Francia, el nuevo enfermo de Europa: “Es un país de niños mimados por el Estado”
“Francia es la última república soviética de Europa”.
La boutade pertenece al expresidente checo, Vaclav Klaus, el ultraliberal que
se encargó de la privatización de su
El presidente francés, François
Hollande, durante una ceremonia celebrada en Creil, cerca de París (Reuters).
AUTOR : LUIS RIVAS. PARÍS
FECHA15.01.2014 – 06:00 H.
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“Francia es la última república soviética de Europa”. La boutade pertenece al expresidente checo, Vaclav Klaus, el ultraliberal que se encargó de la privatización de su país tras la
desaparición del régimen comunista. Klaus estaba sorprendido del grado de
protección social que disfrutaban los franceses y así lo manifestó en una
visita oficial a París, hace ya más de diez años.
El modelo francés ha sido durante décadas objeto de celos,
envidias y admiración, pero desde hace unos años es motivo
de críticas, cuando no de chanza, por quienes lo
consideran agotado por dispendioso. El paraíso social galo agoniza, y eso lo saben todos los líderes
políticos y sindicales en este país. El problema es cómo reformarlo sin
enterrar definitivamente muchos de los beneficios de los que durante lustros
han disfrutado y siguen disfrutando millones de ciudadanos-votantes.
El paraíso social francés agoniza, algo
que saben todos los líderes políticos y sindicales en este país. El problema es
cómo reformarlo sin enterrar definitivamente muchos de los beneficios que
durante lustros han disfrutado y siguen disfrutando millones de ciudadanos-votantes
En 2011, la seguridad social francesa gastó 520.000 millones de euros, es decir un 33% del producto interior bruto (PIB). Las pensiones, los
gastos sanitarios, las ayudas a la familia y las prestaciones para el desempleo
son, por ese orden, los principales capítulos en el gasto social. A ello hay
que añadir casi 300.000 millones para el
funcionamiento de las instituciones del Estado y 230.000 de ayudas a las colectividades locales. Desde entonces, la cifra
no ha hecho sino aumentar.
Eso está muy bien y en
algunos apartados es envidiable, pero la ejemplaridad se viene abajo cuando se
sabe que la deuda pública se elevaba a
finales de 2013 a casi dos billones de euros, un 93,5% del PIB. En
definitiva, y para no perderse en conceptos y cifras, el Estado francés debe
reducir gastos para evitar la explosión de su modelo de bienestar social.
Paro y deuda en
aumento
El Gobierno
socialista-ecologista de François Hollande lleva casi veinte meses en el poder
y hasta el momento ha utilizado un método único para reducir el déficit, la generalización de los impuestos. Pequeñas y medianas
empresas, artesanos, autónomos, asalariados, parados con derecho a prestación y
jubilados han sido llamados a contribuir a la política fiscal del Ejecutivo.
Veinte meses en los
que la desindustrialización, el cierre de empresas y el aumento
del paro (10, 5%) no se han detenido, a pesar de las
promesas de Hollande, que ha hecho de la reducción del desempleo su principal
caballo de batalla.
Hay que decir que
tanto derecha como izquierda son responsables del aumento desbocado del gasto
público desde hace treinta años. Ningún líder
político ha sido capaz de actuar contra esta
tendencia y confesar a sus ciudadanos que
la fiesta se ha acabado, que el futuro de los francesitos/as
está empeñado a causa del temor y los complejos de la derecha, incapaz de
aplicar su programa, y de la inflexibilidad de cierta
izquierda aún esperanzada en aplicar ideas del siglo XIX en el año 2014.
No cuesta nada seguir
soñando con revoluciones si se sabe de antemano que nunca se accederá a los
mandos de responsabilidad la nación. Así, a comunistas y trotskistas franceses (8%
en las últimas legislativas) nadie les puede reprochar que sigan defendiendo
sus sueños. El problema viene cuando se trata de gobernar un país integrado en
la Unión Europea y azotado, como todos sus vecinos, por la globalización de la
economía.
