ES CURIOSO QUE ESTE LIBRO, SOBRE AMÉRICA LATINA CUENTE COSAS HISTÓRICA-ECONÓMICAS-POLÍTICAS,...SIMILARES O IGUALES QUE HA-LAS SUCEDIDO-DAS EN LA UNIÓN PANEUROPEA, EN LA REGIÓN EUROASIÁTICA MÁS-MENOS,...EN EE.UU, DEL N.; ÁFRICA Y LA REGIÓN ÁRABE,...EN OCEANÍA,...???¡¡¡¡.
Índice
Introducción
Presentación
I. Elites y la captura del Estado
1.
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/mexiko/15968.pdf
Francisco Durand:
El debate sobre la captura del Estado en América Latina y la vuelta del instrumentalismo, con referencia
especial a Perú.
2.
Thomas Chiasson-LeBel:
Tres períodos de relaciones entre las élites y el Estado: Una comparación entre los casos de Venezuela y
Ecuador.
3.
Ramón Fogel, Sara Costa y Sintya Valdez:
El agronegocio y los mecanismos de la desigualdad
en Paraguay: un análisis de la captura de la política
tributaria.
4.
Carlos Velásquez Carillo:
La reconsolidación del régimen oligárquico en El
Salvador: Los ejes de la transformación neoliberal.
6
13
43
93
137
179
II. Elites Agrarias y Configuraciones de Poder
5.
Cristóbal Kay:
Procesos de concentración de la tierra y del capital
y la precarización del trabajo rural en la era de la
globalización neoliberal.
6.
Simón Granovsky-Larsen:
Tierra y reconfiguración del poder en la Guatemala
postconflicto.
7.
Sandra Polo Buitrago:
Las decisiones del Estado a favor del gran capital: el
problema agrario en Colombia, siglo XX-inicios del
siglo XXI.
8.
Alberto Riella y Paola Mascheroni:
Expansión agraria y concentración capitalista en el
Uruguay progresista.
III. Perfiles distributivos: grupos económicos, ingresos y bienes
9.
Diego Sánchez-Ancochea:
La economía política de la desigualdad en el nivel
más alto del Chile contemporáneo.
10.
Raúl Prada:
Genealogía del poder y geopolítica de la economía
una mirada desde Bolivia.
219
249
277
301
325
365
5
1
1.
Alberto Acosta, John Cajas:
El “hocico de lagarto” ecuatoriano: Entre desigualdades coyunturales y estructurales.
IV. Elementos de la compleja reconfiguración del poder
12.
Raúl Zibechi:
Una nueva derecha militante y con apoyo ‘popular’
en Brasil.
13.
Roberto López:
Grupos de presión y concentración mediática:
El caso de Grupo Clarín en Argentina.
V. Alternativas frente al capitalismo
14.
Enrique Leff:
Decrecimiento o deconstrucción de la economía:
Hacia un mundo sustentable.
15.
Arturo Escobar, Ashish Kothari, Alberto Acosta,
Federico Demaria, Ariel Salleh:
Encontrando senderos pluriversales.
401
445
463
487
499
6
Los doce apóstoles de la ec...
2017
Peru: Elite Power and Polit...
2017
Odebrecht, la empresa...
2018
Cuando el poder extractiv...
2016
La captura del Estado en Améri...
2019
Para estudiar la concentración económica y el poder político en América Latina es indispensable plantear cuestionamientos metodológicos,
teóricos y empíricos. También es pertinente preguntarnos sobre el contexto histórico en que se desenvuelven los grupos económicos en la región, identificar el proceso de consolidación a lo largo de su trayectoria
y preguntarnos de dónde surgieron y en qué condiciones se han fortalecido. En este sentido, el libro que aquí ofrecemos es una iniciativa colectiva de intelectuales comprometidos a denunciar, reflexionar, debatir y
proponer alternativas al capitalismo.
En cada país de América Latina, las corporaciones ejercen su poder. En
esta obra evidenciamos la precariedad de los sistemas políticos locales
para controlarlas y su predisposición para direccionar su política económica en articulación con los grupos financieros. En la actualidad
podemos ver que “todos los Estados han perdido poder frente a las organizaciones económicas supranacionales”,1
tesis que nos obliga a reconocer que los gobiernos nacionales no son los únicos actores que dirigen
las políticas públicas, sino que la influencia de estos poderes fácticos es
cada día más evidente y cotidiana.
David Harvey2
afirma que el modelo primario exportador, arraigado en
la división internacional del trabajo, es la punta de lanza del capitalismo, se basa en el despojo, modifica las condiciones climáticas del planeta y disminuye la democracia. La historia nos demuestra que los grupos
económicos se articulan con los Estados para concentrar, incrementar y
diversificar sus ramas económicas con el objetivo de acrecentar su acumulación.
Para lograr incidencia en los territorios, los grupos económicos ejercen
diversas estrategias que varían según las condiciones de cada empresa.
1 G. Arrighi y B. Silver. (1999). Chaos and Governance in the Modern World System. Minneapolis: University of Minnesota Press.
2 D. Harvey. (2014). 17 contradicciones y el fin del capitalismo. Quito: IAEN.
Introducción
7
3 B. R. Schneider. (2004). Business Politics and the State in 20th Century Latin America. Nueva York:
Cambridge University Press.
4 L. Whitehead. (2011). Democratización. Teoría y experiencia. México: Fondo de Cultura Económica.
5 G. Arrighi. (1999). El largo siglo XX. Dinero y poder en los orígenes de nuestra época. Madrid: Akal, p. 25.
De acuerdo con Ben Ross Schneider,3
el poder empresarial tiene cuatro
canales principales:
1. La consulta institucionalizada en el proceso de elaboración de políticas, con frecuencia a través de asociaciones empresariales;
2. el cabildeo ante el Congreso y el Ejecutivo;
3. la financiación de campañas; y
4. el poder estructural como consecuencia de la movilidad internacional de la inversión y el capital.
Hay que reconocer, empero, que los gobiernos también necesitan de las
empresas en general –particularmente las exportadoras–, sobre todo
para solventar sus déficits en balanza comercial, balanza de pagos e ingreso de divisas. Whitehead afirma que “los gobiernos dependen en alto
grado del acceso a mercados de capitales internacionales, con el fin de
mantener la estabilidad económica dentro de sus países; la alianza con
las empresas, por lo tanto, se convierte en una alta prioridad política”.4
Esta lectura de la realidad compleja nos ofrece una ecuación enmarañada:
empresas + gobiernos = captura del Estado.
En este sentido, analizar los grupos económicos implica una lectura crítica del modelo de
acumulación; evidenciando la relación entre las empresas y el Estado se
puede llegar a descubrir los lazos entre las élites económicas y las élites
políticas. Reconocer este vínculo nos permite, a su vez, entender su influencia y las razones por las cuales las políticas públicas se encaminan
en la dirección que las grandes empresas desean.
En los años noventa, Fernand Braudel afirmaba que “el capitalismo tan
solo triunfa cuando llega a identificarse con el Estado, cuando es el Estado”.5
En el siglo XXI, es claro que las corporaciones transnacionales no
le deben lealtad, ni se sienten a gusto en ningún país debido a que se
8
desligan de la territorialidad de un Estado; por esta razón, Kindleberger
y Aliber aseveran que “el Estado nación ha sido superado como unidad
económica”;6 por lo tanto, la fortaleza de las corporaciones no está en el
arraigo territorial, sino en su masiva presencia global.
Constituir la legitimidad y el poder corporativo global no ha sido una
cuestión de azar; por el contrario, estos grupos económicos se han ido
configurando durante siglos. Surgen con el apoyo estatal, maduran al
consolidar su hegemonía dentro del Estado y finalmente pasan de ser
agencias familiares a corporaciones verticales y burocráticas. Todo este
proceso consolida un modelo de acumulación y expansión en beneficio de unos pocos capitales que mantienen lazos familiares entre sí y
que miran a la naturaleza como una fuente inagotable de recursos que
creen que les pertenece.
La agroexportación y la extracción de materias primas –sobre todo agrícolas, minerales y energéticas– han sido las principales vías recorridas
por los gobiernos de la región para insertarse en la economía mundial.
Esta historia es larga en América Latina, ya que se remonta a la época colonial, precediendo a las repúblicas. En años más recientes, bajo lo que
Maristella Svampa definió como “el consenso de los commodities”, todos
los gobiernos de la región, sin distinguir entre ideologías, ampliaron las
fronteras extractivistas con miras a los mercados internacionales y la
arraigada división internacional del trabajo.
Los gobernantes asumen las exportaciones primarias como el camino
fácil para financiarse, aun cuando una porción considerable de las divisas que generan estos rubros quedan fuera de los países, ya sea por la
remisión de utilidades de las grandes corporaciones o por la fuga de
capitales a paraísos fiscales provocada por las élites locales. Estas últimas tienden a ser intermediarias y rentistas. Así, un mayor ingreso de
recursos provenientes de dichas exportaciones, sin afectar la matriz productiva ni la lógica de acumulación del capital, ha provocado mejoras
temporales en la distribución del ingreso. Sin embargo, la desigualdad
económica se ha mantenido inamovible o incluso ha aumentado.
C. Kindleberger y R. Z. Aliber. (2012). Manías, pánicos y cracs. Historia de las crisis financieras. Barcelona:
Ariel Economía.
9
La concentración y el acaparamiento de los recursos productivos son
rasgos históricos de los procesos de acumulación de nuestra América.
