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El fin de los cortes de agua por impago entra en la agenda de los nuevos ayuntamientos
Manuela Carmena y Ada Colau se han comprometido a terminar con los cortes de suministro por impago, pero aún no han concretado cómo
Compostela Aberta, que ha ganado las elecciones en la capital gallega, ha anunciado la remunicipalización del servicio
En varias localidades del Estado, partidos que se adhirieron al Pacto por el Agua Pública tienen opciones de gobernar
Mª Ángeles Fernández / J. Marcos
Una estrategia contra el empobrecimiento, que pasa por cortes de agua, luz, y gas. Ésta será una de las principales medidas (200 millones de euros anuales) que pondrá en marcha Manuela Carmena si finalmente logra la Alcaldía de Madrid. La garantía de estos tres suministros básicos es unas de las propuestas de Ahora Madrid que más consenso ha alcanzado, según su propia web, y también de las más valoradas entre sus votantes.
El debate sobre una gestión pública de los servicios urbanos de agua y saneamiento, acorde con su condición de derecho humano (decretado por la ONU), cobró por primera vez protagonismo electoral en la campaña de mayo. Diferentes formaciones repartidas por el Estado se sumaron al Pacto por el Agua Pública. Con serias posibilidades de formar ayuntamientos, ahora pueden cumplir (o no) sus promesas.
PP y Ciudadanos se oponen en Madrid
En Madrid, donde ha habido amagos para privatizar la empresa pública Canal de Isabel II, todas las formaciones políticas, excepto Ciudadanos y el Partido Popular, apoyaron el pasado mes de enero esta propuesta. Con los resultados electorales en una mano y su programa en la otra, en Ahora Madrid tienen claros cuáles son los objetivos. Falta definir el camino para alcanzarlos. "Hay dos cuestiones importantes, por un lado paralizar la privatización del Canal de Isabel II, aunque eso depende del gobierno de la Comunidad. Y por otro, luchar contra la pobreza energética", explica Marta Gómez, nueva concejala madrileña y desde 2011 integrante de la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II.
¿Cómo se evitarán los cortes de agua? "Aún no podemos concretarlo: si el Ayuntamiento se hará cargo de las facturas tras una investigación de los servicios sociales, si se presionará al Canal como accionista que es el Consistorio, o si se pondrá en marcha otro tipo de medidas", reflexiona para eldiario.es. La indefinición del cómo no está reñida con la concreción del cuándo: en los cien primeros días de Gobierno.
La crisis económica y financiera aumentó los desahucios hídricos. Una realidad muy silenciada y opaca porque ante la carencia de un órgano regulador no existen datos oficiales. En la Comunidad Madrid, según datos del Canal de Isabel II a los que tuvo acceso este medio, en el año 2013 más de 73.000 hogares recibieron hasta noviembre (último mes con datos disponibles) el aviso de corte por impago.
Barcelona quiere desprivatizar
En Barcelona el agua también ha mojado la campaña. "Articular tarifas ambientales y justas que garanticen el acceso universal al agua", recoge el programa electoral de Barcelona En Comú, en el que el vital líquido tiene muchas menciones. "El Ayuntamiento debe garantizar el acceso universal, y su gestión debe guiarse por criterios sociales y ambientales, no estar sometida al negocio privado", añade el documento.
En la Ciudad Condal el suministro está en manos privadas. La coalición que encabeza Ada Colau recuerda que, según los datos de la Agencia Catalana del Agua, las tarifas han aumentado el 70 por ciento desde el 2009. Por ello proponen "hacer uso de los instrumentos al alcance del Ayuntamiento para lograr la municipalización del agua". Colau ha reconocido que no recuperarán la gestión del agua tan solo por ganar unas elecciones, más cuando el suministro está en manos de "Agbar y La Caixa, que no se dejarán escapar el gran negocio".