Un militante del
Partido Socialista pega un póster de Hollande sobre otro de Sarkozy en Nantes
(Reuters).
Un país de niños
mimados
El profesor canadiense Timothy B. Smith, entrevistado
recientemente por el semanario Le Point, afirma que “los franceses son unos niños mimados gracias a su Estado Providencia”. Los gastos sociales
en Francia son dos veces más altos que en Suecia o Canadá, pero, según Smith,
la precariedad aumenta y la pobreza persiste. “Hay una enorme fosa entre la
retórica de la solidaridad y la realidad de las
desigualdades fabricadas por el mismo Estado Providencia”, asegura este profesor de la universidad canadiense de Kingston,
especializado en welfare state y que acaba de publicar el libro La Francia
injusta.
Para muchos
especialistas, un sistema que gasta en ayudas al desempleo pasivo y que ofrece
una jubilación muy generosa inevitablemente favorece la aparición de asistidos.
En 2011, la seguridad social francesa
gastó 520.000 millones, un 33% PIB. Las pensiones, los gastos sanitarios, las
ayudas a la familia y las prestaciones para el desempleo son, por ese orden,
los principales capítulos en el gasto social. A ello hay que añadir 300.000
millones para el funcionamiento de las instituciones del Estado
El presidente
Hollande, hasta ahora frenado por el ala izquierdista de su partido, ha
preparado durante el final del año 2013 un pequeño Bad Godesberg, que muchos interpretan como su salida del
armario social-demócrata o social-liberal. Su famoso “pacto de responsabilidad” consiste en ofrecer a los empresarios
una rebaja de las cargas sociales que soportan, a cambio de cientos de miles de
puestos de trabajo. Hollande sabe que su promesa de frenar la curva del paro no
sólo no se ha cumplido, como él pretendía, a finales de 2013, sino que
difícilmente se obtendrá en 2014, con un crecimiento previsto del 0,8%.
Francia es uno de los
campeones mundiales en cargas sociales para las pymes, 51,7% según el Banco Mundial (un 36,8 en España). Cuando se habla con
cualquier pequeño empresario sobre el efecto de la reciente subida del IVA, la
conversación deriva siempre hacia el coste del
trabajo y la dificultad para contratar sin arruinarse.
La patronal, reunida
antes del gran examen oral del presidente Hollande, ha vendido la idea del millón de empleos que podría generar en cinco años el gesto del
Ejecutivo. Sindicatos, la izquierda del PSF y la
izquierda de la izquierda ya han levantado los escudos, pero un 69% de los
encuestados en un sondeo de opinión aprueban aligerar las cargas sociales de
los empleadores.
En un país donde el
peor insulto para un político o un economista es “liberal”,es un jefe de Gobierno proveniente de la izquierda el que –como en otros casos
en Europa– se prepara a dar los pasos para
desmontar el Estado Providencia francés. Pero es la
mentalidad de toda una sociedad la que deberá adaptarse a la nueva situación.
Vivir sin dar un palo
al agua es posible
Los gastos sociales en Francia son dos
veces más altos que en Suecia o Canadá, pero la precariedad aumenta y la
pobreza persiste. Hay una enorme fosa entre la retórica de la solidaridad y la
realidad de las desigualdades fabricadas por el mismo Estado Providencia,
afirma el profesor Timothy B. Smith
Patrick era el
responsable del departamento gráfico de una empresa audiovisual. La ley le
permite pactar un despido negociado con la dirección. Se llevó el salario bruto
de un año y dos años de paro, tres si hubiera cumplido ya los 50 años. Patrick,
que cobraba un sueldo neto mensual de 4.500 euros, percibirá durante dos años casi 4.000 euros al mes (en Francia la cantidad tope que se puede cobrar por este concepto es de
6.121 euros mensuales).