La novedad está en la intensificación que ha tenido lugar en las últimas
décadas, de la mano de las nuevas derechas e incluso de los gobiernos
considerados “progresistas”. Esto explica y acentúa la inequidad distributiva. No se trata solo del ingreso y de los activos empresariales, entre los que destacan la tierra y el agua; los mercados y las tecnologías
también están altamente concentrados, por mencionar algunos casos
estratégicos. No es fortuito que la región tenga la distribución de tierras
más desigual de todo el planeta: “El coeficiente de Gini –que mide la
desigualdad– aplicado a la distribución de la tierra en la región como
un todo alcanza 0.79, superando ampliamente a Europa (0.57), África
(0.56) y Asia (0.55)”.7
Hablar de las raíces históricas de la injusta distribución de la riqueza nos
remite al dominio que han ejercido las élites de los países desarrollados
sobre las del llamado “Sur global”, lo que, a su vez, ha llevado a estas a
impulsar formas de sobreexplotación de la fuerza de trabajo, con el fin
de resarcirse de la pérdida del excedente producido. Asimismo, ha traído
consigo la apuesta exacerbada por el acceso a los mercados internacionales, buscando atraer inversiones extranjeras recompensadas con crecientes beneficios. Y todo movido por el anhelo del crecimiento económico y
por formar parte de la alocada carrera tras un fantasma: el “desarrollo”.
Este modelo se apuntala en el capital financiero global, sin diversificar
–peor aún, sin transformar– las estructuras productivas, todavía afincadas en una modalidad de acumulación primario-exportadora.
El argumento de este modelo consiste en incrementar la productividad
para aumentar el ingreso de divisas, gracias a un “uso adecuado” de las
ventajas comparativas que nos mantienen en calidad de países proveedores de materias primas para el mercado mundial; dichas materias,
cabe señalar, son exportadas por unas cuantas familias con amplios vínculos políticos.
6 Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). (2017). Latin America and the Caribbean is the Region with the Greatest Inequality in the Distribution of Land. 5 de abril. Disponible en .
10
Los productos que ofrecen los países de la región están destinados a los
mercados internacionales, principalmente Estados Unidos, Unión Europea, Rusia y China. Muchos de ellos han sido comoditizados y están atados
a las bolsas de valores y a la especulación financiera global. Grandes corporaciones multinacionales promueven este modelo, aliadas a las élites
rentistas locales que han logrado capturar a los Estados. Estos grupos
direccionan incluso las políticas públicas de los Estados nacionales al
vaivén de sus intereses.
Mientras tanto, este sistema productivo sigue deteriorando los ecosistemas, destruye la biodiversidad, expande las fronteras extractivistas
–agrícola, minera y petrolera–; genera descampenización, grandes migraciones, despojo, saqueo y empobrecimiento, aumentando, en consecuencia, el riesgo asociado al colapso climático. Este modelo es parte
del proceso global de expansión y reestructuración del capitalismo extractivo, que se caracteriza por la subordinada integración industrial,
la emergencia de nuevos actores y prácticas –incluso ilícitas–, los crecientes flujos especulativos y la profundización de diversas formas de la
financiarización de la vida.
Teniendo claro semejante contexto, este libro es un esfuerzo colectivo
que reúne 15 trabajos sobre élites económicas y políticas en América
Latina, presentados en cinco secciones temáticas:
Élites y la captura del
Estado; Élites agrarias y configuraciones de poder; Perfiles distributivos:
grupos económicos, ingresos y bienes; Elementos de la compleja configuración de poder; y Alternativas frente al capitalismo.
Los autores son intelectuales latinoamericanos con destacadas trayectorias y los artículos que aportan tienen orígenes diversos: algunos fueron
preparados específicamente para este tomo......
(Francisco Durand; Thomas
Chiasson-LeBel; Ramón Fogel, Sara Costa y Sintya Valdez; Cristóbal Kay;
Alberto Riella y Paola Mascheroni; Raúl Prada Alcoreza; Raúl Zibechi,
Roberto López Cauzor); otros fueron publicados recientemente en libros
y revistas académicas de varios países de la región (Sandra Polo Buitrago; Diego Sánchez-Ancochea; Alberto Acosta y John Cajas; Enrique Leff;
Ashish Kothari, Alberto Acosta, Federico Demaria, Arturo Escobar y
Ariel Salleh),
.......mientras que otros dos son traducciones de capítulos de
Dominant Elites in Latin America: From Neo-Liberalism to the ‘Pink Tide’, libro
publicado en 2018 por Palgrave Macmillan, y que se basan en disertaciones doctorales (Carlos Velásquez Carrillo y Simon Granovsky-Larsen).
11
Dada la heterogeneidad de las instituciones y los grupos de investigación en América Latina, Europa y Norteamérica donde se originaron estos textos, la inspiración teórica, los enfoques metodológicos y los temas
específicos de todos ellos también son diversos. Varían desde los estudios de clases y grupos sociales (como las organizaciones de empresarios
en diversos países) hasta el análisis de tendencias regionales en general
(por ejemplo, la captura del Estado y los impactos de la globalización
neoliberal en las zonas rurales de la región).
Sin embargo, los capítulos también tienen importantes elementos en
común. De distintas maneras, todos comparten una perspectiva fundamentada en la economía política crítica y se enfocan en los procesos históricos que han generado las estructuras inequitativas de poder político
y económico contemporáneas. En otras palabras, todos analizan a las
élites que sustentan estas estructuras inequitativas o, en el caso de los
dos últimos capítulos, se dirigen a la posibilidad de escapar del capitalismo predatorio globalizado que actualmente prevalece.
Anhelo que este esfuerzo colectivo aporte elementos de profundidad
para comprender las tendencias por las que atraviesa América Latina en
la actual fase de transición capitalista y, sobre todo, que genere debates
sobre las maneras y los caminos posibles para superar estas formas de
dominio y subordinación que las élites han conservado en la región.
El objetivo original de esta contribución al pensamiento crítico latinoamericano es ofrecer lecturas que aporten información para una mejor
comprensión del actual panorama. Los comentarios y las críticas que se
susciten sin duda incrementarán el necesario conocimiento y análisis
de este proceso.
Un especial agradecimiento al proyecto FES-Transformación, al Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), a Liisa North, Blanca
Rubio y Alberto Acosta por el trabajo en equipo, y mi total gratitud a
las autoras y los autores de cada artículo por su generosa colaboración.
Carlos Pástor Pazmiño
coordinador
13
Presentación
Liisa North,
Carlos Pástor,
Blanca Rubio y
Alberto Acosta
14
Desde distintos ángulos, abrimos el camino a esta colección de estudios,
dirigida a entender el poder, las políticas y los comportamientos de las
élites que hoy apoyan “el regreso de la derecha” en la mayoría de los países latinoamericanos. Aunque los capítulos analizan diferentes aspectos
de la estructuración del poder, hay sectores importantes de élite con recursos materiales y culturales —como los militares y las Iglesias— que no
son sistemáticamente considerados aquí. Nos enfocamos principalmente en los grandes grupos económicos y financieros, las corporaciones y
los grandes terratenientes agroindustriales que, a menudo, ocupan y
comparten los mismos espacios económicos.
I.
Élites y captura
del Estado
El presente libro abre con una sección sobre la “captura del Estado” por
parte de los grandes intereses económicos —corporaciones multinacionales y nacionales—. Al abordar este fenómeno en la América Latina contemporánea, Francisco Durand revisa en el primer capítulo la extensa
literatura al respecto. Las formas y los niveles de captura varían de un
país a otro —incluso en las diferentes regiones de cada país— y según los
diversos momentos históricos.
Las formas presentadas por Durand incluyen no solo el impacto de la
“captura” en la agenda de las políticas públicas en un sector determinado o en términos generales, sino también la “captura mafiosa” o por
vías corruptas; cognitiva o cultural, a través de think tanks y centros de
investigación; mediática, con la propiedad de periódicos y canales de comunicación masiva; vía “puertas giratorias” entre posiciones directivas
en el sector privado, el sector público y las agencias internacionales, con
especial referencia a los ministerios de economía y finanzas; el financiamiento de campañas electorales y partidos políticos; o combinaciones
de todo lo anterior y otros tipos de influencia y control que impactan en
el comportamiento del Estado y favorecen a élites nacionales y locales
(véase también Durand, 2016, que hace referencia especial al extractivismo en Perú). A la lista de captores del poder estatal se podría sumar las
fuerzas armadas, la policía y las Iglesias, tradicionalmente la católica
15
pero ahora también, de forma creciente, los pentacostales y los evangélicos en países como Brasil y Guatemala.
Respecto a los momentos históricos, Durand menciona tres: el seguimiento sistemático de políticas neoliberales –sobre todo en las décadas
de 1980 y 1990 (momento de “captura extrema” del Estado–, pasando
por la respuesta progresista contra estas políticas a fines de los noventa
y comienzos del nuevo siglo (momento de “ruptura”), que en realidad
no afectó estructuralmente la dependencia del Estado en esos grupos
de poder corporativos, hasta el actual regreso de la derecha política
(momento de “recaptura”). Así, en los años rosados del reformismo, la
ruptura fue solo parcial: se instrumentaron políticas de redistribución
con los recursos derivados de la superbonanza de commodities, pero sin
realizar cambios fundamentales en las políticas económicas, ni en la
distribución de bienes productivos y menos aún en las estructuras productivas. Sin embargo, cabe notar que, como se ha visto a lo largo de la
historia reciente, los momentos de captura también son inestables por
dos razones:
la falta de una hegemonía firme por parte de la derecha política y la resistencia de los movimientos sociales que se oponen a estas
dinámicas de sobreexplotación del trabajo y de la naturaleza.