El pasado mes de abril, Colau participó en la firma del Pacto Social del Agua, donde se comprometió "a trabajar por la municipalización del agua en Barcelona y su área metropolitana". Así lo recoge también el programa electoral, donde citan como ejemplo otras ciudades europeas donde el servicio se ha desprivatizado, como París, Berlín o Nápoles.
Huelga para pedir la remunicipalización
Pero aquí tampoco han decidido todavía acciones concretas. Caminando por el terreno de la hipótesis, la candidata a la alcaldía de Barcelona plantea por ejemplo la posibilidad de, "entre la institución y la ciudadanía, generar una huelga y el impago de los recibos del agua para lograr la remunicipalización". Pretenden garantizar el suministro a todo el mundo y que "se regulen adecuadamente la tarifas2.
Tampoco existen datos de cortes de agua en Barcelona, si bien la plataforma Aigua és Vida apunta en un estudio que en Cataluña "los municipios con gestión privada cortan el agua mucho más que aquellos que tienen una gestión pública, produciéndose cortes al 74% de los municipios con gestión privada y disminuyendo hasta el 8% en los municipios con gestión pública". Unos datos que cobran toda su dimensión teniendo en cuenta que el 83% de la población catalana tiene privatizado este servicio, según datos de la Confederación de Asociaciones Vecinales de Cataluña. El presidente del grupo Agbar, Ángel Simón, ha admitido que “cada mes se hacen 12.000 cortes” sólo en su corporación.
Presión desde la oposición
Más allá de las grandes ciudades, la Iniciativa Agua 2015 jugará un papel muy importante sobre la gestión del líquido en otros puntos del Estado. "El gobierno, sea cual sea, estará formado por partidos que han firmado el Pacto por el Agua Pública y se han comprometido con la remunicipalización de Aguas de Alcázar, y ése es nuestro objetivo", ha manifestado públicamente el portavoz de la Plataforma contra la Privatización de Aguas de Alcázar, Fernando Ruiz.
El servicio de agua está privatizado desde hace un año por Aqualia (que pertenece a FCC). En esta localidad de Ciudad Real, el Partido Socialista, que también se adhirió el pasado marzo al pacto por el agua pública, ha ganado las elecciones. Ahora tiene en su mano poner en marcha sus compromisos. "Queremos apoyar a quienes pueden conseguir esa reversión de la empresa y por eso seguiremos ahí, con nuestras acciones y haciéndonos visibles", ha indicado recientemente Ruiz, que sigue manifestándose regularmente.
El caso de Santiago
A cientos de kilómetros, en Santiago de Compostela, las elecciones las ha ganado el partido de concentración ciudadana Compostela Aberta, que ya ha anunciado la remunicipalización del servicio sin coste ninguno para el municipio, pues la concesión finaliza el próximo año. Y es que, una de las grandes dificultades de la vuelta a manos públicas de la gestión, la llamada remunicipalización, son los contratos a largo plazo, cuya ruptura suele implicar pagar grandes indemnizaciones a las compañías privadas concesionarias.
"Hay varias poblaciones en las que la concesión está a punto de extinguirse y se puede lograr la remunicipalización sin coste", explica por teléfono María Giménez, jurista especializada en Derecho Ambiental. Esta integrante de Podemos Murcia y que será diputada en la nueva Asamblea regional cree que aunque los partidos que han adherido al pacto no gobiernen "podrán hacer presión desde la oposición".
En la propia ciudad de Murcia, donde ha ganado el Partido Popular pero sin mayoría absoluta, espera que ahora pueda conocerse el pliego de condiciones de la privatización. "Lo hemos pedido muchas veces y no nos lo han facilitado, así que imaginamos que está a punto de extinguirse, por lo que se pueden hacer cosas. Además, los partidos de oposición pueden lograr que se modifiquen las ordenanzas municipales para prohibir los cortes", añade la política y activista por el agua. Según los datos que maneja esta jurista, en la capital murciana se producen unos 3.000 avisos de corte de agua al año.