Cuando la oficina de
empleo le envíe ofertas de trabajo, podrá rechazarlas con argumentos muy
flexibles. Si acepta un nuevo trabajo y su sueldo es inferior a los 4.000
euros, el Estado completará la
diferencia hasta alcanzar esa cantidad. Por supuesto, el
parado pretende trabajar en negro. Los inspectores no dan abasto ni para asegurarse de que el rechazo de las
opciones de trabajo es válido ni para controlar el empleo oculto.
Este sólo es un
ejemplo del generoso sistema. Pero hay más. En Francia se
puede vivir de la asistencia social sin dar un palo al
agua. Es tal la cantidad de ayudas estatales, regionales y locales que algunas
familias se pueden permitir obtener un
apartamento de protección oficial (HLM) por el que pagarán una cantidad irrisoria; una prima de 393, 54 euros en ayuda escolar por año y por hijo; la ayuda de
Navidad, de 457, 35 euros anuales; becas para el colegio, 353,49 euros.
Estas familias pueden
acogerse al plan que les exonera de pagar el
transporte público, el gas, el
teléfono, el comedor del colegio y las vacaciones de verano en colonias para sus hijos. En total, una madre separada con hijos a cargo puede acumular ayudas por
1.500 euros al mes. El problema es que el sistema tampoco ayuda a salir del
circuito. Si esa mujer hace unas horas de trabajo, perderá todos los
beneficios.
Enfrentamientos
durante una marcha contra la destrucción de empleos en Quimper (Reuters).
Son éstas admirables
medidas de asistencia creadas para sacar de la precariedad a las familias más
pobres. El problema es que el sistema no llega a contener
el fraude. Por ejemplo, más de 1.800 parejas
viven en París en pisos de protección oficial tras haber sobrepasado el límite
salarial exigido para tener derecho a ocupar el apartamento. Sólo el fraude a
la seguridad social es cifrado en más de 15.000 millones de euros por el
Tribunal de Cuentas.
A la defraudación
habría que añadir la inacción del Estado en algunas zonas, las famosas banlieues (los suburbios), donde privar a sus moradores de la ayuda social mínima de reinserción, más de 400 euros al mes, podría provocar un estallido de
cólera. El clientelismo político es también
uno de los motivos para no esmerarse mucho en las inspecciones.
Poner fin a las
trampas de los aprovechados del sistema debería ir emparejado con la
eliminación de los privilegios de ciertas categorías laborales. No se trata
sólo de nivelar el beneficioso régimen de jubilación de los funcionarios con el
sector privado, sino de poner fin, por ejemplo, a que un conductor de AVE pueda
jubilarse a los 50 años o que los periodistas
dejen de tener derecho a un descuento fiscal anual de más de 7.000 euros.
Un país en plena
depresión: delincuencia y desigualdad
El edificio que
sustenta el modelo social francés se agrieta y pide una reforma urgente. Ello
va a suponer un cambio de actitud y la aceptación de que la época de los treinta gloriosos quedará sólo vigente
en el NODO francés. El Estado no puede seguir sufragando
un modelo sin reducir el gasto público. El número de
ciudadanos que reciben beneficios sociales es mayor que el de los que cotizan a
Hacienda.
Un sondeo de opinión
mostraba el lunes que los franceses han iniciado el año sumidos en una grave
depresión. Ello se refleja, especialmente, en la desconfianza generalizada
hacia los políticos y un aumento del apoyo a las
posturas populistas.
El ministro del
Interior francés, Manuel Valls, cobra protagonismo (Reuters).
Son esas formaciones
populistas las que subrayan también la percepción de inseguridad que afecta a
la sociedad francesa. El aumento de la delincuencia y la violencia utilizada impresiona no sólo a los habitantes de las grandes
capitales como París o Marsella, sino que asusta al mundo rural, nuevo objetivo
de bandas extranjeras que se hacen con la maquinaria agrícola, el ganado o las
cosechas. La situación ha llevado a
algunos vecinos a organizarse en comités de vigilancia.