Durand analiza tres factores estructurales “con viejas raíces” en el fondo
del fenómeno de captura en América Latina:
1) alta concentración del
poder económico en manos de grandes unidades empresariales en todos
los sectores de la economía, frecuentemente marcado por un “factor de
‘jerarquía’ familiar-social antiguo”;
2) alta concentración de poder decisorio en el Ejecutivo y la Presidencia, inclinada a seguir políticas en
favor de grupos particulares en el contexto de un Estado con “bajos niveles de institucionalidad”;
3) una sociedad civil débilmente organizada
que puede impactar en las políticas públicas con una frecuencia que “es
históricamente más ocasional que regular”.
Aunque la presencia de estos factores en América Latina hace que la captura e incluso la “captura extrema” del Estado se manifiesten a menudo
en la mayoría de los países de la región, cabe señalar que el fenómeno
también está presente en países normalmente considerados como “democracias admirables”, con instituciones coherentes y fuertes. Según
una investigación de Judith Marshall (2018), las rupturas sumamente
destructivas de represas de contención de desechos mineros en el estado
de Minas Gerais en Brasil en 2016 (Mariana) y la provincia de Colum-
16
bia Británica en Canadá en 2014 (Mount Polley) fueron “anunciadas” en
ambos casos por la captura del Estado por parte de las corporaciones
mineras. Para explicar:
el auge en los precios de minerales incrementó
la extracción y el tamaño de las represas de relave sin que se aplicaran
los controles debidos; una vez que esa bonanza llegó a su fin, las mineras —tal como ocurrió con las actividades petroleras— se esforzaron
por reducir costos, lo que, a su vez, llevó a sacrificar la seguridad en
minas y represas. También se registraron contribuciones generosas a
las campañas políticas de los partidos en el poder en las dos jurisdicciones que aseguraron la aprobación de licencias para una expansión
de las represas y otras prácticas peligrosas. Y todo esto se complementó
con cambios en la legislación, la reglamentación y la supervisión de las
operaciones mineras por parte del Estado, en respuesta a las exigencias
de las corporaciones.
Mientras el trabajo de Marshall se concentra en comparar las políticas y
los comportamientos de jurisdicciones subnacionales, Kevin Taft (2017),
un político “iniciado” del Partido Liberal de Canadá, analiza la captura
del Estado por parte de la industria petrolera para expandir la producción de petróleo “sucio” (tar sands) no solo a nivel provincial, en Alberta,
sino también a nivel nacional, dificultando la puesta en marcha de las
políticas del gobierno federal de Canadá para frenar el cambio climático.
En el segundo capítulo, Thomas Chiasson-LeBel no usa el concepto de
captura del Estado per se, pero el fenómeno está presente en su análisis
de las estrategias utilizadas por las organizaciones históricas de empresarios para impactar en las políticas estatales y resistir reformas redistributivas en Ecuador y Venezuela (las diversas cámaras de grupos regionales
en el primer país y el organismo unitario Fedecámaras en el segundo).
Siguiendo una periodización histórica que compagina con los diferentes momentos de captura del Estado presentados por Durand, Chiasson-LeBel identifica una época de corporativismo o negociación entre
capital y trabajo en los años sesenta y setenta que se manifestó en políticas desarrollistas (con un gobierno militar en el caso ecuatoriano); el
empoderamiento de las élites de ambos países en los ochenta y noventa
expresado en las políticas de austeridad neoliberales y el abandono de la
conciliación social, especialmente en Venezuela; y, a comienzos del nuevo siglo, políticas de confrontación explícita de Fedecámaras contra el
chavismo en Venezuela, en contraste con una oposición más suave, con
17
toques acomodaticios ante el gobierno de Alianza País en Ecuador. En
este país, las élites también renovaron sus organizaciones para influir
mejor en las políticas del Estado, estrategia que ayudó a los empresarios
en la “recaptura” de los años recientes.
Sosteniendo líneas de argumentación derivadas de los análisis clásicos
de élites (Pareto, Wright Mills, etc.) y las tradiciones de economía política
crítica, el trabajo de Chiasson-LeBel es rico en detalles e interpretaciones
históricas. En particular, enfatiza la importancia de prestar atención a
la historia de las cambiantes relaciones y capacidades de las clases y sus
organizaciones para entender el poder —o la falta de poder— de las élites
para influenciar en las políticas del Estado en diferentes momentos.
En el caso de Venezuela, esto implica un entendimiento de los altibajos del movimiento sindical, mientras que en Ecuador lo que debe
comprenderse son las vicisitudes tanto de las organizaciones indígenas
como de los sindicatos, siempre prestando atención a la regionalización
de las contiendas sociales en el país. Todos estos procesos son indagados
con cuidado por Chiason-LeBel.
Para resumir, combinando argumentos
principales de los dos primeros capítulos, se puede decir que es necesario analizar la dinámica de las relaciones de clases –especialmente sus
organizaciones– en países con historias económicas, formaciones sociales y capacidades institucionales distintas, para entender las diferentes
formas y la profundidad de lo que Durand llama la captura del Estado.
En este sentido, sería relevante incorporar la cuestión de las formas y
la profundidad de la dependencia externa a los análisis de la conformación de élites y sus estrategias de captura. En el caso de Venezuela,
estamos frente a lo que Rosemary Thorp, historiadora especialista en el
desarrollo económico de América Latina, identifica como una “versión
particularmente extrema de una economía rentista”, donde el petróleo
“es el ingreso nacional” (énfasis en el original) y “es canalizado por el
gobierno” en un contexto donde “la cultura confunde lo personal con
lo político y visualiza el control del gobierno en términos de acceso a
fuentes de prebendas”, en una economía cuyas otras fuentes de ingresos
son “relativamente pequeñas” (Thorp, 1998, p. 77). Podemos formular la
hipótesis de que, en consecuencia, la estrategia de fuerte confrontación
de las élites venezolanas (hasta el punto de favorecer la intervención
militar externa) surgió, por lo menos en parte, de su necesidad de controlar el Estado para sostener su estatus social y económico.
18
En contraste, las élites ecuatorianas controlaban una variedad de recursos materiales productivos para sostenerse y conducir sus políticas de
oposición en una economía más diversificada. La exagerada dependencia
de Venezuela en el petróleo —90% de sus exportaciones durante décadas
enteras desde los años treinta— fue y es una “maldición de la abundancia”
que previene la diversificación económica y el desarrollo institucional del
país, marcando el carácter de sus clases dominantes y a la sociedad entera.
En el tercer capítulo, Ramón Fogel, Sara Costa y Sintya Valdez identifican distorsiones similares en su análisis de la política tributaria de Paraguay, en el contexto histórico de un “Estado depredador o prebendario
en el cual los miembros de la élite consideraban los organismos y bienes
públicos como propiedad privada”. Vale mencionar que “la mayoría de
legisladores o sus familiares se habían apropiado de tierras públicas”.
Los autores usan textos de cinco proyectos de ley presentados entre 2004
y 2014, los diarios de las sesiones del parlamento, publicaciones de la
prensa y entrevistas con informantes claves (en ministerios, cámaras y
centros de investigación) para cuidadosamente documentar y analizar
cómo las organizaciones y los líderes agropecuarios y agroindustriales
nacionales, con el apoyo de sus aliados extranjeros (como Monsanto y
grandes inversores brasileños), capturaron el Estado y bloquearon todos
los esfuerzos para incrementar los impuestos sobre un sector que produce 30% del PIB anual, pero contribuye con solo 3.6% de la recaudación.
En su análisis de la “microeconomía política de la captura”, Vogel, Costa
y Valdez señalan para el caso paraguayo los mismos mecanismos utilizados por las élites identificados por Durand en América Latina en
general, pero enfatizan el control de los principales medios de comunicación para convencer/controlar la opinión pública (argumentando,
por ejemplo, que los impuestos iban a dañar a los pequeños y medianos
productores y a los consumidores), así como el acceso directo a los poderes legislativo y ejecutivo (con la presencia de agroindustriales y sus
familiares en las instituciones decisivas).
Esta investigación aborda la “captura extrema” —incluso para América
Latina— del Estado, en el campo de la política tributaria, en un país
donde, supuestamente, existen procedimientos democráticos para decidir sobre las políticas públicas. El capítulo desarrolla un breve análisis
comparativo clarificando que el control de élites sobre las políticas en
este ámbito varía de una manera importante dentro de la región.
19
En Paraguay no fue posible avanzar con la legislación tributaria para
el sector agroganadero y agroindustrial ni siquiera en los breves años
del gobierno progresista de Fernando Lugo (2008-2012), removido de la
presidencia por un “golpe parlamentario” de las élites. El poder de los
grandes latifundistas y agroexportadores es analizado en los cuatro capítulos de la segunda sección, donde se exploran sus manifestaciones
regionales y en países específicos (Colombia, Guatemala, y Uruguay). En
todo el continente, se ve la práctica de la “puerta giratoria” en el hecho
de que latifundistas y agroindustriales a menudo encabezan los ministerios de Agricultura (oxfam International, 2018, p. 19).
En contraste con el capítulo sobre Paraguay, que enfoca la captura del
Estado respecto a la política tributaria durante una década, Carlos Velásquez Carrillo presenta una interpretación de la dominación oligárquica
en general en El Salvador durante siglo y medio. Traza los orígenes de la
clase dominante en la expansión de la economía de exportación de café
en la segunda mitad del siglo xix, su consolidación con la expropiación
ferozmente represiva de las tierras de las comunidades indígenas, su
necesidad de compartir el poder con las fuerzas armadas entre 1932
y 1980, la rebelión popular de los ochenta y la recuperación del poder
en la posguerra civil, después de la firma de paz en 1992. Velásquez
analiza, apoyado en datos recogidos sistemáticamente, cómo los grupos
familiares que formaron la élite agroexportadora siguen en el poder
hoy día, por supuesto, con algunos elementos nuevos.