Cambios en Andalucía
En Andalucía, la Marea Azul del Sur también está satisfecha por los cambios que pueden deparar las elecciones en algunas localidades. "El tema está muy clarito el caso del Puerto de Santa María, donde Levantemos el Puerto, IU y POSE tienen opciones de gobernabilidad y los tres firmaron el pacto", concreta Paco López, uno de los portavoces de este colectivo ciudadano. "En Barbate la cosa está mucho más clara, lo mismo el Partido Andalucista como Somos Barbate, que pueden componer el consistorio estos cuatro años, han sido claros opositores a la privatización del agua", añade.
Satisfecho se muestra también López por los resultado electorales en Jerez de la Frontera (donde el agua ha sido privatizada por Aqualia), a pesar de la victoria del PP, que no firmó el Pacto. Sí lo hicieron PSOE, Ganemos e Izquierda Unida, que podrían formar gobierno de coalición. "La campaña electoral ha usado el agua urbana como referente de garantía social; estos partidos lo han repetido en todos sus encuentros públicos y la salvaguardia de los derechos del agua forma parte de sus programas. Ahora ha llegado la hora de hacer realidad esos compromisos electorales y demostrar en qué bando se está, con coraje, valentía, dignidad y responsabilidad", ha expuesto en un comunicado la Coordinadora del Agua de Jerez, que se reunirá con estas tres formaciones.
/// "" España regala el permiso de residencia a 530 extranjeros ricos, la mayoría chinos y rusos
Para conseguir el derecho hay que tener un millón en un banco español, dos millones en bonos del Estado o comprar una casa de más de 500.000 euros
El permiso, llamado 'Golden Visa', se puede renovar durante 5 años y da derecho también a moverse por la Unión Europea
Otros países europeos, como Malta o Chipre, van más allá y dan el pasaporte por invertir, lo que ha provocado el enojo de la Comisión Europea
Raquel Pérez Ejerique
La política de Extranjería del Gobierno defiende que la residencia no es un derecho que se pueda regalar. No caben todos. Según los últimos datos disponibles de Eurostat, 196.242 extranjeros la consiguieron en 2013, un 12% menos que el año anterior. A esta bajada hay que añadir que también está revocando los papeles a los extranjeros arraigados hace años en España simplemente por no tener ingresos.
La política de fronteras es igual de férrea: devoluciones en caliente, vallas en Ceuta y Melilla, expatriaciones en secreto. El año pasado España rechazó la entrada a más de 170.000 personas y, por ejemplo, niega sistemáticamente la nacionalidad a los saharauis aunque cumplan los requisitos porque vienen de un "país no reconocido".
Ahora bien, si el extranjero extracomunitario que quiere la residencia es un millonario e invierte en España, se expide una residencia rápida y automática: la llamada Golden Visa. Lo permite la Ley de Emprendedores aprobada en 2013, que recogió un Programa de Residencia para Inversores y Emprendedores extranjeros no comunitarios o, lo que es lo mismo, cómo dar la residencia al que compre o invierta en España.
Aun así, han sido pocos los potentados que han decidido invertir su dinero en nuestro país y pedir su derecho a residir. Las inmobiliarias de lujo ofrecen la gestión de los papeles en el paquete de compra: da derecho a moverse por Europa, es ampliable a las familias, incluidos hijos de más de 18 años, se tramita en 20 días y se puede renovar hasta un máximo de 5 años. Pero no parece que sea el gancho que ha traído compradores a la vista de las residencias solicitadas.
Chinos y rusos, las nacionalidades mayoritarias
Por ejemplo, es motivo de residencia 'de oro' en España invertir en ladrillo, en deuda española o montar una empresa. Eso sí, el inmueble ha de ser de más de 500.000 euros. También se puede elegir la opción de gastar un millón de euros en acciones, meter el millón en el banco o invertir dos millones en deuda pública española.
