      Si bien en la primera vuelta había prometido convocar una Asamblea Constituyente a toda costa, ahora dijo que respetaría la Constitución de 1993 y pediría al Congreso (donde no tiene mayoría) que llamara a un referéndum para decidir si convocar una Asamblea Constituyente. Si bien en la primera ronda dijo que nacionalizaría las minas, ahora enfatizó que primero intentará renegociar los contratos. Cuanto más hizo eso, más se redujo su ventaja, hasta un punto en el que el día de las elecciones su victoria fue muy ajustada.

      Contradicciones de clase

      Sin embargo, la estrecha victoria enmascara la aguda polarización de clases del país. Fujimori ha ganado en Lima (65 a 34) e incluso aquí sus mejores resultados están en los distritos más ricos: San Isidro (88 por ciento), Miraflores (84 por ciento) y Surco (82 por ciento). Castillo ha ganado en 17 de los 25 departamentos del país, con victorias masivas en las regiones andinas y del sur más pobres: Ayacucho 82 por ciento, Huancavelica 85 por ciento, Puno 89 por ciento, Cusco 83 por ciento. También ganó en su Cajamarca natal (71 por ciento), una región donde ha habido protestas masivas contra la minería.

      En los últimos días de la campaña, Keiko Fujimori, en un estilo populista clásico, prometió transferencias directas de dinero de los pagos de las empresas mineras a la población de los pueblos donde se encuentran las minas. Este fue un intento de alejar a los votantes de la propuesta de Castillo de cambiar los contratos para beneficiar a toda el pueblo. Los votantes eligieron a Castillo masivamente en todos los pueblos mineros: en Chumbivilcas (Cusco), 96 por ciento, Cotabambas (Apurímac), la base de la mina china MMG Las Bambas, más del 91 por ciento, Espinar (Cusco), donde opera Glencore, más de 92 por ciento; Huari (Áncash) donde hay una mina conjunta BHP Billiton – Glencore, más del 80 por ciento.

      Las masas de trabajadores y campesinos que apoyan a Castillo estaban dispuestas a salir a las calles a defender su victoria, mientras Fujimori gritaba fraude y apelaba los resultados. En los días previos a las elecciones e inmediatamente después ha habido rumores de golpe militar. Destacados partidarios de Fujimori pidieron al Ejército que intervenga para evitar que Castillo tome el poder.

      No hay duda de que un sector de la clase dominante en Perú está en pánico y utilizó todos los medios a su alcance para evitar que Castillo ganara las elecciones. Lo ven como una amenaza a su poder y privilegios y la forma en que han gobernado el país desde su independencia hace 200 años.

      Hasta ahora, parece que han prevalecido los elementos más cautelosos de la clase dominante. Un editorial del principal periódico burgués La República describió a Fujimori como un irresponsable por gritar fraude. “Apelemos al liderazgo sensato y meditado de líderes políticos y autoridades. Necesitamos tranquilizar las calles del interior del país, que bullen entre la desconfianza y el hartazgo”. Eso es lo que les preocupa. Cualquier intento de robarle la elección a Castillo sacaría a las calles a las masas de trabajadores y campesinos, radicalizándolas aún más.

      Todo esto da una idea de lo que enfrentará Castillo una vez que asuma el cargo. La clase dominante y el imperialismo recurrirán a todos los medios necesarios para evitar que gobierne realmente. Hemos visto el mismo guión en el pasado contra Chávez en Venezuela. Destacados miembros de la oposición venezolana golpista estaban en Lima para respaldar a Fujimori antes de las elecciones y eso no es casualidad. Utilizarán el Congreso y las otras instituciones burguesas, los medios de comunicación, el aparato estatal (hasta e incluido el ejército), el sabotaje económico, para limitar su capacidad de implementar sus políticas.

      Defiende la victoria: prepárate para la batalla

      El programa de Castillo, a pesar de las referencias a Marx, Lenin y Mariátegui en los documentos de Perú Libre, es de desarrollo nacional capitalista. Plantea utilizar la riqueza mineral del país para programas sociales (principalmente educación) y trabajar con los «empresarios nacionales productivos» para «desarrollar la economía». Sus modelos son Correa de Ecuador y Morales de Bolivia.