Con la mediación de la Organización de las Naciones Unidas (onu), los
acuerdos de paz fueron diseñados para responder a las causas sociales
y políticas de la guerra civil, que durante más de una década de violencia extrema desplazó a una gran parte de la población salvadoreña,
20% de la cual escapó a Estados Unidos.
Desafortunadamente, la onu no
tuvo la capacidad de garantizar el respeto a los acuerdos, mismos que
fueron implementados en un contexto neoliberal en el cual la élite de
la preguerra —y algunos nuevos grupos que surgieron con los recursos
de la asistencia internacional— privatizaron los bienes y los servicios
públicos, e incluso lograron proyectarse a nivel regional, primero en
Centroamérica y después en el resto de América Latina.
Sin reforma agraria y sin diversificación económica para generar empleo, las migraciones hacia Estados Unidos continuaron, con lo que El
Salvador se hizo dependiente de las remesas de los migrantes, conver-
20
tidas en la fuente principal de ingresos de una buena parte de la población y del Estado (actualmente representan más o menos el 20% del pnb).
Mutatis mutandis, este es el contexto para las olas de violencia “mafiosa”
de las que surgieron las “caravanas” de migrantes de 1917-1919 en el
“triángulo norte” de Centroamérica, esto es, El Salvador, Guatemala y
Honduras (véanse WOLA, 2018; y Méndez, 2018). Vale señalar que los tres
países se ubican entre los seis latinoamericanos caracterizados por un
sistema tributario de impactos negativos en la distribución de ingresos:
los pobres pagan más de lo que reciben en servicios públicos (oxfam International, 2018, p. 10).
En resumen, a partir de teorías diversas, usando metodologías diferentes y enfocando varios temas y países, los cuatro capítulos llegan a las
mismas conclusiones sobre la fuerte capacidad de las élites de capturar
al Estado e impactar en las políticas públicas. Por supuesto, hay diferencias importantes entre las naciones latinoamericanas.
Sin embargo, son
pocos los momentos en los cuales las correlaciones de fuerzas políticas
nacionales e internacionales han coincidido para permitir el avance de
políticas progresistas.
II.
Élites agrarias y
configuraciones de poder
Los textos que componen esta sección aportan elementos fundamentales para comprender la situación rural en América Latina en la fase
actual de su desarrollo. Se trata de las contribuciones de Cristóbal Kay,
“Procesos de concentración de la tierra y el capital y la precarización del
trabajo rural en la era de la globalización neoliberal”; de Alberto Riella
y Paola Mascheroni, “Expansión agraria y concentración capitalista en
Uruguay progresista”; de Simón Granovsky-Larsen, “Tierra y reconfiguración del poder en Guatemala posconflicto”; y, finalmente, de Sandra
Polo Buitrago, “Las decisiones del Estado a favor del gran capital: el problema agrario en Colombia, siglo xx e inicios del siglo xxi”. Todos son
análisis históricos que rastrean en el pasado de los países las transformaciones sociales y políticas que permitieron el surgimiento del dominio
actual de las élites agrarias.
21
La sección está conformada por una visión general de América Latina
(el texto de Kay) y tres estudios por países: el caso de Uruguay, gobernado hasta la fecha por corrientes progresistas, y los casos de Colombia y
Guatemala, que han sufrido de manera ininterrumpida el embate de
las políticas neoliberales. A pesar de las distintas posiciones, los análisis
coinciden en la centralidad que tienen la tierra o el problema agrario
en la consolidación de las élites en América Latina y su permanencia en
el poder.
Si bien el problema agrario tuvo un papel fundamental en la consolidación del capitalismo mundial en su etapa de formación, en la actualidad
cobrarían relevancia aspectos como la inversión industrial, las finanzas
o los servicios. Sin embargo, en estos países, y en gran parte de la región
latinoamericana, la cuestión agraria se encuentra todavía en el centro
del poder de las clases dominantes, lo cual podría interpretarse como
un factor de atraso de la región en relación a los países desarrollados. No
obstante, también tiene que ver con el reciente auge de los precios del
petróleo y las materias primas agrícolas (2003-2014), que generó tanto
la apropiación de los recursos naturales, como el fortalecimiento y la
distribución de la renta de la tierra.
Por otra parte, en los textos des taca el análisis de la llamada reforma
agraria de mercado, impulsada por el Banco Mundial durante la consolidación del neoliberalismo. Para “atender” la pobreza rural, dicha institución propuso que los terratenientes vendieran las tierras que no les interesaban a los campesinos, siendo estos financiados por préstamos de los
gobiernos. El resultado de este proceso fue de enorme conveniencia para
los grandes propietarios de tierras, quienes atravesaban la crisis del café,
pues lograron deshacerse de la tierra que ya no necesitaban; en contraste, los campesinos que las compraron quedaron endeudados y sin recursos para echar a andar la producción, por lo que su situación empeoró.
Los artículos estudian en especial la etapa de transición capitalista
que abarcó de 2003 a 2014, años en los que ocurrió la crisis capitalista
mundial y la crisis alimentaria. El declive registrado en las ganancias
en los países desarrollados debido a estas crisis, aunado al aumento en
los precios de las materias primas, impulsó una gran expansión de la
inversión de capital en los llamados cultivos comodines —como maíz,
caña de azúcar, soja y palma africana—, concentrándose fuertemente los
recursos naturales y el capital en los países del Sur global. En América
22
Latina, esta inversión ocurrió tanto en los países gobernados por proyectos progresistas, como Uruguay, como en aquellos que continuaron con
políticas neoliberales.
Tal situación trajo consigo lo que Riella y Mascheroni llaman una nueva fase de concentración de las tierras, impulsada a través de procesos
como la instrumentación de cambios legales (inversión en sociedades
anónimas), la extranjerización o participación de capitales foráneos en
la compra de tierras y el cambio en el uso del suelo hacia cultivos con
mayor demanda mundial. En países como Colombia y Guatemala se observa que las élites se adaptaron a las nuevas condiciones mundiales,
abandonando los cultivos tradicionales y, en cambio, impulsando los
cultivos flexibles, para insertarse en los nuevos procesos extractivos tanto de la agricultura como de la minería.
La expansión del capital en la región se dio, en muchos casos, sobre la
tierra y los recursos naturales de las comunidades indígenas y campesinas, afectando así la estructura de las unidades productivas, debido
al despojo y la ocupación de sus territorios. En países como Uruguay
aumentó la proletarización de la población rural, o bien el desempleo,
mientras que en Guatemala el proceso incrementó la migración y la
relevancia de las remesas para la reproducción de la unidad campesina,
así como para las finanzas del gobierno. Como señala Kay, el proceso de
expansión del capital en la región intensificó el conflicto rural, dada la
lucha emprendida por campesinos e indígenas contra el despojo de sus
recursos naturales. En este marco, señala Kay, la organización mundial
Vía Campesina comandó los movimientos contra el despojo y por la soberanía alimentaria en el Sur global en general, pero en particular en
América Latina.
Vale señalar también que tanto Kay como Riella y Mascheroni se refieren
al papel de los países progresistas en este proceso. Dichos gobiernos redujeron la pobreza de manera notable mediante políticas sociales, pero
no frenaron la expansión del capital, toda vez que los elevados precios
de las materias primas fueron un elemento fundamental para la consolidación de las finanzas gubernamentales. En este contexto, a decir de
Kay, los gobiernos progresistas no cambiaron la matriz productiva de
sus países, mientras que el reciente giro a la derecha en América Latina —con los gobiernos de Macri, Bolsonaro, Moreno, etc.— entierra los
avances sociales alcanzados por los progresistas (que si bien surgieron
23
desde matrices de izquierda, a la postre resultaron no ser tales), lo cual
augura una agudización de los conflictos en la región.
En un plano particular de los ensayos, Kay analiza la situación general
de América Latina y responde a las críticas al desarrollismo de la segunda mitad del siglo xx que hicieron las posiciones neoliberales, para
quienes esta política tenía un sesgo urbano que contribuyó al atraso del
sector rural. El autor señala atinadamente que no se trata de relaciones
sectoriales, sino de clase, pues los causantes de la desigualdad rural que
afectó a los campesinos fueron el sesgo terrateniente, el sesgo agrícola
corporativo y el neoliberalismo. Kay destaca también la centralidad de
la concentración de la tierra facilitada por la transformación neoliberal
bajo el dominio de las corporaciones.
Por su parte, Sandra Polo Buitrago compara el proceso de apropiación
de la tierra en Colombia entre 1926 y 1936 con el ocurrido bajo la Ley zidres, aprobada en 2016. La investigadora señala que en el origen histórico de la cuestión agraria, los gobiernos promovieron desordenadamente la ocupación de terrenos baldíos, lo que dio lugar a apropiaciones que
no fueron legalizadas. Con la expansión de la economía exportadora a
fines del siglo xix y el impulso del café y el banano, hubo la necesidad de
legalizar la propiedad, para lo cual se impulsó la revisión de los títulos,
un programa de parcelación y la venta de tierra de los terratenientes a
los colonos, quienes quedaban endeudados. Sin embargo, con la Ley 160
de 1994 se adjudicó la tierra a unidades agrícolas familiares y se prohibió su acumulación.