Con los últimos datos disponibles -de septiembre de 2013 a diciembre de 2014-, 531 extranjeros han obtenido sus visados así. La gran mayoría (490) fue por comprar pisos. Ninguno compró deuda pública, 29 compraron acciones o ingresaron un depósito de un millón en un banco y 12 invirtieron en "proyectos de interés general", es decir, montaron negocios. Las nacionalidades más habituales entre estos nuevos conciudadanos son chinos y rusos.
Las cifras dejan claro que no ha habido un furor de extranjeros con dinero por tener la residencia española y lo constatan varias inmobiliarias de lujo consultadas. En la Secretaría de Estado de Comercio explican la medida: "No sería normal que los extranjeros compren una casa en España y no puedan residir". Hasta ahora, si compraban y querían residir, tramitaban el permiso como turistas para unos meses o por la vía ordinaria, como cualquier otro extranjero.
Hay dos diferencias básicas entre las residencias ordinarias y las 'golden'. En las primeras, al presentar la solicitud hay un plazo de tres meses para que responda la Administración. En caso de que no haya respuesta se considera una petición denegada. Es el llamado silencio administrativo negativo. En el caso de los inversores, la residencia se gestiona en un máximo de 20 días. Si no hay respuesta administrativa, se considera concedida, es decir, rige el derecho administrativo positivo.
La misma agilidad para todos
Como explica Pascual Aguelo, presidente de la Subcomisión de Extranjería del Consejo de la Abogacía, "nosotros pedimos que también se agilicen los procesos ordinarios. Y queremos también que, como en el caso de la Ley de emprendedores, se pueda presentar la solicitud en cualquier registro general". El resto de foráneos tiene que ir a oficinas de extranjería concretas.
Desde Comercio precisan que estas 'Golden Visa' han invertido 370 millones en pisos. Queda por saber si la residencia rápida ha sido un incentivo o lo hubieran comprado igualmente.
La Ley de Emprendedores también contempla dar la residencia por otros motivos. Por ejemplo, a "profesionales altamente cualificados" (1.231), investigadores (369) y empleados que se trasladan de país dentro de su misma empresa (907). El grupo más numeroso de todos, los familiares de todas las categorías (2.461).
Otra categoría es la de emprendedores extranjeros, que han sido 82. Los requisitos son que venga a montar una empresa de "carácter innovador" (82 casos) y que cree puestos de trabajo. Los requisitos publicados no especifican cuántos puestos o qué inversión. O qué innovación. El perfil, explican fuentes de la Secretaría de Estado de Comercio, es el de emprendedores que están cursando un máster en España y al acabar montan una startup. Así que no entraría en la casuística de papeles por dinero, ya que los inversores no son necesariamente el emprendedor.
Malta y Chipre venden el pasaporte
España no es el único país que cambia papeles por dinero en Europa. Un caso mucho más grave es el de Malta, que escandalizó a la Unión Europea porque vende directamente la ciudadanía y el pasaporte desde 2014. Viviane Reding, exvicepresidenta de la Comisión Europea, señaló que "la ciudadanía no puede estar a la venta" tras conocerse que Malta iba a poner precio al derecho de ser ciudadano en el país, y por tanto en toda la Unión Europea.
Para eso hay que pagar primero 650.000 euros al gobierno maltés. Y luego comprar una casa de al menos 350.000 euros o alquilarla por un mínimo de 16.000 euros al año durante 5 años. Además de esto, se exige invertir 150.000 euros en bonos malteses. Con eso, y algunos pagos menores más de administración, los ricos extracomunitarios pueden ser europeos. Y también sus familias, aunque eso factura aparte.