      El problema es que esos responsables capitalistas “productivos nacionales” no existen. La clase dominante peruana, los banqueros, terratenientes, capitalistas, están estrechamente vinculados a los intereses de las multinacionales y del imperialismo. No les interesa ningún «desarrollo nacional», sino su propio enriquecimiento.

      Castillo ahora se enfrentará a un dilema. Por un lado, puede gobernar a favor de las masas de trabajadores y campesinos que lo han elegido, lo que significaría una ruptura radical con los capitalistas y las multinacionales. Eso solo se puede hacer apoyandose en la movilización de masas extraparlamentaria. O puede ceder, suavizar su programa y adaptarse a los intereses de la clase dominante, lo que significa que será desacreditado entre quienes han votado por él, preparando su propia caída. Si intenta servir a dos amos (los trabajadores y los capitalistas) al mismo tiempo, no complacerá a ninguno de los dos.

      En un intento de tranquilizar a “los mercados”, que estaban nerviosos durante el conteo, el equipo de Castillo emitió un comunicado que vale la pena citar en profundidad: “En un eventual gobierno del profesor Pedro Castillo Terrones, candidato presidencial de Perú Libre, respetaremos la autonomía del Banco Central de Reserva, que ha realizado una buena labor manteniendo la inflación baja durante más de dos décadas. Reiteramos que no hemos considerado en nuestro plan económico estatizaciones, expropiaciones, confiscaciones de ahorros, controles de cambios, controles de precios o prohibición de importaciones. La economía popular con mercados que preconizamos promueve el crecimiento de las empresas y negocios, en particular la agricultura y las pymes, con el fin de generar más empleos y mejores oportunidades económicas para todos los peruanos. Mantendremos un diálogo abierto y amplio con los diversos sectores de empresarios y emprendedores honestos, cuyo rol en la industrialización y desarrollo productivo es fundamental. Garantizar el derecho a la salud y la educación para todos requiere mejorar la calidad y aumentar el gasto social, lo que debe fundamentarse en reformas tributarias a la minería para elevar la recaudación en el marco de una política de sostenibilidad fiscal, con reducción paulatina del déficit público y respetando todos los compromisos de pago de la deuda pública peruana” (énfasis mío).

      El propio Castillo declaró: “Acabo de tener conversaciones con el empresariado nacional, que está mostrando el respaldo al pueblo. Haremos un Gobierno respetuoso de la democracia, de la Constitución actual. Haremos un Gobierno con estabilidad financiera y económica». Toda la experiencia muestra que lo que la clase dominante describe como «estabilidad financiera y económica», en realidad significa hacer que los trabajadores y los pobres paguen por la crisis de su sistema garantizando las mejores condiciones posibles para la realización de las ganancias capitalistas. El pago de la deuda está en contradicción directa con la aplicación de una política de gasto social. A todo esto Castillo debería oponer los intereses generales de los trabajadores y campesinos. No hay camino intermedio.

      Por ahora, las masas peruanas celebran y permanecen en guardia para defender su victoria. La lucha apenas ha comenzado. Cada paso adelante que dé Castillo debe ser apoyado. Sus vacilaciones o retrocesos deben ser criticados. Los obreros y campesinos sólo pueden confiar en sus propias fuerzas y estas deben movilizarse para asestar golpes contra la oligarquía.

      Mariátegui, en la conclusión de su “Punto de vista antiimperialista”, tesis que presentó a los latinoamericanos Conferencia de Partidos Comunistas en 1929, dijo:

      «En conclusión, somos anti-imperialistas porque somos marxistas, porque somos revolucionarios, porque oponemos al capitalismo el socialismo como sistema antagónico, llamado a sucederlo, porque en la lucha contra los imperialismos extranjeros cumplimos nuestros deberes de solidaridad con las masas revolucionarias de Europa.»

      Su punto de vista es hoy más relevante que nunca.

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