En la fase reciente y ante la presión del mercado internacional, en 2016
se impulsó la Ley zidres, que pretende en realidad el acaparamiento de
la tierra a través de nuevas figuras jurídicas, como la asociación de los
pequeños productores con los empresarios, quienes impulsarán proyectos productivos. Se trata de un modelo de desarrollo agrario basado en
la agroindustria que intenta dinamizar el mercado de tierras para la
siembra de monocultivos en beneficio del capital.
En su texto sobre Guatemala, Granovsky-Larsen analiza el tránsito “de
un Estado contrainsurgente bajo control militar, comprometido con la
oligarquía agraria, a un Estado neoliberal alineado al orden mundial
globalizado”. Analiza también los Acuerdos de Paz (1978-1986) y el impulso al Fondo de Tierras, que permitió la reorganización de los cultivos
24
tradicionales hacia la producción extractiva agrícola y minera y, de esa
manera, fue el instrumento para la ya mencionada reforma agraria de
mercado impulsada por el Banco Mundial.
Actualmente el extractivismo y la militarización han traído consigo
la represión brutal de aquellas comunidades que defienden sus territorios, con lo cual las élites locales imponen su dominio y controlan
incluso a las élites extranjeras que dependen de ellas. Las élites locales
han intensificado la corrupción y la disfuncionalidad de los gobiernos
que caracterizan al capitalismo de transición.
Se trata, dice el autor, de
instituciones débiles y élites fuertes, cuyo fundamento de poder ha sido,
como ya mencionamos, la propiedad de la tierra.
Para cerrar esta sección, el texto de Riella y Mascheroni plantea una
situación a la vez diferente y similar al analizar el caso de Uruguay,
con un gobierno progresista desde el año 2005, cuando Tabaré Vázquez
asumió el poder. Ello coincide con la fase de impulso de la soja como el
monocultivo principal, de otros cultivos agrícolas como trigo, cebada y
arroz y de la producción forestal. La expansión del capital trajo consigo
el aumento sin precedentes del precio de la tierra, lo cual coadyuvó a la
concentración de la tierra a niveles inéditos: 3 700 productores controlan el 65% de la superficie agrícola, con lo cual la estructura agraria es
muy similar a la de principios del siglo xx. Ello ha traído la desaparición
del 30% de las pequeñas explotaciones y del 10% de las medianas, con la
consecuente reducción de la población rural uruguaya.
Si bien los gobiernos progresistas lograron reducir la pobreza con una
mejor distribución del ingreso proveniente de las crecientes exportaciones, no construyeron las bases para enfrentar estructuralmente el
desempleo y sí permitieron que los sectores dominantes obtuvieran una
mayor apropiación de la riqueza, aumentando su participación en el
PIB agropecuario. Por lo tanto, dichos gobiernos no lograron contrarrestar los procesos estructurales de la expansión capitalista en el agro ni,
con ello, el fortalecimiento de las élites agrarias.
25
III.
Perfiles distributivos:
grupos económicos, ingresos y bienes
En esta sección se aborda la cuestión desde la experiencia de tres países,
que podríamos considerar como casos referenciales para la región: Bolivia, Chile y Ecuador. En el caso de Chile, si bien en los últimos tiempos
se ha registrado una alternancia de gobiernos de diferente signo ideológico, su estructura primario-exportadora se ha mantenido inamovible.
En los otros dos casos, más allá de los discursos soberanistas, las estructuras productivas y de acumulación no fueron afectadas en el largo gobierno de Rafael Correa o en el de Evo Morales, aún vigente.
Para Chile contemporáneo, Diego Sánchez-Ancochea indica que se ha
registrado el nivel más alto de desigualdad del país. En Ecuador, como
analizan Alberto Acosta y John Cajas-Guijarro, sucedió algo similar
durante lo que ellos califican como “una década desperdiciada”. Raúl
Prada Alcoreza sostiene a su vez que “la economía boliviana es primordialmente extractivista; el Estado transfiere los recursos naturales explotados desde la periferia singular a los centros cambiantes del sistema-mundo capitalista”.
Al explorar el caso de Chile, Sánchez-Ancochea plantea que ese país no
solo es un buen representante de la tendencia regional, sino que es uno
de los países de América Latina en donde la desigualdad en el nivel más
alto es más notable. Para sustentar esta aseveración basta mencionar un
par de cifras expuestas por el autor:
“La participación en el ingreso del
1% más alto oscila entre el 15%, sin ajustes por ganancias no distribuidas
e ingresos no informados, y el 33%, cuando se ajusta por las ganancias
y la evasión impositiva. Esta última cifra es significativamente mayor
que la de Estados Unidos (18%) —el país desarrollado más desigual— o
incluso Colombia”.
En este artículo se reúnen pruebas de distintos estudios, con una aproximación metodólogica vigorosa, para demostrar una concentración persistente del ingreso en el nivel más alto, incluso durante los gobiernos
de la concertación, luego de que el gobierno militar de Augusto Pinochet lograra una redistribución exitosa “hacia lo alto”. Para entender
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esta persistencia y considerar trayectorias futuras, el artículo aborda la
situación de la estructura de la economía caracterizada por su heterogeneidad estructural, propia de una economía primario-exportadora.
Desde una perspectiva de economía política, el autor analiza el papel de
las diversas fuerzas sociales y políticas, paticularmente la de los sindicatos. Igualmente, estudia el alcance y las limitaciones de las políticas sociales, enmarcándolas en una reflexión muy sugerente sobre la limitada
capacidad de redistribución del Estado, al resaltar las tendencias contradictorias existentes. Por ejemplo, el gasto social más elevado ha contribuido a incrementar la tributación, pero las élites todavía contribuyen
con niveles muy inferiores a lo que sería una participación equitativa.
Es interesante la constatación de este autor, para quien la política social
ha sido más redistributiva en tiempos de gobiernos considerados como
progresistas, lo que prepararía un terreno propicio para la creación de
nuevas coaliciones entre clases progresistas.
Un escenario favorable
para el futuro sería uno en el cual nuevas políticas sociales creen nuevas
expectativas y demandas sociales que, a su vez, conlleven a mayores impuestos. Dada la falta de compromiso del gobierno —y de la misma sociedad chilena, podríamos acotar— para concretar medidas radicales, solamente en este aspecto indirecto disminuirá la participación del ingreso
de los ricos a la larga. Salta a la vista que la capacidad para efectuar
cambios en la estructura de producción y reducir la heterogeneidad estructural es muy limitada. Así, a nivel económico, la ganancia de capital y la concentración de mercados siguen siendo altas, con unos pocos
grupos empresariales que controlan grandes segmentos de la economía.
Por otra parte, la constitución boliviana ha sido reconocida —al igual
que la de Ecuador— como progresista y muy adelantada en el reconocimiento de derechos; sin embargo, años después de su aprobación, lo
establecido en ella no se ha logrado consolidar en la sociedad. Con documentación, Raúl Prada Alcoreza demuestra claramente que “respecto
a la estructura jurídica-política de la Constitución, el gobierno progresista [de Evo Morales] se queda lejos. Su decantada propaganda y publicidad, sus insostenibles interpretaciones demagógicas y de difusión no
cambian la situación; nada de ello los convierte en políticos consecuentes. Son solo palabras, imágenes publicitarias”.
La lectura de los casos chileno y boliviano se refleja, en términos generales, en el caso ecuatoriano, tanto en las tendencias coyunturales como en
27
las estructuras.
Alberto Acosta y John Cajas-Guijarro plantean lo que ha
sido quizás una de las mayores “dialécticas” vividas en tiempos “progresistas” con Rafael Correa:
se vendió a la población una imagen de mayor
igualdad, pero no hubo cambios estructurales. Efectivamente, se mejoró
la distribución del ingreso cuando existían importantes excedentes para
distribuir; excedentes que en la economía primario-exportadora que es
la ecuatoriana surgieron por los auges del mercado mundial, mas no por
transformaciones internas. De hecho, el “progresismo” no se atrevió a
golpear frontalmente a la propiedad concentrada de los medios de producción, exacerbada por la concentración y centralización del capital
(financiero inclusive), y menos aún a alterar las estructuras de acumulación capitalista propias de una economía primario-exportadora.
Al final del gobierno de Correa, a pesar de que la economía ecuatoriana
se contrajo, las grandes compañías —beneficiarias de una concentración
de activos enorme e intacta en ese periodo— siguieron obteniendo utilidades millonarias, al igual que los bancos privados. En concreto, con el
correísmo, con la caída de la economía, los grupos económicos ganaron
tanto incluso como en el auge, consolidando su poder tanto económico
como político. Posteriormente, durante el gobierno de Lenín Moreno
ha continuado la consolidación de los grandes grupos de poder económico. Al otro lado está aquella población que, pese a beneficiarse de
una menor desigualdad de ingresos al inicio del correísmo, vio cómo
la misma se estancó desde 2014 y ha empezado a deteriorarse, especialmente desde 2018. Además, recordemos que entre 2015 y 2018 la mitad
de la población del país prácticamente se ha mantenido estancada en
un ingreso diario de alrededor de 5 dólares o menos, situación que es
resultado de la crisis.
La combinación de una menor desigualdad del ingreso con la persistente desigualdad en la posesión de activos genera un “hocico de lagarto”.