Chipre también ofrece la ciudadanía, pero exige tener una casa en el país de al menos 500.000 euros. Además de eso, o inviertes 5 millones en un depósito del sistema chipriota, en una casa o en un negocio. Otros países del mundo llevan esta política de ciudadanía 'de oro': las islas Antigua y Barbuda, San Cristóbal y Nieves y Dominica.
publico.es:
Economía para pobres
La Unidad Popular es el único camino
Alberto GarzónEconomista nacido en Logroño (1985)
y criado en Andalucía. Máster en Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente
portavoz en las comisiones de Economía, Hacienda y Presupuestos en el Congreso de los Diputados. Comprometido con
la tesis número 11 sobre Feuerbach, de Karl Marx. Luchando por construir la unidad de una izquierda coherente, rigurosa,
austera y responsable y que sea capaz de sentar las bases de otro mundo posible y necesario.
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104 comentarios
En los últimos meses, miles de personas corrientes han dedicado innumerables esfuerzos a constituir las llamadas candidaturas de unidad popular en muchas ciudades del país. Protagonistas, ritmos, códigos políticos y hasta nombres y logotipos han variado de un lugar a otro. Los resultados, naturalmente, han sido igualmente dispares.
En la mayoría de las plazas electorales, por lo general municipios pequeños y medianos, ni siquiera se llegó a intentar porque no había con quién unirse. En muchos otros espacios los intentos acabaron empantanados en rocosas negociaciones entre distintos partidos, corrientes, facciones e intereses, derivando casi siempre en varias candidaturas enfrentadas entre sí. Y en pocos sitios, muy pocos, se concluyó con candidaturas que aglutinaban a la totalidad de los sujetos políticos contestatarios del territorio en cuestión. En definitiva, los procesos no han sido nada fáciles y han estado cruzados por ingentes obstáculos de distinta naturaleza (jurídicos, materiales, metodológicos… pero casi nunca, por cierto, político-programáticos).
Tras los resultados y con este complejo puzzle es fácil que cada cuál encuentre un hábil argumento con el que justificar una prejuiciosa posición sobre la unidad popular o sobre el tipo de unidad popular necesaria. Y eso ocurre incluso aunque se trabaje con votos y, por lo tanto, con números que conceden a nuestras ideas la siempre elegante apariencia de rigurosidad. Pero los economistas bien sabemos que los datos pueden siempre torturarse hasta que confiesen lo que nos apetece. Y aquí no es distinto, sea la lente morada, verde o roja.
¿Fue AhoraMadrid, Barcelona en comú o la Marea Atlántica la demostración de que la Unidad Popular es el instrumento para ganar las ciudades para la gente? Pues depende. Y a veces a esa duda seguirá una interminable lista de comparaciones y argumentos rocambolescos que, por lo que estoy viendo, tiene más de ingeniería social que de análisis político. Unos dirán que lo de AhoraMadrid era por la fuerza del liderazgo de Carmena; otros que ese liderazgo no existió en Coruña; otros que Zaragoza en común sacó los mismos votos que Podemos; otros que IU en Zamora consiguió en solitario un 30%; otros que Podemos sacó en Cádiz un 29% y Cádiz en Común un 8%; otros que si Ganemos Córdoba e IU Córdoba hubieran ido unidas se hubiese ganado la alcaldía… No faltarán argumentos o excusas para lo que sea.
Cuando algunos afirmamos que «la Unidad Popular es el único camino» estamos siendo ciertamente rotundos. Pero para explicarlo adecuadamente conviene añadir cuatro cuestiones relevantes. La primera, ¿a qué llamamos realmente Unidad Popular? La segunda, ¿para quién es el único camino? La tercera, ¿hacia dónde nos dirige ese camino? La cuarta, ¿cuál es el método de la Unidad Popular? Todas ellas son preguntas que me parecen esenciales.