La prensa francesa
denuncia estos días el french-bashing de sus colegas anglosajones. Las críticas exteriores al modelo francés
hacen mucho daño y sublevan el orgullo. Un artículo de Newsweek le ha valido a su
autora (norteamericana) ser guillotinada profesionalmente por sus colegas
galos, empezando por Le Monde. Es cierto que la periodista se equivocaba en algunas cifras, pero la
reacción chovinista de los periodistas franceses refleja también la angustia
por la erosión de las columnas sobre las que se construye el imaginario de la
República.
En Francia se puede vivir de la
asistencia social sin dar un palo al agua. Hay familias que pueden acogerse a
un plan que les exonera de pagar el transporte público, el gas, el teléfono, el
comedor del colegio y las vacaciones de verano en colonias para sus hijos
La educación era uno
de esos pilares que enorgullecían al gallo francés, pero el informe PISA se ha
encargado de mostrar la realidad. Francia está lejos de la excelencia nórdica o
asiática. Hasta el Ministro de Educación socialista, Vincent Peillon, reconoce
que “Francia es el país donde más aumenta la
desigualdad social y escolar”.
Para la derecha, el
modelo educativo francés es un fracaso, entre otros factores, por el empeño de la izquierda en imponer la igualdad y excluir el
mérito. El gasto en este apartado es en Francia
el doble del que se destina en Alemania o Gran Bretaña, donde, además, los
profesores están mejor pagados.
Uno de los éxitos
editoriales de las pasadas Navidades fue el libro L’identité
malhereuse, que se puede traducir como La identidad desgraciada, o infeliz. Su autor,
el filósofo Alain Finkielkraut, denuncia entre otras cosas el fracaso del
sistema de integración de los descendientes de
ciudadanos de origen árabe, la inmigración masiva y el fin del
laicismo. Finkilkraut, incluido por la prensa de izquierda en todas las listas
de los neorreaccionarios, puede que exagere en su nostalgia por la idea de una Francia que
desaparece, pero traduce el sentir de muchos de sus compatriotas.
El informe sobre la
integración elaborado a petición del Primer Ministro, Jean Marc Ayrault,
ofrecía a Finkilkraut una cierta justificación a sus argumentos.Tal y como informó este diario, en ese proyecto sobre el
futuro de Francia se instaba a subrayar el componente
árabe-oriental de la nación, se aconsejaba levantar la prohibición
del velo islámico y se pedía la reescritura de la historia del país, dominada por
“los machos blancos heterosexuales”.
Jóvenes musulmanas
protestan en París contra la prohibición del velo en 2004 (Reuters).
Francia teme al
presente, no al futuro
Francia no teme al futuro,
sino al presente. El síndrome de Astérix afecta a políticos e intelectuales de
izquierda y derecha, agobiados por la competencia china, anglosajona, polaca o
española, cabreados con la Unión Europea –su principal chivo expiatorio– y, por
supuesto, siempre críticos y envidiosos de Alemania.
Un representante de
esta corriente antieuropea, antiliberal y antiglobalización es el Ministro de
la Recuperación Industrial (sic), Arnaud Montebourg. Este joven político
impidió que Yahoo se hiciera con el 75% de una floreciente empresa francesa,
Daily Motion, que se veía ya en el hit parade de los distribuidores de vídeo mundial. La medida proteccionista golpeó las
ilusiones de la start-up gala y también la confianza de los
inversores internacionales. Montebourg y Marine Le Pen se disputan la originalidad de algunas de las ideas que ambos publicitan.
François Hollande tiene todavía tres años para
intentar renovar Francia y salvar como pueda parte de un modelo social que ya
es insostenible. Para conseguirlo tendrá que luchar contra enemigos dentro y
fuera de su partido, en la patronal y en los sindicatos. Puede pasar a la historia como el gran reformador o como el gestor
de la decadencia. Poco tiempo le va a quedar libre para
continuar con sus escapadas de soltero.....//.:
Fali Doblas Arjona ha compartido el evento de STOP Desahucios Málaga.
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