Los movimientos de la mandíbula superior de dicho “hocico” se pueden
analizar con el índice de Gini o con alguna otra medida de distribución
de variables que se aproximen a la propiedad de la riqueza (sobre todo
la propiedad de medios de producción, como la tierra o los activos de
las empresas; Acosta y Cajas-Guijarro utilizan este último caso). Por otra
parte, los movimientos de la mandíbula inferior se pueden estudiar con
el índice de Gini —u otra medida de distribución— del ingreso de los
hogares de las estadísticas de empleo. Esta tendencia es analizable en
todos los países de la región.
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El cumplimiento de la hipótesis del “hocico de lagarto” en Ecuador es
explicable en tanto que el propio correísmo no promovió transformaciones de fondo en la economía, ni en la tenencia de los medios de producción y de los activos en general, como tampoco en la estructura productiva, ni en la lógica de inserción primario-exportadora del país en el
mercado mundial. En definitiva, el correísmo habría desperdiciado, en
este sentido, una década.
El producto final de esa “dialéctica” es que las mejores condiciones de
vida alcanzadas por la población solo son sostenibles si no traban la
acumulación de capital y existe una fase de expansión o auge. Lo lamentable —mejor dicho, lo ridículo— es que los gobernantes “progresistas”
se convencieron de que sí pueden “domar” al capitalismo, cuando en
realidad es el capitalismo el que los ha “domado”. A ellos, cabe decir,
se suman todos esos ilusos que creyeron que pueden evitar las crisis
recurrentes del capital.
En estas condiciones, las mejoras distributivas parecen posibles solo en
etapas de auge, es decir, cuando hay importantes ingresos por la venta
de materias primas, en tanto que durante las crisis se generan costos que
son pagados por las grandes mayorías, mientras que los grandes propietarios del capital –y, por tanto, del poder– siguen lucrando. Esa es, pues,
una herencia grave del correísmo: el no-cambio de una estructura económica injusta. En otras palabras, el país no cambió con el correísmo –ni
cambiará con el morenismo–, pues de no ocurrir cambios radicales en la
distribución de la riqueza, seguirá siendo lo que siempre ha sido…
Pero mientras Ecuador vivía en el despilfarro y la corrupción, varios
grupos se consolidaron y expandieron y lucraron como nunca. Hasta
podríamos decir que tales grupos se beneficiaron de la no-transformación, pues quizá para ellos los cambios estructurales no tienen sentido,
especialmente en los sectores que controlan.
Para colmo, los grupos económicos del país poseen un carácter oligopólico (y, por tanto, obtienen
rentas oligopólicas), como sucede en las actividades agropecuarias, manufactureras, comerciales, etc. Por su parte, el morenismo ha abandonado cualquier agenda de transformación y se lanzaría, “sin ningún remordimiento, a las fauces de un neoliberalismo cada vez más acelerado.
Un neoliberalismo en donde la concentración-centralización del capital
y la riqueza continuarán, mientras que la desigualdad entre hogares
trabajadores empezará nuevamente a aflorar”.
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A partir de las palabras de Acosta y Cajas-Guijarro, es posible preguntarse, pensando en toda la región: ¿puede imaginarse siquiera un proceso
transformador “desde arriba” cuando los grandes grupos económicos
controlan el poder? La respuesta es no.
Las modalidades de acumulación atadas a diversos extractivismos –en
consonancia con la definición de Eduardo Gudynas–, de élites empresariales y Estados rentistas, de sociedades clientelares y de regímenes
autoritarios —neoliberales o progresistas— en los que afloran la corrupción y la violencia, se presentan como elementos de “la maldición de la
abundancia”, tal como anotara hace algunos años Alberto Acosta. Salir
de esta trampa es posible. Con un proceso de transiciones múltiples,
proyectadas estratégicamente, se podrá impedir que “el lagarto” termine por engullir del todo a los sectores populares y a la naturaleza.
IV.
Elementos de la compleja
reconfiguración del poder
Esta sección presenta los trabajos de Raúl Zibechi y Roberto Ryder López
Cauzor, ambos dando cuenta de las situaciones históricas de acción de
las élites y la realidad argentina y brasileña, contextos que, a su vez, son
descritos desde una comprensión de la coyuntura política, el juego de
fuerzas —sobre todo entre los sectores populares que apoyan a las derechas del siglo xxi—, el papel de los medios de comunicación y los poderes
fácticos de los empresarios. Este momento político es descrito y pensado
por ambos autores, permitiéndonos entender, más allá de la cuestión
económica, en disputa, el devenir político.
En su trabajo “Una nueva derecha, militante y con apoyo popular”, Zibechi sostiene que los defensores del modelo neoliberal consiguen un piso
de apoyos en torno al 35-40% del electorado en virtud de que las clases
medias se espejan en los ricos: aspiran a vivir en barrios privados, lejos
de las clases populares y del entramado urbano; son profundamente
consumistas y recelan del pensamiento libre. Uno de los hijos de este
modelo —nos dice el autor— es Mauricio Macri, a quien no le tiembla
el pulso a la hora de pasar por encima de los valores de la democracia y de los procedimientos que la caracterizan, y defiende sus decisiones
apoyado en las técnicas del marketing.
En el caso de Brasil, las derechas emergen por factores como el ajuste fiscal impuesto por el segundo gobierno de Dilma Rousseff —ya que
fue detonante para que el apoyo empresarial a los gobiernos del Partido
de los Trabajadores se trasmutara primero en distancia y después en
hostigamiento—, la corrupción —según las investigaciones del Ministerio Público brasileño, en la empresa estatal Petrobras fueron desviados
alrededor de 5 mil millones de dólares en diez años, siempre bajo las
gestiones del pt (2003-2016)— y la fuerte reactivación de la protesta social
a partir de junio de 2013.
El texto demuestra que las protestas de este periodo no estaban impulsadas por las tradicionales consignas de izquierda, sino que eran una
nueva derecha: apartidista, de clase media alta (con ingresos de más de
cinco salarios mínimos), apoyada por empresarios industriales, que no
rechaza el aborto de forma tajante y que acepta el matrimonio igualitario, la despenalización de la marihuana y la gratuidad de los servicios
públicos. Pero, al mismo tiempo, se opone a las cuotas para estudiantes
negros en las universidades y cree que Bolsa Familia (la principal política
social de los gobiernos del pt) la perjudica. Es decir que un amplio sector
social de clase media toma las calles sin articulación, pero con agenda.
La base social de esta derecha se consolida en las universidades, donde
se propone romper con la laicidad y la libertad de cátedra, buscando que
todo el sistema educativo se alinee a la confrontación con las izquierdas.
Inicialmente se propusieron retomar el control del conjunto del sistema
educativo, desde los ministerios hasta el aula, para que la educación sea
antiemancipadora, proceso que hoy se ha materializado. Actualmente,
Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, emanado de estas nuevas derechas,
ha propuesto desfinanciar a las facultades de filosofía y sociología, ya
que considera que estas carreras humanistas son poco rentables.
Estos procesos de las nuevas derechas, particularmente el movimiento
universitario, trabaja en consignas cotidianas pragmáticas, con recambios en las formas de acción colectiva. Aunque no de manera general,
sus acciones son motivadas por un discurso de modernización productiva, según el cual las carreras rentables son las ingenierías, en especial
las dedicadas a los mercados financieros.
Una de las campañas más fuertes en esta línea de derechización de las juventudes ha sido la llamada
“Escuela sin partido”; conviene recordar que luego de esta campaña
hubo prácticas nefastas y graves como el espionaje de la práctica docente para luego denunciarla. Bajo el lema “Planifique su denuncia”, pide a
los alumnos y a sus padres que anoten cuidadosamente o filmen los momentos en los cuales el docente estaría “adoctrinando” a los estudiantes.
También promueven actitudes que llevan a los jóvenes a convertirse en
policías de los docentes.
Estos procesos, como lo señala Zibechi, “forman parte de una inevitable
derechización con amplio apoyo social, mediante la cual el capitalismo
contemporáneo ha logrado capturar a los Estados de forma sistemática”.
Esta necesaria comprensión de los virajes de la izquierda a la derecha a
escala mundial es también asumida para Latinoamérica. Sin embargo,
para el caso brasileño, la derechización actual responde a “procesos políticos, donde la conflictividad social alcanzó un límite dado por diversos tipos de acción colectiva” que iban creciendo cada vez que la izquierda se sumergía en la administración del Estado y se alejaba de las calles,
calles que fueron retomadas por la derecha emergente de ese entonces.
Otra cuestión interesante en el texto de Zibechi es el señalamiento de
los efectos de cada proceso en las organizaciones sociales: produjo la
desarticulación del movimiento universitario en particular y del social
en general, creando un arma de doble filo con efectos múltiples. Por un
lado, aceleró la formación de grupos reaccionarios en todos los niveles sociales, que demandaron cambios en la administración estatal; por
otro lado, desató una ola de movilizaciones que la izquierda no logró
comprender. En suma, el trabajo deja en evidencia que a esta nueva derecha no se le puede combatir con argumentos ideológicos, sino en la
disputa viva de la vida cotidiana.
Roberto López Cauzor nos lleva al mundo de los medios de comunicación y sus redes de poder, demostrando cómo la interacción entre el
Grupo Clarín y los gobiernos argentinos han encaminado las políticas
públicas hacia sus intereses. El diario Clarín, objeto de estudio de López
Cauzor, es un instrumento político utilizado para “hacer presidentes”,
con una línea editorial que varía según sus vínculos políticos. Estos nexos lo han beneficiado a lo largo de su historia; por ejemplo, cuando Jorge R. Videla, siendo presidente, designó a Clarín como la única empresa
capaz de producir los insumos necesarios para la fabricación de papel
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periódico en el país. La situación le dio al diario un poder casi monopólico al colocarse por encima de los demás medios impresos, pues al tener
la facultad de establecer los precios del mercado del papel periódico estaba en condiciones de negar su venta a las publicaciones poco elogiosas
del régimen de Videla o que simplemente fueran consideradas como sus
competidoras directas. Fue así como Clarín comenzó a formar el enorme
conglomerado mediático por el que es famoso hoy en día.