En primer lugar porque la Unidad Popular no es una herramienta de comunicación política o una marca electoral. Es, muy al contrario, un instrumento político para transformar la sociedad. Y en tanto que la sociedad no se transforma únicamente mediante las elecciones, la Unidad Popular es algo más amplio que un acuerdo para conformar candidaturas electorales. La Unidad Popular son las mareas en defensa de los servicios públicos, las huelgas generales o las movilizaciones populares para detener desahucios. En todos esos momentos políticos hay transversalidad de actores (varios partidos, sindicatos o gente no adscrita a organizaciones) y en todos ellos hay fines políticos y medios enfocados desde la unidad. La hipótesis que subyace es que no es posible transformar la sociedad sólo ganando las elecciones o sin una ciudadanía activa que ejerce su papel continuamente. De ahí que una de las muchas y grandes enseñanzas que ofreció Ada Colau durante la gestación de Barcelona en comú fue la explícita intención de «luchar juntos en las instituciones lo que antes se había luchado juntas en las calles».
En segundo lugar, porque conviene desvelar al beneficiario de la Unidad Popular. Al fin y al cabo, lógicamente uno puede dudar de si quien sale verdaderamente favorecido con un proceso de Unidad Popular es el pueblo, como ente abstracto, o por el contrario el sujeto que recibirá el acta de concejal o de diputado. O incluso las formaciones que, en aras de la unidad, salvan su existencia electoral o mejoran sus ingresos económicos. De la misma forma que puede negarse la Unidad Popular exactamente por las mismas razones. Tanto da. A estas últimas posibilidades solemos llamarlas tacticismo, es decir, una toma de decisiones empujadas no por convicciones sino por razones de índole no esencialmente política.
Pero, en ausencia del siempre bochornoso tacticismo, ¿quién se beneficia de la Unidad Popular? A mi juicio, la gente corriente y sencilla. Los de abajo, la base explotada de un sistema político y económico diseñado para el saqueo y el expolio. Quienes organizándose políticamente pueden evitar la consolidación de un orden social regresivo dirigido por una minoría social. Es decir, quienes tienen en su mano evitar la consolidación del neoliberalismo como proyecto económico, social y civilizatorio. Sin Unidad Popular, sin mareas y sin candidaturas populares, el capitalismo se reajustará sobre la base de nuevas y dolorosas medidas contra la gente y el medio ambiente. No hace falta mirar al horizonte puesto que ya está sucediendo tal reajuste, entrando en un escenario de precariedad estructural. Esos son los retos ante los que la Unidad Popular es la respuesta. Así las cosas, la Unidad es necesaria no para las formaciones políticas y sus miembros, como maquinarias burocráticas o burócratas, sino para la gente y sus aspiraciones de vivir bien.
En tercer lugar, la Unidad Popular tiene objetivos políticos y no meramente electorales. Es decir, si hay que frenar al neoliberalismo y, además, construir otro mundo necesario y posible, necesitamos entender que no vale con aspiraciones mediocres -tanto electorales como no electorales. Dicho de otro modo, la Unidad Popular no aspira a conquistar el 20% del electorado sino a representar a la mayoría social y ser instrumento de cambio real. Eso significa que un 5%, 10% o 20% es siempre insuficiente. Del mismo modo que es contraproducente convertir lo que es un movimiento político y social en una maquinaria electoral. Estas son las críticas que siempre, desde mi militancia más activa, he realizado sin descanso a la deriva institucionalizada de IU.
Así las cosas la Unidad Popular se define en torno a un marco político-programático del que se está hablando muy poco. ¿Cómo van a poder resistir las candidaturas de unidad popular la reacción del poder económico? ¿qué tipo de coordinación popular necesitamos para desarrollar nuestros proyectos rupturistas? ¿cuál es la política de alianzas de una fuerza rupturista en un marco como el actual? ¿con qué cuadros y personas con preparación se cuenta para todo el proyecto? Todas estas preguntas, que son las verdaderamente cruciales, están demasiado abandonadas en beneficio de los cálculos electoralistas.