Una de las características de los grupos económicos en América Latina
es su elevada diversificación.
Ejemplo de ello es el Grupo Clarín, pues,
además de los medios de comunicación, sus inversiones están en la agricultura de exportación, específicamente la soja. Debido a este interés
económico, cuando se promulgó una ley que buscaba establecer un sistema de retenciones fiscales móviles en la soja, el maíz y el trigo, Clarín
apoyó el paro agroindustril promovido por un conjunto de organizaciones agroindustriales que buscaban revertir la ley, acción que colocó al
grupo en oposición directa con el kirchnerismo.
López Cauzor sostiene que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual impulsada por Cristina Fernández tenía el objetivo de poner fin a la
monopolización de los medios de comunicación, proceso que profundizó los conflictos entre Clarín y el gobierno.
Ante esta situación, el grupo
comenzó una batalla legal resguardándose bajo la premisa de la “libertad de expresión”, pues, a decir de sus representantes, la Ley de Medios
no era más que un “plan para controlar el papel para diarios, el manejo
de la pauta oficial y la demonización de la prensa no afín al poder”.
A partir de estas reflexiones, López Cauzor sostiene que, tras las elecciones presidenciales de 2015, Grupo Clarín se encargó de darle especial
énfasis a la campaña política del candidato de la oposición, el actual
presidente Mauricio Macri, “recordándole a la nación una vez más
que si bien los Noble no pueden ser presidentes, pueden hacerlos”. Los
acuerdos entre Macri y Grupo Clarín se hicieron evidentes luego de las
elecciones presidenciales:
el mismo día que Macri llegó a la Casa Rosada
firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia y creó el Ministerio de Comunicaciones, con lo que iniciaba la reforma de la Ley de Medios.
En menos
de 20 días, quedó desactivada una ley por la que se había luchado por
años. De ese modo, Macri terminó por blindar a los grandes medios de
comunicación argentinos y, en sus propias palabras, puso “fin a la guerra contra el periodismo” iniciado por los Kirchner.
33
Estos análisis vuelven a incluir en el debate a los estudios sobre élites
y alientan a hacer nuevas investigaciones sobre la especificidad de los
momentos político-económicos que vive la región, la captura del Estado,
la relación entre los procesos de derechización, las alianzas entre élites
económicas y élites políticas y el papel de los movimientos sociales en
tiempos de cambio de gobiernos progresistas a neoliberales que, en ambos casos, construyen economías bajo modelos empresariales.
V.
Alternativas frente
al capitalismo
El libro concluye con un par de lecturas alentadoras, pues si bien ciertas constataciones pueden resultar cargadas de mucho pesimismo, en
realidad, siendo realistas, permiten entender no solo la gravedad de la
situación, sino las mismas urgencias para cambiar de curso.
Los editores hemos considerado indispensable plantear algunas preguntas de fondo sobre el límite del crecimiento económico, la resignificación de la economía misma y la construcción de un futuro sustentable.
Nadie mejor que Enrique Leff para asumir esta tarea. Por esa razón, este
volumen incluye un texto de este autor mexicano que, si bien ya tiene
algunos años de publicado, no solo mantiene su vigencia, sino que su
lectura es cada vez más urgente para construir transiciones que permitan superar la civilización capitalista que se sustenta sofocando la vida
de trabajadores y naturaleza. “El límite —dice Leff— es el punto final desde el cual se construye la vida”; su visión propone construir un sociedad
del decrecimiento para no superar los límites que suponen la muerte.
Desde la muerte reorganizamos nuestra existencia. La ley límite
ha refundado a las ciencias. El mundo está sostenido por sus límites, desde el espacio infinito suspendido en el límite de la velocidad de la luz que descubriera Einstein, en la ley de la cultura
humana con la que se tropezara Edipo, que escenificara Sófocles,
y que resignificaran Freud y Lacan como la ley del deseo humano.
Ante este panorama de la cultura y del conocimiento del mundo, nos preguntamos cuál sería ese extraño designio que ha he-
34
cho que la economía haya tratado de burlar el límite y querido
planear por encima del mundo como un sistema mecánico de
equilibrio entre factores de producción y de circulación de valores y precios de mercado. El límite a este proceso desenfrenado
de acumulación no ha sido la ley del valor-trabajo ni las crisis
cíclicas de sobreproducción o subconsumo del capital. El límite
lo marca la ley de la entropía […] puesta a funcionar como ley
límite de la producción por Georgescu-Roegen. La ley de la entropía nos advierte que todo proceso económico, en tanto proceso
productivo, está preso de un ineluctable proceso de degradación
que avanza hacia la muerte entrópica.
La respuesta es desconstruir la economía en clave decrecentista, sin que
esto implique un sinónimo de crisis económica. Sabemos entonces —
continúa Leff—, que
todo proceso productivo (como todo proceso metabólico en los
organismos vivos) se alimenta de materia y energía de baja entropía, que en su proceso de transformación genera bienes de
consumo con un residuo de energía degradada, que finalmente
se expresa en forma de calor. Y este proceso es irreversible. No
obstante los avances de las tecnologías del reciclaje, el calor no
es reconvertible en energía útil. [Y esto limita] la acumulación de
capital y del crecimiento económico: la desestructuración de los
ecosistemas productivos y la saturación en cuanto a la capacidad
de dilución de contaminantes de los ambientes comunes (mares, lagos, aire y suelos), que en última instancia se manifiestan
como un proceso de calentamiento global, y de un posible colapso ecológico al traspasar los umbrales de equilibrio ecológico
del planeta.
Mientras que una nueva economía sustentada siempre en la vida –quizás se podría hablar de bioeconomía no mercantil–]
enraíza la producción en las condiciones de materialidad de la
naturaleza, la economía busca su salida en la desmaterialización
de la producción.
La economía se fuga hacia lo ficticio y la especulación del capital financiero. Sin embargo, en tanto el proceso
económico deba producir bienes materiales […], no podrá escapar a la ley de la entropía. […] El único antídoto a este camino
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ineluctable a la muerte entrópica es el proceso de producción
neguentrópica de materia viva, que se traduce en recursos naturales renovables.
De acuerdo con Leff, hay que superar la manía del crecimiento, sin tratar de reabsorber solamente sus desechos, sino extirpando el tumor maligno. La transición hacia esta otra economía, centrada en la vida,
significaría un descenso de la tasa de crecimiento económico tal
como se mide en la actualidad y con el tiempo una tasa negativa, en tanto se construyen los indicadores de una productividad
ecotecnológica y neguentrópica sustentable y sostenible. En este
sentido, la nueva economía se funda en los potenciales ecológicos, en la innovación tecnológica y en la creatividad cultural
de los pueblos. De esta manera podría empezar a diseñarse una
sociedad poscrecimiento y una economía en equilibrio con las
condiciones de sustentabilidad del planeta. Empero, de la racionalidad ambiental no solo emerge un nuevo modo de producción, sino una nueva forma de ser en el mundo: nuevos procesos
de significación de la naturaleza y nuevos sentidos existenciales
en la construcción de un futuro sustentable.
En síntesis, el recrudecimiento de la crisis ambiental –que ya no se
explica por el cambio climático, sino por el colapso climático que nos
afecta– y su incontrovertible relación con el proceso económico –la globalización de la economía de mercado– han reabierto el debate sobre
la posible estabilización, el desescalamiento y el decrecimiento económicos. La construcción de sociedades sustentables reclama una desconstrucción de la racionalidad económica y su paulatina sustitución por otra
economía, fundada en los principios y los potenciales de una racionalidad ambiental.
Este es el punto de partida de las reflexiones de Ashish Kothari, Alberto
Acosta, Ariel Salleh, Arturo Escobar y Federico Demaria. La actual crisis
mundial, a decir de estos autores, es sistémica, múltiple y asimétrica,
con claros alcances civilizatorios. Nunca antes tantos aspectos cruciales
de la vida fallaron simultáneamente, ni las expectativas sobre el futuro habían sido tan inciertas.
Los problemas ambientales ya no pueden
ocultarse por más poderosos —y torpes— que sean los negacionistas.
Tampoco se pueden desaparecer tras bastidores las abismales desigual-
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dades socioeconómicas, que van en aumento a medida que la sombra
del “desarrollo” cubre cada rincón de la Tierra. Cual virus mutante, las
manifestaciones de la crisis se perciben en todos los espacios:
ambientales, económicos, sociales, políticos, éticos, culturales, espirituales... Y,
en consecuencia, las violencias comienzan a ahogar muchos procesos
democráticos.
Dejar de buscar al fantasma del “desarrollo” es difícil. Su retórica seductora —a veces llamada “mentalidad de desarrollo” o “desarrollismo”—
se ha internalizado en prácticamente todos los países. Sobre todo en
aquellos que sufren las consecuencias del crecimiento industrial en el
Norte global que, por cierto, fue el primero en aceptar un camino único
de progreso. Gran parte del Sur, inspirado en el estilo de vida del Norte,
busca emularlo y alcanzarlo en una desenfrenada carrera que agudiza
los problemas ambientales y sociales.
Casi siete décadas después de que la noción de “desarrollo” se extendiera globalmente, todo indica que el mundo vive un “mal desarrollo”
en el cual se encuentran incluso los países llamados industrializados o
“desarrollados”.
Puede ser paradójico, pero el discurso del “desarrollo” en términos vitales solo consolida la crisis sistémica actual; una crisis que no es coyuntural ni manejable desde la institucionalidad existente. Es histórica
y estructural, y exige reorganizar a fondo las relaciones dentro de las
sociedades de todo el mundo y entre ellas, así como entre la humanidad
y el resto de la “naturaleza”, de la cual formamos parte. Eso implica una
reconstrucción institucional mundial, nacional y local, algo aparentemente inviable en el ámbito planetario e incluso en los estrechos márgenes estatales, pero que emerge con creciente fuerza desde espacios
comunitarios diversos y plurales.
Tales reflexiones, sobre todo en clave de propuestas alternativas, se sintetizan en el artículo final de este libro, que a su vez abre la lectura
del libro Pluriverso. Diccionario del posdesarrollo.
Lo notable es que ahora
las alternativas emergen, sobre todo, desde los márgenes políticos de
ambas periferias del capitalismo, su periferia colonial y su periferia metropolitana. Basta señalar los esfuerzos de los grupos decrecentistas en
el Norte global que avanzan desde la academia a la configuración de
un vigoroso movimiento social, o aquellas que emanan del Sur global,
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como el sumak kawsay o buen vivir, eco-svarag, ubuntu, el comunitarismo,
la comunalidad, agaciro, agdals, hurai, ibadism, shohoj. Cobran fuerza por
igual los aportes de la convivialidad de Ivan Illich para construir una
sociedad que permita a todos sus miembros la acción más autónoma y
creativa posible, usando herramientas y teconologías controlables por
ellos mismos. No faltan algunas propuestas de alcance global, como la
del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza e incluso uno
para la deuda externa.
Las alternativas transformadoras difieren de las “soluciones convencionales” de varias maneras. Y lo potente de esta visión estriba en que
muchas cosmovisiones y prácticas radicales hacen ya visible al pluriverso. La noción de pluriverso cuestiona a la “universalidad” propia de
la modernidad eurocéntrica. Como dirían los zapatistas de Chiapas, el
pluriverso representa “un mundo donde caben muchos mundos”: un
mundo en donde todos los mundos conviven con respeto y dignidad, sin
que ninguno viva a costa de otros.
El camino es largo para que la multiplicidad de mundos se vuelva totalmente complementaria, pero —según estos autores— ya hemos tomado
rumbo: los movimientos por la justicia y la ecología encuentran cada
vez más puntos comunes. Igualmente, las luchas políticas de mujeres,
indígenas, campesinos, así como de pobladores urbanos a lo largo y ancho del planeta, están convergiendo. En síntesis, sin duda el pluriverso
ya respira y llama a sumar luchas de resistencia con la construcción y
la puesta en práctica de alternativas a una noción de desarrollo que ha
terminado siendo un instrumento legitimador del poder de las élites...
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Referencias bibliográficas
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Foretold. Vancouver: Canadian Center for Policy Alternatives (CCPA), con PoEMAS en
Brasil, Wilderness Committee, Corporate Mining Project.
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TAFT, K. (2017). Oil’s Deep State: How the Petroleum Industry Undermines Democracy and
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Company.
THORP, R. (1998), Progress, Poverty and Exclusion. An Economic History of Latin America
in the 20th Century. Washington, D.C.: Inter-American Development Bank, European
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Campaign: What We’ve Accomplished and What’s Next. 7 de noviembre. Washington, D.C.: wola. Disponible en www.wola.org/beyond-the-wall-campaign/
El debate sobre la
captura del estado
en América Latina
y la vuelta del
instrumentalismo*
Francisco
Durand
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En este trabajo analizamos la captura corporativa del Estado, una expresión particular del fenómeno más general de captura del Estado. Lo
estudiamos con base en las reflexiones e investigaciones del caso latinoamericano, donde la captura corporativa se expresa con particular
fuerza en ciertos periodos. Usamos un enfoque multidimensional del
poder corporativo (estructural, instrumental, ideológico), viendo su
proyección con ventaja a la política y la sociedad teniendo en cuenta
factores de contexto, estructura y procesos.
Estudios de este tipo cobran actualmente mayor relevancia teórica y
experimentan importantes avances empíricos, superando la imagen de
teoría conspirativa, de hipótesis no comprobables, críticas que emanaron de las escuelas convencionales. Argumentamos que el enfoque de
captura, a diferencia del pluralismo y el liberalismo político, está más a
tono con la realidad y las tendencias de la opinión pública. Es altamente
revelador que el 75% de los latinoamericanos entrevistados piensa que
“se gobierna para unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio” antes que “para el bien de todo el pueblo” (Latinobarometro, 2017).
Estas percepciones, sin embargo, requieren una explicación.
Los estudios de captura nos brindan una adecuada explicación cuando
cuestionan el principio de que los individuos y los grupos de interés, a
pesar de sus diferencias, tienen iguales o similares oportunidades de
competir en la definición de políticas públicas y los recursos del Estado
(Bentley, 1967). Se critica la idea de que en democracia se toman acuerdos basados en decisiones que toman en cuenta todas las propuestas,
mecanismos que son propios de una poliarquía (Dahl, 1961), versión
tambien aplicada al caso de los juegos de poder corporativos (Vogel,
1987). En América Latina ha tendido a predominar el enfoque pluralista-liberal a partir de la doble transición (a la democracia, a la economía
de mercado) de los años ochenta, donde aparecen por primera vez las
market democracies, combinando libertades económicas con libertades
políticas (Domínguez, 1998). Asimismo, ante las debilidades de la de-
* Este trabajo desarrolla y completa ideas sobre la captura del Estado planteadas en Francisco Durand
(2016), Cuando el poder extractivo captura el Estado:
lobbies, puertas giratorias y paquetazo ambiental en
Perú, Lima: OXFAM; y en un trabajo próximo a publicarse como working paper en la Universidad Libre
de Berlín (programa TrAndes).
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mocracia, y la reaparición del caudillismo, la Ciencia Política priorizó
los estudios sobre el poder del Estado y los líderes, el presidencialismo
y el decretismo, antes que sobre el poder de las corporaciones y las élites económicas (O’Donnell, Iazeta y Quiroga, 2011). Al mismo tiempo,
destacaron los estudios de los regímenes del “giro a la izquierda” como
variaciones que afectaron la democracia de mercado (Levitsky y Roberts,
2011). Quedó de lado considerar a uno de los actores centrales de la política: las élites corporativas.
En el contexto actual, las democracias de mercado están siendo crecientemente cuestionadas en varios continentes al favorecer a oligarquías
corporativas que, como su nombre lo indica, concentran el poder y lo
ejercen con ventaja. En el mundo desarrollado, la crítica se refuerza
luego de la gran crisis financiera de 2008-2009 (Culpepper, 2015, p. 392)
y la elección de Donald Trump en Estados Unidos en 2016. En América
Latina, ocurre luego de la reaparición de gobiernos conservadores fuertemente ligados a las corporaciones a partir de 2016, empezando por
Brasil y Argentina (Cannon, 2018) y siguiendo con la elección de Jair Bolsonaro en Brasil, el “Trump latinoamericano”, en 2018 (Stefanoni, 2018).
Son, asimismo, momentos en que, como reconoce un agudo analista, la
desilusión institucional se combina con un aumento de la desigualdad
material (Fletcher, 2016, p. xii).
Este trabajo intenta realizar otros aportes.
La visión crítica de captura del Estado es parte de la corriente instrumentalista. Sin embargo,
los teóricos instrumentalistas no la toman en cuenta (Culpepper, 2015;
Fairfield, 2015). También se ignoran los avances de investigación latinoamericanos o sobre América Latina que emanan desde sus propias comunidades epistémicas, y de nuevos productores de conocimiento como
las ong globales, preocupadas por la desigualdad. Aquí establecemos un
puente entre los estudios académicos del mainstream y de los principales
journals con estos otros aportes.
El trabajo está organizado de la siguiente manera. Empezamos detectando cambios en el proceso político identificando en Latinoamérica tres
grandes ciclos de 1990 a la actualidad (captura, ruptura y recaptura) que
explican una secuencia de expansión del poder corporativo, seguida de
una contracción, hasta que vuelve a expandirse. Reconocemos también
niveles de captura (moderada, extrema) como resultado de las pugnas
entre fuerzas que determinan la marcha del proceso político y los con-
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trapesos que pueden existir frente al poder corporativo. Luego hacemos
un balance de la discusión académica y política sobre la captura a partir
de las principales fuentes, relacionando el texto con el contexto. Terminanos identificando los factores estructurales que configuran una
situación de captura corporativa, viendo los principales mecanismos
legales y no legales que distintas élites corporativas tienden a utilizar
para proyectarse con ventaja respecto al Estado. Cerramos el trabajo con
algunas reflexiones sobre los alcances y límites del análisis de captura
corporativa aquí realizado.
La captura como proceso
y sus variaciones
Existe una creciente discusión global y continental sobre la captura
corporativa del Estado. Esta discusión se basa en una crítica a las principales élites económicas y políticas que tienen influencia en asuntos
públicos. La crítica proviene de distintas vertientes, conservadoras y radicales, algunas buscando reforzar al mercado y otras al Estado. Son
las respuestas a cambios en el contexto y la aparición de problemáticas
de uso y abuso de poder que exigen respuestas por parte de expertos, y
también de la población, cada vez más convencida de que se gobierna
para beneficiar y proteger a minorías ricas.....///.....
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