En cuarto lugar, la Unidad Popular ha de construirse desde abajo y de forma participativa. No podría ser de otra forma si hablamos de movimientos de democracia radical. Ahí los ecos muy actuales del 15-M, pero también de la Comuna de Paris. Sin embargo, los diseños concretos de los mecanismos pueden variar en función de contextos y realidades políticas. Lo que sí que no cabe es la vieja idea del “Frente Único por la Base”, que traducido al lenguaje coloquial es algo así como “la unidad popular soy yo”. Esa desastrosa idea fue dominante en los partidos comunistas de los años veinte y treinta, hasta que el fracaso estrepitoso hizo cambiar de estrategia. En España fue Bullejos quien, como secretario general del PCE, mantuvo hasta 1932 una posición dogmática y sectaria para impedir negociaciones con otras fuerzas políticas. Para Bullejos el PCE era en sí mismo la Unidad Popular. El fracaso de las izquierdas en las elecciones de 1933 –sólo un diputado por el PCE, y además en heterodoxa candidatura de unidad malagueña- catalizó los cambios y ya en 1936 cristalizó el Frente Popular. Al fin y al cabo, la Unidad Popular se construye desde la autonomía de todos los participantes y los socialistas no iban a entrar en la “Unidad Popular” del PCE bajo los aparatos del propio PCE.
Ahora bien, ¿por qué he querido hacer estas aclaraciones? Me parecía honesto señalar que los retos ante los que nos enfrentamos son tan grandes que requieren de la generosidad, el trabajo y el ánimo de todos nosotros. Y que eso comienza con hacer análisis adecuados y, en la medida de lo posible, desprovistos de juicios preestablecidos.
Para mí Ahora Madrid, Zaragoza en Común, la Marea Atlántica o Barcelona en comú sí son constataciones de que la Unidad Popular es el instrumento necesario. Y creo eso mismo porque han logrado romper el juego tradicional del bipartidismo, responsable político de la situación actual y del giro neoliberal. Me importa bien poco que las candidaturas de Unidad Popular hayan sacado más o menos votos que las de Podemos o IU en solitario. No me parece ese el debate.
Lo que me preocupa es que en las autonómicas no haya existido esa ruptura y que ninguna fuerza contestataria haya superado el 14% de votos de media. Pues ese voto político es el que puede trasladarse fácilmente a unas elecciones generales. Significativamente supondría abrir la puerta a un parlamento más plural pero también a un gobierno igualmente comprometido con la oligarquía y sus intereses. No obstante, me interesa, y mucho, lugares donde la suma generosa de esfuerzos ha irrumpido en el escenario o directamente ha roto el dominio del bipartidismo. Y eso ha ocurrido en bastantes municipios a través de las candidaturas de unidad popular. Pues es allí donde me parece que se ha interiorizado gran parte de las ideas anteriores, y donde muy especialmente se han superado los patriotismos de siglas por el patriotismo de clase, fracción de clase o como cada uno quiera llamar a las subjetividades compartidas que nacen de condiciones materiales compartidas.
Pienso, en consecuencia, que trabajar en esta idea de Unidad Popular de cara a unas elecciones generales puede romper la perversa dinámica actual –que es económica antes que política. Ello implica asumir que existirán muchas dificultades, enormes quizás, pero es que no hay alternativa si no queremos ver en unos años todos nuestros sueños carbonizados. Si no se consigue, efectivamente muchas organizaciones con las que la gente sencilla se siente por lo general muy bien representada seremos competidores electorales. Los resultados serán mejores o peores para cada una de las organizaciones, y mucho tiempo falta para definir esos espacios en liza, pero me temo que serán malos sin duda para la población en general. Una oportunidad histórica que podría perderse y de la que nos lamentaríamos enormemente en el futuro.
Lo hemos dicho otras veces: no nos jugamos las próximas elecciones sino las próximas generaciones. Y estar a la altura pasa, a mi juicio, por pensar políticamente. No es cuestión de sustituir una maquinaria electoral por otra o unos concejales por otros. Se trata de Política con mayúsculas. La que nos afecta a nuestras vidas sencillas.
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